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martes, 27 de septiembre de 2022

No hay subsidio a la gasolina: el alza es otra reforma tributaria

 

No hay subsidio a la gasolina: el alza es otra reforma tributaria

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El consumidor de gasolina motor corriente paga un 33% de impuestos sobre lo que sería el precio libre de gravámenes. Algo similar ocurre con los demás combustibles líquidos - gasolina de avión, gasolina extra y ACPM – que produce o importa ECOPETROL. La tabla muestra la estructura del precio de un galón de gasolina vendido en Medellín a mediados de septiembre de 2022. Hay diferencias cuantitativas menores de un municipio a otro, pero las consideraciones que siguen se aplican a todos los combustibles líquidos vendidos en cualquier lugar del País.


 

En la tabla los rubros resaltados en amarillo son impuestos o cosas que se le parecen mucho, como la tal tarifa de marcación y la pérdida por evaporación. Todo ello suma un 33% del precio libre de gravámenes. No obstante, el gobierno afirma que la gasolina está subsidiada.

La teoría del subsidio es la siguiente:

El Ingreso al Productor (IP)[1] es fijado por el Ministerio de Minas y Energía y corresponde al ítem 1 de la tabla. Ese precio, adicionado con los impuestos y el costo de transporte hasta planta de abastecimiento, es el que les cobra ECOPETROL a los mayoristas como PRIMAX o TERPEL.  El IP, primer componente del precio de la gasolina para consumo interno puede diferir del precio internacional, llamado precio de paridad de exportación (PP); el cual es el que recibe Ecopetrol, cuando exporta, o paga, cuando importa.

El país importa menos de un cuarto de sus combustibles líquidos, el resto sale de sus refinerías, Barrancabermeja y Reficar, propiedad de Ecopetrol; pero la totalidad de la gasolina se factura al PP[2], como si toda fuese importada o como si Ecopetrol tuviese la opción de exportar la suya. El subsidio (S) del que se habla es la diferencia entre el precio internacional (PP) y el ingreso al productor (IP).

S = PP – IP

Suponiendo que el procedimiento de cálculo de subsidio es correcto – que no lo es – es evidente que, desde el punto de vista del consumidor, solo hay subsidio si la diferencia PP – IP es mayor que el impuesto (I) pagado por el consumidor. Así las cosas, el subsidio efectivo (SE) sería la diferencia ente S e I.

SE = S – I

Ahora bien, la aplicación del PP a la totalidad de la gasolina vendida por ECOPETROL se basa en el supuesto de que ese es su costo de oportunidad; suposición completamente equivocada, dada su naturaleza de empresa mayoritariamente gubernamental vinculada al Ministerio de Minas y Energía.

 ECOPETROL, en efecto, se atiene a reglas de derecho privado y sus estatutos son los de una empresa privada. Pero esto no invalida el hecho de que su origen está en la reversión al estado de los activos de la Concesión Mares, entre ellos la refinería de Barranca cuya producción se ha destinado desde entonces al abastecimiento del mercado interno, para lo cual también fue construida REFICAR. El punto es este: la capacidad de refinación de ECOPETROL está destinada al abastecimiento del mercado interno. Si ello no es así no tiene ningún sentido que sea una empresa gubernamental pues cualquier empresa privada podría cumplir su papel.  

Así las cosas, el precio al cual ECOPETROL debe vender la gasolina en el mercado interno es un promedio ponderado del PP y del costo unitario promedio de refinación (CU), donde los ponderadores son, evidentemente, la participación porcentual de la gasolina importada y la refinada localmente en el abastecimiento del mercado nacional. Si ese CU es igual o superior a PP, entonces el negocio de ECOPETROL en refinación carece de todo sentido económico para el País.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) tiene una deuda gigantesca con Ecopetrol. A junio, ascendía a 16 billones de pesos, de los cuales el 90% pertenece al gobierno, dueño mayoritario. Es decir, el gobierno le debe a Ecopetrol lo que Ecopetrol le debe al gobierno. Por eso, el alza en el precio de la gasolina es una reforma tributaria disfrazada y descarada.  

Para no violentar el interés de los socios minoritarios, la Nación debe aplicar las utilidades que recibe de ECOPETROL, infladas por esa forma absurda de facturar, a sanear el fondo. Más adelante, solo la gasolina importada debe liquidarse al PP, el resto al costo unitario de refinación. Si aun así hay déficit, debe cubrirse con parte de las regalías.   

Es un sinsentido económico que cuando sube el precio del petróleo, solo se beneficie la clase política que controla el gobierno nacional y las entidades territoriales, mientras que, para el conjunto de los ciudadanos, los supuestos dueños de ECOPETROL, lo que debería ser un alivio se convierte en una tortura por la voracidad fiscalista del gobierno.

LGVA

Septiembre de 2022.



[1] El IP es un ponderado del IP de gasolina motor corriente y del Ingreso al productor de alcohol carburante ambos fijados por el gobierno nacional. Para el análisis que sigue, esto es irrelevante.

