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jueves, 2 de junio de 2016

El estado omnipotente, omnisciente, omnipresente y benevolente en tres cuadros, un diálogo y una reflexión.


El estado omnipotente, omnisciente, omnipresente y benevolente en tres cuadros, un diálogo y una reflexión.  

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

“…cuando sólo pueden dictar normas a las que ellos mismos, o sus herederos, están sometidos; cuando no pueden distribuir dinero si no soportan una parte de los costos; cuando los daños que producen recaen sobre ellos mismos además de sobre sus compatriotas; entonces es posible esperar buenas leyes, pocas disfunciones y mucha frugalidad” (Cartas de Catón, No 62 del 20 de enero de 1721)

 

I.                   Tres cuadros.

Cuadro Uno. Están en paro los maestros, indignados con el Estado por la pésima calidad del servicio de salud. Ayer protestaban por los bajos salarios, mañana lo harán por el atraso en la prima de navidad. Nuevamente, los indígenas del Cauca bloquean las carreteras, porque el Estado les incumple las promesas hechas hace un año o dos o diez cuando salieron de sus resguardos a protestar por el “abandono secular del Estado”. Los campesinos convocan a un paro agrario – el tercero o el cuarto, en los dos últimos años – y bloquen carreteras, furiosos porque el Gobierno no les transfiere, o lo hace de forma insuficiente, los recursos monetarios que les prometió en los paros anteriores. También están, estuvieron o estarán en paro los camioneros porque el Gobierno o el Estado no garantizan la aplicación de la tabla de fletes y no subsidia los peajes. Paran también las madres sustitutas del ICBF protestando contra el estado o el gobierno por la carga laboral excesiva – muchos niños que cuidar durante muchas horas -  y la escasa remuneración. Los estudiantes universitarios ocupan las calles reclamando del estado subsidio y créditos condonables para financiar su educación. Los taxistas bloquen las calles de Bogotá exigiendo que el estado los proteja de la competencia de UBER. Y un largo etcétera.  

Cuadro dos. En su asamblea anual, como lo viene haciendo desde hace varios años,  la ANDI reclama  del Estado una política industrial, no para mejorar la rentabilidad de los negocios de sus afiliados, sino para promover el crecimiento inclusivo y el empleo de calidad. FENALCO, el gremio de los comerciantes, pide al gobierno que la reforma tributaria no contemple el aumento del IVA y que se reduzcan los aranceles porque esto estimula el crecimiento y la generación de empleo y, de contera, mejora los ingresos de sus afiliados. La Cámara Colombiana de la Infraestructura reclama más inversión del gobierno en carreteras y pide ajustes a la legislación para que sector público y privado colaboren en armonía en la construcción de la infraestructura que requiere la globalización y, de paso, aumentar la facturación de los constructores.   La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) demanda del Estado la creación de nuevos instrumentos para la orientación de la política comercial y el diseño de políticas de apoyo más eficaces a la agricultura para, claro está, proteger al pequeño agricultor y garantizar la seguridad alimentaria: el aumento del precio de los alimentos y de la renta del suelo es sólo un efecto colateral. La ASOBANCARIA pide al Gobierno la regulación de las plataformas de pago virtuales que amenazan la existencia de la banca tradicional que tanto sirve al país; preservando de paso los márgenes de intermediación y la rentabilidad del sector. Y otro largo etcétera.

Cuadro Tres. Los poetas de Medellín demandan del gobierno municipal mayores recursos para financiar su festival anual de poesía que reúne vates y aedos del mundo entero, elevando así el nivel cultural de la población. Los actores de Bogotá exigen de los gobiernos distrital y nacional apoyo al festival de teatro que es patrimonio cultural de la ciudad. La gobernación de Santander anuncia apoyo a la filarmónica de Barrancabermeja y la filarmónica de Magangué pide el apoyo de la gobernación de Bolívar. El cine colombiano florece gracias al apoyo del estado, pero en necesario hacer más y guionistas y directores reclaman que el estado proteja sus derechos. Los cantantes proclaman que la ópera y zarzuela elevan nivel cultural del pueblo y deben se apoyadas por el estado. En el deporte colombiano hay mucho talento y poco apoyo del estado y el apoyo del estado al deporte universitario es escaso, casi nulo; a pesar de que como lo sabe todo el mundo el deporte contribuye a l convivencia y a la construcción de una paz duradera. Y un etcétera más.

II.                Un diálogo



-          Bueno congresista. Ahí está todo el mundo pidiendo cosas. ¿Qué hará el estado para atender tantas y tan variadas demandas?

