Pensando en Colombia: un libro importante

 

Pensando en Colombia: un libro importante

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

En el siglo XX, tanto la población como el producto por habitante, se multiplicaron por más de 10 y, en el último medio siglo, la pobreza multidimensional se redujo en más de cincuenta puntos porcentuales, al pasar de 70%, en 1973, a 17% en 2020. En ese mismo lapso, la clase media se duplicó y la oferta de bienes y servicios al alcance de los colombianos se diversificó y amplió considerablemente, con un coeficiente Gini de consumo de 36.

El desarrollo económico colombiano se ha dado en el marco de una democracia imperfecta y con un grado de libertad económica aún insuficiente. En efecto, Colombia ocupa un puesto intermedio en el Índice de Democracia de The Economist, 46 entre 167 países, lo que la califica como Democracia Imperfecta. En el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage ocupa el puesto 49 entre 178 países y en el del Instituto Fraser, el 92 entre 162

Pensando en Colombia es el título del libro - prologado por Salud Hernández y editado por Camilo George – donde una treintena de autores, en más de 150 artículos, defienden y critican a la vez las instituciones de nuestra democracia liberal y nuestra economía de mercado, que al mismo tiempo han posibilitado nuestro desarrollo y puesto límites a su celeridad.

Desde hace varias décadas, la democracia liberal y la economía de mercado han estado bajo ataque en América Latina. La novedad del ataque actual radica en el respaldo que ha tenido entre los ciudadanos, quienes, en una elección tras otra y en todos los países de la Región, han votado masivamente por los que les ofrecen la supresión cierta de la libertad a cambio de una ilusoria promesa de igualdad.

La defensa de la libertad suele ser difícil pues, como cínicamente lo dijera Napoleón, por ser necesaria a una categoría reducida de hombres, la libertad puede limitarse impunemente, mientras que la igualdad agrada a la multitud. No debe olvidarse que los italianos votaron a Mussolini y los alemanes a Hitler y que en las naciones supuestamente más cultas y civilizadas la gente continúa votando por enemigos declarados de la libertad. De ahí la necesidad de explicar, argumentar, documentar en su defensa y eso es lo que se hace, desde diversos ángulos, en este importante libro.

Rodrigo Pombo asume sin complejos la defensa desde una perspectiva histórica:

“La verdad es que Colombia se la jugó por el Estado de derecho, las virtudes republicanas y una democracia liberal, imperfecta pero comparativamente sólida y ejemplar. De suyo, Colombia se la jugó por un sistema económico capitalista”.

María José Bernal, defensora incansable del libre mercado en Colombia, encuentra que su principal deficiencia es la normativa laboral y sin reato alguno lanza propuestas sacrílegas:

“…necesitamos reducir costos y regulaciones tanto de contratación como de despido de los empleados (…) tenemos que promover la contratación por horas y retomar sin miedo el tema de un salario mínimo diferencial por regiones”   

Frente al discurso tradicional que es incapaz de ver nada más allá del asistencialismo y las “ayudas” del gobierno, Maria Clara Escobar reclama:

“…políticas efectivas (…) basadas en la apertura económica, el crecimiento y la competitividad (…) para que los empresarios lideren la recuperación”

Por su parte, después de poner en evidencia que:

 “…el modelo económico de la economía de mercado, con sus imperfecciones en Colombia, ha producido inmensa prosperidad en las últimas décadas”

Camilo Guzmán se pregunta:

“¿Por qué entonces el discurso anti-iniciativa privada tiene tanta fuerza?”

Y encuentra la repuesta en la ofensiva ideológica y cultural de los enemigos del mercado. Hay que responder con decisión y sin complejos a esa ofensiva, sin dudar en ningún momento de la superioridad moral y funcional de los valores e instituciones de la economía de mercado y la democracia liberal.

Pensando en Colombia es un libro importante, pertinente y oportuno. Empresarios, políticos liberales, jóvenes estudiantes y trabajadores formales e informales encontrarán allí abundante pertrecho conceptual para participar en la necesaria e inevitable batalla por la libertad en el terreno de las ideas.

LGVA

Julio de 2021.

 

Libertank y el retorno del liberalismo

 

Libertank y el retorno del liberalismo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Los valores fundamentales del liberalismo clásico - la libertad como valor supremo, la responsabilidad individual y el gobierno limitado- son tan obvios y sencillos que resulta sorprendente que caigan en el olvido y que sea necesario recordarlos periódicamente y limpiar los establos de Augias de leyes y decretos donde han sido sepultados.

