El manejo de la pandemia por un estado liberal (Parte 3)

El manejo de la pandemia por un estado liberal

(Parte 3)

(Para mi alumna María José Bernal, en representación de los jóvenes liberales de Colombia, esperando que el Covid 19 no contamine su liberalismo)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

I

En esta tercera y última parte vamos a examinar las formas de intervención del gobierno liberal en la crisis económica provocada por la pandemia. Esta es mucho más compleja que las dos anteriores. Será inevitablemente más larga y más cargada de citas y referencias. Sigo el método de mis lecciones de pensamiento económico de citar extensamente a los autores estudiados y remitir a los estudiantes a sus obras.

Entiendo por crisis una drástica caída en los niveles de producción y empleo, que afecta a todas o la mayoría de actividades económicas, acompañada por situaciones de insolvencia, también generalizadas, graves afectaciones – desvalorización de activos, incumplimientos en los pagos, quiebras, etc. – en los mercados financieros y de capitales, crisis cambiarias y desbordamiento de la deuda pública que lleva su repudio parcial o total. Esos elementos se combinan en diversos grados en las distintas crisis, pero lo que siempre está presente es la afectación de la economía real.

No se trata de hacer una revisión exhaustiva de las medidas específica adoptadas por los gobiernos. El propósito es discutir, desde la perspectiva del pensamiento económico liberal, las áreas de intervención durante la emergencia sanitaria misma y  la crisis inducida por la parálisis de la producción. Doy por descontado el hecho de que, como se discutió en la primera parte, cualquier gobierno – desde el más liberal hasta el más despótico – debe reforzar el sistema de salud para enfrentar la pandemia, incurriendo en los gastos que sean necesarios. Considero cinco áreas de intervención: control de precios, restricciones al comercio internacional, gasto público en obras de infraestructura, ayuda a las empresas y ayuda a los pobres.

II

La reducción de la producción y el empleo se traduce necesariamente en una disminución de la oferta de bienes y servicios y la consiguiente elevación de los precios en respuesta a la situación de escasez. Por eso, siempre aflora reclamo de un control de precios o, de lo que es peor aún, de que el gobierno se haga cargo de la distribución de directa de algunos bienes de subsistencia. En general, los economistas clásicos estaban en contra de la fijación de precios, máximos o mínimos, en condiciones de libre competencia, aunque probablemente habrían aceptado, como lo hizo Adam Smith, controlar el precio del pan, si la oferta cayera en poder de un monopolio:

“Donde existe una corporación con privilegios exclusivos, acaso esté justificado regular los precios de los artículos de primera necesidad; pero donde semejante corporación no exista, la competencia se encargará de regularlo mucho mejor” [1].

El problema con el control de precios, aún en situación ordinaria, es la imposibilidad de diferenciar con claridad entre una situación de monopolio o especulación y una de escasez efectiva, de la cual el alza de precios es el medio de informar al mercado de la situación para que los agentes económicos, buscando por supuesto la ganancia, aumenten la oferta. No hay ninguna razón para atribuirle a ningún burócrata la clarividencia requerida para hacer en todo momentos y lugar esa distinción y fijar los precios “adecuados” en todos los mercados.  

En general el objeto de todo control de precios es imponer precios distintos de aquellos que fijaría libremente el mercado[2]. Si fueran iguales o superiores la intervención no tendría sentido. Siendo pues inferiores el resultado será contraer aún más la oferta, lo cual lleva a los gobiernos, para evitar la desaparición total del suministro, a obligar coactivamente a los empresarios a vender al precio rebajado o, eventualmente, someterse a la expropiación. 

III

La demostración de las consecuencias nefastas del proteccionismo y de los beneficios del libre cambio es el logro más grande e indiscutido de la economía clásica. Ricardo, a quien debemos el teorema de las ventajas comparativas y quien no era muy dado a declaraciones exaltadas, no dudó en expresar su entusiasmo por los beneficios del libre comercio:  

“En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean los más beneficiosos para ambos. Esta persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal. Distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible al estimular la industria, recompensar el ingenio y, por el más eficaz empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza, al incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad universal de las naciones con un mismo lazo de interés e intercambio común a todas ellas”[3].

A pesar de todos los beneficios de comercio internacional libre, que pone en evidencia la oferta disponible en la más humilde tienda, el virus del proteccionismo continúa haciendo presa de la mentalidad de las personas y aflora con más virulencia en épocas de crisis en la creencia de que de esa forma se enfrenta la desocupación. En 1923, Keynes escribió:

“Si algo que el proteccionismo no puede hacer, es curar la desocupación… Hay algunos argumentos en favor de la protección, basados en que se puede conseguir ventajas posibles pero improbables, para los cuales no hay respuesta fácil. Pero pretender curar la desocupación implica la falacia proteccionista en su forma más cruda y grosera”[4]

En la crisis de  2008-2009 resurgió el virus proteccionista. Había ocurrido igualmente en la crisis de los años 30, pero en 2008-2009 el mundo resistió a la tentación proteccionista, en a la que había caído en los años 30, con consecuencias desastrosas para la economía mundial.  Hay que recordar, brevemente, esa historia de gran importancia para el momento que vivimos.