 

[2] Esto se hace en aplicación de la Resolución 180522 de 2010 y los decreto 1880 de 2014 y decreto 1068 de 2015 donde se establece el procedimiento para calcular “el subsidio para refinadores e importadores”. El plural es más bien simbólico pues ECOPETROL tiene, de facto, el monopolio de refinación e importación.

viernes, 29 de enero de 2021

La compra de ISA por Ecopetrol: una buena idea

 

La compra de ISA por Ecopetrol: una buena idea 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Ecopetrol presentó al Ministerio de Hacienda una oferta no vinculante para adquirir la participación de la Nación en ISA, equivalente al 51,4% de sus acciones. Ojalá que esta transacción logre materializarse pues de ella se derivan grandes beneficios para el País, las empresas involucradas y sus accionistas.

El primero de ellos es el de los recursos frescos que recibiría la Nación para solventar sus urgencias fiscales. Para realizar el negocio, Ecopetrol emitiría acciones lo que le permite realizar la adquisición sin menoscabo de los recursos propios requeridos para realizar sus inversiones en otras áreas de su actividad. Adicionalmente, esa emisión daría un gran impulso al mercado de capitales, dándoles a los fondos de pensiones y cesantías oportunidad de diversificar sus portafolios.   

Se estima que las acciones de la Nación en ISA valen no menos de 15 billones de pesos, es decir, 2/3 de la suma que se busca recoger con la reforma tributaria de la que se ha venido hablando. Si se desprende de otros activos que aún tiene en el sector eléctrico – como las electrificadoras de Huila, Meta y Nariño y la Central Hidroeléctrica de Urrá – muy seguramente la Nación podría superar las actuales urgencias fiscales sin una nueva reforma tributaria o con una que no afecte a las empresas que luchan por salir de la recesión o, incluso, por su supervivencia.

Una eventual reforma tributaria podría limitarse a la rebaja de tres  o cuatro puntos del IVA y su generalización al 15%, acompañada de la ampliación de la devolución a las familias de menores ingresos. La reducción de la tarifa estaría ampliamente compensada por el mayor recaudo proveniente de la eliminación de las exenciones y exclusiones. Haga sus cuentas señor Ministro de Hacienda.

Algunas personas han señalado que el control mayoritario de ISA por Ecopetrol generaría problemas de conflictos de interés, dado que la empresa Expertos en Mercados, XM, operadora del sistema eléctrico y administradora del mercado mayorista de electricidad, es filial de ISA. No veo dónde puedan surgir esos conflictos de interés.

Ecopetrol es solo un autogenerador, como lo son otros grandes consumidores de electricidad. La eventual participación de los autogeneradores en el mercado – compra o venta en bolsa de pequeñas cantidades – se realiza por intermedio de los comercializadores que los representan. Los autogeneradores son tomadores pasivos de precios. Si Ecopetrol pretendiera transformarse en generador activo en el mercado, habría que replantear la situación. En cualquier caso, nada impide que un decreto o resolución haga extensiva a Ecopetrol la prohibición de participar en generación que hoy tiene ISA.

Tampoco se vislumbra un conflicto de interés proveniente del hecho de que Quion, filial de Ecopetrol, participe en el mercado de gas en el que se abastecen los generadores térmicos. Las decisiones de producción de los generadores térmicos – sus ofertas en bolsa y sus ventas de largo plazo – son un asunto en el que nada tiene que ver Ecopetrol o cualquier empresa que les suministre el combustible para operar sus plantas. Sería hilar muy fino imaginar que un activo de transmisión se declarara indisponible para inducir la generación forzosa de un cliente para venderle más gas. 

La actividad de XM, operación del sistema y administración del mercado, está estrechamente reglamentada por las resoluciones de la CREG y los acuerdos de Consejo Nacional de Operación. El mérito de XM es hacer lo que tiene que hacer y durante sus años de existencia lo ha venido haciendo de forma rigurosa y transparente como reconocen unánimemente los agentes del mercado. Lo ha hecho como filial de ISA y esta situación no cambia en lo absoluto porque Ecopetrol se convierta en accionista de esta última.

Se ha dicho que la eventual venta de ISA a Ecopetrol es la oportunidad de transformar a XM en un ISO, Independent System Operator, como los que existen en Estados Unidos y Canadá. Independiente quiere decir aquí independiente de un transmisor en términos de propiedad.

Existen dos tipos de operadores de sistemas eléctricos y administradores de mercado. El ya mencionado ISO y el TSO, Transmission System Operator. La característica de este último es que la empresa que opera el sistema y administra el mercado es propiedad de una empresa transmisión. Este modelo predomina en Europa, en cuyo mercado único operan más de 50 TSO. Los ISO de Norteamérica son propiedad de los agentes del mercado, como el famoso PJM, o del gobierno de un estado, como el de Texas. Funcionan como entidades sin ánimo de lucro, a diferencia de sus contrapartes de Europa que tienen otras actividades lucrativas no reguladas y venden sus servicios en otros países. Desde 2005 XM es un TSO.

Los expertos de la Misión de Transformación Energética, en su último informe al Ministerio de Minas y Energía, hacen una serie de propuestas para reforzar la independencia de XM de ISA, pero se muestran cautos con relación al asunto de la propiedad. Al respecto indican lo siguiente:

“La solución propuesta al esquema de propiedad de XM parece lógica en principio, sin embargo, llevarla a la práctica tendrá complejidades que tal vez no hayan sido previstas en la propuesta”    

Después de enunciar algunas de esas complejidades, concluyen lo siguiente:

“Se propone entonces fortalecer la separación legal existente, incluyendo dentro del gobierno corporativo de XM aspectos como administradores independientes, esto es, que se considere que todos los miembros de la Junta Directiva de XM sean independientes”.

