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jueves, 12 de abril de 2018

Humberto de la Calle: un anti-taurino enemigo de la libertad


Humberto de la Calle: un anti-taurino enemigo de la libertad

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

En los últimos meses he escrito sobre las propuestas de varios candidatos presidenciales, algunos todavía en liza, otros ya retirados de la contienda. No me había referido a Humberto de la Calle, básicamente, por no encontrar en sus insulsos planteamientos nada que mereciera ser refutado o exaltado. Después de que Gaviria le prohibió renunciar a ella, para adherir a Fajardo y salir con cierta dignidad del berenjenal en el que está metido, su languidecente candidatura se ha convertido en la melancólica comedia de un hombre casi anciano que se esfuerza por parecer como el representante de la juventud.

Cuando lo veo o leo sus trinos, no puedo dejar de pensar en una novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia, de la que Luchino Visconti hiciera una espléndida película del mismo nombre. En la historia hay personaje viejo -  con el pelo pintado, para ocultar las canas, y el rostro maquillado, para ocultar las arrugas – que se mezcla impúdicamente en el cortejo juvenil que acompaña de Tadzio, el amado del atribulado compositor Gustav von Aschenbach. Después, el mismo Aschenbach, quien inicialmente ve con repugnancia al patético personaje, teñirá sus cabellos y maquillará su rostro en un esfuerzo desesperado por aparentar juventud y resultar grato a los ojos de Tadzio. Lean la novela, es corta, o vean la película, está en Cuevana, y entenderán mejor lo que quiero decir.

Había pues decidido no meterme con de la Calle, salvo por un par de trinos glosando su ridícula idea de acabar con la inequidad dando educación superior gratuita a todo mundo. Pero de la Calle se metió conmigo cuando, en busca de la popularidad que le es esquiva,  decidió quitarle a Petro una de sus  banderas y arremetió contra los taurinos. Sí, soy un taurino y no me avergüenzo de ello y me siento agredido por el ataque oportunista, mentiroso y liberticida que decidió lanzar contra una minoría de ciudadanos hoy hostigada por todos los flancos.

El 12 de abril, se vino de la Calle con el siguiente trino: “Digo si a la prohibición de las corridas de toros. Viví en Manizales y la cultura era la fiesta brava, pero con el paso del tiempo entendí que este espectáculo induce a la violencia. La tradición no debe ser excusa para la violencia, sea cual sea”

Con el paso del tiempo, es decir, cuando envejecen, muchos taurinos dejan de ir a las corridas, bien  porque no soportan el sol o porque se fatigan escalando las gradas o porque los agobian las muchedumbres o, simplemente, porque se cansaron. Eso le ocurrió a de la Calle y a muchos otros taurinos sin que a ninguno ellos le hubiera pasado por la mente prohibirle a los demás el disfrute de un espectáculo en el que ya encuentran poco o ningún placer. De la Calle está en todo su derecho de ser anti-taurino, lo que no puede hacer es desconocer el derecho de los taurinos a cultivar su afición y mucho menos en pretender acabar con ellos desde su quimérico gobierno.  

Probablemente De la Calle dejó de ir a toros hace muchos años, por lo menos los cinco en que estuvo entretenido negociando “el mejor acuerdo posible”,  que nos ha dejado a unos dirigentes desmovilizados traficando y a una retaguardia estratégica secuestrando y asesinando. En todos esos años nunca se le ocurrió violentar a los taurinos, eso era asunto de Petro y sus amigos, hasta que se convirtió en un candidato sin esperanza, vulgar moneda de cambio con la que Gaviria espera hacerse a unos cuantos ministerios en el eventual gobierno de Vargas Lleras quien es el verdadero candidato del partido liberal.  

Si con esa frase se refiere a los taurinos, miente de la Calle cuando dice que ese espectáculo induce a la violencia. ¿Cuándo se ha visto unas barras bravas de taurinos enfrentadas y agrediéndose físicamente, como si sucede en el fútbol, por ejemplo, sin que a nadie se la haya ocurrido prohibirlo? Pero si se refiere a la violencia de los anti-taurinos, dice verdad, porque son estos los que agreden verbal y físicamente a una minoría de ciudadanos inermes por el único delito de disfrutar un espectáculo que no es del agrado de la mayoría.

De la Calle se presenta como un paladín de la libertad, pero es incapaz de entender que, como decía John Stuart Mill, “la libertad humana exige libertad en nuestros propios gustos y en la determinación de nuestros propios fines”. Pero pasa por encima de esto y decide atacar a los taurinos porque sabe que son una minoría y que a la mayoría de los ciudadanos le son indiferentes las corridas y que esa mayoría, azuzada por una minoría activa, la de los anti-taurinos, resultará apoyando la prohibición de las corridas.

Si de la Calle fuera un verdadero liberal entendería que la sociedad está conformada por un sin número de grupos minoritarios en sus gustos o inclinaciones. Entendería que no existe nada que pueda denominarse voluntad popular y que ésta, como decía Mill, no es otra cosas que la porción más numerosa o más activa del pueblo y que aceptar el querer cambiante de esa porción como regla de vida para los demás no es otra cosa que aceptar la tiranía de la mayoría, la peor amenaza contra la libertad.

LGVA
Abril de 2018.  

lunes, 9 de abril de 2018

Gustavo Petro: ignorancia y demagogia


Gustavo Petro: ignorancia y demagogia

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Introducción

En alguno de sus escolios, decía Don Nicolás Gómez Dávila algo parecido a esto: la ignorancia  es más nociva que la corrupción porque el corrupto descansa de vez en cuando mientras que el ignorante ejerce de tiempo completo. Más que por sus ideas socialistas, su pasado guerrillero o su talante autoritario – que ya son suficientes para invalidar su pretensión de llegar a la presidencia - Gustavo Francisco Petro Urrego sería un peligro en el gobierno por su radical ignorancia de la forma en que funcionan economías de mercado y las sociedades que se quieren verdaderamente libres.