En su clásico estudio “La crisis económica 1929-1939”[5], Kindleberger muestra que el comercio mundial, medido por el valor de las importaciones de setenta y cinco países, pasó de un valor mensual de US$ 2.998 millones, en enero de 1929, a US$ 2.739 millones en enero de 1930, para una caída de 9%.  En los años siguientes se presentaron caídas de 33%, 35% y 18% de tal suerte que, en enero de 1933, en lo más profundo de la depresión, el comercio mundial era una tercera parte del registrado en enero de 1929. 

Entre 2008 y 2009 las importaciones mundiales cayeron un 23%, al pasar de US 15,8 billones a US$ 12,2 billones. En 2010 y 2011 se recuperaron vigorosamente, creciendo 20% en cada uno de esos años. Posteriormente han continuado aumentando, aunque a tasas inferiores.

En la gráfica se muestra la evolución del índice importaciones en los cuatro años siguientes a los de las crisis bursátiles - 1929 y 2008, respectivamente -que se toman como año base. Para el período 1929-1933 se tomaron las cifras de comercio mensual de mercancías 

reportadas por Kindleberger y para el período 2008-2012 se usaron datos de la OMC[6].  El contraste no puede ser más marcado. 

Cuando se discutía el proyecto de arancel Smoot-Hawley, una centena de economistas norteamericanos, entre los que se encontraban Irving Fisher y Frank Taussing, escribieron al presidente Hoover una carta en la que trataban de disuadirlo, en términos tan sencillos al alcance de cualquier político:

“Nuestro comercio de exportación sufrirá. Los otros países no pueden comprarnos permanentemente a menos que les permitamos vendernos, y cuanto más restringimos las importaciones provenientes de ellos por medio de tarifas elevadas más reducimos la posibilidad de venderles nuestras exportaciones (…) Hay ya múltiples evidencias de que tal acción inevitablemente provocará que otros países nos paguen con la misma moneda mediante la aplicación de gravámenes retaliatorios contra nuestros productos”[7]

Sin duda alguna lo peor que le podría ocurrir al mundo sería que los países echaran por la borda sus tratados de libre comercio, renegaran de las reglas de la OMC y se metieran en una guerra comercial que sería desastrosa para todos.

IV

Mises, con su maravilloso radicalismo liberal, rechaza la política de combatir el desempleo con gasto en obras públicas:

“Igualmente absurdo es pretender combatir el desempleo mediante unas obras públicas que, en otro caso, no se habrían emprendido. Los recursos necesarios habrán de ser detraídos, mediante impuesto o préstamos, de diferentes aplicaciones. Es cierto que de este modo se puede reducir el paro en determinado sector, pero solo a base de incrementarlo en otra parte”[8].  

A mi modo de ver está equivocado el Maestro Austríaco, tanto en el género y como en la especie, por así decirlo. En general, no es contrario a los criterios que deben regir la actuación de un estado liberal el impulso, no necesariamente la ejecución, de ciertas obras públicas de interés general pero que por dificultades prácticas en la asignación y reconocimiento de los derechos de propiedad no serán emprendidas por ningún agente en particular.

El ejemplo clásico es el de la desecación del pantano de la que hablara David Hume. Mil personas tienen sus propiedades en las vecindades de un pantano que con su pestilencia las perjudica a todas. Todo mundo está interesado en desecarlo, pero nadie por su cuenta emprenderá la tarea por la imposibilidad práctica de obtener el concurso voluntario de todos a su financiación. Cada cual razona que, siendo su propia contribución muy pequeña con relación al costo total, si se abstiene de realizarla, y los demás lo hacen, tendrá el beneficio de la desecación sin haber incurrido en el costo. Como todos los propietarios pueden hacer similar razonamiento, lo más probable es que la mayoría de ellos se abstengan de contribuir y el pantano no se deseca.

