Las ZPPA, las APPA y la impostura de la seguridad
alimentaria
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Angélica Ordoñez Aristizábal
Economista
La Resolución 377 del 2024 del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, declaró Zonas de Protección para la Producción Agrícola
(ZPPA) a los 23 municipios del Suroeste Antioqueño: 249.617 hectáreas[1]. Esta
decisión supuestamente está basada en el estudio “Identificación de la zona
de protección para la producción de alimentos (ZPPA): región suroeste de
Antioquia” de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el cual se
reproduce en su casi totalidad en las más de quinientas indigestas páginas de
la norma.
Aunque la resolución ha levantado la polémica, el almendrón del asunto no son
las ZPPA sino las APPA o Áreas de Protección para la Producción Agrícola,
creadas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32
de la Ley 2294 de 2023, o ley del Plan de Desarrollo “Colombia potencia
mundial de la vida”.
En efecto, el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1997, reproducido
literalmente en la Ley 2294, establece
entre los determinantes de los planes de ordenamiento territorial de
obligatorio cumplimiento por los municipios “las área de especial interés
para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del
territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola, en particular,
las incluidas en las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
de acuerdo con los criterios definidos por la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria….”
Lo
que es determinante del ordenamiento territorial son las APPA que deben
destinarse a la producción agrícola; las ZPPA son referentes iniciales que
pueden o no transformase, total o parcialmente, por declaración del Ministerio
de Agricultura, en APPA.
El estudio de la UPRA es un estudio con una caracterización detallada sobre
la geografía, hidrografía, población, actividad agropecuaria, aptitud del
suelo, actividades comunitarias y familiares entre otras dimensiones de los
municipios seleccionados. En definitiva, es un estudio técnico y riguroso que
parte de una falacia. Una falacia repetida varias veces en el texto, pero sobre
la que no se hace ningún esfuerzo para soportar. La impostura está en creer que
proteger territorios para la producción agrícola es una estrategia para
combatir y disminuir la inseguridad alimentaria.
De acuerdo con el Banco Mundial, la seguridad alimentaria se da:
“cuando todas las personas tienen en todo momento, acceso
físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos
que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias
para llevar una vida activa y sana”[2].
Se identifican 4 dimensiones de la seguridad alimentaria: (i) la
disponibilidad física de los alimentos, (ii) el acceso económico y físico a
ellos, (iii) su utilización y (iv) la estabilidad en el tiempo de las tres
dimensiones anteriores.
Los principales factores que afectan la seguridad
alimentaria son el conflicto, la variabilidad y los extremos climáticos y las
recesiones económicas[3].
Estos se dan principalmente en los países de bajo y mediano ingreso. No es de
extrañar entonces que los países que se ven más afectados por estos problemas
son los de mayor inseguridad alimentaria. Las políticas públicas que se
recomiendan para atender esta situación van encaminadas a intervenciones que
den solución a los principales factores de la inseguridad alimentaria. La estrategia de declarar APPA que propone el Ministerio
de Agricultura en Colombia no afecta ninguno de estos causantes, es decir, no
se resuelve conflictos internos, no plantean soluciones para la gestión de los
efectos climáticos y muchos menos asegura capacidad económica de estos
territorios.
La vocación agrícola de un país no garantiza su seguridad alimentaria, como
tampoco es cierto que un país sin producción agrícola esté necesariamente en
riesgo. Algunos ejemplos históricos son muestra de ello. En la Edad Media y el Renacimiento,
Francia tenía una economía predominantemente agrícola. La mayoría de la
población dependía de esta actividad. Este país experimentó varios periodos de
hambruna: la de 1315-1317, causada por
lluvias incesantes; la de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648); la hambruna
de 1693 -1694, conocida como la “Pequeña Edad de Hielo”, que dejó cerca de 2
millones de muertos, y la de 1788-1789, que antecedió a la Revolución. Por el
contrario, en Venecia una ciudad-estado orientada al comercio y la navegación
no se observan periodos significativos de hambrunas; ya que su posición
estratégica y riqueza económica le permitían tener acceso a redes de suministro
de alimentos.
Otros ejemplos actuales son Japón, Korea del Sur, Singapur, Hong Kong, etc.
con una agricultura mínima o inexistente y muestran al mismo tiempo las tasas
de seguridad alimentaria más altas en el mundo. La mayor parte de los alimentos
que llegan a estos países son de importaciones. El comercio internacional y la
capacidad adquisitiva de los países ayudan proteger este tipo de riesgos. La
FAO y ALADI propusieron en 2012 incrementar el comercio agroalimentario de América
Latina para aumentar la seguridad alimentaria[4].
Otro punto, que implican las APPA dentro del marco de la legalidad, es la
libertad del uso de la propiedad privada. Esta propuesta va en contravía de una
asignación eficiente de las actividades económicas que se realicen en los
territorios ya que estas estarán siendo orientada por el estado y no por las
señales del mercado o decisiones de sus propietarios que se basen en maximizar
su beneficio o utilidad. Además, no permite que los recursos se movilicen hacia
ocupaciones más rentables. Como se indica en el estudio de la UPRA citado en la
Resolución, hoy en la región existe una inversión en minería y en turismo, este último sector un impulsor de la economía regional.
El desarrollo económico del Suroeste Antioqueño, de Antioquia y de
Colombia, incluso, es inconcebible sin la Mina El Zancudo de Titiribí, de la
cual salieron los capitales que permitieron el desarrollo de la caficultura y
luego de la industria manufacturera antioqueñas[5]. Si en ese entonces hubiesen existido las APPA,
no habría existido ni el Zancudo, ni la producción carbonera de Amagá, ni el
Ferrocarril de Antioquia, que se consumía ese carbón, ni las exportaciones de
café, que se movilizaban por ese ferrocarril, ni la importación de maquinaria
de la industrialización antioqueña, ni nada de nada.
La
eventual declaración de la totalidad o parte de territorio del Suroeste
Antioqueño como APPA daría la estocada final al proyecto Minera de Cobre La
Quebradona, hoy agonizante por la decisión de la ANLA de archivar el trámite de
licencia ambiental[6].
Hacia futuro, esa decisión, que hará que Colombia se pierda los beneficios de
la transición energética, que aumentará el consumo de cobre de manera colosal –
550 millones de toneladas en los próximos 25 años – tendrá para el País las
consecuencias desastrosas similares a las que habría tenido la inexistencia de
la Mina del Zancudo.
CODA:
La Ley 388 de 1997 es una de tantas leyes socialistas que limitan el derecho de
propiedad de las que está plagada la legislación colombiana, aprobadas con la
ligereza característica del Congreso colombiano, siempre más sensible a las
bellas palabras que a la argumentación seria. Un gobierno verdaderamente
liberal tendrá que hacer un gran trabajo para expurgar de socialismo nuestra
legislación.
LGVA
AOA
Febrero
de 2025.
[1] Amagá, Andes,
Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Cuidad Bolívar, Concordia, El Jardín,
Fredonia, Hispania, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa
Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.
[2] Banco Mundial (sin fecha). ¿Qué es la seguridad alimentaria?
https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security
[3] FAO (2021). Best practices
in adrressing the mayor drivers fo food security an nutrition to transform food
systems. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/94ebd0ee-49ea-4690-8368-0da3c520501f/content
[4] ALADI FAO (2012). Seguridad alimentaria y comercio
intrarregional de alimentos. https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/289517/
[5] Brew, Roger (1997,
2000). El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta
1920. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2000. Páginas 100 -104.
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