La desventura de las telecomunicaciones públicas.

La desventura de las telecomunicaciones públicas.

El fracaso de la capitalización de la ETB

¿Quién paga esa destrucción de valor?

Luis Guillermo Vélez Alvarez

A principios de 1990 el sector de las telecomunicaciones en Colombia estaba compuesto, básicamente,  por 4 empresas estatales: una nacional, Telecom, que monopolizaba los servicios de larga distancia nacional e internacional, y 3 municipales, ETB EPM, y EMCALI, que explotaban los mercados locales más rentables – Bogotá, Medellín y Cali – y compartían con Telecom las rentas de monopolio de la larga distancia bajo un esquema de distribución denominado “Participaciones”. Los servicios de larga distancia y telefonía local producían más del 90% de los ingresos, la transmisión de datos era incipiente y la telefonía móvil apenas un rumor lejano. 

Pero el mundo de las telecomunicaciones estaba en movimiento. La ATT se había escindido 1984 en las 7 Baby Bells y había perdido el monopolio de la larga distancia con la llegada de una combativa empresa, US Spring. En Inglaterra, la British Telecom se había privatizado, también en 1984, y la competencia en larga distancia se había instalado también con Mercury Telecomunications. Seguiría la privatización de las poderosas empresas monopolísticas de los demás países europeos – Alemania, Italia, Francia, etc.- las que poco tiempo después, con sus abultadas chequeras, producto de la explotación monopolista de sus mercados, saldrían de compras por el mundo entero, sabedoras de que el acartelamiento planetario auspiciado por la UIT había llegado a su fin y que  en adelante el juego sería diferente. A Latinoamérica llegaron Telefónica de España, France-Telecom, Telecom-Italia y dos o tres de las 7 Baby Bells ávidas de comprar líneas fijas y concesiones de larga distancia, en ese entonces la forma obvia de adquirir “derecho de piso” en estos mercados. Llegaron a Perú, Brasil, Chile y Argentina pagando entre mil y mil quinientos dólares por línea fija. Colombia, por obra y gracia de los sindicatos y de los socialistas de todos los partidos, quedó al margen de esa “ola privatizadora” y con “orgullo nacionalista” mantuvo la propiedad pública de sus empresas de telecomunicaciones.

El gobierno de Gaviria intentó vender a Telecom. Una huelga brutal que dejó incomunicado el país durante dos semanas frustró esa pretensión. Estimativos conservadores valoraban la empresa en US$ 2.000 millones. Años después, el gobierno de Uribe entregaría a Telefónica los restos de Telecom a cambio de que se hiciera cargo del pasivo laboral estimado en US$ 350 millones. Los políticos locales de Cali y Medellín, los sindicatos y las ONG nacionalistas dieron entierro de tercera a las propuestas de escindir de sus empresas municipales los negocios de telecomunicaciones y venderlos al capital privado. Al precio en que se estaban transando las líneas fijas en América Latina valían por lo menos US$ 500, el de Cali,  y US$ 700 millones, el de Medellín. En Cali el negocio de telefonía no se ha podido escindir y agoniza pegado de la empresa madre que no marcha mucho mejor. Más de diez años después de que se presentara la propuesta, los políticos de Medellín aceptaron separar el negocio de telecomunicaciones de los de energía y aguas, pero la idea de asociación con el capital privado continúa siendo una herejía.  En Bogotá, Antanas Mockus, logró vender una participación minoritaria a los fondos de pensiones. En Antioquia, Alvaro Uribe, hizo lo propio con EDATEL. Sin poder avanzar en la privatización de las empresas estatales, el gobierno de Gaviria optó de vincular el capital privado a los nuevos negocios de telecomunicaciones: telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos. En 1995 estos servicios representaban el 20% de los ingresos del sector; actualmente superan el 80%. Los servicios tradicionales de telefonía, que fueron la fortaleza de las telefónicas estatales, no llegan al 20%.

El fracaso de la ETB en su propósito de vincular un socio estratégico por capitalización reviste de actualidad esta vieja historia. Ciertamente, como activo estratégico, la ETB no es lo que era hace 15 ó, incluso, 10 años. No obstante, una empresa que factura US$ 700 millones, con un  margen EBITDA de 50%, poseedora de la red de cobre más grande del país y de 2.400.000 líneas fijas operando no es en forma alguna un activo despreciable para un inversionistas entrante, Telecom-Brasil, o ya establecido, Telmex o Telefónica.

El proceso estuvo marcado por múltiples obstáculos políticos, sindicales y hasta judiciales. Un juez, ignorante de la diferencia entre capitalización y venta, ordenó suspenderlo, argumentando que debía darse prioridad en la adquisición de acciones a los sindicatos y las cooperativas!.  Pero más que todas esas interferencias, que hacen parte de nuestro  folclor patriotero al que por fortuna parecen ya  acostumbrados los inversionistas extranjeros que descuentan esos costos del monto de sus ofertas, el proceso fracasó por la obstinación del Distrito, en cabeza de su alcalde, de imponer al socio estratégico la firma de un acuerdo de accionistas que lo comprometía a no integrar la operación de la ETB con sus otros negocios antes de 3 años. Todo ello para “proteger la inversión de la ciudad” según declaración del secretario de la ETB al El Tiempo y Portafolio, en noviembre del año pasado. Tres años en telecomunicaciones son una eternidad. En un sector donde la convergencia y el empaquetamiento de servicios es la norma, renunciar durante ese lapso a realizar la integración comercial de los negocios, que para todos los inversionistas potenciales era el determinante fundamental de su participación, hacía imposible la presentación de ofertas. Esto ya lo sabían las autoridades del Distrito y las directivas de la Empresa desde noviembre de 2009 cuando se relanzó el proceso de capitalización después de superado el obstáculo judicial ya mencionado. Los inversionistas potenciales, una vez conocidas las condiciones, plantearon esa objeción al Acuerdo de Accionistas incluido como Anexo A del Reglamento del Proceso. Alguna vergüenza y remordimiento, por este fracaso anunciado, deben tener los responsables del proceso porque de la versión del reglamento que hoy, septiembre 9 de 2010, aparece colgada en la página de la Empresa ha desaparecido, misteriosamente, el Anexo A.

Si, la historia se repite. Al igual que en 1992, cuando los sindicalistas y los políticos impidieron la venta de Telecom para “proteger la inversión” pública, las autoridades del Distrito hoy hacen lo propio con la ETB. Nadie duda de las buenas intenciones del Alcalde de Bogotá. Pero, si realmente quiere proteger la inversión pública, por favor, no la proteja tanto.

Septiembre de 2010.