Me parece muy razonable esta propuesta. No tiene sentido abandonar un esquema que ha funcionado bien durante ya 15 años, por el temor de que deje de hacerlo en algún momento indeterminado del futuro, para poner en su lugar uno – el ISO - que no es tan pacífico y funcional como algunos creen y cuya implantación entraña desajustes institucionales completamente innecesarios.

LGVA

Enero de 2022.

 

miércoles, 18 de septiembre de 2024

El fraude del FEPC

 

El fraude del FEPC

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La política de regulación de precios de combustibles líquidos para uso automotor, vigente desde hace 17 años, ha sido un rotundo fracaso por las siguientes razones:

i)                   No incentivó la participación del sector privado en la oferta con la importación y mucho menos con la inversión en refinación. Por el contrario, reforzó el monopolio de Ecopetrol en el mercado mayorista de combustibles líquidos tanto en importación como en refinación.

ii)                 Aumentó la dependencia fiscal del Gobierno Nacional de los ingresos de Ecopetrol y el uso del precio de paridad de exportación (PPE) para determinar los ingresos de Ecopetrol se convirtió en un mecanismo de extracción de rentas cuasi tributarias en detrimento de la competitividad de la economía y el bienestar de la población. 

En efecto, la política tenía el propósito de incentivar la participación privada en la oferta de combustibles líquidos, con la fijación del precio de paridad de exportación como costo de oportunidad en el mercado interno, y estabilizar su precio en el mercado interno por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en el que era obligatoria la participación de todos los agentes.

Probablemente por desconfianza frente al gobierno, ninguna de las grandes empresas petroleras presentes en el País se aventuró a importar combustibles y, menos aún, a invertir en refinación para producirlos internamente. Ninguna quiso asumir el riego de participar en el Fondo que suponía mantener el control del precio de abastecimiento el mercado interno.

 La Figura I permite explicar el funcionamiento teórico de un fondo de estabilización de precios y los riesgos que entraña para una empresa privada participar en él. Veamos:

En el momento T1, cuando el precio paridad de exportación es P1, la empresa X, digamos PRIMAX, vende una cantidad Q1 de gasolina o diesel a un distribuidor mayorista al precio regulado IP. Si la vendiera en el mercado internacional tendría un ingreso monetario P1Q1, al venderla en el mercado colombiano su ingreso en IPQ1, menor que P1Q1, dado que IP es menor que P1. La diferencia D1 = P1Q1 – IPQ1 se registra en la contabilidad de PRIMAX como una cuenta por cobrar el FEPC y en éste como una cuenta por pagar a PRIMAX.

En un momento futuro T2, cuando el precio paridad de exportación es P2, PRIMAX vende la cantidad Q2 al precio regulado IP. Si la vendiera al mercado internacional tendría un ingreso monetario P2Q2, al venderla en el mercado colombiano su ingreso es IPQ2, mayor que P2Q2, dado que IP es mayor que P2. La diferencia D2 = P2Q2 – IPQ2, negativa, se registra en la contabilidad de PRIMAX como una cuenta por pagar al FEPC y en éste se registra una cuenta por cobrar a PRIMAX. Si en aras de la simplicidad suponemos que Q2 = Q1 y que P1 – IP = IP – P2, las sumas D1 y D2 se anulan tanto en la contabilidad del PRIMAX como en la del Fondo.

FIGURA 1



 

Asi es como se esperaba que funcionara el FEPC que tenía que ser neutro fiscalmente. ¿Qué pasó entonces?

Ningún agente privado se metió a jugar el juego porque el ciclo de alzas y bajas del PPE está lejos de ser perfectamente regular y previsible y de presentarse un período extremadamente largo de elevados precios internacionales podrían acumularse considerables montos de ingresos por cobrar el FEPC y pocos creían que el gobierno honrara los compromisos del Fondo. Por ello, ECOPETROL resultó siendo pues el único abastecedor del mercado interno de combustibles líquidos y, por tanto, el único acreedor o deudor del Fondo. Ahondemos en esto.

La Figura 2, en el lado izquierdo, muestra, en billones de pesos, el saldo de la cuenta por cobrar de ECOPETROL al FEPC por concepto de la diferencia entre el PPE y el IP. El último dato, 18,1 billones, corresponde al balance general a marzo de 2024.  En el lado izquierdo se presenta la contabilidad de ECOPETROL, cuenta por cobrar,  y el FEPC, cuenta por pagar. ¿Qué hacer con ese saldo?

Si nos atuvieramos al supuesto deber ser del FEPC, ECOPETROL tendría simplemente que esperar que el ciclo de precios entre en su fase descendente,  vender al IP y obtener la diferencia entre éste y el PPE, que estaría por debajo.

De acuerdo con lo explicado anteriormente, hoy estaríamos en el momento T1 , el FEPC le debe 18,1 billones a ECOPETROL, pasaríamos al momento T2 , en el que se registra en la diferencia 18,1 billones como una cuenta por cobrar del FEPC a ECOPETROL y, por supuesto, una cuenta por pagar  de ECOPETROL al FEPC, con lo que el saldo queda en ceros.  

