Luis Guillermo Vélez Álvarez. Economista. Docente. Consultor .ECSIM.: La nueva ley anti-contrabando y los Sanandresitos

La ley nueva ley anti-contrabando y los Sanandresitos

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

“Y ahora padonde irá, y ahora padonde irá?
A ganarse la vida el Tite Socarras
Y ahora padonde irá, y ahora padonde irá?
A ganarse la vida sin contrabandear” (Rafael Escalona)

En 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla declaró puerto libre al archipiélago de San Andrés y Providencia. Seis años más tarde, el 21 de diciembre de 1959, el presidente Alberto Lleras Camargo sancionó la ley 127 ratificando, ya en democracia, lo dispuesto bajo la dictadura. Durante los años sesenta miles de colombianos viajaron al archipiélago para traer los preciados productos manufacturados que el régimen de protección a la industria nacional les impedía adquirir de otra forma. Pronto el viaje a San Andrés para traer “mercancía” se convirtió en actividad especializada de miles de amas de casa particularmente emprendedoras que revendían las exóticas baratijas – perfumes, maquillaje, zapatos, pañuelitos de seda, etc.- a sus vecinas del barrio. Poco a poco esto fue tomando contornos cada vez más empresariales y empezaron a proliferar como hongos en todas ciudades del País locales comerciales donde se vendían de forma crecientemente abierta los productos traídos del archipiélago, de Maicao o del puerto libre de Colón en Panamá. Sanandresitos fue el nombre que el lenguaje popular dio a esos lugares que se convirtieron en vastos centros comerciales visitados por toda suerte de personas y tolerados por las autoridades, salvo episódicos acosos de la policía. El ex-presidente Ernesto Samper Pizano inició su carrera política como paladín de los comerciantes de los Sanandresitos de Bogotá quienes lo eligieron senador. La expedición de la nueva ley ha dado lugar al surgimiento de nuevos paladines en los dos extremos del espectro político: los senadores Iván Duque y Jorge Robledo. ¡Váyase a saber cómo concilian esta postura con el proteccionismo industrial que ambos profesan!

El contrabando existe porque la gente compra sus productos. Lo hace, naturalmente, por beneficio económico que ello supone. También es necesario cierto desapego al cumplimiento de la ley fiscal y aduanera propiciado por los gobernantes inconsistentes y corruptos. Esto fue dicho hace más de 200 años por el ilustre Adam Smith:

“En todos aquellos países donde hay un gobierno corrompido, y existe la sospecha de que se incurre en grandes dispendios y se dispone en forma indebida de los ingresos públicos, es muy frecuente que se respeten muy poco las leyes que protegen las contribuciones. Son pocos los que tienen escrúpulos en realizar el contrabando, cuando tienen ocasión de practicarlo de una manera fácil y segura, sin incurrir en perjurio. Cualquiera que pretenda alardear de escrúpulos en la compra de artículos procedentes del contrabando, aun cuando este proceder implique una violación de las leyes fiscales y la amenaza de incurrir en perjurio, será considerado en la mayor parte de los países como un caso de redomada hipocresía, y en lugar de ganar crédito con tal proceder, se expondrá con frecuencia la persona que afecte esa conducta a caer en la sospecha de ser un bribón más grande que la mayor parte de sus conciudadanos”[1]

Los contrabandistas asumen el riesgo de esa actividad porque los aranceles y las trabas para-arancelarias a las importaciones generan una brecha entre el precio del producto “legal” y el precio del producto de contrabando lo que permite la aparición de un beneficio extraordinario que se reparten entre los contrabandistas y sus compradores. El contrabando no es un problema muy importante en países con un arancel moderado y poco disperso y una población propensa al cumplimiento de la ley fiscal y aduanera. Ya se dijo algo sobre este último punto. El arancel promedio de Colombia – de 4,6% en 2013 según el Banco Mundial – no parece muy elevado. Es más bajo que el de otros países de América Latina y más elevado que el de los países desarrollados. Pero ese arancel promedio – que se calcula como promedio ponderado por su la participación en el comercio de los miles de partidas del universo arancelario – esconde grandes diferencias entre los distintos productos. También hay diferencias en las tarifas aplicadas a los distintos países dependiendo de que existan o no acuerdos de libre comercio. El arancel colombiano es extraordinariamente disperso y tiene tarifas, como la del arroz, 80%, que son toda una invitación al contrabando. No se contrabandean todos los productos, sólo aquellos cuyo arancel y otros impuestos que los gravan permiten la obtención de un beneficio elevado que compense el riesgo.