Lo primero requiere de un cierto entrenamiento profesional del que carecen la mayoría de las personas, sin que eso les impida relacionarse y cooperar  mediante el sistema de precios, de la misma forma en que no se precisa ser lingüista para poder usar el lenguaje y comunicarse, porque los precios son el lenguaje del mercado. De lo segundo la mayoría de las personas tiene un entendimiento suficiente para funcionar en sociedad aunque muchas no comprenden cabalmente – como es el caso de Petro – que la base de todos los derechos y todas la libertades es el derecho de propiedad. Ni lo uno ni lo otro es un problema porque la mayoría de la gente no aspira a ser presidente ni lo será nunca. Pero cuando alguien que ignora esas dos cosas tiene esa pretensión con alguna probabilidad de realizarla, el asunto no deja de suscitar cierta inquietud.

El problema con Petro es que él padece la peor forma de la ignorancia: la ignorancia del ignorante que cree que sabe y no poco, del que cree que lo sabe todo de todo. Cuando leo sus trinos o escucho sus intervenciones quedo perplejo frente a su  sabiduría insolente. Petro tiene una repuesta categórica, precisa, contundente frente a cada problema económico o de la vida social. No duda nunca, no vacila, lo sabe todo. Está lleno de respuestas, lleno de soluciones, lleno de ideas.  Y eso es justamente lo que asusta porque la ignorancia, según decía Platón, no es un vacío sino una llenura.

Leo en su biografía que Petro es economista, de la universidad Externado para más señas. A lo mejor le enseñaron mal o le enseñaron bien pero no aprendió, ignoro qué ocurrió, pero Petro no sabe economía pero cree que sabe y, para agravar las cosas, es un político. Esto da la peor combinación que podría darse para un hombre con el gran poder que supone la presidencia: un político ignorante de economía que cree que sabe.

Si Petro supiera algo de economía, siquiera un poco, tendría algún respeto por el sistema de precios, porque intuiría de alguna forma que los precios que se forman en los mercados, que las cantidades que se transan, que las cosas que se producen o dejan de producirse son el resultado, no buscado deliberadamente por nadie, de las decisiones de producción y consumo de millones y millones de personas que usan una información dispersa y atomizada que nadie por sí solo, absolutamente nadie, puede manejar, controlar u orientar. Y ese es justamente el problema de Petro y todos los socialistas, pretender que saben mejor que todos los individuos lo que le conviene a cada uno y lo que cada uno debe hacer para lograrlo. Fatal arrogancia llamaba Hayek esa pretensión. 

Petro desconoce y desprecia el sistema de precios en el que en una sociedad libre se manifiesta la diversidad de las aspiraciones y conocimientos de los individuos.  Como buen socialista, está imbuido de alguna de las múltiples formas de la teoría de la conspiración. Él cree que los precios que se forman y las cosas que se producen o dejan de producir dependen de las decisiones de siniestros grupos de poder que desde lujosas oficinas o desde oscuros antros conspiran todo el tiempo para empobrecer la gente, acabar sus empleos y destruir el ambiente. El análisis de algunas de sus ideas económicas podrá en evidencia su total desconocimiento y desprecio del sistema de precios y, también, su increíble ignorancia de la historia económica de Colombia, incluso la más reciente.

Las energías limpias.

Petro adora o dice adorar las energías limpias y renovables y se presenta como el Prometeo que iluminará con ellas un mundo lleno de la suciedad del carbón y el petróleo. ¿A quién no le gustaría un mundo en que la transformación y el uso de las energías se hicieran sin desperdicio, sin suciedad, sin aumentar el desorden? ¿Por qué entonces no está el mundo lleno de paneles solares y turbinas eólicas?

Petro parece creer que ello obra de un montón de capitalistas codiciosos que quieren acabar con el ambiente y envenenarnos a todos; pero la cosa es menos dramática. Los costos de inversión en la infraestructura requerida por esas energías son todavía más elevados que los de las energías tradicionales y esto es particularmente significativo en el caso de Colombia donde las renovables no convencionales tienen que competir con la generación hidráulica, igualmente limpia y renovable y mucho menos costosa. Hasta el presente, prácticamente en ningún país del mundo esas energías renovables se han podido introducir en la matriz energética sin alguna clase de subsidio que en definitiva paga el ciudadano, como consumidor, en su factura de electricidad, o en impuestos, como contribuyente.

Ahora bien, en Colombia ya se han tomado decisiones de política pública orientadas a facilitar el ingreso de las renovables no convencionales a la matriz energética. Está, en primer lugar, la ley 1715 de 2014 que regula la integración de dichas energías al sistema eléctrico. En desarrollo de esa ley, el gobierno expidió el 23 de marzo decreto 0570 de 2018 mediante el cual se dispone la creación de un mecanismo para la  contratación de largo plazo de la energía producida con fuentes renovables no convencionales y se dispone la incorporación del precio resultante en la fórmula tarifaria de los consumidores finales. El 28 de febrero la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – expidió la resolución 30 de 2018 que regula las actividades de autogeneración en pequeña escala, es decir, que permite la conexión al sistema eléctrico de la energía producida mediante fuentes renovables no convencionales. En otras palabras, ya cualquier hogar colombiano o empresa puede instalar en los techos de sus residencias o instalaciones productivas sus paneles solares o sus turbinas eólicas. Por otra parte, nada impide hoy el desarrollo de proyectos de generación a gran escala con fuentes no convencionales y dentro de poco los empresarios tendrán la ventaja de poder trasladar sus mayores costos al precio pagado por el consumidor final.  

Pero es probable que a Petro la política y la regulación adoptada en el País para facilitar el ingreso de las energías renovables no convencionales – que distorsiona los precios y eleva la factura eléctrica de los consumidores finales – le parezca demasiado tímida. A lo mejor él prefiere soluciones más drásticas como prohibir de tajo la generación térmica y hacer obligatoria para todo mundo la instalación de paneles solares. No sorprendería, porque ese es su talante.   

La diversificación de la canasta exportadora.