FIGURA 2



 

¿De dónde resulta pues que es necesario aumentar el precio de los combustibles para cerrar el déficit del Fondo?

El Fondo fue creado por el artículo 69 de la ley 1151 de 2007, ley del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010[1]. Se admitía la financiación del déficit con recursos presupuestales.  

La ley 1450 de 2011, ley del plan 2010-2014, le dio continuidad, para “atenuar en el mercado interno las fluctuaciones del precio internacional”, pero, al mismo tiempo, dispuso que los ingresos y pagos con cargo al FEPC que hiciera la dirección General Crédito Público y Tesoro, en su calidad de administrador, “no generarán operación presupuestal alguna, toda vez que son recursos de terceros y no hacen parte del presupuesto General de la Nación”.  Se admitió la financiación con créditos extraordinarios del Tesoro Público.

En 2013, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-621/13, declaró inconstitucional el numeral 3 del Artículo 101 de la ley 1450 señalando que “las diferencias negativas”, entre el Precio de Paridad Internacional y el Precio de Referencia establecido por el MME” con las que debía financiarse el Fondo eran un tributo, un recurso parafiscal, más precisamente, y que la ley en cuestión no establecía la base gravable ni los sujetos activo y pasivo y que debía haberse reglamentado por ley, no por acto administrativo; con lo que se violaba el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 338 de la Constitución.

Para remediar esa situación de inconstitucionalidad, la ley 1739 de 2014, la tercera reforma tributaria de Santos, dispuso que el “diferencial” era contribución parafiscal (artículo 69) y definió su base gravable, tarifa y sujeto pasivo (artículo 70). Se desnaturalizó el FEPC que dejó de ser un fondo de estabilización en el que se gestionaban recursos de terceros e inició su transformación en un componente del PGN que impactaría el déficit fiscal.

En efecto, las leyes 1955 de 2019 y 2294 de 2023, correspondientes a los planes de desarrollo de los gobiernos de Duque y Petro, respectivamente, incorporaron explícitamente el FEPC al presupuesto PGN y le impusieron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la obligación de garantizar su cierre financiero y hacer “las compensaciones a los productores y a los importadores de combustibles cuando el precio de venta en el mercado interno sea inferior al costo de importación…”

La fresa del pastel es el artículo 115 de la ley 2294 de 2023 que a la letra dice:

"El Gobierno Nacional evaluará y ajustará de manera gradual la estructura de precios de los combustibles, con el fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a mediano y largo plazo. Las medidas adoptadas deberán considerar los impactos en los consumidores y en la competitividad económica del país, evitando efectos negativos significativos. El ajuste en la estructura de precios deberá ser progresivo y deberá contar con una estrategia de comunicación clara para informar a los ciudadanos."

Toda la política de aumento de precios de los combustibles líquidos para uso automotor está basada en este artículo. Su propósito es cerrar el déficit del Fondo, pero se trata en realidad de un recurso fiscal pues, como se explicó, el déficit es una creación artificial que busca aumentar las utilidades de ECOPETROL y de esta forma las transferencias que recibe la Nación.

La política de regulación de precios de los combustibles líquidos es un fracaso y el Fondo de Estabilización de Precios un fraude fiscal. Para salir de este impase, se debe proceder de la siguiente forma:

1.      Saldar contra las utilidades que ECOPETROL transfiere a la Nación el déficit actual del Fondo.

2.      Liberar completamente la importación de combustibles líquidos sin imponerle a los agentes la obligación de participar en fondo de estabilización alguno.

3.      Sacar del Ministerio la regulación de precios y entregarla en su totalidad a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.   

LGVA

Septiembre de 2024.



[1] Como la mayoría de cosas que funcionan mal en el País, el Fondo fue creado por una ley del plan de desarrollo que se ha convertido en el receptáculo de todas las improvisaciones y ligerezas que el gobierno de turno quiere hacer pasar sin mucha discusión por el Congreso. Como se verá, todas las modificaciones del Fondo han sido improvisaciones incorporadas a la ligera en sucesivos planes de desarrollo.

lunes, 30 de septiembre de 2024

El mito de la propiedad pública y la destrucción de Ecopetrol

 

El mito de la propiedad pública y la destrucción de Ecopetrol

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El desastroso manejo que los agentes del gobierno Petro han dado a Ecopetrol ha puesto de presente con claridad palmaria el mito de la propiedad gubernamental como propiedad pública o, como creen algunos ilusos, propiedad de todos.



Para afirmar que algo es propiedad de alguien, se deben contestar positivamente dos preguntas:

1.       ¿Puede venderlo?

2.       ¿Puede decidir sobre su uso?

El gobierno nacional es propietario del 88,49% de las acciones de Ecopetrol y el restante 11,51% es propiedad de unos 250.000 accionistas, entre personas naturales y jurídicas. Estos accionistas pueden vender sus acciones cuando así lo deseen y pueden votar en la Asamblea General sobre asuntos de competencia de ese órgano y participar en el nombramiento de la junta directiva de acuerdo con su participación accionaria. Ellos son propietarios.