“…es muy difícil, en realidad imposible, que mil personas estén de acuerdo en semejante acción (…) cada una busca un pretexto para librarse de la molestia y los gastos y quisiera descargar todo el peso sobre las demás”[9]

Adam Smith, como lo sabe todo mundo, pero quizás no sobra recordarlo, incluyó dentro de las obligaciones del estado la realización de ciertas obras públicas:

“La tercera y última obligación del Soberano y del Estado es la de establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas que, aun siendo ventajosas en grado sumo para toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podrá compensar su costo a un individuo o a un corto número de ellos, y, por lo mismo, no debe esperarse que estos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas. (…) las principales son aquellas que sirven para facilitar el comercio de la nación y fomentar la instrucción del pueblo”.[10]

Pero esas obras públicas no debían ser financiadas necesariamente con cargo a los impuestos generales. Pueden ser auto-sostenibles y cobradas a sus beneficiarios más directos:

“No parece necesario que los gastos de estas obras públicas se costeen con cargo a las rentas de la nación, o sea con cargo a aquellas cuya aplicación y colecta corre a cargo del poder ejecutivo en casi todos los países. La mayor parte de estas obras pueden ser administradas de tal forma que rindan una renta lo suficientemente amplia para enjugar sus propios gastos, sin constituir una carga para la renta general de la sociedad. Un camino real, un puente, un canal, pongamos por caso, pueden, en la mayor parte de las circunstancias, construirse y conservarse pagando un pequeño derecho los vehículos que los utilizan, y los puertos, satisfaciendo un derecho moderado de tonelaje los barcos que en ellos hacen operaciones de carga y descarga”[11]

¡Cómo no amar a este Adam Smith, cuya obra, 244 años después, reboza de buen juicio y modernidad!

Para terminar este punto, no sobra recordar que otro gran Maestro de la Escuela Austríaca, Eugen Von Bhöm-Bawerk, cuando fue Ministro de Hacienda del Imperio Austríaco, cargo que desempeñó en tres oportunidades, impulsó la construcción de ferrocarriles, canales y puertos, eso sí, siempre con el presupuesto equilibrado y manteniendo la paridad de la moneda[12].

Evidentemente la perspectiva liberal sobre las obras públicas y su papel en la generación de empleo en épocas de recesión, se aparta totalmente del keynesianismo burdo que aplican muchos gobernantes, consistente en la generación de empleo burocrático y clientelista donde a la gente se le paga por no hacer nada o, lo que es peor aún, por entorpecer el trabajo de los demás.

Es verdad que Keynes alguna vez dijo que, si no había más que hacer, para resolver el problema de la desocupación, deberían enterrarse botellas con billetes y dejar a la iniciativa privada su búsqueda, exactamente como se hace con el oro, cuyos atributos monetarios se resisten a desaparecer. Pero estaba lejos del pensamiento de Keynes resolver el problema de la desocupación con los trabajos denigrantes y liberticidas a los que someten a su población los estados totalitarios:   

“Los sistemas de los estados totalitarios de la actualidad parecen resolver el problema de la desocupación a expensas de la eficacia y la libertad. En verdad el mundo no tolerará por mucho tiempo más la desocupación que, aparte de breves intervalos de excitación, va unidad – y en mi opinión inevitablemente – al capitalismo individualistas de estos tiempos; pero puede ser posible que la enfermedad se cure por medio de un análisis adecuado del problema, conservando al mismo tiempo la eficiencia y la libertad”[13]

Keynes era un liberal y un buen economista. En la Teoría General hay páginas de excelente y profunda teoría.  Pero, quizás a causa de su enorme popularidad, Keynes es víctima, a la vez, de un keynesianismo burdo e ignorante y de un anti-keynesianismo igualmente burdo e igualmente ignorante.

V

El tema del apoyo a las empresas es extremadamente difícil dada las características completamente inéditas de la crisis que enfrentamos. Antes de enfrentar la mayor dificultad que supone este asunto, allanemos un poco la cuestión examinando el problema de la crisis desde el lado de la oferta. Se hará con referencia a Ricardo y Schumpeter.

Ricardo aborda el problema de las crisis en el capítulo XIX de sus Principios, titulado “Sobre los cambios repentinos en los canales de comercio”. El capítulo empieza con esta frase que contiene su definición de crisis:  

“Una gran nación industrial está particularmente expuesta a reveses y contingencias temporales originados por el traslado de capital de una actividad a otra”[14].

El traslado de capital de una actividad a otra puede producirse por un cambio en la demanda – en los gusto y caprichos de los consumidores – o por una guerra que eleva los costos de transporte o por impuestos que destruyen la ventaja de que disfrutaba una industria en particular. Cualquier situación de esta naturaleza, añade Ricardo:

 “Altera en grado sumo la naturaleza del empleo a que se dedicaba el capital de los diversos países y, durante el intervalo en el cual se acomoda a las situaciones que las nuevas circunstancias hacen más beneficiosas, mucho capital fijo queda sin utilizar, y a veces se pierde completamente, y no existe ocupación plena de trabajadores. La duración del daño será más larga o más corta, de acuerdo con la aversión más o menos grande que casi todos los hombres sienten a abandonar un empleo de su capital al que se han acostumbrado por largo tiempo: a menudo también la prolongan demasiado las restricciones y prohibiciones a que dan lugar los celos absurdos que prevalecen entre los estados de la comunidad comercial”[15]

No hay ninguna razón para ayudar a un empresario – un comerciante, diría Ricardo – que ha invertido en una actividad por su cuenta y riesgo. Además, ayudarlo solo agravará el problema al dilatar el traslado del capital de las actividades declinantes a las que están prosperando.