Otro tema que obsesiona a Petro es la diversificación de la producción nacional y de la canasta exportadora. ¿A quién no le gustaría tener una canasta exportadora diversificada en productos y destinos? Desde los años 20 del siglo XX, los empresarios colombianos han luchado, con desigual fortuna, por diversificar la producción para el mercado interno y la oferta exportadora. La política de sustitución de importaciones, el Instituto de Fomento Industrial, el Plan Vallejo para diversificar exportaciones y la apertura económica son algunas de las orientaciones de política pública adoptadas en diversos momentos para lograr esos objetivos. En este como en otros casos, Petro, ignorando los hechos económicos y la historia económica del País, se presenta ante sus incautos seguidores como el Adán encargado de “superar el extractivismo (sic) que ha llevado al deterioro del aparato productivo industrial y agropecuario nacional, provocando devastación ambiental, pobreza e inequidad”. Nada hay  en esa afirmación que resista el mínimo análisis.

En 2003 el País mostraba una canasta exportadora diversificada. Diez productos, entre los cuales se encontraban 5 productos industriales, respondían por el 57% de las exportaciones.  Los cinco productos primarios – petróleo, café, flores, carbón y bananos – tenían una participación relativamente equilibrada. Después vino el alza en los precios del petróleo en los mercados internacionales y la producción, la inversión, las exportaciones y los ingresos fiscales de esa actividad se elevaron. ¿Qué se podía hacer ante esa situación que condujo a lo que Petro llama el “extractivismo”? ¿Prohibir la producción, la inversión y las exportaciones petroleras?

Los empresarios del País no estaban haciendo mal las cosas en materia de diversificación de exportaciones. El auge de los precios de las materias primas, en particular del petróleo, alteró la tendencia que se venía registrando. Las alzas y bajas de los precios de las materias primas son algo escapa por completo al control de una economía como la colombiana que sólo puede limitarse a aprovechar los auges y a padecer las depresiones.
El principal problema con los ciclos de precios de los productos primarios, es el comportamiento de los gobiernos con los ingresos fiscales. La receta es sencilla: el gobierno, como cualquier particular, para definir su gasto debe atenerse al ingreso permanente, no al ingreso coyuntural; debe por tanto ahorrar durante los auges para poder mitigar el efecto fiscal de las depresiones. Pero esto es difícil de hacer cuando el gobierno está capturado por intereses políticos y particulares propensos al gasto y adversos al ahorro.  Durante los primeros años del gobierno de Santos los ingresos petroleros alcanzaron niveles nunca imaginados, ingresos que fueron derrochados en burocracia y asistencialismo desaforado. Dudo mucho que un gobierno encabezado por Gustavo Petro que quiere darlo todo gratis hubiera procedido de forma distinta al gobierno de Santos.  

Aún con la deficiente política pública frente al auge petrolero, que provocó la revaluación de la tasa de cambio, es falso que la industria y la agricultura hayan colapsado como consecuencia del auge petrolero como sí ocurrió en la bolivariana Venezuela donde el comandante Chávez dilapidó miles de millones de dólares, empeñado en construir el socialismo del siglo XXI, que continúa siendo el ideal de Gustavo Petro. Tampoco es cierto que la pobreza haya aumentado en las últimas décadas, todo lo contrario, como puede evidenciarlo cualquiera que pasee someramente sus ojos por las estadísticas del DANE.

Sistema financiero y banca pública

Dice Petro, en uno de sus trinos: “El enemigo de la clase media (…) es el sistema financiero que la ahoga en compra de carro, apartamento y universidad de sus hijos. Con una banca pública competitiva podemos mejorar condiciones de créditos y con la universidad gratuita sus ingresos”.  

Es un tópico muy extendido creer que el propósito de los intermediarios financieros es arruinar a sus clientes fijándoles intereses y condiciones de pago imposibles de satisfacer. Los que así piensan no parecen entender que los intermediarios financieros son agentes que canalizan el ahorro de quienes consumen menos que su ingreso corriente hacia aquellos cuyo ingreso les resulta insuficiente para financiar su propio consumo o la inversión que quieren realizar. Son incapaces de comprender que las tasas de interés que se forman en los mercados son el resultado de la diversa valoración que las personas tienen del consumo presente frente al consumo futuro y del rendimiento que esperan obtener de sus inversiones y no el resultado de la decisión arbitraria de unos intermediarios financieros deseosos de ahogar a sus clientes.

En efecto, si Gustavo Petro hubiera entendido algo de economía sabría que la tasa de interés es un precio que expresa la relación de intercambio entre los bienes presentes y los bienes futuros y que esa relación de intercambio tiene un componente subjetivo, la mayor preferencia por los bienes que están disponibles hoy sobre los bienes que están disponibles en el futuro, y un componente objetivo asociado a las oportunidades de inversión.  

El componente subjetivo puede ilustrarse muy bien con la propia historia personal de Petro. Recientemente se dolía de que, con casi 60 años, aún debía la hipoteca de su casa, de no tener carro ni propiedad territorial alguna, todo ello a pesar de que durante sus 15 años como congresista y los 4 como alcalde tuvo un ingreso mensual de más de 30 millones de pesos. Es decir, en los últimos 20 años, Gustavo Petro recibió del erario, es decir, de los impuestos pagados por los demás colombianos, unos 7.000 millones de pesos. Si hubiera sido capaz de vivir con 15 millones mensuales, tendría hoy un capital no inferior a 3.500 millones, sin tener en cuenta los rendimientos que le habría generado. Pero no, aparentemente se gastó todo su ingreso por tener una elevadísima preferencia por el presente, quizás, por carecer de una visión a largo plazo de las cosas, por debilidad de voluntad, por la costumbre de gastar sin freno o por carecer de ese sentimiento que nos lleva a procurar el bienestar de nuestros hijos y descendientes. Cualquiera sea el caso, son las gentes como Petro, que tienen una elevada disposición al consumo presente las responsables de que la tasa de interés tienda a elevarse.

Muchas personas carentes de entrenamiento en economía y con elevada propensión al gasto tienden a pensar que las tasas de interés las fijan arbitrariamente el banco emisor y los bancos comerciales cuando fijan las tasas nominales de interés. Este es un error tan vulgar como creer que los comerciantes o los productores fijan arbitrariamente el precio de las cosas que venden sin que importe la demanda de mercado de esas cosas, es decir, sin que importe la valoración que de esas cosas hacen los eventuales compradores. Un razonamiento simple destruye la falacia según la cual los intermediarios financieros no tienen otro propósito que ahogar a la clase media. La tasa de interés para el crédito hipotecario está alrededor de 12% ó 14% anual. Si el objetivo es ahogar a la clase media, y los intermediarios fijan el interés al nivel que quieran, ¿no se la ahogaría más con una tasa del 20% o, mejor aún, de 30% o del 50%?