Gráfica

Hace un par de años, el entonces director de la DIAN, doctor Juan Ricardo Ortega, en estimaba en cerca de US$ 6.000 millones el valor de los bienes que ingresan al país por contrabando[2]. Ese era el valor máximo, el mínimo es era del orden US$ 4.000. En la tabla 1 se muestran las cifras con estimaciones reportadas por diversas asociaciones gremiales y recogidas por el doctor Ortega en la presentación citada. Esas cifras hay que tomarlas con beneficio de inventario.

Tabla 1

Por su magnitud, el problema del contrabando en el País concierne fundamentalmente el sector textil y de las confecciones. La declinación de la industria textil es un proceso de vieja data en el que se involucran muchos otros factores diferentes al contrabando. Las prendas de vestir y los tejidos tienen decenas y decenas de partidas en el arancel. En la mayoría de los casos la tarifa es del 10% más US$ 5 por kilo. Esto resulta bastante elevado.

En el arancel de aduanas aparecen cinco partidas para el arroz que se presentan en la tabla 2. Esas tarifas otorgan a los molineros un extraordinario poder de mercado. Hace pocos días la SIC impuso a un par de empresas un multa de $ 33.000 millones por manipular los precios del cereal[3].

Tabla 2

El arroz de contrabando viene de Ecuador y Venezuela transportado en tractomulas de gran tonelaje que cruzan las fronteras por paso legales e ilegales. Existen más de 100 trochas por donde pasan los camiones cargados de arroz, cigarrillos, licores y otros productos. No hay forma de controlar eso máxime si se tiene en cuenta que en la fronteras con esos países se enseñorea la guerrilla de la FARC. Con la reducción a 5% ó 10 % del arancel del arroz se eliminaría el problema del contrabando de este cereal, se protegería al consumidor de los abusos de los molineros y se privaría a la guerrilla de una fuente de ingresos.

El arancel tiene más de 30 partidas referidas al calzado: calzado de suela caucho o plástico, calzado con suela de cuero natural o regenerado, calzado con parte superior de material textil y un largo etcétera. El arancel promedio es del 10% más US$ 5 por par, si el precio FOB es inferior a US$ 7 dólares, o más US$ 1,5, si es superior. A diferencia del contrabando abierto del arroz y la gasolina, el del calzado es principalmente contrabando técnico, es decir, resultante de la sub-facturación de importaciones. Los precios al consumidor del calzado contrabando oscilan entre 10 y 15 dólares, según el ex – director de la DIAN, lo cual sugiere que se trata de productos de baja gama que abastecen población de bajos ingresos.

El contrabando de gasolina es el resultado de la diferencia de precios entre Colombia y Venezuela donde, desde hace décadas, se decidió regalar la gasolina al consumidor final. Se dice que diariamente ingresan al País 3.000 vehículos cargados de “pimpinas”. Una pimpina equivale de dos y medio galones. Aunque en las pocas estaciones de servicio que existen en Cúcuta se vende la gasolina colombiana a un precio subsidiado, la mayoría de la gente prefiere abastecerse de los pimpineros que venden su producto en todas las esquinas de la capital y todos los pueblos de Norte de Santander. Aquí poco o nada hay que hacer para evitar ese contrabando. Es mejor dejar que los consumidores de los departamentos de la frontera con Venezuela se beneficien, mientras dure, del deferencial de precios. Las pérdidas fiscales de las que se queja el gobierno son seguramente inferiores al excedente de los consumidores. El contrabando de gasolina es un problema de Venezuela, no de Colombia.

El arancel de los licores, vinos, cervezas y sifones es del 15%; al igual que el de los cigarrillos, cigarros y puros. Pero adicionalmente, todos estos productos están gravados con elevados impuestos que supuestamente buscan desestimular el consumo y de los cuales se nutren las precarias rentas de los departamentos. El problema con estos “impuestos al vicio” – cuyo efecto disuasivo es bastante discutible - es que son tremendamente regresivos ya que los pobres destinan a su consumo una fracción de su ingreso sustancialmente más elevada que los ricos. Habría que buscarle a los departamentos otras fuentes de ingreso o simplemente dejar que se extinguieran pues bajo el esquema de descentralización adoptado en Colombia sus funciones se limitan cada vez más a recaudar unos tributos, recibir las transferencias de la nación y pagar la nómina.

Con la nueva cruzada anti-contrabando ocurrirá lo mismo que con todas las que la antecedieron. Habrá unos cuantos decomisos y algunos arrestos. Pero mientras existan grandes diferencias de precios, habrá gente dispuesta a comprar productos de contrabando y gente dispuesta a proveérselos. Un arancel moderado y concentrado es mejor que mandar al Almirante Padilla a barrer a Puerto López allá a La Guajira Arriba donde, según el maestro Escalona, nace el contrabando.

LGVA.

Julio de 2015.