Es diferente el caso los demás colombianos que se supone son dueños del 88,49%, pero que evidentemente no pueden vender ni una de esas acciones y tampoco decidir sobre nada de la empresa pues no asisten a la Asamblea General ni participan en el nombramiento de su Junta Directiva.  Ningún colombiano de a pie es dueño de Ecopetrol.

El titular de las acciones del gobierno es el Ministerio de Hacienda y, en un momento dado, el ministro en ejercicio es quien nombra, con la muy segura anuencia del presidente, a la mayoría los miembros de la junta directiva que actuarán siguiendo las orientaciones del gobierno de turno.   

La propiedad de un activo o de una empresa da a su titular el derecho al flujo de ingreso que produce el activo o la empresa en cuestión y, al mismo tiempo, le impone la obligación de preservar e incrementar el valor del activo y de asumir los riesgos inherentes a la actividad productiva. Cuando el derecho y la obligación recaen sobre la misma persona, las consecuencias nefastas de la explotación desmedida del primero y el incumplimiento extralimitado de la segunda, recaen exclusivamente sobre ella. Por supuesto, también cosecha los frutos de la moderación en el uso y el cuidado prudente del activo.

La propiedad gubernamental es problemática porque permite escindir, con notable grado de impunidad para quien lo hace, el derecho y la obligación. Un gobernante corrupto o, incluso, uno que no lo es, puede buscar maximizar la renta en su período de control del activo siendo negligente con las obligaciones de preservación, en especial si los daños emergentes se manifiestan más allá de la próxima fecha electoral.

Las reglas de gobierno corporativo para empresas estatales buscan impedir, mediante normas imperativas y prohibiciones expresas, que se produzca el desacople entre el interés de corto plazo de maximización de la renta, el del político, y el interés de largo plazo de preservación e incremento del activo, que se supone es el de la sociedad.   

Cuando los partidos que se alternan en el poder respetan la propiedad privada, la economía de mercado y la alternancia democrática; los malos manejos de las empresas estatales e, incluso, la corrupción, son inconvenientes temporales que, aún si son graves, pueden remediarse con el cambio de los administradores por otros más competentes y honrados.

Cuando llegan al poder enemigos de la propiedad privada, la economía de mercado y la alternancia democrática; la existencia de un amplio sector empresarial de propiedad estatal se convierte en un grave riesgo para la libertad pues su control por el gobierno facilita el avance hacia la mayor estatización de la economía y el totalitarismo político. El sector estatal empresarial en Colombia no es muy grande por número de empresas, pero si es significativo por el tamaño de las mismas y la importancia estratégica de las actividades en que está presente. Por eso no está exento de riesgo.

Dentro de las cien empresas más grandes del país del sector real hay solo 11 estatales – 6 del orden nacional y 5 territoriales – que representan el 33% de los ingresos y el 51% de los activos, en 2023. Solo Ecopetrol y sus filiales – REFICAR, CENIT y Oleoducto Central – son el 25% de las ventas y el 33% de los activos. Las empresas de orden local son EPM, Grupo Energía de Bogotá, Acueducto de Bogotá, EMCALI y Savia. También el gobierno tiene, por intermedio de Ecopetrol, la mayoría accionaria en ISA, cuya filial XM se encarga de la operación del sistema interconectado y de la administración del mercado eléctrico.  El gobierno nacional, en el sector eléctrico, es dueño, además de GECELCA, Urrá y las electrificadoras departamentales de Meta, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Chocó y San Andrés y Providencia. También son del gobierno nacional Nueva EPS, COLPENSIONES, SATENA y FINDETER.

El inmenso daño que le gobierno le ha hecho al sector energético y a la economía en general habría sido, sino imposible, más difícil y mucho menor, si ECOPETROL fuese una empresa privada pues no habría tenido forma de apoderarse de su alta dirección.  A pesar de los desafueros del gobierno, es muy probable que la propuesta de privatizar ECOPETROL encuentre resistencia en todos los partidos y amplios sectores de la población. Esa resistencia se basa en el mito de que la importancia estratégica del sector hace necesaria la presencia, sino el control, de una empresa de propiedad del gobierno.

Las empresas estatales corporatizadas deben comportarse como lo hacen las privadas lo cual significa que los consumidores nacionales no tendrán ningún privilegio en términos de precios o garantía de abastecimiento.  Esta es la situación de Ecopetrol cuando abastece el mercado nacional al precio de paridad de exportación.

Las empresas estatales de petróleo son usuales en países autocráticos (Arabia Saudita, Rusia, China, Irán, Kuwait y Abu Dhabi) o contaminados de nacionalismo antimperialista (México y Venezuela).   Los países capitalistas avanzados, donde operan las grandes multinacionales petroleras (ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total Energie) se encuentran siempre bien abastecidos, aunque no libres, como ningún otro, de las coyunturas de precios altos que pueden presentarse en el mercado. Otros países europeos – Italia, Grecia, Suecia y Noruega- tienen empresas mixtas.

En el mundo de las empresas petroleras coexisten todas las modalidades de propiedad, pero en países como Brasil, México, Venezuela y Colombia, expuestos todavía al canto de sirenas de socialismo, la más adecuada es la empresa totalmente privada, de preferencia de capital extranjero, porque es la que salvaguarda más de la corrupción, la incompetencia y los delirios ideológicos de los gobiernos de izquierda.

