Del
impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista,
Universidad EAFIT
El hecho de que la ingesta
exagerada de bebidas azucaradas haga obesas a las personas o más propensas a
cierto tipo de enfermedades es completamente irrelevante para justificar un
impuesto específico a su consumo. La intervención del gobierno en asuntos de
salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión
de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras
personas. Esto es lo que da fundamento a la vacunación gratuita y obligatoria y
a las acciones públicas contra las enfermedades de transmisión sexual o
cualquier enfermedad contagiosa. Ni la obesidad, ni la diabetes, ni las
enfermedades vasculares son contagiosas. Si se acepta el argumento del gobierno
habría que gravar los dulces, las tortas, los helados, los embutidos y, claro
está, el chorizo, la lechona y el
chicharrón.
Alguien dijo que la gente
tiene un solo derecho: hacer lo que le venga en gana con su vida; y un solo deber: asumir las consecuencias. Si
los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus
familias, pero no uno de salud pública. El problema radica en la existencia de
un sistema de salud de aseguramiento colectivo y obligatorio en el cual todos
tratan de maximizar sus beneficios y minimizar sus contribuciones. Los golosos,
los fumadores, los bebedores y todos aquellos que no cuidan de su salud le
imponen a los demás los costos de sus excesos.
Pero esto último tampoco es
completamente cierto. Es verdad que los golosos, los fumadores y los
alcohólicos imponen costos mayores al sistema general de salud; pero si el
perfil epidemiológico de la población servida está adecuadamente definido y por
tanto lo están las prestaciones y las primas de aseguramiento, ese no debería
ser un problema mayor. Los sobrecostos de los obsesos se compensarían con los
menores costos de atléticos y los de los borrachos con los de sobrios de la misma
forma en que se compensan los de las personas mayores con los de los jóvenes y
adultos saludables.
Hay algo más. Se supone que
las EPS deben destinar parte de la UPC
que reciben a financiar actividades y programas de salud preventiva. Dentro de
esto deberían estar incluidas acciones
tendientes a prevenir la obesidad y los consumos y prácticas que atentan contra
la salud. No se tienen noticia de ningún gimnasio financiado por las EPS ni de
que hayan realizado campañas masivas contra el apetito desenfrenado, la ingesta
desmedida de bebidas azucaradas, el tabaquismo o el alcoholismo. Finalmente,
antes de adoptar en un impuesto odioso
que castiga a todo mundo y no sólo a los golosos, podría pensarse en que éstos
y todos aquellos que no cuidan de su salud hagan una contribución adicional al
sistema de aseguramiento colectivo
pagando una prima más elevada o asumiendo copagos mayores que las demás
personas.
Como consecuencia del
debilitamiento de régimen contributivo frente al subsidiado, de las decisiones judiciales que llevaron a la
desaparición del POS y de la cadena de abuso y corrupción erigida con los
procedimientos no POS y los medicamentos de alto costo el sistema de salud se
desfondó y desde hace años sobrevive precariamente por acciones puntuales
lideradas por el Ministerio de Salud. El gobierno renunció a impulsar en el
congreso una reforma del sistema de salud que mediante una definición adecuada
del plan de servicios y del monto de las contribuciones garantizara su sostenibilidad
de largo plazo. En lugar de ello se aprobó una ley estatutaria que convierte la
salud en un derecho lo que para los jueces de la República significa un plan de
servicios ilimitado. No es inútil recordar que la ley estatutaria fue impulsada
por el médico-congresista-empresario Roy Barreras quien, como presidente del
senado, al mismo tiempo se encargó de sabotear el proyecto de ley reglamentaria
presentado por el ministro Alejandro Gaviria.