En Schumpeter también la crisis – con sus quiebras, desempleo, etc. – es la expresión de cambios en la distribución del capital social en diferentes ramas de actividad. En su caso, dicho cambio está motivado por el surgimiento de actividades nuevas que reclaman los recursos de capital y el trabajo ocupados en las actividades que ha dejado de ser rentables. Desparecen productos y se producen otros nuevos, se desarrollan nuevos mercados mientras otros declinan, nuevos métodos de producción desplazan a los existentes, en fin, unas empresas mueren y otras surgen en ese proceso de destrucción creativa. Por tanto, para Schumpeter, es obvio que:

“Una crisis sería en tal caso simplemente el proceso por el cual la vida económica se adapta a las nuevas condiciones”[16]

Evidentemente Schumpeter tampoco abogaría porque se les ayudara con crédito, capital o donaciones a las empresas que están siendo desplazadas del mercado por otras más innovadoras y eficientes.

En síntesis, un gobierno liberal no debe dar ningún tipo de soporte de crédito o capital a las empresas en medio de una crisis de oferta pues no solo eso supondría un tratamiento discriminatorio, pues se les da apoyo a las empresas malas y no a las buenas, sino que sería contrario al interés general pues dilataría y haría más traumáticos los procesos de ajuste de la economía a las nuevas situaciones.

El caso de las empresas afectadas por las medidas adoptadas por los gobiernos para contener la pandemia no se parece en nada al de las empresas de las crisis de oferta de Ricardo y Schumpeter. Las empresas están cerradas no porque hayan perdido su demanda o porque estén siendo desplazadas por un competidor innovador. Las empresas no están cerradas por decisión de sus propietarios sino por decisión del gobierno que al actuar así ha despojado al propietario de su derecho de decidir lo que hace con sus cosas. Al despojarlo de su derecho de decidir lo que hace con sus activos durante un tiempo dado, el gobierno ha despojados a los empresarios de su propiedad sobre el flujo de ingresos derivados de esos activos durante ese tiempo. Esa es la verdad monda y lironda, sin que importe el hecho de que la expropiación se haya realizado por una buena causa.

La cuarentena es, probablemente, el acto de expropiación masiva y a más gran escala jamás practicado en la historia de la humanidad. Este es el punto de partida para abordar la cuestión de lo que debe hacerse con las empresas desde la perspectiva de un estado liberal. Las empresas no deben ser capitalizadas ni beneficiadas con crédito subsidiado a las más bajas tasas: las empresas deben ser indemnizadas.

La forma práctica de resolver el problema de la indemnización es otra cosa, pero, hay que insistir en ello, este es el principio que debe presidir la actuación de un gobierno liberal en este asunto y en esta coyuntura. No tengo esperanzas de que muchos gobiernos vayan a actuar de esta forma. Tampoco creo que los empresarios, anestesiados como están por el estatismo, se atrevan a reclamar en tribunales esa indemnización. Todo ello es reflejo de la precaria situación de las ideas liberales y del respeto al derecho de propiedad en el mundo.

VI

El liberalismo arrastra el sambenito de que su afirmación de la libertad y la responsabilidad individual, como pilares fundamentales de la sociedad, y de la primacía de mercado sobre el estado, en la asignación de los recursos y la distribución de los bienes y servicios, supone desentenderse de la suerte de los pobres y los menos afortunados. Nada más contrario a la verdad.

En el centro del pensamiento liberal está, como lo señala Bertrand de Jouvenel, “la idea de que los que sufren necesidades apremiantes deben ser atendidos es inherente al concepto mismo de sociedad”[17]. No debe haber ninguna duda al respecto. La discusión tiene que ver con sobre la forma en de atender esas necesidades.

Lo que debe ser claro es que esa atención solidaria de los necesitados no puede confundirse con el ideal, rechazado ese sí por cualquier liberal, de igualación de rentas y patrimonios por la acción del estado, mediante la implantación del socialismo o por obra del asistencialismo ilimitado del estatismo parasitario de nuestra época.