LGVA

Septiembre de 2024.

lunes, 9 de mayo de 2016

REFICAR o las tribulaciones del estado empresario

REFICAR o las tribulaciones del estado empresario

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
Consultor, Fundación ECSIM

El estudio de la Contraloría General de la República sobre el Programa de Modernización de la refinería de Cartagena es un trabajo sustancioso, bien documentado y sobrio en sus conclusiones[1]. Queda en claro lo siguiente:

·         En 1974, Ecopetrol adquirió la refinería de Cartagena, hasta entonces propiedad de una empresa privada extranjera. La refinería había entrado en operación en 1957, con una capacidad de 33.000 barriles diarios; la cual, resultado de varias adiciones, llegó a 75.000 en 1996.

·         En 2001, en la junta directiva de Ecopetrol, se toma la decisión de modernizar la refinería y ampliar su capacidad a 140.000 barriles. El programa de modernización se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, donde es establece que su financiación debe hacerse con la mayor participación privada posible.

·         En 2006, para adelantar el proyecto, se crea la empresa Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR), que tiene como socios a la empresa suiza Glencore (51%) y Ecopetrol (49%). En la nueva empresa Ecopetrol aportó los activos de la refinería antigua y Glencore inyectó recursos frescos por US$ 630 millones.

·         En 2007, REFICAR contrata a la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I) para que se encargue de la ejecución del proyecto, bajo la modalidad llave en mano o EPC (Engineering, Procurement and Construction), en un plazo de 5 años.

·         En enero de 2009, por inconformidad con la ejecución del proyecto y alegando dificultades insuperables para obtener la financiación requerida, Glencore se retira del negocio; Ecopetrol compra su participación por US$ 549 millones y toma el control de REFICAR en junio de ese año. Un año más tarde, se modifican las condiciones de contratación con CB&I y el contrato EPC se cambia por uno de costos reembolsables (CR).

·         Según la Contraloría, en 2007 la inversión se estimaba en US$ 2.784 millones, el inicio de operaciones en 2012 y la rentabilidad esperada en 24% efectivo anual. En octubre de 2009, con Ecopetrol al mando, la inversión requerida ascendía a US$ 3.993 millones, la rentabilidad se estimaba en 14% y la puesta en marcha en julio de 2013. Finalmente, la operación se inició en diciembre de 2015 con una inversión de US$ 8.015 que dejará, según la Contraloría, una rentabilidad ligeramente superior al 4% efectivo anual.

·         El aumento en el presupuesto de inversión se debe, según la Contraloría, a los “ajustes sobre la configuración definida inicialmente” que introdujo Ecopetrol una vez asumió el control de REFICAR y también a “problemas con el alcance de la obra, mayores costos en el EPC, problemas en la productividad laboral, escalación, entre otros”.

Que el presupuesto de inversión se haya duplicado y el período de construcción haya pasado de cinco a ocho años son hechos bastante inquietantes. Pero importa también saber si el costo de la modernización de REFICAR se encuentra o no dentro de los parámetros de la industria. La Energy Information Administration de Estados Unidos recientemente estimó en US$ 3.390 millones la inversión en una refinería de crudo liviano de 250.000 barriles diarios de capacidad y un período de construcción de 3 años[2]. REFICAR es para crudos pesados y no es muy riguroso comparar costos estimados con costos efectivos. Pero afortunadamente se están construyendo y ampliado refinerías en muchas partes y pueden hacerse comparaciones de montos reales de inversión. 

Actualmente se construye en Canadá, en el estado de Alberta, la refinería Sturgeon que tendrán un costo de US$ 8.500 millones y una capacidad de 50.000 barriles diarios, lo que arroja un costo de inversión de US$ 170.000 dólares por barril, convirtiéndose en la más costosa del mundo[3]. Se dice, para justificar esa excesiva inversión, que es la primera refinería con un sistema completo de captura de carbono. En 2015 entró en operación la refinería SATORP, en Arabia Saudita, construida por ARAMCO y TOTAL SA, con un costo de US$ 14.000 millones y una capacidad de 400.000 barriles diarios, lo cual arroja una inversión de US$ 35.000 por barril. SATORP es para crudo pesado. PETROBRAS puso en operación parcial, en 2015, la refinería Abreu e Lima – para crudos pesados y 230.000 barriles de capacidad - en cuya construcción se invirtieron US$ 18.500 millones, es decir, poco más de ochenta mil dólares por barril. En 2015 entra en operación la pequeña refinería Dakota Prairie, de 20.000 barriles de capacidad, en la que se invirtieron US$ 800 millones[4]. También puede mencionarse la ampliación de la refinería Port Arthur, en Texas, cuya capacidad se aumentó en 325.000 barriles con una inversión de US$ 10.000 millones[5].  En la tabla se resumen los principales datos de esas refinerías comparados con los de REFICAR.




El proyecto REFICAR es una modernización y ampliación de una infraestructura existente. La separación de los costos de una y otra es un ejercicio que excede los alcances de este escrito y los conocimientos de su autor. Por ello, en la tabla, se presenta como si fuese un proyecto enteramente greenfield, que no lo es. Esto hace que el costo de inversión por barril adicional probablemente resulte sub-estimado frente al que arrojaría una discriminación precisa de los costos de modernización de la capacidad existente y los asociados a su expansión.

