Ideas
para la austeridad (IV)
Contener
la voracidad de las asustadurías: un ahorro de un billón quinientos mil millones
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Entre los funcionarios
públicos se da el nombre “asustadurías” a la Procuraduría, la Contraloría y la
Fiscalía. De las tres, la más antigua es la primera, cuyos orígenes se remontan
a los inicios de nuestra vida republicana, en el Congreso de Cúcuta de 1821. La
Contraloría es una de las instituciones creadas en 1923, por el gobierno de Pedro
Nel Ospina, siguiendo las recomendaciones de la Misión Kemmerer, las otras
fueron la Superintendencia Financiera y el Banco de la República. Las Fiscalía
es más joven, con solo treinta años de existencia como quiera es una creación
de la Constituyente de 1991, aunque empezó a operar en 1992, con Gustavo de
Greiff como primer fiscal.
A lo largo de sus años de
existencia de estas entidades se han alternado períodos de esplendor con otros
de menor brillo o, incluso, de total oscuridad. Hubo una época en que el paso
por la Contraloría se convirtió en la antesala del ingreso a prisión de su titular.
El solo nombre de algunos procuradores de antaño imponía respeto, sin necesidad
de que estuvieran gesticulando o haciendo monerías donde quiera que había un
micrófono o cámara de televisión. En fín, la Fiscalía despertó esperanzas de
mejor justicia que se fueron diluyendo con el tiempo y, sobre todo, con el paso
de fiscales cada vez más duchos en asuntos de la política que en los del derecho
penal.
Hoy las “asustadurías” no
pasan por su mejor momento. Seguramente asustan mucho a los funcionarios
públicos competentes y honestos, que a veces inexplicablemente caen en
investigaciones de esas entidades; pero no así a los bandidos que entran a la
administración pública con el claro propósito de robar, dando por descontados
los honorarios que pagarán a los abogados para defenderse en los procesos e,
incluso, los años de prisión domiciliaria a los que sean condenados si las
cosas salen realmente mal.
Pero hay otro aspecto
asustador de estas entidades, que concierne a todos los ciudadanos, cual es su
incontenible voracidad presupuestal. Entre 2010 y 2020, su presupuesto total
creció 153%, es decir, casi el doble del PIB nominal, que aumentó 84% entre esos
años. Otra forma de ver las cosas es decir que en el período el PIB nominal de
todos los colombianos ni siquiera se duplicó, mientras que el presupuesto de la
Contraloría se multiplicó por más de tres y los de la Fiscalía y la
Procuraduría lo hicieron por 2,5 y 2,2, respectivamente.
No es disparatado pensar que,
si el ingreso de los colombianos como consecuencia de la pandemia retrocedió
tres años, los entes de control hagan el sacrificio correspondiente y recorten
sus presupuestos solo en 25%. Esto daría a las finanzas públicas un ahorro de
un billón quinientos cincuenta y dos mil millones.
LGVA
Abril de 2021.
Tolalmente de acuerdo con este contundente y sólido artículo del Dr Luis Guillermo velez
ResponderEliminarDisminuir por disminuir el presupuesto de las personerías, la contraloría y la fiscalía en el país como el nuestro, cuando:
ResponderEliminar- La corrupción en las alcaldías y los entes descentralizados es tan abrumadora
- Se violan permanentemente los derechos humanos
- La justicia esta politizada
- Los jueces no se atienen debido proceso
- La deforestación y los atentados a la conservación del medio ambiente y el patrimonio público es el pan nuestro de cada día
- Tenemos serios problemas para la prestación eficiente de los servicios públicos garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses, como venía presentándose en la costa caribe con electro caribe, para poner solo un ejemplo
- El control fiscal sobre los recursos y bienes públicos es ineficiente
- La modernización del Estado y de las entidades públicas es una necesidad permanente debido a los avances tecnológicos
- El incremento de la criminalidad y de las actividades ilícitas -dentro y fuera del Estado- es agobiante
- La impunidad es rampante
- Las investigaciones judiciales son sesgadas
- Los grupos al margen de la ley se multiplican
- No se respeta la vida de los ciudadanos
- La inseguridad es innegable y
- Los delitos contra la propiedad se incrementan…
…Es un error.
Decir que debido a sus altos costos, su ineficiencia y a la politización y corrupción de las mismas, es necesario disminuirlas, es un despropósito. Y si bien se deben revisar sus presupuestos, deberíamos enfocarnos en : rescatar su eficiencia y respetabilidad, para garantizar el funcionamiento mismo del Estado y los derechos públicos, seleccionando mejor sus funcionarios, tecnificarlas para incrementando sus poderes fiscalizador, regulatorio e investigativo, para de esta manera aumentar su eficiencia y reducir sus costos. Repito, algo que he dicho ya antes: recortar por recortar no tiene sentido.