-          Pues hombre, economista, para eso están las leyes, para ayudarles a todos y todas; y  para eso está el congreso, para legislar en beneficio de todos y todas. Déjeme contarle lo que estamos haciendo.

-          Listo, cuente a ver.



-          Empecemos por esta, de la que soy ponente, la ley para proteger los ingresos de los departamentos: “por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados”.

-          Ese un tributo colonial, el estanco del aguardiente. No es algo muy atrasado en esta época de libre comercio.

-          Puede ser atrasado, pero de alguna parte hay que pagar la nómina de los empleados departamentales.

-           ¿Y eso no incentivará el contrabando?

-          No importa, para eso están el ejército y la  policía: para proteger las fronteras.

-          Pero es un tributo regresivo porque los que más consumen aguardiente son las personas pobres.

-          Puede ser, pero para ayudarle a los pobres tenemos otras leyes.





-          Mire esta. Como todos queremos a las madres lactantes y a sus bebés, para eso está el proyecto de ley “por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas”.

-          ¿Y cómo financiarán las salas las entidades territoriales?

-          ¡Qué pregunta tan tonta! Con más impuestos, claro está.

-          ¿Locales o nacionales?

-          Nacionales, claro está. Las entidades territoriales están hechas para gastar, no para cobrar o recaudar impuestos. Por algo tenemos el SGP.

-          Ya veo. Pero, ¿las empresas privadas no discriminarán en contra de las mujeres en el mercado laboral?

-          Si lo hacen, serán multadas y sancionadas. Las leyes del congreso deben prevalecer sobre sus leyes económicas.





-          Las personas discapacitadas inspiran solidaridad y simpatía. ¡Cómo no ayudarlas cuando tienen que ser trasladadas a una clínica u hospital!. Para eso está el proyecto de la ley que regulará “el servicio de transporte asistencial especializado (TAE) de pacientes en condición de discapacidad”.

-          ¿Y cómo se pagará eso?

-          Pues se incluye en el POS o no se excluye del POS. Creo que eso lo cambiaron: ya no importa es lo que está incluido, sino lo que no está excluido, todo un enredo. En cualquier caso ahí están los jueces para garantizar por la vía de la tutela el acceso de todos a este servicio esencial de salud. 

-          Vaya, vaya.



-          La ciencia, la tecnología y la innovación son la base del desarrollo económico, como lo sabe todo el mundo, incluidos los economistas. ¿Cómo no aprobar el proyecto “por el cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica”?.

-          Muy loable propósito, pero de donde salen los recursos.

-           Fortaleciendo a Colciencias con las regalías petroleras.

-          ¿Cómo así, congresista, no sabe que el precio del petróleo está en el piso y las regalías se acabaron?

-          Pues entonces habrá que incluir un impuesto para esto en la nueva reforma tributaria estructural.



-          ¿Qué hay para los estudiantes que están protestando?

-          Para los estudiantes pobres hay otro proyecto buenísimo “por medio del cual se establece la tasa real de interés cero en los créditos educativos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3”.

-          Si no se cobra interés sobre los créditos ¿cómo se les paga a los que depositan sus recursos en el FNA?

-          No sé, a lo mejor habrá que aumentar el impuesto a la riqueza.

-          Y ¿por qué no cobrarle intereses a los créditos educativos, no se supone que si los pobres estudian una carrera es para que dejen de ser pobres cuando sean profesionales?

-          No complique las cosas con esas preguntas.

-          Está bien. Pero al parecer los estudiantes no quieren créditos sino que todo sea “al gratín”

-          Pues para eso está el proyecto de ley “por la cual se establece la gratuidad en la educación pública superior y se dictan otras disposiciones”. Y no me pregunte por la plata para pagar eso.



-          Mire economista este otro proyecto del que soy ponente, es buenísimo: “por el cual se reglamentan los programas clínicos de alergología y se dictan otras disposiciones”

-          ¿Alergología? ¿Y eso qué es?

-          No sé muy bien, pero en todo caso hay que reglamentarla.

-          Pues sí….





-          También soy ponente de este otro: “por medio del cual se renueva la emisión de la estampilla pro-Universidad Industrial de Santander”.

-          Pero congresista, los sabios que hicieron la propuesta de reforma tributaria estructural dicen que hay decenas de estampillas y que son gravámenes ineficientes y distorsionadores. Creo que el gobierno propondrá eliminarlas en el proyecto de reforma tributaria. 

-          Pues que ni se le ocurra meterse con mi alma mater, la UIS. Además, ¿sabe qué? si lo intenta, la reforma no pasa. Cada congresista es padrino de una o dos estampillas. Nos las aprobamos los unos a los otros: cortesía parlamentaria.





