Conjurar el paro nacional del 21 de
noviembre
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
El paro nacional convocado para el 21 de noviembre no
obedece ninguna reivindicación legítima, se hace en contra de un gobierno
democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes y es promovido por
partidos y movimientos políticos vinculados a una organización internacional
que impulsa una estrategia de desestabilización y debilitamiento de las
economías capitalistas de América Latina, con el objetivo final de implantar
las propuestas socialistas del Foro de Sao Paulo, consignadas en el documento
“Consenso de nuestra América”. Es por tanto un paro político, anti-democrático
y anti-capitalista.
El gobierno colombiano no ha
presentado ningún proyecto de reforma laboral ni de reforma pensional, aunque
está en su derecho de hacerlo y de aplicarlas si el Congreso las aprueba.
También está en su derecho de crear un Holding Financiero para administrar las
propiedades del estado y de privatizar total o parcialmente las empresas del
estado y destinar esos recursos a reducir el déficit fiscal y la deuda pública.
La de Colombia no es todavía una economía socialista sino una de propiedad
privada e iniciativa individual. Los partidos de izquierda, que quieren
estatizarlo todo, pretenden lograr en las calles lo que no han conseguido en
las urnas.
El alza en las tarifas a los
estratos altos para trasladar esos recursos a Electricaribe, se aprobó en el
Congreso por iniciativa de algunos congresistas, no del ejecutivo, y fue votada
por los congresistas de los partidos y movimientos que están auspiciando el
paro. El Gobierno no ha presentado ninguna reforma tributaria, se ha limitado a
radicar, por decisión de la Corte Constitucional, el mismo articulado de la ley
de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado.
El Gobierno está cumpliendo con
gran esfuerzo presupuestal los acuerdos suyos y los heredados del gobierno
anterior con los maestros, estudiantes, funcionarios judiciales y comunidades
indígenas. El gobierno del Presidente Duque ha sido extremadamente respetuoso
de la protesta social, bridando garantías a la movilización pacífica, pero
enfrentando, como es su deber, a los violentos. De ninguna manera se puede
aceptar la pretensión de eliminar el ESMAD, como lo han propuesto algunas de
las organizaciones promotoras del paro. Eso sería dejar nuestras ciudades a
merced de los vándalos.
El paro, que carece de cualquier
motivación legítima, es promovido por un conjunto de partidos y movimientos que
hacen parte del Foro de Sao Paulo y por organizaciones sindicales controladas
por esos partidos. Cualquiera puede
verificar la vinculación al Foro de las siguientes organizaciones promotoras
del paro: Marcha Patriótica, Movimiento Progresista-Colombia Humana, Partido
Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Partido Polo Democrático Alternativo,
Presentes por el Socialismo, Unión Patriótica y Movimiento Poder Ciudadano[1].
FECODE, ASONALJUDICIAL y la
CUT son unos sindicatos de industria abiertamente politizados y controlados
desde hace mucho tiempo por las fuerzas de la izquierda radical. FECODE y
ASONALJUDICIAL atropellan la Constitución, como lo vienen haciendo desde hace
años sin que ello tenga consecuencias, porque ésta prohíbe la huelga en los
servicios esenciales como la educación y la justicia. Por su parte, la CUT, proclama sin tapujos su
simpatía con el Foro de Sao Paulo, publicando en su portal los documentos del
XXV encuentro realizado en Caracas, en el cual se delineó la estrategia de
desestabilización de los gobiernos democráticos de América Latina, que se está
cumpliendo de forma cabal como fanfarronean Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.
El documento programático
fundamental del Foro de Sao Paulo es el llamado “Consenso de Nuestra América”[2], elaborado por el Grupo de
Trabajo del Foro, reunido en Managua, en febrero de 2017, bajo el liderazgo de
los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Venezuela, Nicolás Maduro; y Cuba,
Miguel Díaz-Canel.
Para el Foro de Sao Paulo y
sus partidos y movimientos lo que está ocurriendo en América Latina es una
confrontación histórica destinada a acabar con las relaciones de producción
capitalistas e imponer en su lugar el dominio del estado en la vida económica y
social. Las modalidades de la lucha dependen de las particularidades de cada
país. El paro de 21 de noviembre es de
naturaleza política y obedece a una estrategia internacional del Foro de Sao
Paulo, del cual hacen parte los partidos y movimientos que lo promueven.
El paro es antidemocrático
porque los partidos del Foro tratan de imponer por la fuerza lo que no lograron
en las urnas. Los candidatos de los partidos del Foro, Fajardo y Petro, fueron
derrotados en las elecciones presidenciales de 2018 y en las elecciones
regionales del 27 octubre de 2019, a pesar de la victoria de algunos de sus
candidatos abiertos o mimetizados en las principales capitales, en conjunto los
partidos del Foro obtuvieron el 17% de los votos, lo que no les da derecho a
gobernar desde las calles como pretenden hacerlo.
Habida cuenta de las
experiencias recientes de Chile y Ecuador, el Gobierno debe anticiparse a los
hechos y conjurar decididamente el paro del 21 de noviembre y las
movilizaciones que se anuncian para esa fecha. No hay que esperar a que las
bandas de encapuchados aterroricen la población, ataquen las fuerzas del orden
y destruyan bienes públicos y privados, como ocurrió en esos países y como ha
ocurrido en todas las movilizaciones “pacíficas” que desde el inicio del
gobierno del Presidente Duque se han realizado en las ciudades de Colombia.