Los liberales deben siempre distinguir, en el concepto y en la acción, entre solidaridad y redistribución y adoptar como suyo, sin ambages, el primer ideal para oponerlo vigorosamente al segundo. Un pequeño texto de Bertrand de Jouvenel ilumina esa distinción:

“Cuando, por la acción de los servicios sociales, un hombre realmente necesitado recibe medios para subsistir, ya sea un salario mínimo en días de desempleo o atención médica básica que no podría haber pagado, eso es una manifestación primaria de solidaridad, y no forma parte de la redistribución. Lo que si constituye redistribución es todo lo que evita al hombre un gasto que podría hacer y presumiblemente haría de su propio bolsillo, y que, al liberar una parte de su ingreso, equivale por lo tanto a una elevación de ese ingreso”[18]

Pero la acción solidaria misma, incluso si se distingue cuidadosamente de la redistributiva, no puede llevar a socavar el valor supremo de la sociedad liberal: la responsabilidad de cada uno de su propio destino.

La obligación de velar por el interés personal – plantea Alexis de Tocqueville[19] – disciplina a las personas en los hábitos de la regularidad, la moderación, la previsión y la confianza en sí mismas. Esto no ocurre, en general, por voluntad propia consciente sino por la fuerza de la costumbre.  Cuando las personas están obligadas a tomar sus propias decisiones y a mantenerse con su propio trabajo, son más esforzadas, constantes, ahorrativas, sobrias, orgullosas de sus propios logros y amantes de la libertad.

Habituar a la gente a depender de las ayudas o los empleos poco demandantes del gobierno tiene un efecto deletéreo sobre esos hábitos, socava la dignidad personal y diluye el sentido de libertad, todo lo cual predispone a la aceptación de la sumisión y la servidumbre. No tiene por ello nada de sorprendente que los ideólogos totalitarios sean al mismo tiempo los ideólogos del asistencialismo, que busca hacer a las personas dependientes del gobierno porque esa dependencia moldea también las actitudes políticas.

La crítica de los economistas clásicos – Malthus y Ricardo[20]- a las Leyes de pobres inglesas se apoyaba principalmente en consideraciones de esa índole. Es por ello que Malthus[21] dejó dicho que las leyes de pobres nunca tendrán recursos suficientes para atender a los pobres que esas mismas leyes crean. Pero al mismo tiempo los economistas liberales clásicos daban por descontado que había que asistir a los desvalidos y a las personas afectadas por graves calamidades. Nassau William Senior - contemporáneo y discípulo de Ricardo, y amigo y corresponsal de Alexis de Tocqueville - dejó este extraordinario texto que parece escrito a propósito de la pandemia que nos agobia:

“Ningún fondo público para la asistencia a estas calamidades tiene tendencia alguna a disminuir la laboriosidad o la previsión. Son males demasiado grandes para permitir a los individuos una previsión suficiente contra ellos, y demasiado raros, en realidad, para que los individuos se hallen previstos contra ellos absolutamente. Por otro lado, su permanencia es probable que canse la paciencia privada. (…). Yo deseo, por consiguiente, ver atendidos estos males con una amplia asistencia obligatoria” [22]

También los capaces de ser independientes y valerse por sí mismos, podían, eventualmente, requerir alguna asistencia. Esa asistencia, pensaba Senior, debía ser limitada en el tiempo y en la cuantía y no podía convertirse en un derecho incondicional. El asistido no debería recibir una ayuda que excediera lo que los trabajadores independientes ganan con su propio trabajo. Esto se conoce como el principio de la menor preferencia.

Modernamente, en el siglo XX, liberales como Friedman y Hayek hicieron planteamientos sobre la asistencia a los necesitados similares a los de Senior, el impuesto negativo del primero y la renta mínima del segundo.

Friedman propuso su política de impuesto negativo como alternativa al costoso sistema de bienestar, para ayudar a la gente necesitada sin recurrir a programas asistenciales manejados por un gigantesco aparato burocrático en el que inevitablemente prosperan el fraude y la corrupción.

La idea del impuesto negativo es extremadamente simple y parte de una característica de todos – o casi todos - los sistemas de impuesto: la existencia de descuentos tributarios.  En efecto, bajo cualquier sistema tributario hay un cierto nivel de renta sobre el cual no se paga impuesto porque después de aplicar las deducciones se llega a una renta gravable cuya tarifa es cero. Ese nivel de renta, que marca la frontera entre los que pagan impuesto y los que no pagan, es lo que Friedman denomina “asignación básica personal”.

Si la renta gravable de tarifa cero es 70 y el monto máximo de los descuentos aplicables es 30, la renta que marca la frontera, la asignación básica personal, es 100. Alguien que gane 80, bajo el sistema de impuestos positivos, simplemente no paga nada, pero en cierto sentido habrá perdido la deducción de 20 a la que tendría derecho de estar en cien. Con el impuesto negativo se le entregarían también a este individuo esos 20 que se le están entregando a su conciudadano que gana 100.  