El olvido del liberalismo clásico no se produjo de un momento a otro, ni la renuncia a sus valores fundantes se hizo de forma consciente y deliberada. De hecho, cuando los políticos de todos los países y las masas que los apoyaban impulsaban la legislación liberticida, en la mayoría de los casos creían estar velando por la creación o preservación de algún bien público.

El crecimiento de los “bienes meritorios” encomendados al gobierno, de las “fallas de mercado” que debían ser corregidas, de las “injusticias sociales” que debían ser remediadas, de los “impactos ambientales” que debían ser mitigados, en fín, de los riesgos y amenazas que hay que evitarles a los ciudadanos infantilizados; todo eso hacía crecer cada vez más el tamaño del gobierno al tiempo que los individuos renunciaban a su libertad de elegir y declinaban la responsabilidad de sus elecciones. 

Las dos guerras mundiales y la crisis de los años 30 fueron catalizadores de intervencionismo estatal pues acabaron con el patrón oro y legitimaron el déficit fiscal. La idea keynesiana de una demanda agregada insuficiente, que debía ser complementada por el gasto del gobierno, era música celestial para los políticos de todos los países. El proteccionismo de la Cepal, en América Latina, dio al intervencionismo un fundamento adicional, muy bien recibido por los empresarios de la industria naciente.

Aterrado por el crecimiento del tamaño de los gobiernos democráticos y el avance de las ideas socialistas en los países de Occidente, en 1947, Hayek fundó, con 36 intelectuales más, la Sociedad Mont Pelerin, con el objeto de defender, preservar y difundir el pensamiento liberal. Aunque esto tuvo impactos en el mundo académico, en el terreno de la política económica, el estatismo y el keynesianismo siguieron dominando hasta los años 70, cuando la inflación y la ineficiencia gubernamental pusieron en evidencia sus límites.

Con Margaret Thatcher y Ronald Reagan el liberalismo clásico tuvo en los años 80 del siglo XX una nueva y exitosa oportunidad sobre la tierra, afectando de forma duradera la política económica de las democracias occidentales e influenciando, incluso, las ideas de laboristas, socialistas y socialdemócratas que se hicieron más respetuosos del mercado y la libertad. La ortodoxia monetaria, el balance fiscal y el libre comercio volvieron a ser respetables; disminuyó el tamaño de los gobiernos y se desacralizó el asistencialismo.

Mientras esas transformaciones se estaban dando en el mundo, la sociedad colombiana se encontraba sumida en una durísima lucha con los narcotraficantes y las guerrillas que también se lucraban del negocio. No obstante, el gobierno de Barco Vargas dio un decisivo paso hacia la libertad comercial acabando con el control de cambios. El gobierno de Gaviria avanzaría aún más abriendo la economía y adelantando reformas a la seguridad social, al sistema financiero, al régimen de inversión extranjera, a los servicios públicos domiciliarios y al régimen laboral. Reformas similares se adelantaron en otros países de América Latina y a eso se le dio el nombre de “neoliberalismo”.

Las reformas neoliberales impulsaron el desarrollo del mercado de capitales, facilitaron la inversión extranjera y permitieron la internacionalización del empresariado colombiano. No obstante, el proceso reformista se detuvo y el colectivismo antiliberal empezó a ganar terreno en Colombia y en toda América Latina, desde finales de los años 90, especialmente a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela.

Bajo el ropaje de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y en pro de una quimérica “justicia social”, el discurso antiliberal fue progresando a lo largo de los años, frente a un establecimiento político y económico confundido que solo atinaba a responder tratando de superar la oferta asistencialista y alcabalera de una izquierda que se siente victoriosa porque ha logrado imponer los términos del debate político.  

La actividad de Libertank y de otras expresiones del pensamiento liberal, surgidas al margen del establecimiento político y gremial tradicional, debe ser saludada como una gran contribución a la superación de esa confusión y al replanteamiento radical del contenido y el lenguaje mismo del debate de política pública, sin hacer a la corrección política concesiones que limitan el pensamiento y la acción.

Desde mediados de los años 90 un par de instituciones, la Fundación Heritage en Estados Unidos y el Instituto Fraser en Canadá, realizan comparaciones del grado de libertad económica en un número creciente de países del mundo. Colombia ocupa un lugar más bien modesto en esas clasificaciones: en la del Instituto Fraser aparece en el puesto 92 entre 162 países y en el 49 entre 178 en la de la Fundación Heritage. Libertank hace un gran trabajo monitoreando y evaluando de forma permanente las propuestas de política, las acciones del ejecutivo y las decisiones administrativas, legislativas y judiciales que inciden directamente en la libertad económica.