Tratando a REFICAR como una inversión en nueva capacidad sus costos unitarios de inversión resultan más elevados que los de Dakota Prairie, SATORP y Port Arthur. No es de gran consuelo la comparaciòn favorable con Abreu e Lima pues PETROBRAS no es precisamente un ejemplo de eficiencia y austeridad en la ejecución de sus proyectos. En cuanto a STURGEON, en Canadá, no es ocioso indicar que el proyecto es liderado por el gobierno del estado de Alberta y que los sobre-costos inversión han desatado en ese país una gran controversia.

De lo expuesto hasta ahora se concluyen dos cosas: el presupuesto de inversión de REFICAR se duplicó y los costos unitarios resultan elevados con relación a los parámetros internacionales. Las explicaciones dadas por el gerente de REFICAR, el señor Reinoso Yáñez, para justificar el desmadre del presupuesto de inversión son un tanto candorosas y tautológicas. Dice que “hoy sabemos que el estimado preparado por CB&I no era preciso y subestimó las cantidades de trabajo requerido para construir el proyecto” y habla de “cambios en alcance, revisiones y cambios en ingeniería, mayores cantidades de obra, baja productividad de la mano, extensión de cronogramas, constante problemas laborales, incremento en costos de los materiales, entre otros”[1].

A mi modo de ver, las preguntas que hay que responder son las siguientes:

1.      ¿Por qué se aceptó reemplazar el contrato EPC por uno CR que trasladaba los riesgos de construcción del constructor al propietario del proyecto?
2.      ¿Por qué cuando Glencore decide retirarse, Ecopetrol, en lugar de buscar otro socio líder para el proyecto, decide asumirlo en su totalidad?

Estas son las preguntas fundamentales pues las decisiones que se tomaron en cada caso suponen un cambio de fondo en la orientación de la política gubernamental en el sector de hidrocarburos, que se había adoptado en 2003 con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada de la gestión de los recursos petroleros, y la transformación de Ecopetrol en sociedad por acciones dedicada exclusivamente a las actividades industriales y comerciales del sector. El proceso de transformación de Ecopetrol en una empresa sometida a las reglas del mercado se consolida con la apertura de su capital a la inversión privada en 2007 y en 2011. La decisión de acometer el proyecto de REFICAR con la participación mayoritaria de un socio privado estaba en línea con esa política. También era coherente con ella la modalidad de contratación inicialmente adoptada.

En los países del mundo desarrollado las petroleras son empresas privadas que abastecen a los consumidores con regularidad y a precios competitivos que reflejan las condiciones del mercado. El estatismo petrolero es un vicio o una enfermedad del tercer mundo que se inició en México con la nacionalización de la industria y la creación de PEMEX bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938. Bajo el grito de “O Petróleo è Nosso”, Getulio Vargas siguió en Brasil el sendero nacionalista que llevó a la creación de PETROBRAS en 1953. Un par de años antes, bajo el gobierno de Laureano Gómez, en Colombia, se había creado ECOPETROL, con la reversión al estado de la Concesión de Mares. En el mundo islámico la estatización del petróleo empezó con Mohammad Mosaddegh, en Irán en 1951. Después vendrían otros países que en 1960 fundarían ese cartel ominoso conocido como OPEP.

Las promesas de progreso y bienestar de nacionalismo petrolero están aún por cumplirse en la mayoría de los países. En lugar de ello las estatales petroleras se convirtieron progresivamente en centros de poder económico, político y sindical: verdaderos estados dentro de los estados. Incapaces de explotar plena y eficientemente los recursos a su cargo, las estatales petroleras debieron asociarse de diversas formas con las odiadas multinacionales: las realidades económicas terminan por imponerse a las ideologías políticas. En México, el epicentro del más duro nacionalismo petrolero, se adoptó hace un par de años una reforma similar a la de 2003 en Colombia para acabar con el monopolio de PEMEX, convertido en el mayor obstáculo al desarrollo de la industria.  Pero como si esto fuera poco, ARAMCO, la joya de la corona de Arabia Saudita, golpeada por la caída de los precios del crudo, anuncia la venta de un 5% de sus acciones.

El debate que se está dando en el País a propósito de REFICAR no ha llegado al almendrón del asunto. La cuestión es saber si debe continuarse con en el marginamiento progresivo del estado de la actividad petrolera o si, dando marcha atrás con relación a lo avanzado desde la reforma de 2003, insistimos en construir una gran estatal petrolera dueña de la refinación, la producción y todo lo demás. Y esto es urgente, porque la refinería de Barrancabermeja está en las últimas. El portal Oil&Gas Journal informa que Ecopetrol pospuso el programa de modernización y ampliación de la capacidad – de 250.000 a 300.000 bpd - que tenía una inversión proyectada de US$ 3.000 millones[2].  Para evitar que la de Barrancabermeja se convierta en la REFICAR de los próximos  años, el País debe abandonar de una vez por todas el nacionalismo petrolero trasnochado y buscar la oportunidad de vender ambas refinerías y dejar que el nuevo dueño se encargue de la modernización de la primera.