La idea de una renta mínima garantizada, que es totalmente distinta a la idea de una renta básica universal que proponen los socialistas, se encuentra en diversas partes de la vasta obra de Hayek. En Los fundamentos de la libertad hay una formulación que citaré extensamente porque en ella queda clara la distinción entre esos dos conceptos:

“A continuación viene el importante aspecto de la seguridad, de la protección de contra riesgos comunes a todos nosotros. La actitud del gobierno puede consistir tanto en reducir tales riesgos como en ayudar al pueblo para que se defienda de los mismos. De cualquier manera, se impone la distinción entre dos conceptos de seguridad: la seguridad limitada, que puede lograrse para todos y que, por tanto, no constituye privilegio, y la seguridad absoluta. Esta última, dentro de una sociedad libre, no puede existir para todos. La primera es la seguridad contra las privaciones físicas severas, la seguridad de un mínimo determinado de sustento para todos. La segunda es la seguridad de un determinado nivel de vida, fijado mediante comparación de los niveles de que disfruta una persona con los que disfrutan otras. La distinción, por tanto, se establece entre la seguridad de un mínimo de renta igual para todos y la seguridad de la renta particular que se estima que merece una persona. La seguridad absoluta está íntimamente relacionada con la principal ambición que inspira al estado-providencia: el deseo de usar los poderes del gobierno para asegurar una más igual o más justa distribución de la riqueza. Siempre que los poderes coactivos se utilicen para asegurar que determinados individuos obtengan determinados bienes, se requiere cierta clase de discriminación entre los diferentes individuos y su desigual tratamiento, lo que resulta inconciliable con la sociedad libre. De esta manera, toda clase de estado-providencia que aspira a la ´justicia social´ se convierte primariamente en un redistribuidor de renta. Tal estado no tiene más remedio que retroceder hacia el socialismo, adoptando sus métodos coactivos, esencialmente arbitrarios”[23].

Se trata de una especie de aseguramiento colectivo con el objeto de garantizar a todo aquel que caiga en desgracia un ingreso mínimo que le permita cubrir sus necesidades básicas y librarlo de privaciones severas. No es una renta mínima para todos ni, mucho menos, un ingreso igual para todos.

En su obra El espejismo de la justicia social, el segundo volumen de su gran trilogía Derecho, legislación y libertad, Hayek retoma la idea haciendo más explícita la noción de aseguramiento y reiterando que el beneficio está limitado a aquellos que por cualquier razón no son capaces de ganar en el mercado un ingreso adecuado.   

“No hay motivo para que en una sociedad libre no deba el estado asegurar a todos la protección contra la miseria bajo la forma de un renta mínima garantizada, o de un nivel por debajo del cual nadie caiga. Es interés de todos participar en este aseguramiento contra la extrema desventura, o puede ser un deber moral de todos asistir, dentro de una comunidad organizada, a quien no pueda proveer por sí mismo. Si esta renta mínima uniforme se proporciona al margen del mercado a todos los que, por la razón que sea, no son capaces de ganar en el mercado una renta adecuada, ello no implica una restricción a la libertad, o un conflicto con la soberanía del derecho. Los problemas que aquí interesan surgen cuando la remuneración por los servicios prestados la determina la autoridad, quedando inoperante el mecanismo impersonal del mercado que orienta los esfuerzos individuales”[24]

La pandemia del Covid 19 cae sobre el mundo en un momento en el cual las ideas liberales de ayuda al necesitado y en general del manejo austero de las finanzas públicas están en retroceso. La mayoría de los países están extraordinariamente endeudados, mucho más que antes de la crisis financiera de 2008, y en casi todos ellos el asistencialismo y el intervencionismo domina la política pública y tiene gran acogida entre la población.

No deben olvidar los liberales que las grandes crisis económicas, asociadas a las dos guerras mundiales, les dieron la oportunidad a los comunistas de tomarse el poder, como ocurrió en Rusia después de la Primera, y en China y Europa Oriental, después de la Segunda. En los países capitalistas de Europa Occidental y aún en los Estados Unidos, una de las mayores consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el reforzamiento de la intervención del estado en la vida económica y el nacimiento del estado benefactor.

Aunque no es descartable que en algunos países atrasados la crisis actual consolide el ideal y la práctica de estatizar los medios de producción, lo que muy seguramente ocurrirá es el reforzamiento del poder del estado, consentido y demandado por la mayoría de la población y apoyado por la élite económica, política e intelectual. La bancarrota del socialismo real y su desprestigio intelectual, ha llevado a que comunistas y socialistas sustituyan su ideal de socialización de los medios de producción por el de la socialización de los resultados de la producción,  lo que en definitiva hace el estado benefactor[25].