También Libertank realiza un importante trabajo pedagógico para recuperar, debajo del manto ideológico del colectivismo, verdades tan elementales como que la riqueza de unos no es la causa de la pobreza de los otros; que lo que distingue a los países avanzados de aquellos que no lo son no es la desigualdad de ingresos sino la fuerza del hábito de inversión; que las empresas no son ni pobres ni ricas sino eficientes y productivas; que el asistencialismo solo hace llevadera la pobreza, al tiempo que socava la predisposición al esfuerzo y abona la corrupción, en fin, que lo único que saca a la gente de la pobreza es el trabajo de generar su ingreso propio, lo que fortalece la autoestima y la responsabilidad de personas cada vez más autónomas y orgullosas de su libertad.

LGVA

Julio de 2022.

Las repúblicas independientes de Bogotá, Cali y Medellín

 

Las repúblicas independientes de Bogotá, Cali y Medellín

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, grupos de delincuentes se apoderaron de pequeñas porciones del territorio nacional imponiendo, por la fuerza de las armas, su dominio a los indefensos pobladores, a quienes cobraban “impuestos”, “organizaban” sus labores productivas e impartían “justicia”. Por esa razón, Álvaro Gómez Hurtado, con su habitual lucidez, les dio el nombre de “Repúblicas Independientes” a las veredas de Marquetalia (Tolima), El Pato (Huila), Riochiquito (Cauca) y Guayabero (Guaviare), donde se enseñoreaban esos delincuentes.

Entendiendo que era inaceptable tener a algunos de sus ciudadanos en tan ominosa situación, el gobierno del presidente Guillermo León Valencia ordenó una operación militar que permitió la liberación de los territorios. Los delincuentes que se dieron a la fuga formaron una guerrilla móvil de la que saldrían las Farc.

Las “repúblicas independientes” parecen estar renaciendo, no en veredas remotas, sino en las tres principales capitales del País.   

Desde el 28 de abril y durante todo el mal llamado “Paro Nacional”, las tres principales ciudades del País se transformaron en “Republicas Independientes”. Bandas de delincuentes armados bloquearon vías, destruyeron a placer bienes públicos y privados, aterrorizaron a la población y atentaron contra la salud pública; con la complacencia y protección de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali.

Esos delincuentes, que se autodenominan “Primera Línea”, acampan en diversos lugares de esas ciudades, haciendo ostentación de su armamento y realizando prácticas de lucha callejera. En Bogotá, un ciudadano pereció decapitado por una guaya de un bloqueo; en Medellín, impartieron entrenamiento en lucha callejera a menores de edad en un parque público y se tomaron las instalaciones de la Universidad de Antioquia; en fin, en Cali mantienen retenes en los que cobran peajes a los ciudadanos que transitan en carro o a pie. Increíblemente, la alcaldesa de Bogotá y los alcaldes de Medellín y Cali los acogen en sus despachos y les ofrecen dádivas y regalos para premiar sus ataques contra la sociedad.

Los alcaldes de Medellín, Cali y Bogotá han incumplido ostensiblemente sus deberes constitucionales y legales, en particular, con el artículo 315 de la Constitución, que supuestamente los obliga a conservar el orden público, “de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del presidente de la república y del gobernador”. Por su parte, el presidente, según el artículo 189 de Constitución, tiene el deber de “conservar el orden público en todo el territorio nacional y reestablecerlo donde fuere perturbado”. No se sabe si el presidente no ordenó nada o si, habiéndolo hecho, los alcaldes no obedecieron sus órdenes. En todo caso, durante los días del paro, se tuvo la impresión de que la constitución de Colombia quedó derogada en Bogotá, Cali y Medellín.

Los militantes de la “primera línea”, los indígenas mingueros y otros grupos delincuenciales han hecho pública su intención de reanudar su violencia contra la sociedad con ocasión del 20 de julio en Bogotá, Medellín y Cali. Si los delincuentes logran su propósito de intimidación y destrucción en impunidad, habrá que concluir que nuestras tres principales ciudades definitivamente son “repúblicas independientes” donde no rige la constitución colombiana ni gobierna el presidente Duque.

LGVA

Julio de 2022.