Salario mínimo, desempleo,
informalidad e inflación
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
De todas las formas de intervención del gobierno en la
economía, la fijación del salario mínimo es, probablemente, la más descarada y
abusiva, porque la negociación se realiza entre personas que no lo pagan con
personas que no lo ganan arbitradas por personas que tienen un interés propio
en el resultado de la negociación.
Los gremios de la producción y los sindicatos que
participan en la concertación pertenecen a los sectores más modernos y
avanzados de la economía cuya productividad les permite pagar y devengar un
salario monetario que excede ampliamente el nivel del salario mínimo legal cuyo
incremento disputan con tanto empeño.
Los supuestos árbitros son funcionarios públicos cuya remuneración excede
también el nivel del salario mínimo pero que se benefician del incremento finalmente acordado.
Aquí la palabra clave es “incremento” o, más
precisamente, el aumento porcentual anual del salario mínimo que resulta de la
negociación. La razón es muy simple: ese incremento porcentual es la base de las
negociaciones salariales del sector moderno y del aumento de la remuneración de
los funcionarios públicos. De ahí que esa negociación sea tan importante para
los participantes sin que importe lo que ocurre con los que no participan y que
se verán afectados por el nivel del salario mínimo: los pequeños empresarios,
las amas de casa, los trabajadores no calificados y los desempleados.
En otra parte he expuesto ampliamente los efectos
nefastos de la fijación de un salario mínimo legal sobre el mercado laboral, el
desempleo y la informalidad[1]. Basta con reiterar que la
ley del salario mínimo, al prohibir a los empresarios contratar a trabajadores
cuyo valor de productividad es menor que el mínimo legal, los lanza a la
informalidad o al desempleo. Y al desempleo y sub-desempleo resultantes, se
responde con nuevas leyes para ayudar a los desempleados y a los pobres que las
mismas leyes crean, en esa espiral sin fin de la intervención gubernamental.
Hay que llamar también la atención sobre el impacto que
puede tener el resultado de la negociación en curso sobre la inflación. Reportan
los medios que el incremento propuesto por los empresarios bordea el 6% en
tanto que los sindicatos aspiran a poco más del 8%. Seguramente la cosa quedará
en el 7%, por la intervención salomónica de los representantes del gobierno,
pero Salomón no sabe economía.
El aumento del salario mínimo es el indexador más
importante de la economía puesto que a él están ligados los precios controlados
– arriendos, servicios públicos, matrículas, pensiones, etc. – y, por la
costumbre comercial, también muchos no controlados. Por eso hay que anticipar
una aceleración de la inflación en los primeros meses de 2020.
Los técnicos de Planeación, Hacienda y el Banco de la República
saben muy bien que cuanto mayor sea el nivel del salario mínimo en relación con
los niveles de los mercados libres, mayores serán el desempleo y la informalidad
resultantes. Si, por razones políticas, no se atreven a proponer su eliminación
pura y simple, deberían elaborar una propuesta para establecer varios niveles
que reflejen las diferencias de productividad de las distintas regiones. Esto no resuelve los todos los problemas, pero reduce algunas de las
distorsiones que resultan de un salario mínimo legal único para todo el País.
LGVA
Diciembre de 2019.
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