El reto intelectual y político de los liberales es enorme. Ante una demanda incontenible de intervención del estado, deben propender porque esta se realice con la menor afectación posible de las libertades individuales y económicas. Deben buscar que esas intervenciones sean focalizadas y temporales para evitar que afloren el fraude, el oportunismo y la corrupción, como ocurre siempre cuando es la mano del gobierno la que asigna bienes y servicios. Deben también entender que muchas de esas intervenciones contrarias al ideal liberal, en las circunstancias actuales son inevitables y necesarias.

Refiriéndose a los programas adoptados por la administración Roosevelt de empleo público y ayuda a los necesitados, en medio de la crisis de los años 30, en su libro Libertad de elegir, Milton y Rose Friedman escribieron lo siguiente:

“En aquel momento estos programas cumplían una función útil, pues había mucha miseria y era importante hacer algo en seguida, tanto para ayudar a la gente en apuros como para devolverle la esperanza y la confianza a los ciudadanos. Estos planes fueron preparados apresuradamente y no hay duda de que tenía defectos y eran ruinosos; sin embargo, bajo esas circunstancias resultaban comprensibles e inevitables. La administración Roosevelt consiguió en gran media aliviar la miseria más perentoria y devolver la confianza a los ciudadanos”^[26]

VII

De lo expuesto creo que pueden extraerse algunas conclusiones sobre lo que debe ser el punto de vista liberal para el manejo de la crisis:

Hay que rechazar sin vacilación los controles de precios y las restricciones al comercio internacional pues no solo son ineficientes, sino que hacen parte de la estrategia socialista de empobrecer a la población para mejor someterla.

El gasto público en obras de interés colectivo hay que apoyarlo y defenderlo, enfrentándolo al gasto burocrático y clientelista que no hay que dejar de atacar bajo ninguna circunstancia.

En lugar de andar pidiendo ayudas y alivios, los empresarios deben reclamar claro y duro la indemnización a la que tienen derecho por la expropiación de que ha sido objeto. Hay que hacer que el gobierno acepte este principio dejando para después la discusión de la forma y oportunidad de la indemnización.

Hay que oponer fuertemente el ideal de solidaridad social al ideal de igualación de ingresos. Hay que rescatar los conceptos de ingreso mínimo al necesitado y de impuesto negativo de Hayek y Friedman, respectivamente.  

El liberalismo tiene un gran bagaje para enfrentar al socialismo y atraer a la gente a sus ideales. La seducción del socialismo en su forma moderna de expropiación no de los medios sino de los resultados de la producción, mediante la acción de un estado parasitario, clientelista y corrupto es extremadamente grande y seguramente se avivará en esta crisis. Hay que enfrentarla sin ambages ni concesiones emocionales o intelectuales.

LGVA

Abril de 2020.

Bibliografía

De Jouvenel, B. (1951, 2010). La ética de la redistribución. Katz-editores. Capellades, España, 2010.

Friedman, M. y Friedman, R. (1979, 1983) Libertad de elegir. Ediciones Orbis, Barcelona, 1983.

Hayek, F.A. (1996). Los fundamentos de la libertad.  2 Vol. Ediciones Folido, Barcelona, 1996.

Hayek, F.A. (1976, 2006) Derecho, legislación y libertad. Unión Editorial. Madrid, 2006.  

Malthus, T.R. (1982) Primer ensayo sobre la población. Alianza Editorial, Madrid, 1982

Mises, L. (1996). Sobre liberalismo y capitalismo.  2 Volúmenes, Folio, Barcelona, 1996.

Ricardo, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1997.

Robbins, Lionel en Teoría de la política económica, Ediciones Rialp S.A, Madrid, 1966.

Smith, A. (1776, 1979). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica, México, 1979.

Tocqueville, A. (1981). De la Démocratie en Amérique.  2 Vol. Garnier-Flammarion, Paris, 1981.

---

[1] Smith, A. (1776, 1979). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica, México, 1979. Página 138-139.

[2] “Advirtamos – escribe Mises- que, en definitiva, lo que pretende el intervencionismo es imponer a bienes y servicios precios distintos de aquellos que el mercado fijaría de un modo autónomo”.  Mises, L. (1996). Sobre liberalismo y capitalismo. Folio, Barcelona, 1996. Volumen I, página 88. 

[3] Ricardo, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1997. Página 102.

[4] Keynes citado por Keynes en Keynes, J.M. (1936,2000). Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica. México, 2000. Página 297.

[5] Véase: Kindleberger, Ch. P. (2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing, Madrid, 2009. Páginas 209-213 y páginas 277-286.