El sistema de salud está
desde hace varios años en situación de insolvencia que hasta el presente ha
podido ser paliada con los recursos extraordinarios de que dispuso el gobierno
gracias a la bonanza petrolera. Pero esto ya se agotó como se agotó también el
tiempo y la capacidad de maniobra del gobierno para encarar el problema de
fondo del sistema: el exceso de gasto sobre los ingresos. El gobierno está
urgido de los $ 900.000 millones anuales que espera recaudar con el impuesto a
las bebidas azucaradas para tratar de solventar durante un par de años el
sistema y dejarle el embuchado de la reforma al nuevo gobierno. Esa es la
verdad monda y lironda que el Ministro Gaviria, ilustre economista, conoce bien
pero que se ve obligado a maquillar perorando
insistentemente sobre azúcares, obesidad, diabetes y sabe Dios qué más en un incómodo
rol de médico salubrista que definitivamente no le cuadra.
LGVA
Noviembre de 2016.
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ResponderEliminar"Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública.." Me gustaría preguntarle: ¿qué pasa cuando se trata de niños? En el caso del licor y el cigarrillo hay medidas expresas para prohibir su consumo. Y segundo: hay productos que se consumen sin saber que son peligrosos o venenosos. El plomo, por ejemplo, es venenoso y por eso, aunque por mucho tiempo los niños jugaban con él, se prohibió su uso. Gran parte de la mejora en la salud pública en el mundo se debe a los avances en el conocimiento médico y químico pero también a campañas sanitarias impulsadas por el Estado (cocer los alimentos o vacunarse, por ejemplo). Si se sigue corroborando la relación entre obesidad, diabetes y azúcar, bien vale su restricción.
ResponderEliminarTres puntos profesor para la discusión: 1) En lógica económica, a las Eps habría que pensarlas más como un sponsor, un ordenador, un racionalizador del gasto en el mercado imperfecto de los servicios de salud que como (exclusivamente) el educador de los usuarios, el que previene las enfermedades, el que los aconseja. Aun en ese caso, bajo acciones preventivas, las Eps disfrazadas de "Padres" para aconsejar a sus usuarios que lleven una vida saludable sería una solución ineficiente, dados los incentivos y sumado a los problemas que persisten en la relación agente - principal. Siendo así, el problema persiste y no sería una solución al gasto financiero producto de las enfermedades que se generan por consumir bebidas azucaradas dejarle la ingente responsabilidad - por demás imposible - de prevenir el consumo a los agentes que se piensan más como un Patrocinador o comprador colectivo que como un educador de la vida saludable.
ResponderEliminar2) No encuentro probado la compensación entre gordos y flacos, deportistas y sedentarios, atletas y obesos como para señalar que el sistema se autoregula en este aspecto básico. El problema, tal como ud lo afirma correctamente, es que es una bolsa común contra la que TODOS giran... Algunos giran más que otros, siempre, de manera previsible, ¿Por qué no cobrarles más si en efecto pueden hacerlo? El precio actual del cigarrillo, del licor, de las bebidas azucaradas no refleja el precio real del bien cuando el sistema de salud es colectivo y no individual. Así, el impuesto no debería descartarse como un mecanismo viable a efectos de llevar a términos reales el valor de su consumo, siendo el sistema de salud de carácter colectivo.
3) Finalmente, es una falacia llamada "pendiente resbaladiza" argumentar que después de las bebidas azucaradas se sigue el impuesto al chicharrón. Podría ser, pero no necesariamente como ud lo indica en el texto. No es una consecuencia inevitable. No es necesario. Habrían más debates, argumentos, razonamientos. Lo cierto es que ahora es más que evidente el daño en la salud el consumo de azúcar y por eso se piensa en racionalizar su consumo por medio de un gravamen, que tampoco se sabe en cuanto lo racionaliza, pero sí cuanto se recauda por ello. Más adelante, igual debate podría darse con el consumo del chicharrón, con otros términos y experiencias. Y en eso tampoco le veo tsnto de paternalista como de una consecuencia previsible cuando el sistema de salud es público, solidario y no de carácter excluyente y privado. Saludos. David