En medio de su ignorancia, para resolver el problema que el mismo se ha inventado, a Petro se le ocurre la peor de las soluciones: la creación de una banca pública que otorgue crédito “barato” a todo mundo. En Colombia ya tuvimos una banca pública y semi-pública – Banco Popular, Banco del Estado, Banco Central Hipotecario, Banco Ganadero, Banco Cafetero – que naufragó carcomida por la ineficiencia y la corrupción. Era una banca en donde pocos querían depositar sus ahorros y con la que muchos deseaban endeudarse a tasas subsidiadas. Tenía que fondearse con recursos fiscales o de emisión monetaria. Crédito dirigido del que se beneficiaban los capitalistas clientelistas y los políticos rapaces amigos de los directivos de turno. Todos esos bancos fueron cayendo poco a poco abrumados por una cartera incobrable y cuantiosas pérdidas que ya no podían ser cubiertas con recursos fiscales. Petro propone resucitar esa banca que sólo puede subsistir dependiente del fisco o, lo que es peor aún, de la emisión monetaria.    
   
Coda

Petro es un ignorante en materia económica, como se ha ilustrado fehacientemente, pero es también un demagogo y como todo demagogo es elocuente. Y, fascinando por su propia verborrea,  el elocuente se cree sabio y la masa semi-ilustrada de los incautos, encantada igualmente con un discurso lleno de frase altisonantes y de esas palabras que siempre suenan bien, cree que efectivamente lo es. Por fuera del poder, el demagogo ignorante es risible y casi divertido. Instalado allí es un peligro porque, al no abrigar dudas sobre la inmensa superioridad de sus doctrinas, está convencido de que solo se requiere la fuerza de su voluntad para garantizar el bienestar de la sociedad tal como él lo entiende. Hace ya 259 años, en su incomparable Teoría de los sentimientos morales, Adam Smith había advertido sobre el peligro que para la sociedad representa un gobernante de este tipo: 

 “El hombre doctrinario, en cambio, se da ínfulas de muy sabio y está casi siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal que no soporta la desviación de la más mínima parte del mismo. Pretende aplicarlo por completo y en toda su extensión, sin atender a los poderosos intereses ni a los fuertes prejuicios que pueden oponérsele. Se imagina que puede organizar a los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que dispone las piezas en un tablero de ajedrez.  No percibe que las piezas de ajedrez carecen de ningún otro principio motriz salvo el que les imprime la mano, y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elija imponerle. Si ambos principios coinciden y actúan en el mismo sentido, el juego de la sociedad humana proseguirá sosegada y armoniosamente y muy probablemente será feliz y próspero. Si son opuestos o distintos, el juego será lastimoso y la sociedad padecerá siempre el máximo grado de desorden”.

LGVA
Abril de 2018


jueves, 29 de marzo de 2018

Iván Duque y la renovación de la política colombiana


Iván Duque y la renovación de la política colombiana

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Iván Duque Márquez está sorprendiendo a todo mundo, gratamente a unos ingratamente a otros. Escribe bien – de forma clara y concisa – y habla mejor. En un tono calmado pero firme responde de manera informada y aguda las impertinencias, que no preguntas, de los periodistas que tratan de hacerlo ver como un títere de Uribe, y los improperios de sus rivales que buscan otro tanto. De la Calle y Petro mordieron el polvo cuando se insolentaron con él en el foro de la Universidad de Columbia.

Como todos  los candidatos, porque a fin de cuentas el mercado político es un intercambio de votos por promesas, Duque anda hablando las cosas que gustan a todo mundo y que la gente ingenuamente cree que su obtención depende de la acción del gobierno: comida abundante y barata, salud y educación para todos, trabajo digno y bien remunerado, sostenibilidad ambiental, etc., etc. A mí también me gusta todo eso, pero como liberal decimonónico me conformo con  tener un gobierno barato y poco entrometido. Duque ha sido el único que ha propuesto la reducción de impuestos y del gasto público, menor regulación de la economía y focalización de subsidios. En las actuales circunstancias eso me basta para votar por él.

Pero lo que más me gusta de Duque es que su llegada a la presidencia puede permitir una renovación generacional e ideológica de la política colombiana. De llegar a ser elegidos, casi todos los rivales de Duque y sus respectivas fórmulas vice-presidenciales, terminarían su mandato en edad de jubilación o muy cerca de ella. De hecho, algunos ya deberían estar en uso de buen retiro. Y es que la edad importa, por aquello de que se es hijo más de su época que de los propios padres, como gusta decir mi esposa Gloria Cecilia.




Entre todos los candidatos, Duque es el que tiene el recuerdo vivencial más remoto del Frente Nacional y de los tres gobierno en los que se prolongó y de la ideología económica predominante en la época: el reformismo agrario y el proteccionismo industrial. El intervencionismo de estado fuerte nace en los años 30, especialmente a partir de la reforma constitucional de 1936 y de la famosa ley 200 del mismo año, con su lema de “la tierra al que la trabaja”. Dos discípulos de Lopez Pumarejo - Lleras Camargo y Lleras Restrepo -  resucitaron en los años 60 como política fundamental del estado el reformismo agrario, adobado esta vez con el pensamiento de la CEPAL y su política de protección industrial que Colombia acogió con especial fervor.

Lleras Restrepo llevó a su máxima expresión el proteccionismo y el intervencionismo estatal con su estatuto cambiario, decreto 444 de 1967, y su portentosa reforma administrativa de 1968, que nos legó un instituto descentralizado para cada asunto de la vida económica y social. Todo ese aparato se mantuvo prácticamente incólume hasta los gobiernos de Virgilio Barco, que desmontó el estatuto cambiario, y el de Cesar Gaviria, que hizo la apertura económica y acabó con buena parte de la vieja institucionalidad intervencionista. Probablemente los historiadores del futuro los verán como los dirigentes que iniciaron la recuperación de la tradición liberal clásica en Colombia, ahogada en la batalla de La Humareda y en la embriaguez de Rafael Uribe Uribe con las fuentes del socialismo.