[6] World Trade Organization (2016). Trade Profiles 2015. Página193. 

 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles15_e.pdf

[7] Este documento se reprodujo en 2007. Entre las firmas destacadas se encuentran las de Irving Fisher y Frank Taussing. Véase: “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, September 2007, pp 345-358.

[8] .  Mises, L. (1996). Sobre liberalismo y capitalismo.  2 Volúmenes, Folio, Barcelona, 1996. Volumen I, página 95.

[9] Citado en Elster, J. y Slagstad, R. Constitucionalismo y democracia. Fondo de Cultura Económica, México, 1999. Página 139.

[10] Smith, A. (1776, 1979). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica, México, 1979.  Página 639.

[11] Smith, A. (1776, 1979). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica, México, 1979.  Página 640.

[12] Böhm-Bawerk (1999). Ensayos de teoría económica-Volumen 1. Unión Editorial, Madrid, 1999. Prefacio de Lorenzo Infantino. Página 15.

[13] Keynes, J.M. (1936,2000). Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica. México, 2000. Página 335.

[14]Ricardo, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1997. Página 198.

[15] Ricardo, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1997. Página 199.

[16] Schumpeter, J.A. Teoría del desenvolvimiento económico. Fondo de Cultura Económica, México, 1967. Página 219.  

[17] De Jouvenel, B. (1951, 2010). La ética de la redistribución. Katz-editores. Capellades, España, 2010.  Página 44.

[18] De Jouvenel, B. (1951, 2010). La ética de la redistribución. Katz-editores. Capellades, España, 2010.  Página 47.

[19] Véase: Alexis de Tocqueville (1981). De la democratie en Amerique . Volumen II. Segunda parte, capítulo 9

[20] Con su habitual sinceridad, Ricardo, hablando de las leyes de pobres dijo lo siguiente: “…su intervención no será, como benévolamente intenta el legislador, corregir la situación de los pobres, sino empeorar tanto la condición del rico como la del pobre; en lugar de enriquecer a los pobres, están calculadas para empobrecer a los ricos; y en tanto estén en vigor las leyes actuales, será conveniente, conforme al orden natural de las cosas, que el fondo de beneficencia para los pobres crezca progresivamente, hasta absorber los ingresos netos del país, o cuando menos, todo cuanto el Estado nos deje después de satisfacer sus propias necesidades para los gastos públicos que nunca disminuyen”. Ricardo, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1997. Página 80-81. 

[21]  El análisis completo de Malthus sobre las leyes de pobres se encuentra en el capítulo 5 de su Ensayo sobre la población. Es bueno leer el párrafo completo puesto que, bajo el supuesto de productividad constante, el argumento es irrefutable: “Las leyes de pobres inglesas tienden a empeorar la situación general de los pobres (…) tienden evidentemente a aumentar la población sin incrementar las subsistencias. Los pobres pueden casarse, aunque las probabilidades de poden mantener a su familia con independencia sean escasas o nulas. Puede decirse que estas leyes, en cierta medida, crean a los pobres que luego mantienen, y como las provisiones del país deben, como consecuencia del aumento de la población, distribuirse en partes más pequeñas para cada uno, resulta evidente que el trabajo de quienes no reciben la ayuda de la beneficencia pública tendrá un poder adquisitivo menor que antes, con lo cual crecerá el número de personas obligadas a recurrir a esta asistencia” Malthus, T.R. Primer ensayo sobre la población. Alianza Editorial, Madrid, 1982. Página 95.

[22] El texto se encuentra en Letters and Conversations of Alexis de Tocqueville with N. W. Senior y es citado por Robbins, Lionel en Teoría de la política económica, Ediciones Rialp S.A, Madrid, 1966. Páginas 97-98.

[23] Hayek, F.A. (1996). Los fundamentos de la libertad.  2 Vol. Ediciones Folio, Barcelona, 1996. Vol. 2, página 322.

[24] Hayek, F.A. (1976, 2006) Derecho, legislación y libertad. Unión Editorial. Madrid, 2006.  Páginas 289-290.

[25] “…intelectualmente insolventes tras ver demolidos a lo largo de más de cien años uno tras otro sus argumentos para socializar los medios de producción, intentan hoy socializar los resultados de la producción” Wallis, W.A. (1976) An Over-Governed Society. The Free Press, Nueva York, 1976. Citado en Friedman, M. y Friedman, R. (1979, 1983) Libertad de elegir. Ediciones Orbis, Barcelona, 1983.  Página 139.

[26] Friedman, M. y Friedman, R. (1979, 1983) Libertad de elegir. Ediciones Orbis, Barcelona, 1983.  Página 137.