Dure lex, sed lex.

 

Dure lex, sed lex.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

El auto que suspende los efectos del decreto que establece el salario mínimo fue una decisión en derecho. Ya una sentencia en 2017 había delimitado el alcance de las facultades del Gobierno al momento de fijar el salario mínimo, por lo que el decreto suspendido era un grosero desafío. Si el Consejo de Estado no lo suspendía, la Ley y la Jurisprudencia hubieran sido arrastrados a ser meros adornos vacíos ante el avance autoritario del régimen.

 

No es cierto que el proceder del Gobierno fuese sólo defectuoso por su forma o falta de sustentación. El aumento del 23% es tan absurdamente desproporcional que basta un breve análisis para saber que no se puede simplemente sacar un decreto que “subsane” la falta de motivación. No hay motivación razonable en toda la literatura económica y jurídica para semejante descalabro.

 

El primer efecto del aumento es el repunte de la inflación. Una variación de 1,18% del IPC, la más alta en el siglo XXI para enero, auguraba una inflación descontrolada que puso al Banco de la República la responsabilidad de aumentar la tasa de interés 100 puntos básicos. Otro efecto, que ya se estaba poniendo en marcha, es el del aumento del desempleo y el crecimiento de la informalidad, lo que siempre pone más presión en el sistema de salud y pensiones, ya de por sí afectados.

 

Mas no se trata de un error. Es una decisión política que tiene el propósito de corromper la moneda que, como señalara Lenin, es la mejor manera de destruir el capitalismo. En 2008, con un aumento de 30% del salario mínimo, la Venezuela de Chávez inició el camino que la condujo a la hiperinflación, la muerte del bolívar y la destrucción de su economía.

 

Afortunadamente, en Colombia aún hay instituciones respetables. El Consejo de Estado, resolviendo las solicitudes de medida cautelar para impedir el desastre, incluida la por mi presentada, suspendió los efectos del decreto y ordenó al gobierno emitir otro con un aumento transitorio. Ese aumento debe ser racional, razonable y sujeto a los parámetros legales.

 

Y si hay consecuencias políticas, de estas no puede huirse con pusilanimidad ni cobardía. La obligación de defender el Estado de Derecho, la razón y lo correcto no se toma vacaciones en elecciones. El aumento decretado por el Gobierno era desastroso y es una buena noticia que los efectos del decreto se suspendieran, sin importar si con ello el petrismo obtiene una nueva arma retórica. En todo caso, esa arma debe ser combatida con argumentos y con la verdad. Cualquier otra cosa es ceder a una extorsión grotesca.

 

Los colombianos ya han rechazado antes el populismo de los subsidios y de los regalos pagados con libertad, y esta vez no será diferente. La mayoría de los ciudadanos por lo menos intuye que el aumento del salario mínimo tenía como objetivo comprar consciencias para favorecer al heredero, y si nosotros, la oposición, huimos del debate con cobardía, estaremos bajando nuestras banderas en señal de rendición a la ideología intrínsecamente corrupta del socialismo.

 

LGVA

Febrero de 2026