-          Y ¿qué hay de las madres comunitarias que también están indignadas?

-          Se les tiene. Para ellas está el proyecto de ley por “la cual se garantiza prestaciones sociales a las madres comunitarias que se asocien o creen fundaciones operadoras de programas de primera infancia”

-          Pero una vez más, los sabios de la reforma tributaria estructural han dicho que las fundaciones sin ánimo de lucro son un instrumento de evasión fiscal y también un mecanismo para la contratación directa y eludir la licitación. Proponen acabar con ellas.

-          Lo que le dije anteriormente, que ni se lo ocurra al gobierno acoger esa recomendación. Congresista que se respete patrocina alguna fundación sinónimo de lucro. Perdón, sin ánimo de lucro. Le aseguro economista que eso no pasa.





-          Pero mire, lo que  tenemos para los trabajadores. No le parece buenísimo  este proyecto “por medio del cual se brindan las condiciones de protección y formalización a los trabajadores por días, estacionales o de temporada”

-          Sin duda alguna es loable en sus intenciones, pero ¿no provocará finalmente mayor informalidad y desalentará la inversión en las actividades que requieran esa clase de trabajadores?

-          Hombre, usted si le pone peros a todo economista neo-liberal. Seguramente me dirá que la ley que reduce la jornada laboral de las mujeres cabeza de familia provocará discriminación en contra de ellas.

-          Se lo digo.

-          Y ¿qué tiene qué decir de la ley que crea un subsidio a favor de las madres o padres cabezas de familia que tengan a su cargo una o más personas en situación de discapacidad?

-          Que de aprobarse, el número de discapacitados crecerá exponencialmente.





-          Aquí hay uno que si le tiene que gustar. ¿Se acuerda que el director del DNP dijo que en Colombia se botaban más de 9 millones de toneladas de comida todos los años? Para acabar con eso estamos impulsando la Ley Panda.

-          ¿Panda?

-          Si, la ley por la cual se crea el Programa Alimentario Nacional contra el Desperdicio de Alimentos: PANDA.

-          Pero se mostró que la cifra del DNP era tremendamente exagerada pues supera la oferta disponible anual de alimentos.

-          No se ponga con finuras estadísticas, economista. Nueve, cinco, tres millones, eso que importa. Cualquier cifra es buena para promover una buena ley.





-          Tienen algo para los actores y actrices que también están molestos.

-          Pues claro. Para ellos y ellas tenemos “la ley del actor para garantizar los derechos laborales, culturales y de autor de los actores y actrices en Colombia”. Y no me pregunte de donde va a salir la plata pues ya sabe la respuesta: de los impuestos a los ricos y a sus empresas.

-          Si, si le pregunto algo. Y ¿si los ricos se hartan y se llevan su plata y sus empresas para otra parte?

-          ¿Para dónde, para Panamá? Ya eso está controlado después del escándalo de los papeles de Panamá.

-          Ya que lo menciona, en esa lista hay políticos y periodistas.

-          Deje así, economista, deje así.









-          Y ¿qué hay para los campesinos y los pueblos indígenas que están protestando?

-          Se les tiene también. Mire esta hermosura de proyecto “por medio del cual se establece la producción agropecuaria con destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad de utilidad pública e interés social” Con ese nombre, la Corte Constitucional adorará esa ley y proferirá sentencias para que se aplique como debe ser.

-          Si congresista, tiene usted razón: utilidad pública e interés social, irresistible para la Corte.

-          ¿Se está burlando o es que me parece? No importa, usted es así. Pero para que vea que no nos olvidamos de nadie aquí está el proyecto de ley por medio de la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados… ¿Adivine a quién?

-          Ni idea.

-          ¡al pescador artesanal!

-          ¿Cuántos pescadores artesanales hay en Colombia?

-          No sé, economista, pero cuando salga esa ley le aseguro que van a proliferar. Y ahí estaré yo, para recoger sus voticos.

-          ¿Y eso por qué?

-          Porque soy el autor y ponente de ese proyecto.

-          Vaya, vaya….

-          No me venga con su vaya, vaya y déjeme hablarle de otro proyecto que tenemos para los campesinos.

-          A ver, de qué se trata.

-          Es el proyecto de ley “por medio de la cual se establece el subsidio gubernamental a los aportes realizados por campesinos y otros sectores de escasos recursos económicos al sistema de beneficios económicos periódicos, BEPS”

-          Pues hombre yo creo que el subsidio debe ser total y que los campesinos no deben hacer ningún aporte.

-          ¿Cómo así, economista, lo dice en serio o se están burlando de mí?

