Réquiem por la reforma de la educación superior

Réquiem por la reforma de la educación superior

Luis Guillermo Vélez  Álvarez

Docente, Universidad EAFIT

El proyecto de reforma de la ley 30 presentado y retirado por el gobierno no era bueno, pero no por las razones invocadas por los estudiantes en paro o por los rectores de las universidades agremiadas en ASCUN.

El proyecto mantenía el status quo de financiación estatal de la educación superior. Un sistema de subsidios indiscriminados a la oferta que concentra las transferencias de la Nación en tres o cuatro universidades de las principales ciudades del país. La Universidad Nacional recibe 15 millones anuales por alumno, 6 de los cuales cubren los gastos administrativos. Los estudiantes de la Universidad de Antioquia pagan en promedio $ 200.000 por semestre lo que significan que reciben un subsidio de 97% del costo.  Ineficiencia e inequidad.

El proyecto introducía algunas medidas para mejorar la calidad como la  obligación de todos los estudiantes de pregrado de presentar los exámenes de estado para optar al título y la  incorporación de los resultados de éstos en los mecanismos de evaluación del desempeño de las universidades. También se elevaban las exigencias a las instituciones de educación superior para ostentar el título de universidad. En lo demás se mantenía la ley 30 con todos sus defectos.

¿Por qué los rectores de ASCUN y los estudiantes rechazaron la propuesta del gobierno?. Los rectores de las grandes universidades públicas defendiendo sus intereses: unos recursos cuantiosos manejados libremente, casi sin rendir cuentas, todo en aras de la autonomía universitaria. Y agazapadas en la sombra, las universidades de garaje complacidas de ver cómo se hunden las escasas disposiciones que las presionaban a mejorar la calidad de sus servicios.

El gobierno cometió el error de incluir en el proyecto - en la versión inicial, no en la que radicó en el congreso - una disposición anodina que autorizaba a las universidades públicas para adelantar acuerdos con el sector privado interesado en invertir en educación superior. ¡Ahí fue Troya!. El presidente de ASCUN y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano denunció el afán de lucro y la privatización de la educación superior. Los rectores de la Nacional y la de Antioquia salieron, como de costumbre, a reclamar más  recursos y defender el supuesto derecho a la educación superior.  En cualquier caso,  dos o tres palabras – lucro, privatización, derecho – bastaron para generar un movimiento estudiantil donde  la mediocridad intelectual de los argumentos rivalizaba con la inmensa arrogancia con la que fueron expuestos ante un gobierno acomplejado que  claudicó, bajo la mirada complacida de la sociedad. 

El país ha perdido la oportunidad de debatir racionalmente el importante tema de la financiación de la educación superior. La masificación de ésta es probablemente el mayor desafío que enfrenta la política educativa de todos los países del mundo. Existen tres fuentes de financiación que pueden combinares en diversos grados: recursos fiscales, matrículas pagadas por las familias y créditos pagados por los beneficiarios a la culminación de sus estudios. La discusión debería centrarse en establecer la combinación óptima de estas fuentes teniendo en cuenta criterios de eficiencia, equidad y viabilidad financiera.

No es financieramente viable la política de gratuidad reclamada por los estudiantes y apoyada por los rectores de las grandes universidades públicas del país. Quien se beneficia de la educación superior obtiene ventajas como un ingreso más elevado, un mayor estatus social y el acceso a los servicios materiales y tecnológicos de las sociedades modernas. Estos son beneficios eminentemente privados. Por otra parte están las externalidades asociadas a disponer de una población mejor educada – mayor crecimiento económico y una vida cultural y política de más calidad – que justifican que los gobiernos contribuyan a la financiación de la educación superior. En estas premisas se fundamentan las siguientes propuestas:

·         La financiación de la educación en todas las universidades, públicas y privadas, debe ser compartida por las familias, los beneficiarios, el gobierno y los inversionistas privados con móviles filantrópicos o de beneficio.

·         En los aportes nacionales y territoriales a las universidades estatales se diferenciará explícitamente la parte que corresponde a la financiación de la investigación de la destinada a la financiación de formación de pregrado.

·         Los aportes del gobierno no financiarán estudios de posgrado.  Estos se financiarán por los beneficiarios, sus familias o inversionistas privados.

·         Las matrículas en las universidades estatales se fijarán en función de los costos y el subsidio otorgado será explícito y diferencial según la condición económica del alumno.

·         Una parte de los aportes de la Nación se destinará a las universidades privadas con acreditación de alta calidad y se distribuirá competitivamente entre éstas en función del número de alumnos de familias pobres que en ellas se matriculen.

·         Debe mantenerse la presentación de los exámenes de estado como requisito para la graduación en el pregrado y los resultados de éstos como elementos de la evaluación de la calidad. Deben mantenerse y reforzarse las exigencias para ostentar el título de universidad.

·         Las universidades privadas deben tener el mismo régimen tributario que las universidades públicas, es decir, no deben estar obligadas a cobrar el IVA y deben beneficiarse de la devolución del IVA y el impuesto predial pagados. Las devoluciones se emplearan en ampliación de la cobertura en pregrado.

Ojalá no esté muy lejano el día en el que estas propuestas se puedan discutir en un ambiente de opinión en el que las ideas se difundan por la razón y no por contagio como en la actualidad.