2026:
el año en que Colombia puede cruzar un punto de no retorno
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
I.
Introducción
Las economías no colapsan de
un día para otro. Antes de que aparezcan la hiperinflación, la devaluación
masiva, la cesación de pagos o el cierre del crédito internacional, ocurre algo
más sutil y más peligroso: se deterioran las condiciones que hacen posible el
funcionamiento normal del sistema económico.
En otro artículo publicado en
este blog, a ese conjunto de condiciones – división de trabajo funcional,
moneda estable, cálculo económico basado en precios libres, intercambio libre y
voluntario y propiedad privada protegida - la llamé la Atmósfera
Económica[1].
La expresión es precisa. Cuando el aire es limpio, nadie lo nota; cuando se
contamina, respirar se vuelve difícil incluso antes de que haya asfixia.
Hoy Colombia no enfrenta una
crisis abierta. Pero sí muestra signos de erosión en su atmósfera económica. El
riesgo no es un estallido inmediato, sino la acumulación de deterioro. Puede
haber gasto, puede haber consumo, puede haber retórica redistributiva, pero no
hay crecimiento complejo.
II.
El problema no es ideológico, es funcional
La teoría económica lo explicó
hace casi un siglo. Ludwig von Mises demostró que sin
propiedad privada y precios formados en el mercado no es posible calcular
racionalmente qué proyectos generan valor y cuáles destruyen recursos. Más
tarde, Friedrich Hayek explicó que los precios transmiten
información dispersa que ningún gobierno puede centralizar.
Cuando las señales se
distorsionan —por intervenciones discrecionales, inseguridad jurídica o
incertidumbre regulatoria— el cálculo económico se vuelve opaco. Y cuando el
cálculo falla, la inversión se frena.
Eso es exactamente lo que
empieza a observarse en Colombia: caída relativa de la inversión privada,
crecimiento potencial reducido y productividad estancada. No es colapso. Es
debilitamiento.
III.
Captura institucional o golpe de estado
por cuotas[2].
El riesgo estructural más
serio no es un golpe militar ni el cierre del Congreso. Es algo más
sofisticado: la captura progresiva de instituciones clave sin ruptura formal
del régimen democrático. Un “golpe por cuotas”.
Este fenómeno se caracteriza
por:
- Colonización gradual de órganos de
control.
- Presión política sobre entidades
autónomas.
- Uso selectivo del aparato sancionatorio.
- Deslegitimación discursiva de los
contrapesos.
No se necesita abolir la
Constitución para alterar su funcionamiento real. Basta con modificar los
equilibrios internos.
El impacto económico es inmediato en expectativas, aunque
no siempre visible en cifras. Aumenta la prima de riesgo, se acortan los
horizontes de inversión y el capital se vuelve defensivo.
IV.
El riesgo territorial
A esto se suma un factor
crucial: la fragmentación territorial. Cuando el Estado pierde control efectivo
en regiones productivas mientras aumenta la presión regulatoria en la economía
formal, se produce una asimetría peligrosa:
Más intervención donde hay legalidad.
Más impunidad donde hay ilegalidad.
El resultado es desplazamiento
progresivo de actividad hacia la informalidad o economías ilícitas. No porque
los empresarios prefieran el desorden, sino porque la atmósfera formal se
vuelve más densa que la alternativa irregular.
V.
Las fases del deterioro
El proceso no es instantáneo. Puede describirse en cinco
etapas:
1.
Polarización y deslegitimación institucional.
2.
Intervenciones regulatorias selectivas.
3.
Caída sostenida de la inversión.
4.
Desanclaje de expectativas fiscales o
monetarias.
5.
Estancamiento estructural.
El punto crítico no es una
crisis espectacular. Es el momento en que la economía entra en una trampa de
bajo crecimiento difícil de revertir.
Podríamos definir ese punto de
no retorno como la coincidencia de tres factores durante un periodo prolongado:
inversión privada deprimida, crecimiento potencial inferior al 2% y prima de
riesgo persistentemente alta frente a la región.
Cuando eso ocurre, el país no
estalla. Simplemente deja de avanzar.
VI.
2026 como bifurcación
La elección presidencial de 2026 puede convertirse en una
bifurcación estructural.
Si para entonces la erosión
institucional es limitada, un giro claro hacia estabilidad regulatoria, respeto
a la autonomía monetaria y recuperación territorial podría restaurar confianza
con relativa rapidez.
Pero si la captura
institucional y el debilitamiento territorial se consolidan antes de esa fecha,
incluso una alternancia política podría encontrar un aparato ya reconfigurado y
un daño acumulado difícil de revertir.
La variable crítica no es solo
quién gane. Es en qué estado llegue el sistema a esa elección.
VII. El
riesgo real
Conviene insistir: el peligro no es una hiperinflación
inminente ni una expropiación masiva. Es más silencioso:
- Menor
inversión de largo plazo.
- Migración
de capital humano calificado.
- Expansión
relativa del sector informal.
- Crecimiento
persistentemente bajo.
El país puede evitar el desastre visible y, aun así, perder
una década de desarrollo.
La atmósfera económica no se
destruye de golpe. Se contamina gradualmente. Y cuando la contaminación se
normaliza, el deterioro se vuelve estructural.
VIII. Una
advertencia preventiva
Colombia aún no ha cruzado
ningún umbral irreversible. La autonomía del banco central sigue formalmente
intacta. No hay controles generalizados de precios. La propiedad privada no ha
sido abolida. Pero los signos de fragilidad existen: inversión débil,
productividad estancada, incertidumbre regulatoria y fragmentación territorial.
La historia muestra que las
crisis abruptas suelen provocar reformas. En cambio, el estancamiento
prolongado genera resignación. El desafío no es impedir un colapso
espectacular. Es evitar la normalización del deterioro incremental.
Preservar la atmósfera
económica no es una bandera ideológica; es una condición de supervivencia del
orden social moderno. Defender moneda estable, propiedad segura, precios libres
y control territorial efectivo no es conservadurismo doctrinario: es realismo
institucional.
2026 puede ser simplemente una
elección más. O puede ser el año en que Colombia decida si respira aire limpio
o se acostumbra a vivir con oxígeno escaso. La diferencia no será visible en un
titular de prensa al día siguiente. Se medirá en la próxima década.
LGVA
Febrero de 2026.
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