Aunque en cierto sentido todos fueron pupilos de Gaviria, ninguno de los presidentes que lo sucedieron – Samper, Pastrana, Uribe y Santos – fue capaz de profundizar en las reformas liberales pero tampoco osaron echarlas completamente atrás. Probablemente este inmovilismo se explique por un compromiso emocional con el asistencialismo desaforado consagrado en la Constitución de 1991 que ha llevado a un desequilibrio estructural de las finanzas públicas que no ha podido ser remediado por las 20 reformas tributarias que se han hecho desde 1990, y a la institucionalización del parasitismo social, caldo de cultivo de las propuestas de “todo gratis o fiado” que invade a todas las campañas electorales.

Sergio Fajardo puede tener alguna razón cuando afirma que hoy la disyuntiva en Colombia no es entre izquierda y derecha; pero se equivoca al creer que eso supone que no existan divergencias ideológicas profundas sobre el tipo de sociedad a la que se aspira y sobre la naturaleza de la acción del estado. Hoy, en Colombia, hay una lucha que aún no es completamente explícita pero que se viene dando en el mundo desde hace varias décadas. Es la lucha entre los partidarios del estado asistencialista y que se entromete en todo y los defensores de mayor libertad de mercado, menos intervención y menos impuestos. Los primeros están presentes en todos los partidos y dominan todavía la política colombiana. Los otros, que por simplicidad llamaré los “más liberales”, también están en todos ellos pero por lo pronto son minoría.

En 10 o 15 años, los miembros de la generación mayor – la de Uribe, Santos, Gaviria, Petro, de la Calle, Fajardo, Robledo, Ramirez, etc. – que están quemando sus últimos cartuchos en política,  estarán muertos o retirados pergeñando sus memorias. Iván Duque puede ayudar a jubilarlos liderando la llegada a los cargos directivos del gobierno de una generación completamente desligada del frente-nacionalismo, el proteccionismo y el agrarismo y menos respetuosa de la Constitución del 91 y su asistencialismo rampante que ha mal acostumbrado a amplios sectores de la población que no parecen creer que deba existir algún vínculo entre el esfuerzo personal y los resultados. Pienso en personas como  Rafael Nieto y Paloma Valencia, de su propio partido, pero también en gentes de otros partidos: Miguel Gómez y Juan Carlos Pinzón y, tal vez, los hermanos Galán, Simón Gaviria, Rodrigo Lara y, quienes para mí son las promesas del resurgimiento del liberalismo colombiano de verdad, Daniel Raisbeck y Vanesa Vallejo.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Marzo de 2018.


domingo, 11 de febrero de 2018

Listas cerradas, listas abiertas, voto preferente: cómo y por quién votar el 11 de marzo.


Listas cerradas, listas abiertas, voto preferente: cómo y por quién votar el 11 de marzo.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente, Universidad EAFIT

El expresidente López Michelsen decía que las listas electorales se parecen a un LP o a un CD: uno está obligado a comprar la totalidad de las canciones incluidas a pesar de que solo le gusten uno o dos temas.  Algunas personas, especialmente jóvenes, piensan el voto preferente les permite votar por el candidato que les gusta sin tener que hacerlo por aquellos que les desagradan. Están equivocadas: el voto preferente no es el Spotify de la política.

Los sistemas electorales se dividen en mayoritarios y proporcionales. En los primeros la totalidad de los escaños o curules en disputa se asigna al partido que obtiene la mayoría de los votos; en los segundos la asignación se hace en proporción al número de votos emitidos. No existe un método de asignación que garantice que la distribución porcentual de las curules sea exactamente  igual a la distribución porcentual de los votos. Los métodos aplicados se aproximen en diverso grado a ese ideal. Existen dos  grupos de métodos o fórmulas de asignación proporcional: los de residuo mayor  y los de promedio mayor.

El más conocido de los métodos de residuo mayor es de la cuota de Hare o de cociente electoral, que fue utilizado en Colombia hasta 2002. En este método, la totalidad de los votos emitidos se divide por el número total de curules de la circunscripción y con la cifra obtenida, llamada cociente electoral, se dividen las votaciones obtenidas por cada una de las listas. La parte entera de la cifra obtenida  con esta última división arroja el número de curules ganadas por cada lista por cociente. Si, como es usual, después de esta asignación quedan curules por distribuir, éstas se asignan a los residuos decimales de las listas de mayor a menor hasta agotar las curules remanentes. Este sistema conduce a la multiplicación de listas pues el mismo número de votos divididos en varias listas permite obtener más curules por residuo que los que se obtendrían en una sola por cociente. En las elecciones de senado de 2002, el último año en que se empleó  el método de cociente electoral, participaron 60 partidos o movimientos que inscribieron 312 listas 96 de las cuales obtuvieron curul; 11 curules se ganaron por cociente y 89 por residuo. Existen otras variantes del método de residuo mayor (cuota de Droop, cuota Imperiali, cuota de Hagenbach-Bischoff) que difieren en la fórmula de cálculo del cociente. 

Los principales métodos de promedio mayor, también conocidos como de los divisores, son el de D´Hont y el de Sainte-Laguë. Con el método de D´Hont, que se aplica en la elecciones legislativas de 2006, los votos de todas las listas se dividen sucesivamente por 1,2, 3…..n, donde n es el número de curules, y se obtienen una serie de cocientes decrecientes para cada lista. Estos cocientes se ordenan de mayor a menor y el enésimo es la cifra repartidora por la cual se dividen los votos de cada lista y el resultado entero es el número de curules asignado a cada una de ellas. Bajo este sistema no hay residuos, todas las curules tienen el mismo costo en votos y este es igual a la cifra repartidora. No hay lugar para el juego de residuos mediante la multiplicación de listas. Al contrario, los políticos agrupan sus fuerzas en listas unificadas para aumentar su probabilidades de elección. En 2006, el primer año de aplicación de la fórmula de D´Hont en las elecciones legislativas, se inscribieron 20 listas para senado frente a las 312 de 2002, año en el que se aplicó la fórmula de Hare o de cocientes y residuos. En 2010 y 2014 se inscribieron 14 y 12 listas para senado, respectivamente. Para las elecciones de marzo de 2018  son 16.

