Un
magistrado en la picota pública
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista,
Universidad EAFIT
El magistrado Carlos Libardo
Bernal Pulido tiene una hoja de vida académica sólida, muy sólida. Es el único
de los magistrados actuales y pasados de la Corte Constitucional que ostenta un
doctorado de verdad, es decir, uno de esos que duran hasta cinco años y
culminan con una tesis. En realidad son
dos: uno de la Universidad de Salamanca y otro de la Universidad de la Florida.
Ha sido investigador o docente del Instituto Max Plank, de la Universidad de
Paris X – Nanterre, de la Universidad de Yale, de la Universidad de la Florida,
de la Universidad Carlos III, de la Universidad de Salamanca y de la
Universidad Externado de Colombia.
Además del español, el
magistrado Bernal habla, escribe y lee en cinco idiomas: alemán, inglés,
francés, italiano y portugués. Ha publicado 22 artículos en revistas
especializadas, 13 libros y 26 capítulos de libro. Le ha alcanzado el tiempo
para dirigir 10 tesis doctorales, participar en 55 eventos académicos en todo
el mundo y traducir una veintena de libros de su especialidad. Este es el personaje
puesto en la picota pública por voceros de las FARC, los políticos de la mal
llamada Unidad Nacional y los periodistas afectos al régimen por el “delito” de
haber votado la inexequibilidad de los literales h) y j) del artículo 1 del
Acto Legislativo 01 de 2016.
Además de lo que contiene,
la hoja de vida del magistrado Bernal es también buena por lo que le falta. No
se registra en ella ningún empleo público ni un largo, penoso y rutinario
trasegar por la rama judicial. Tampoco
se ha ensuciado en el “fango del litigio” del que hablara el finado Carlos
Gaviria, quien tampoco nunca ejerció como abogado litigante ni tuvo cargo alguno en la
judicatura. Quizás por eso, amén de sus conocimiento jurídicos, pudo actuar con
independencia y en contra de lo que al parecer esperaban su supuesto mentor, el
doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, y su nominador,
el presidente Juan Manuel Santos.
Los ataques contra el
magistrado Bernal, frente a los cuales ha guardado un prudente y altivo
silencio, lo enaltecen por provenir de personajillos que no son más que escuálidos
liliputienses frente a su estatura académica e intelectual. Pero dejando de
lado los aspectos anecdóticos propios de la coyuntura actual, dichos ataques
ponen de manifiesto la existencia de un grave problema institucional en lo que
concierne a las calidades y requisitos de un magistrado de la Corte
Constitucional y el proceso de nominación y elección.
Con dos o tres excepciones,
la mayoría de los abogados que han llegado a la Corte Constitucional carecen de
una formación académica remotamente comparable a la de Carlos Bernal. Ninguno los
actuales tiene un doctorado, un par de ellos ostenta una maestría y la mayor
parte solo pueden exhibir una o varias esas “especializaciones” y “diplomados” que
se cursan los fines de semana. Su roce internacional y su conocimiento de
idiomas son limitados, cuando no carentes
de forma absoluta. Eso sí, todos tienen a su haber largas experiencias como
burócratas de ministerio o de funcionarios de la rama judicial. No se pretende
desconocer la importancia de la experiencia, pero esta no suple la formación
académica y solo la complementa cuando está articulada con ella. Reto a quienes
reivindican la experiencia como sustituto de una formación académica rigurosa a
que muestren el primer albañil que se
haya convertido en ingeniero civil después de pasar 25 años pegando ladrillos o
al primer enfermero transformado en cirujano cardíaco después de haber visto
ejecutar un centenar de cirugías de corazón abierto.
Sin rubor alguno el doctor
Juan Carlos Henao ha confesado su decepción por el comportamiento de “su pupilo”.
Al parecer también recibió un regaño de la Casa de Nariño por haber propuesto
la inclusión de Carlos Bernal en la terna presidencial. Esto es francamente vergonzoso
pues no es otra cosa que el reconocimiento paladino de que se quería manipular
el procedimiento de nominación y selección para garantizar que a la Corte llegaran
“fichas” del gobierno, cosa que al parecer se logró con la magistrada Cristina
Pardo, una señora sin ningún estudio de postgrado y cuya “producción científica”
se limita a cuatro articulillos publicados en revistas de media petaca. Eso sí,
la señora Pardo, además de acreditar su “profunda experiencia”, según se lee en
su hoja de vida, venía de pasar los últimos 6 años y medio como secretaria
jurídica de la Presidencia de la República.
LGVA
Mayo de 2017.
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