Conjurar quiere decir
impedir y evitar con previsión una situación que puede ser peligrosa y todas
las evidencias apuntan a que la situación del 21 de noviembre puede serlo en
grado sumo. El Gobierno Nacional tiene la obligación de conjurarla declarando
el estado de conmoción interior en las principales ciudades del País y haciendo
uso de las atribuciones especiales consagradas en la ley 137 de 1994,
especialmente la de restringir la circulación de personas y la de hacer uso de
los canales de televisión y las frecuencias de radio para que el Presidente
pueda dirigirse a la ciudadanía, rompiendo el bloqueo al que lo han sometido
los principales medios.
No debería el Gobierno
sentirse atemorizado por lo que dirán los políticos de la oposición izquierda o
los medios de comunicación que tienen a su servicio: cualquier cosa que haga
será censurada. Si declara el estado de conmoción será atacado por
anti-democrático; si durante las movilizaciones se atenta contra la integridad
de las personas y se destruyen bienes públicos y privados, el Gobierno será
acusado por no haber impedido la acción de los “infiltrados”; si la fuerza
pública actúa con determinación para impedir los desmanes, el Gobierno será
acusado de hacer un uso excesivo de la fuerza. Nada de lo que haga el Gobierno,
salvo su claudicación, será de buen recibo entre los promotores de ese paro que
solo busca su debilitamiento.
Tampoco debe el Gobierno
arredrarse frente a los ataques que vendrán de los Gaviria, Vargas Lleras,
Irragorri, Benedetti, Barreras y los demás politicastros de los partidos viudos
del poder, quienes, en lugar de oponerse abiertamente al paro, como deberían
hacerlo, lo apoyan taimadamente, con la esperanza de que de episodio salga un
gobierno debilitado que se vea obligado a formar un “gabinete de unidad
nacional” en el que entren algunos de sus conmilitones, ese es su máximo
anhelo.
De la Corte Constitucional
hay que esperar que declare inexequible el decreto de conmoción interior
alegando que esta procede cuando se ha turbado el orden público y no
anticipando su turbación. Si el Gobierno no actúa preventivamente, pero, frente
a la magnitud de los desmanes que seguramente se presentarán, decreta a
posteriori la conmoción interior, esta también será declarada inexequible por
la Corte aduciendo que se disponía de otros medios para recuperar el orden
público.
En cualquier escenario el
Gobierno pierde frente a la izquierda radical, los partidos viudos del poder,
los medios bogotanos y la Corte Constitucional y no debería preocuparse por
complacerlos o apaciguarlos. Pero, obrando con previsión, el gobierno habrá
ganado frente a la inmensa mayoría de los colombianos que conociendo muy bien
el lado amable y conciliador del Presidente Duque desean conocer su
determinación y fortaleza para defender sus derechos.
Las doscientas o trescientas
mil personas que salen a vociferar y a cometer desmanes y cuyo derecho a la
protesta se supone que hay que respetar, no son mucha gente y, definitivamente,
no son el pueblo. El pueblo son los 45 millones de colombianos que permanecen
es sus trabajos y sus hogares cuyos derechos al trabajo, a la libre
circulación, a la propiedad y a la integridad personal también deben ser
protegidos.
LGVA
Noviembre de 2019.
Es evidente el trasfondo ideológico del artículo del profesor Vélez. Pero da pie a debatir el nivel macro de su posición. Es una paradoja, o una ironía de la historia, que la teoría neoliberal elaborada por Mises, Hayek, Friedman y otros, para las principales naciones industriales se haya convertido en la teoría económica y, en gran medida, un modelo político para países periféricos, apenas conocidos por ellos. Dice Joseph Stiglitz: “Por ejemplo, la privatización del seguro social no puede avanzar políticamente dentro de Estados Unidos, sin embargo, ésta es una exigencia para países como Argentina. También el caso de la liberalización comercial: a los países del tercer mundo se les demanda que eliminen sus subsidios, mientras que en Estados Unidos, Alemania y Francia los subsidios para el sector agrario y el acero se mantienen o se incrementan. El fundamentalismo del mercado se promueve en el tercer mundo, el mismo que jamás se intentaría en Estados Unidos y otros países desarrollados. Esto es nada menos que una agenda política que se promueve”. (Gray, John (2003) “El fin de la historia toca a su fin”).
ResponderEliminarPor supuesto, que los teóricos neoliberales siempre pensaron que su teoría tenía ilimitada validez universal, y que era aplicable a cualquier sociedad contemporánea, independiente de su historia, cultura y tradiciones, pero éste ha sido sólo un prejuicio etnocéntrico. Escribe John Gray, un teórico liberal inglés: “Hoy, el libre mercado global construido a raíz del colapso soviético también se está desintegrando, y por razones similares. Los neoliberales son deterministas económicos, igual que los marxistas. Creen que todos los países están destinados a adoptar el mismo sistema económico y, por ende, las mismas instituciones políticas. Piensan que nada puede impedir que el mundo se convierta en un inmenso mercado libre, pero el inevitable proceso de convergencia puede acelerarse. Los gobiernos occidentales y los organismos transnacionales pueden ser las parteras del nuevo mundo. Por improbable que parezca, esta ideología sustenta instituciones tales como el Fondo Monetario Internacional. La Argentina e Indonesia tienen problemas muy diferentes, más para el FMI la solución es la misma: ambas deben convertirse en economías de libre mercado”. Y Colombia no escapa a este esquema neoliberal.
Interesante comentario, pero la cuestión es mucho más profunda que lo que imagina usted y los autores que trae en su apoyo. Ahí le comparto ese vínculo a un artículo de este mismo blog. Ahí está lo que pienso sobre el mercado y todo lo demás.
ResponderEliminarhttps://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2019/11/la-atmosfera-economica.html