Otro elemento del régimen electoral que refuerza la agrupación es la existencia del umbral, que es el número mínimo de votos requeridos para que una lista sea tenida en cuenta en el cálculo de la cifra repartidora y en la asignación de curules. Para el senado es el 3% de los votos válidos emitidos.  


 La fórmula electoral transforma los votos en curules, es decir, establece el número de curules que un número dado de votos emitidos le permite alcanzar a cada lista. Queda por resolver cuáles de los candidatos inscritos resultan elegidos. En las llamadas listas cerradas, las curules se asignan en el orden en que están inscritos los candidatos; en las listas abiertas, en el orden que resulte de los votos preferentes.

La fórmula electoral define el número de curules obtenidas por cada lista, los votos preferentes establecen el orden de asignación de curules dentro de ellas. Supongamos que la lista A obtiene 3 millones de votos y la B 340 mil y que la cifra repartidora es 150 mil. En este caso la A gana 20 curules y la B 2. Si el vigésimo candidato de la lista A ya ordenada tiene 5 mil votos preferentes y el tercer candidato de la lista B igualmente ordenada tiene 20 mil, saldrá elegido el vigésimo candidato de la lista A y no el tercer candidato de la B.  

A la hora de votar la primera decisión es la lista preferida, la cual se escoge marcando en el tarjetón el logo que la identifica; la segunda, es el candidato preferido de esa lista, el cual se escoge marcando el número que le fue asignado. Si no se tiene candidato preferido, basta con marcar el logo y el voto será válido. Pero, ojo, si se marca solamente el número, el voto es inválido. En cada una de las tres últimas elecciones de congreso los votos inválidos han superado el 12%. El tarjetón sera similar al siguiente:



El principal objetivo de la mayoría de los candidatos es su propia elección. El voto preferente es bajo el método de D´Hont el equivalente a la multiplicación de listas pues permite controlar la clientela electoral. Los votos de clientela no se transan al menudeo sino en paquetes. Un líder es un personaje que maneja cierto número de votos, lo cual significa que tiene una o varias listas de ciudadanos cuyas cédulas están inscritas en una o varias mesas. El político intercambia con el líder promesas por votos o dinero por votos. El político espera que en determinadas mesas salga cierta cantidad de votos preferentes por su nombre así como antes esperaba que salieran por su lista. 

Debe ser claro ya que para votar por un candidato preferido hay que votar también por los demás no tan preferidos que lo acompañan en la lista. Veamos algunos ejemplos.

En la lista de la Alianza Verde está, con el número 2, Iván Marulanda por quien profeso admiración por su desempeño en el senado como militante del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Por esa razón podría votar por Marulanda, a pesar de que su trasegar político posterior se me hace un tanto lagartuno. Sin embargo, cuando veo que en esa lista están también el dogmático Antonio Sanguino y el errático Antanas Mockus, de inmediato me arrepiento.

Miguel Gomez Martinez, quien encabeza la lista del Partido Conservador, es, a mi parecer,  el menos estatista y el más defensor de la actividad privada entre todos los candidatos al senado de todos los partidos. Este conservador es el más liberal de todos los candidatos y gustoso votaría por él, pero no puedo hacerlo al constatar que en su lista lo acompañan  la “ilustrísima” Olga Suarez Mira y  varios de esos politicastros, como Efraín Cepeda, que después de cada elección preguntan: ¿quiénes ganamos?

De la lista del Partido Liberal destaco a Luis Fernando Velásco quien me ha parecido siempre un político preparado, cumplidor y de buenas maneras. Pero no puedo darle mi voto al verlo asociado con una serie de personajes hirsutos, como su tocayo Duque, o de cadáveres políticos, como Horacio Serpa,  que aspiran a hacerse elegir en cuerpo ajeno, el de su hijo en su caso.

Me dice un joven amigo que en la lista del Partido de la U hay una señora llamada Maritza Martinez Aristizabal, cuya personalidad política y sus ideas le atraen.  La investigué y me parece respetable y digna de confianza; sin embargo está en la misma lista de personajes que me causan urticaria como Roy Barrera, Armando Benedetti, Germán Hoyos y, como si fuera poco,  los herederos del Ñoño Elias y de Mussa Besaile. Y así no puedo.

Germán Varón Contrino, de Cambio Radical, me ha parecido un político valioso y respetable, siempre que no se le juzgue con los parámetros del Sermón de la Montaña.  Está acompañado de muchos personajes un tanto fastidiosos, pero a la que no me puedo definitivamente soportar es a la pastora Claudia Yadira Rodriguez Castellanos una de las mayores responsables de hacer que nuevamente aparezca en Colombia la peligrosa mezcla de religión y política. Yo a eso no le juego.

En la lista del Centro Democrático están los candidatos que más me gustan, empezando por Álvaro Uribe Vélez. Voy a votar por esa lista, pero no le voy a dar mi voto preferente al expresidente, sino a mi amiga Evamaría Uribe Tobón, economista y abogada, con una gran vocación de servicio público y cuya presencia en el Senado sería de enorme significación. En esta lista, hay, por supuesto, algunos personajes que no me agradan mucho, como los señores Macías y Bustamante, que padecen un tremendo tic nervioso: abren la boca y meten la pata.  

Me abstengo de referirme una serie de listas por las que jamás votaría porque los partidos que las promueven están muy alejados de mis ideas económicas y políticas. Sin embargo, no puedo desconocer que hay en ellas muchas personas cuya presencia en el Senado podría ser de gran valor.


LGVA

Febrero de 2018.

sábado, 13 de enero de 2018

El programa de Fajardo: más estado, menos libertad económica y más corrupción


El programa de Fajardo: más estado, menos libertad económica y más corrupción

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista



Dejando de lado las declaraciones retóricas y las habituales promesas de un mundo mejor, el programa de la Coalición Colombia de Sergio Fajardo propone aumentar los impuestos, profundizar el asistencialismo, incrementar la burocracia estatal, levantar obstáculos adicionales a la actividad empresarial y resucitar el proteccionismo. Todo esto conduce a menor libertad económica y, como sugiere la experiencia internacional, al aumento de la corrupción.