LGVA
Mayo de 2016.







[1] Contraloria General. Estudio Sectorial – REFICAR. www.contraloriagen.gov.co/...

[2] US Energy Information Administration. Techinical Options for Processing Additional Light Tight Oil Volumes within the United States. Whasington D.C. April 2015. Pp xii y 13. https://www.eia.gov/analysis/studies/petroleum/lto/pdf/lightightoil.pdf

domingo, 16 de abril de 2023

La tragedia de EPM y ECOPETROL

 

La tragedia de EPM y ECOPETROL

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Lo que ha venido haciendo Quintero Calle, con EPM, y lo que empieza a hacer Petro Urrego, con Ecopetrol, pruebas palmarias son de que la propiedad pública, entendida como propiedad de todos, es una ficción jurídica.

El propietario de un activo – o del conjunto de activos que conforman una empresa - es quien decide lo que puede o no hacerse con ellos.  La prueba crucial de que se es propietario de algo es la posibilidad de dejar de serlo, por venta o donación. Este no es el caso de los supuestos “propietarios” de EPM o de la participación de la Nación en Ecopetrol.

La propiedad de un activo otorga el derecho al flujo de servicios – monetizados o no – que produce tal activo, según sus propiedades físicas. El propietario de una vivienda o de un automotor tiene derecho a los servicios de habitación o transporte asociados, o al ingreso monetario obtenido por la cesión de esos servicios a otra persona.

Además del usufructo de los servicios o del ingreso monetario resultante de su cesión, el propietario tiene la responsabilidad de su mantenimiento y de reposición, so pena de verse en un futuro privado de sus servicios, por deterioro o desaparición del activo. El propietario que no cumpla con esa responsabilidad, tarde o temprano, tendrá una pérdida pecuniaria o de bienestar, que es solo suya y de nadie más.

En las empresas gubernamentales está siempre presente el riego de que la recepción del flujo de ingresos se escinda de las consecuencias de incumplir con la responsabilidad de mantenimiento y reposición, es decir, que recaigan sobre diferentes personas.

Los dueños reales de las empresas gubernamentales, es decir, los políticos que han ganado la última votación, lo son por un período limitado, con frecuencia, solo hasta la próxima, lo cual hace casi irresistible la tentación de maximizar ingreso actual y minimizar las inversiones en mantenimiento y reposición, cuyos efectos nocivos tardan en manifestarse. Todos los arreglos de gobierno corporativo están destinados a impedir que esa tentación se vuelva realidad.

Quintero pateó sin miramientos todos los códigos y prácticas de buen gobierno destinadas a impedir que filibusteros sin escrúpulos como él arrasaran con EPM. Empezó montando una junta y un equipo directivo integrado por personajes sin más merecimiento que su fidelidad absoluta y bien pagada a los dictados del jefe. Luego puso todo su empeño en paralizar Hidroituango, logrando atrasar su terminación, causando enorme perjuicio a las finanzas de EPM y poniendo en riesgo el normal abastecimiento eléctrico del País. Ha sometido a la Empresa a la más ingente extracción de transferencias en toda su historia y ha intervenido, con intención aparentemente dolosa, en la contratación, caso CANACOL, y las inversiones, caso AFINIA.

Si EPM tuviera una acción en el mercado de valores, su precio estaría por el suelo. Pero a falta de acciones están los bonos, cuyo precio se ha derrumbado como consecuencia de la injerencia de Quintero Calle en su manejo. La gráfica 1 muestra el rendimiento de los bonos de EPM que se mueve de forma inversa a su precio.

Gráfica 1



En Ecopetrol, Petro Urrego avanza decididamente en la ejecución de ese mismo libreto: instaló una junta y un gerente de servilismo asegurado y la ha convertido en la principal fuente de financiación del gasto clientelista y burocrático con el que busca perpetuarse en el poder. Que finalmente Ecopetrol quede destrozada o maltrecha, carece de interés, si ello habrá servido para garantizar su reelección en 2026. En Venezuela, Chávez avanzó en la consolidación de su dictadura explotando sin miramientos los grandes recursos PDVESA, dejándola totalmente marchita, remedo patético de la gran empresa que fue.

La gráfica 2 muestra la acción de Ecopetrol, cuyo precio ha caído estrepitosamente desde la victoria de Petro en las elecciones de junio.  

Gráfica 2



La principal condición para el respeto del gobierno corporativo y, en general, el respeto del estado de derecho, es que los elegidos tengan la disposición y la capacidad de hacerlo. Esas disposición y capacidad son como la urbanidad y las buenas maneras, se tienen o no se tienen, por ello es un error esperar que un simio se comporte adecuadamente en una cena de gala. La situación es mucho más grave si, como es claramente el caso de Quintero y Petro, el saqueo de las empresas o de los recursos fiscales es componente fundamental en la estrategia de perpetuarse en el poder.

Probablemente, EPM y Medellín soportarán su Quintero I y Ecopetrol y Colombia su Petro I; pero difícilmente aguanten un Quintero II y un Petro II. Una nueva equivocación de la democracia sería devastadora. En las elecciones locales de 2023 y en las nacionales de 2026, Medellín y Colombia se juegan su futuro.

LGVA

Abril de 2023.