Ideas para la austeridad (III)
Suprimir entidades de dudosa utilidad: un ahorro de un
billón cien mil millones
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
El 6 de junio de 1994, después de un terremoto de 6
grados en la escala Richter, se produjo la avalancha del río Páez, que afectó 15
municipios de los departamentos de Cauca y Huila. Han pasado 27 años desde
entonces y la entidad, de nombre increíblemente largo como su duración, creada
para atender esa tragedia, la “Corporación nacional para la reconstrucción de
la cuenca del río Páez y zonas aledañas Nasa Kiwe”, aún aparece en el
Presupuesto General de la Nación (PGN) con una partida de 19.268 millones de
pesos.
Eso es lo que llaman inflexibilidad a la baja del
gasto: crear entidades con un objetivo temporal que nunca se cumple y siempre
está en ejecución. También es inflexibilidad en el gasto la creación de
entidades que cumplen funciones asignadas a otras o que son completamente inocuas
o ambas cosas.
Es difícil entender qué pueda hacer, aparte de
reprocesar información de otras entidades gubernamentales, la flamante Contaduría
General de Nación que se gasta en su inasible función la suma de 25.143
millones de pesos anuales. Más inasible aún es la función de la Unidad Administrativa
especial Junta Central de Contadores que por la bicoca anual de 13.151 millones
suministra sus invaluables servicios a un país ávido de ellos. Seguramente, para
auditar el buen manejo de los recursos a cargo de esas entidades, se creó la Auditoría
General de la República, que ejerce sus inapreciables funciones por una modesta
anualidad de 42.312 millones.
Aparte de quienes trabajan allá, nadie ha oído hablar
en el país, no es sarcasmo, del Instituto Nacional de Sordos, o visto, tampoco
es sarcasmo, las actuaciones del Instituto Nacional de Ciegos que, por 11.433
millones anuales, el primero, y 7.498, el segundo, adelantan sus humanitarias
labores.
Creo que es un error haber mencionado este par de entidades
pues ello puede dar lugar que empiecen a surgir muchas inquietudes: ¿por qué
más dinero para los sordos que para los ciegos? ¿por qué no tener también un
instituto para los parapléjicos, otro para los mancos, uno más para los mochos,
uno para los tuertos y otro ¡cómo no! para aquellos que les falta el dedo
anular de la mano izquierda?
Me resulta completamente incomprensible que, para la
realización de un par de subastas cada dos o tres años, sea necesaria la
Agencia Nacional del Espectro con un presupuesto de 34.574 millones de pesos
anuales. Nadie sabe qué planea la “Unidad de Planeación del Sector de
Infraestructura de Transporte”, por 9.422 millones anuales; ni qué regula la
Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte por 1.210.
Cosa curiosa es también la “Unidad
administrativa especial de organizaciones solidarias”, con un presupuesto de cercano
a los 29.252 millones, que nadie sabe muy bien en qué se diferencia de la
Superintendencia de Economía Solidaria, supuestamente encargada de “vigilar regular
y controlar” el accionar de las más de 16.000 entidades sinónimo de lucro – perdón,
es “sin ánimo” – que existen en el País, para lo cual tiene un presupuesto de
61.300 millones de pesos.
Y desfilan ahora las “Agencias”,
el nuevo mantra de la administración pública, la mayoría de ellas creadas bajo
el gobierno de Santos y su Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien
hoy reclama austeridad. Son como 20, menciono solo tres de ellas.
Está en primer lugar la “Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional” que se gasta 33.145 millones en Dios
sabe qué. Bueno, se tiene un indicio: el 86% de su presupuesto es pura nómina.
Quizás mas aterradora es la “Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas” que,
con un presupuesto de 71.185 millones, compra y restaura edificios que serán
llenados de funcionarios públicos. En fín, sigue la Agencia de defensa jurídica
del estado” que debería destinar su presupuesto de 95.000 millones a defender a
los ciudadanos de la voracidad del estado.
La joya de la corona de las
entidades de dudosa utilidad la constituye la Defensoría del Pueblo, entidad
que se disputan políticos a los que no le alcanza la moña para alguno de los tres
grandes entes de control, pero que se cotiza cada vez más por el monto de su
presupuesto. Hace cinco años estaba en 453.000 millones, hoy llega 710.623,
solo un 20% menor que el de la Procuraduría. Aparte de interferir la acción de
la Fuerza Pública y de desacreditarla en sus mediocres y sesgados informes,
plagados de imprecisiones y atentados contra la gramática, nada es lo que puede
rescatarse de esta entidad.
La tabla presenta los ahorros
que se obtendrían con la supresión de las entidades de dudosa utilidad que se
ha mencionado anteriormente. Pero seguramente está incompleto. Para ampliarlo
bastaría con tomar el PGN y en la función “buscar” poner palabras como “agencia”,
“unidad administrativa especial”, “Comisión”, “Corporación” y seguramente se
encontrarán otros engendros burocráticos tan o más insólitos que los indicados.
Los centros de investigación económica
que contratan con el gobierno saldrán a decir que esos recortes son imposibles
porque el gasto público es inflexible y todas esas entidades están amparadas
por leyes o artículos de la constitución. Siempre me ha sorprendido que la
inflexibilidad del gasto sea solo a la baja y que solo pueden aprobarse leyes
que creen entidades y jamás puedan aprobarse las que las suprimen. El corolario
de esto la justificación de todo aumento de los impuestos.
Las leyes que crearon esas
entidades no fijan la cuantía de su presupuesto. Basta una directiva del
Ministerio de Hacienda que ordene, por ejemplo, su reducción a la quinta parte.
El encargado ya verá cómo lo hace.
Ahora bien, como el Ministro
de Hacienda, habitualmente prudente, anda asustando a todo el mundo con el
cuentazo de que no tiene con qué pagar la nómina, de que las calificadoras nos
van a quitar el grado de inversión y que todos los pobres se van a morir de
hambre sin no les dan de forma permanente el tal ingreso solidario, bien podría
reunir todos esos argumentos y muchos más para montar una exposición de motivos
para declarar el estado de emergencia económica y social y expedir los decretos
legislativos que permitan recortar, fusionar y suprimir todas esas entidades
que comen el presupuesto de la Nación.
No está escrito en la Constitución
que el estado emergencia solo pueda declararse para aumentar el gasto y no para
reducirlo. Además, la generación de superávit primario, que es lo que espera el
mercado, es más seria, creíble y sostenible con la reducción del gasto que con
un aumento de los impuestos, que solo aplaza el necesario recorte del estado
burocrático que agobia a los contribuyentes colombianos.
LGVA
Abril de 2021.
Tremendo Luis, gracias. Como diría Jesús Huerta de Soto "no hay nunguna duda, el estado es la encarnación del demonio"
ResponderEliminarEste artículo me parece más sensato. Necesitamos, no solo el mercado, pero los ciudadanos, superávit primario: recortes burocráticos, modernización tecnológica y administrativa del Estado, eficiencia, eficacia, celeridad, supresión y fusión de entidades para evitar retrocesos, eliminación de trabas a las actividades productivas; y más bien creación de condiciones que propicien las mismas y el compromiso ciudadano. Me atrevería a decir que más que una reingeniería estatal, casi que se requiere una refundación del mismo, incluida la eliminación de leyes depredadoras del patrimonio público.
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