Aumentar los impuestos. Un mayor recaudo tributario, dice el programa, “es un objetivo inaplazable”. También indica  que se buscará “una mayor progresividad en la estructura impositiva” y que se definirá “un esquema de transición de impuestos indirectos a directos”. Y dice también que se hará “un desmonte general de beneficios tributarios”. 

Se promete pues una nueva reforma tributaria, lo que no es ninguna novedad en un País donde se han hecho 20 en 25 años, para financiar el crecimiento de un estado que en ese mismo lapso ha triplicado su tamaño. Llama la atención el sesgo marcadamente anti-empresarial y anti-capitalista que tendría la reforma de la Coalición Colombia en caso de llegar a materializarse.

Los beneficios tributarios se han ido introduciendo como paliativo frente a una tributación creciente que restaba competitividad a los negocios. Su eliminación sería conveniente si estuviera acompañada de la reducción de las tarifas generales. Pero no es este el caso pues iría en contra de objetivo “inaplazable” de aumentar el recaudo. Por tanto, las tarifas generales se mantendrían al tiempo que se eliminan los beneficios lo cual llevaría al crecimiento de la tasa efectiva de tributación de las empresas.

Las propuestas de una mayor progresividad en la estructura impositiva y de una transición de impuestos indirectos a directos se traducirán en el aumento de la tributación de las rentas de capital y de las rentas de trabajo de la población más eficiente. La única forma de introducir cierta progresividad en el IVA es estableciendo tasas diferenciales según la clase de productos transados o excluir del gravamen a algunos de ellos: los bienes de la canasta básica, por ejemplo. El problema es que de esas tarifas menores y de esas exclusiones se benefician todos los contribuyentes, no solo los de menores ingresos.

El impuesto de renta y el impuesto a la propiedad son más idóneos para dar progresividad al sistema tributario. La progresividad se obtienen gravando con tarifas mayores los ingresos y patrimonios más elevados. En la práctica se establecen rangos a cada uno de los cuales se le asigna una tarifa impositiva cada vez mayor. Una mayor progresividad de los impuestos a las personas se puede obtener elevando la tarifa marginal, aumentando el número de rangos o incrementando las tarifas infra-marginales. No puede aumentarse la progresividad del sistema tributario sin elevar los impuestos[1].

Profundizar el asistencialismo. Se lee en el programa: “Reducir la pobreza y la desigualdad exige programas sociales, subsidios del Gobierno Nacional y un Estado que ofrezca bienes públicos de calidad en la Colombia rural y urbana para abrir las puertas de las oportunidades”.

Si no existieran la pobreza y la desigualdad habría que inventarlas para justificar la existencia del gobierno grande que tanto gusta a los políticos. Los sistemas políticos asistencialistas y clientelistas colapsarían el día en que la gente dejara de creer que su destino económico depende de las transferencias y dádivas del gobierno.

El asistencialismo ha crecido de manera exponencial en los últimos años. El gasto en subsidios es de “proporciones mayúsculas”, se lee en un documento del DNP. Según dicha Entidad, en 2014 el gasto anual en subsidios fue de $ 71 billones, cifra equivalente al 10% del PIB o al 35% del presupuesto general de la Nación y superior al servicio de deuda.  

El 98% de esa suma se destina a los “subsidios sociales” o al “gasto público social”, como pudorosamente se denomina en los documentos oficiales al asistencialismo. ¿Qué tan progresivo es este gasto en subsidios?, se preguntan los técnicos del DNP. “Lamentablemente no mucho”, se responden. Y en efecto, el quintil más pobre de la población solo recibe un 20% de esas transferencias, casi lo mismo que el quintil más rico. Por eso no es sorprendente que, después de semejante esfuerzo, el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad, tenga el mismo valor antes y después de subsidios. 

Es falso que el asistencialismo reduzca la pobreza y la desigualdad. Lo que sí es claro es que es la base de  un régimen político y electoral basado en las falsas promesas y el clientelismo. Adicionalmente, como lo han puesto en evidencia múltiples escándalos en los últimos meses, el asistencialismo alimenta la corrupción  pues los recursos de los que se apropian los corruptos son los supuestamente destinados al “gasto social”. No se puede combatir el clientelismo y la corrupción y mantener al mismo tiempo un gobierno asistencialista.

Incrementar la burocracia estatal. Fiel a su vocación estatista, la Coalición Colombia propone reactivar la economía mediante inversiones públicas para crear “empleos formales de calidad”. Ya hay en el País 1.200.000 empleados públicos del nivel nacional y unos 600.000 del nivel territorial. Esto es más del 8% de la ocupación total. Pero resulta que el 50% de los 22 millones de ocupados son informales, de donde se sigue que el 16% del empleo formal es público. Sin duda alguna el gobierno es hoy por hoy el mayor empleador del País y la Coalición Colombia quiere hacerlo crecer aún más. Al lado del asistencialismo el empleo público, cuya remuneración se consume la cuarta parte de los impuestos,  es el otro pilar del modelo político clientelista.

Resurrección del proteccionismo. “Una comisión oficial integrada por entidades del Estado, sectores sociales y productivos evaluará los efectos económicos, sociales e institucionales de los Tratados de Libre Comercio y de los Tratados de Protección a las Inversiones para realizar las revisiones pertinentes”. Esta es propuesta responde a la viejo prejuicio del senador Jorge Robledo según el cual el comercio internacional libre empobrece a los países. En increíble que la incultura económica sea el soporte de un prestigio político. Tratemos una vez más de correr el velo de la ignorancia del senador Robledo, pongan atención:

·         El comercio internacional – y tampoco el nacional – no es beneficioso por los bienes y servicios que vendemos, las exportaciones, sino por los bienes y servicios que recibimos a cambio, las importaciones. Son éstas las que al proveernos con algo de lo que carecíamos aumentan nuestro bienestar y nos dan nuevas oportunidades de producción.   

·         En el comercio internacional y también en el nacional, los bienes y servicios se pagan con bienes y servicios. Si los imperialistas quieren inundarnos de importaciones tiene que comprarnos nuestras exportaciones.

