Una decisión en contra de EPM
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
La decisión hundir el proyecto de acuerdo 65 que
autorizaba la venta de las participaciones de EPM en UNE Telecomunicaciones, tomada
el martes 21 de junio por la Comisión Primera del Concejo de Medellín, es
totalmente contraria al interés de Empresas Públicas de Medellín. Los cuatro
concejales que mayoritariamente rechazaron el proyecto, lo hicieron por
consideraciones puramente políticas, oposición por oposición, escudados en el
pobrísimo argumento de no confiar en el uso que de los recursos líquidos haría
la administración municipal.
Los recursos de la eventual
venta llegan a EPM y pasan por el balance, en lo fundamental. Solo una pequeña
parte - ganancia en enajenación de acciones, si la hay - pasaría por el estado
de resultados afectando las transferencias al Municipio. En el pliego de
modificaciones del proyecto de acuerdo había una cláusula indicando que los
recursos serían utilizados exclusivamente en el programa de inversiones de EPM
matriz. El traslado de esos recursos al Municipio tendría que ser objeto de
otra autorización por parte del Concejo. La garantía era total.
Al no contar con esa
autorización, se corre el riesgo de que EPM pierda la posibilidad de hacer uso
de la cláusula de salida cuyo plazo vence en agosto de 2024. Según dicha
cláusula, Millicom tiene derecho de preferencia sobre las acciones de EPM y,
además, en caso de no querer ejercerlo, esto es lo importante, tiene la
obligación de salir a vender a un tercero, conjuntamente con EPM. Si se deja
vencer esa cláusula, la inversión de EPM quedaría atrapada y condenada a una
continua y creciente desvalorización.
Sin los recursos de esa
enajenación, estimados en unos 2.5 billones, EPM tiene que salir a endeudarse en
6.5 billones para financiar sus programas de expansión. En las actuales
circunstancias – aumento del riesgo País y del riesgo propio de EPM- salir por
más deuda no es una buena opción.
No está la alternativa de
salir de otras inversiones donde no se tiene control o de baja rentabilidad,
como las acciones de ISA y el acueducto de Malambo, pues esas ventas
enfrentarían la misma objeción de los concejales opositores: “no confiamos en
el alcalde”. Estas ventas, que no tienen objeción desde el punto de vista
sindical, resolverían el problema de liquidez, pero no evitarían el deterioro
del valor de la participación en UNE – Telecomunicaciones.
No debe olvidarse el asunto de
los empleados y trabajadores que salieron de la matriz en 2006 con la escisión
de UNE telecomunicaciones y llegaron a TIGO en la fusión de 2013: deben ser
protegidos. Su número no es muy elevado, unos 250, y podrían ser absorbidos por
la matriz o algunas de las filiales. El acuerdo debería incluir un artículo que
ordenara esa incorporación a la que voluntariamente podrían acogerse los
beneficiarios.
Es posible apelar la decisión
de la comisión primera y hacer que el proyecto de acuerdo 65 sea discutido
nuevamente en otra de las comisiones del Concejo y luego en la plenaria. Esto
debe hacerse lo más pronto posible para que la Empresa cuente con tiempo suficiente
para realizar todas las gestiones necesarias para la enajenación antes de que
expire el plazo de vigencia de la cláusula de salida.
Sería lamentable que EPM
aumente su endeudamiento en circunstancias tan desfavorables o reduzca sus
inversiones – lo que a la postre afectará la calidad de los servicios – como
consecuencia de una oposición política mal fundamentada y peor ejecutada. Hay
muchas razones para oponerse a la administración de Quintero Calle, pero eso no
puede hacerse en detrimento del interés de largo plazo de la Empresa.
LGVA
Junio de 2022.
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