La Gran Alianza por Colombia
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Decía el doctor Carlos Gaviria Diaz, notable
magistrado de la Corte Constitucional, que la democracia no es la sumatoria de
las mayorías sino la sumatoria de las diferencias. Nada más apropiado para expresar
lo que significa la unión de 9 aspirantes en la llamada Gran Alianza por Colombia
de la que se espera salga, en la consulta del 8 de marzo, un candidato único a
la presidencia.
Aparte de la coincidencia en los siempre presentes
buenos propósitos – acabar la corrupción, eliminar la pobreza, reducir la
desigualdad, abaratar el mercado, educación de calidad, vivienda digna, etc.,
etc. – el común denominador de esta Alianza, el que justifica su existencia, debe ser el respeto, acatamiento y defensa de
los principios que definen un orden político republicano, liberal y democrático:
el monopolio estatal de la fuerza legítima en el territorio, el principio de
legalidad y la responsabilidad democrática.
Con política de “paz total” y la contemporización con
las bandas criminales, el gobierno de Petro, continuando con lo ya iniciado con
los acuerdos de La Habana de Santos, ha deslegitimado a las Fuerzas Armadas, tratando
de ponerlas como un grupo armado más, al servicio de los intereses políticos de
la izquierda comunista, y dejado buena parte del territorio a merced de las
bandas criminales.
Con el sometimiento de los Organismos de Control, la
intimidación y captura de las Altas Cortes, el recurso arbitrario y recurrente
a los estados de excepción y el abuso de la facultad reglamentaria del
ejecutivo, el gobierno de Petro está destrozando la separación de poderes sin
la cual el principio de legalidad es un cascarón vació. La ley deja de marcar
límites a la acción del gobierno y es la acción del gobierno lo que define lo
que es legal.
El legislativo independiente, la libertad de prensa y,
sobre todo, las elecciones periódicas libres son los tres mecanismos de
responsabilidad democrática. El gobierno de Petro la ha emprendido contra todos
con la corrupción, intimidación y chantaje al Congreso; el ataque a medios y a
periodistas y la utilización abusiva de los medios del gobierno y, finalmente, las
presiones y amenazas a los organismos del poder electoral, Registraduría y CNE.
En su momento, cuando Colombia era vista por el mundo
como un estado fallido, Uribe sintetizó, en la afortunada fórmula de Seguridad
Democrática, el compromiso con la defensa y restauración de los tres principios
fundamentales del orden republicano, liberal y democrático. Es por eso que
Paloma Valencia, a nombre del Centro Democrático, hace parte de esa Gran
Alianza y es su deber liderarla sin vacilaciones doctrinarias ni concesiones
casuísticas a quienes son incapaces de entender la gravedad del momento
político por el que atraviesa el País.
Paloma está llamada a detener la marcha hacia el
totalitarismo propiciada por Santos, empezada por Petro y continuada por Cepeda
si llegare al poder. Hay que oponerse al crecimiento del tamaño del gobierno y
al debilitamiento de la actividad privada, hay que oponerse a la acumulación de
poder en el ejecutivo y a la desaparición de la división de poderes.
LGVA
Enero de 2026
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