·         Si el valor de los bienes y servicios que recibimos, importaciones, es superior al valor de los bienes y servicios que entregamos cambio, exportaciones, se siguen dos posibilidades: 1. Que nos regalen el excedente, ¿qué hay de malo en ello? o  2.  Que les quedemos debiendo el excedente. (Senador Robledo: ponga atención que en lo que sigue radica su confusión).

·         En un período dado, un individuo no recibe bienes y servicios por valor superior al valor de los bienes y servicios que entrega para después buscar un crédito para financiar el déficit, compra por un valor superior al valor que vende porque previamente se le ha otorgado un crédito para poder hacerlo. Es lo mismo con los países: la deuda viene primero el déficit comercial viene después. La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece, decía Böhm-Bawerk.

·         Los particulares pueden endeudarse con el exterior y lo hacen. También puede hacerlo el gobierno y lo hace en grado sumo. Hoy, el déficit de la balanza comercial que tanto le preocupa es resultado de las decisiones del gobierno que se ha endeudado para sostener un tren de gasto que excede su capacidad fiscal. La secuencia es esta: endeudamiento, déficit fiscal, déficit comercial. No al revés. Recuerde, Robledo, cuando estén gobernando, si se presenta un gran déficit comercial los responsables serán ustedes, no el imperialismo  yanqui y sus lacayos.   

Obstáculos a la actividad empresarial. La retórica esa del estado amigo de los empresarios salta de vez en cuando. Se habla de participación, concertación, protección al ambiente y todo lo demás. Y en medio de todo se vienen con la siguiente perla: “Apoyaremos los procesos mineros en lugares con vocación histórica, basados en licencias sociales obtenidas mediante la participación ciudadana y la concertación como mecanismos para ordenar el territorio, disminuir los conflictos socio-ambientales y proteger los recursos naturales”. Y esta otra: “Apoyaremos la buena minería y la explotación de hidrocarburos que protejan el ambiente, proporcionen empleo, generen encadenamientos productivos, transfieran tecnología y respeten a las comunidades locales. Bajo el cumplimiento de esas condiciones apoyaremos la inversión nacional y extranjera en el sector”.

La figura de la “licencia social” no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Es una creación de las ONG que se oponen a las actividades minero-energéticas para darle un toque de decencia a las acciones extorsivas que promueven contra las empresas del sector. Los últimos gobiernos han tolerado que arropados en esa figura esas ONG pongan trabas a la actividad de las empresas del sector Las autoridades locales brindan poco a ninguna protección a los empresarios frente a las ONG que reclaman el pago por la “licencia social”. Un título minero o un licencia ambiental otorga a su titular, que la ha recibido del estado, el derecho de adelantar el conjunto de actividades productivas amparadas en por ese título o licencia. Con la tal licencia social la  Coalición Colombia se propone desconocer desde el gobierno los derechos de propiedad que el mismo gobierno otorga.

Quien consulte los índices de la Heritage Foundation[2] o del Fraser Institute[3] puede constatar que un estado asistencialista y burocrático y los altos impuestos reducen la libertad económica. También la reducen la mayor reglamentación y la menor libertad comercial. Cuando se pierde la libertad económica se ponen en riesgo las libertades políticas y civiles.  Eso se resume en el siguiente diagrama. 


Pero hay algo más. La principal bandera de Fajardo y su Coalición es la lucha contra la corrupción. Quienes cometen actos de corrupción son las personas y está bien buscar que a la administración del estado lleguen individuos con firmes valores profesionales y éticos que les permiten resistir a las tentaciones que inevitablemente se van a presentar. Muchos ojos pocas manos dice Fajardo. Pero, cuando los dueños de esas manos pueden disponer de cuantiosos recursos, decidir sobre el empleo de muchas personas o afectar las decisiones de los empresarios con reglamentación o normas confiar en la firmeza de esos valores no es suficiente. La evidencia internacional sugiere que la corrupción tiende a ser mayor en los países con poca libertad económica. Y esto no tiene nada de sorprendente, la libertad económica significa la capacidad de elegir sobre los aspectos pecuniarios de la vida con la menor injerencia gubernamental posible.  




En la gráfica se relacionan el índice de transparencia de la Transparency International[4] con el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. Los países con mayor libertad económica - como Canadá, Suiza, Singapur, Alemania, etc. – tienen un mayor indicador de transparencias, es decir, son menos corruptos. En la parte inferior, con escaza libertad económica y poca transparencia, se encuentra Venezuela. Colombia ahí, en la mitad de las tablas, esperando que las propuestas de la Fajardo nos permitan disputarle a Venezuela su deshonroso lugar.

LGVA

Enero 2018.







[1] No sobra recordar que el impuesto fuertemente progresivo es una de las diez medidas recomendadas por Marx y Engels en el Manifiesto del partido comunista “para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital y centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado”.  Esto lo saben bien los amigos de Fajardo del Foro de Sao Paulo que piensan que el capitalismo es un sistema social fracasado que se debe  “sacar de nuestras vidas”. Los liberales del siglo XIX rechazaron abiertamente la tributación progresiva. John Stuart Mill la calificó de “hurto solapado”. En el siglo XX la idea según la cual la utilidad del ingreso marginal de un rico es menor que la del ingreso marginal de un pobre, le dio a la tributación progresiva cierta respetabilidad entre los políticos y los economistas mediocres que ignoran que las comparaciones interpersonales de utilidad son imposibles. Pero suponiendo que puedan hacerse esas comparaciones, dado que la utilidad marginal del ingreso es decreciente como creciente es el esfuerzo marginal exigido para obtenerlo, se sigue de ello que debería recompensarse con una tributación menor el esfuerzo de quienes generan mayor riqueza. Es decir, adoptar una tributación regresiva, cobrando tarifas menores a medida que aumenta el ingreso o el patrimonio, lo cual sería el mejor antídoto contra evasión y la elusión.  La tributación progresiva carece de todo fundamento científico, es arbitraria y no tiene otro objetivo que modificar arbitrariamente la distribución de la riqueza. La tributación progresiva castiga la eficiencia y la productividad y castiga también el ahorro y la inversión pues ese es el destino final de la mayor parte del ingreso de las personas más acaudaladas. Naturalmente este es un argumento que carece de validez para los socialistas que piensan que toda la inversión debe realizarla el estado.