Hablemos
de pobreza, Fajardo (y V)
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Los errores de diagnóstico
conducen a malas políticas públicas y el mayor error de diagnóstico es la
creencia, generalizada entre los políticos de Colombia, de que a los pobres se
les ayuda volviéndolos dependientes de transferencias y subsidios de todo tipo.
Hace años una misión creada para estudiar el problema de la
pobreza estimó en veinte mil millones de dólares las transferencias
gubernamentales destinadas a los pobres. Hoy deben ser por lo menos treinta
mil. El problema es que mucho más de la mitad beneficia a gente no pobre, pero
bien situada dentro del aparato legal y administrativo del asistencialismo. Pudorosamente
llaman los economistas “sesgo de inclusión” a lo que no es más que un sistema
de corrupción legalizada.
Las políticas asistenciales
tienen y tendrán siempre ese problema, por más ingenio que gasten los
especialistas en mejorar la “focalización”, es decir, en poner obstáculos a los
“colados” y en evitar que de los recursos se apropien los políticos corruptos.
Más grave aún que el efecto
perverso de las políticas asistencialistas mal diseñadas, que perpetúan la
pobreza, o el de las bien diseñadas, que en el mejor de los casos sólo la
mitigan, es el de aquellas que obstaculizan los procesos económicos y las políticas
públicas que en definitiva sacan a los pobres de esa condición. Lo que realmente sirve a los pobres son otras cosas muy
distintas de las que plantean Fajardo y sus amigos que tiene semiparalizada la
economía con su paro violento, vandálico y criminal.
En primer lugar, está el
crecimiento económico. Debería ser evidente, a la luz de la experiencia mundial
anteriormente expuesta, que si tenemos muchos pobres no es porque tengamos
muchos ricos y mucha desigualdad sino porque como sociedad somos igualmente
pobres porque no hemos crecido lo suficiente. No hay nada que saque más gente
de la pobreza que el crecimiento vigoroso y sostenido de las economías, basado
en una fuerte acumulación de capital. Sin embargo, la izquierda atribuye la
reducción de la pobreza y las mejoras en la condición de los pobres a la "lucha
social" y a las “buenas leyes” que corrigen los defectos de un sistema
intrínsecamente perverso, el capitalismo, que a la postre debe ser destruido.
Después del crecimiento nada
beneficia más a los pobres que una baja inflación. Colombia no ha padecido en
más de cien años un episodio de hiperinflación. Pero hemos tenido períodos de
inflación alta y persistente, entre 20% y 30% anual, que erosiona el ingreso de
los pobres y el poder adquisitivo de sus tenencias en las que predominan el
efectivo y los activos de baja rentabilidad. Ha hecho más por la reducción de
la pobreza que todos los subsidios y transferencias asistencialistas, la
política monetaria centrada en mantener a raya la inflación ejecutada por un banco
central autónomo. La izquierda propone acabar con esa autonomía y convertir al
Banco de la República en financiador directo del “gasto público social”. Esto
nos llevaría a la debacle macroeconómica y sería lo peor que podría ocurrirles
a los pobres, Fajardo. La autonomía del emisor es el activo institucional más
importante de la economía colombiana.
Esto lleva al tercer punto de
lo que sirve a los pobres: una moneda fuerte. La devaluación de la moneda devalúa,
antes que nada, el ingreso de los pobres y sus tenencias monetarias y los priva
de adquirir bienes importados o de producción nacional con componente importado
de alguna significación. Los políticos colombianos son proclives a la
devaluación, alentados por capitalistas y terratenientes que buscan en la
moneda devaluada la competitividad internacional que no les da su
productividad.
Una economía abierta y un
arancel bajo sirve a los pobres. El bienestar, el de todas las personas,
depende de la cantidad y diversidad de los bienes y servicios que se adquieren
con el ingreso. Los tratados de libre comercio, la apertura económica y la
reducción de aranceles es lo que ha permitido que a los hogares de los pobres
lleguen los electrodomésticos, los televisores y los teléfonos celulares. Y sin
la obstinación por proteger una agricultura ineficiente – que precisa de un
arancel de 80% para defenderse de las importaciones de arroz de Ecuador –
tendrían más y más variados alimentos a más bajo precio, lo que redundaría en
un salario real adecuado al desarrollo de las actividades urbanas generadoras
de empleo.
Por último, más no de último,
la educación. Una educación de calidad y pertinente. No el remedo de educación
que ofrecen buena parte de esas entidades que arropadas bajo el apelativo de
“públicas” y controladas por la FECODE monopolizan los recursos que el país
destina a la formación de los pobres bajo el modelo ineficiente de subsidios a
la oferta. Los hijos de los pobres tienen derecho a recibir una educación de la
misma calidad que la recibida por los hijos de los ricos y la clase media.
Deben poder elegir sus escuelas, colegios y universidades y aspirar a una
enseñanza exigente, rigurosa y sin concesiones académicas. Los colegios y
universidades públicas deben competir con los colegios y universidades privadas
por los recursos que el país destina a los pobres bajo un sistema amplio de
subsidios a la demanda que les dé a éstos la posibilidad de
elegir. Los pobres, para salir de la pobreza, necesitan algo más que
esa educación mediocre y falta de pertinencia que mayoritariamente ahora se les ofrece y que genera
más expectativas de bienestar que competencias para materializarlas.
Para combatir la pobreza, Fajardo,
hay que hacer exactamente lo contrario a lo que propone el tal comité de paro y
la izquierda colombiana. Sus propuestas fiscales expropiatorias desalientan la
inversión; sus propuestas monetarias provocan inflación y devaluación; el
proteccionismo eleva el precio de las subsistencias y reduce el salario real;
en fin, la educación pública monopolizada en poder de la FECODE es la mejor
garantía de que los pobres no desarrollen las capacidades requeridas para
identificar y aprovechar las oportunidades del crecimiento económico y salir por ellos mismos de la pobreza.
LGVA
Junio de 2021.