-          Nunca me burlaría de usted. ¡Cómo se le ocurre!



-          Y ¿qué van a hacer para acallar la furia contra UBER de los taxistas de Bogotá y otras ciudades?

-          Pues sacar la ley “por medio de la cual se crea el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas”

-          ¿Qué dice ese proyecto?

-          No sé muy bien, ese no es un proyecto mío sino de unos colegas que sacan votos en el gremio de los taxistas y reciben apoyo de los propietarios de taxis.

-          Y si no sabe lo que dice el proyecto, ¿por qué lo piensa apoyar?

-          Ay, economista, usted si no entiende nada. Porque así ellos apoyarán mi proyecto de la pesca artesanal. Cortesía parlamentaria, recuerde.







-          Los maestros también están embejucados.

-          Sí, pero es falta de comunicación.  Para ellos tenemos el proyecto de la ley “por la cual se modifica el régimen de seguridad social de los educadores”.

-          Y ¿qué sabe de ese proyecto?

-          No mucho, es de otros colegas, ¡Ojalá fuera mío! ¡Con los votos que pone la FECODE!

-          Seguro lo apoyará. Cortesía parlamentaria.

-          Ya empieza a entender, economista, ya empieza a entender.





-          Mire este otro, presentado por los colegas afro de la Cámara.

-          ¿Los afros que son blancos?

-          Si, si los mismos, quieren reivindicarse con la comunidad que los eligió. Están promoviendo dos proyectos.

-          ¿Cuáles son?

-          El primero es el proyecto de ley “por la cual se reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de los comunidades negras o población afrocolombiana, se adoptan políticas para la equidad e inclusión social de este grupo étnico, la igualdad de oportunidades y se dictan otras disposiciones”

-          Eso del derecho fundamental a la identidad étnica no lo entiendo muy bien, pero seguramente fascinará a la Corte Constitucional. Lo de la políticas de equidad, inclusión e igualdad me temo que pueda tener algún costo fiscal. ¿Se ha calculado?

-          Mire economista eso no le corresponde ni al congreso ni a la corte. Que lo haga el DNP y que Hacienda encuentre la plata.

-          Está bien. ¿Cuál es el otro proyecto?

-          Uno que modifica y adicional la ley 5 ª de 1992 y crea la Comisión Legal para la Protección de los derechos de la comunidades negras o población afrocolombiana.  

-          Otra comisión. Seguro será permanente, con presupuesto, secretaría ejecutiva, delegaciones departamentales  y todo lo demás.

-          Pues claro, economista, o si no cómo va a funcionar. Lo de las delegaciones departamentales no lo habíamos pensado, pero no es una mala idea. Gracias, economista, por su aporte.





-          Y para los gremios, ¿no hay nada?

-          Pues claro que sí. Para FENALCO tenemos el proyecto de ley por la cual se previene, controla y sanciona adecuadamente el delito del contrabando, protegiendo el comercio justo e incentivando la formalización al pequeño y mediano comerciante.

-          Otra ley sobre contrabando. ¿No habían legislado sobre eso el año pasado o antepasado?

-          Puede ser, pero una nueva ley nunca sobra.

-          Si usted lo dice. ¿Y qué más hay?

-          Para ASOBANCARIA tenemos el proyecto de ley “por la cual se adoptan medidas para estimular el uso de medios de pago distintos al efectivo y se dictan otras medidas”

-          Lo que hay que hacer para eso es eliminar el impuesto a las transacciones financieras.

-          Pero. ¿cómo lo vamos a hacer, economista, si los sabios de la reforma tributaria estructural dijeron que aunque fuera anti-técnico ese era un impuesto de fácil recaudo que se debe mantener? ¿Cómo le quedó el ojo, economista?





-          Ya veo, cada gremio, cada sector tiene su ley. ¿Por qué no cada persona?

-          ¿De qué me habla economista?

-          Fue que me encontré un par de proyectos rarísimos que me parecen tienen destinatario específico, por así decirlo.

-          ¿Cuáles, cuáles?

-          Mire este “por el cual se exceptúa la destinación específica de que trata el parágrafo del artículo 212 de la ley 115 de 1994 de un área de terreno denominada “La casona”, donde funcionó el antiguo colegio San José de Alcántara de Guanentá”.

-          Realmente de ese proyecto no sé nada, pero tengo que averiguar para saber si debo apoyarlo por cortesía parlamentaria. ¿Cuál es el otro?

-          Es el proyecto de ley “por medio del cual se fija el alcance del mandato establecido en el inciso 1 del artículo 35 de la ley 01 de 1991”.  

-          Yo creo que esa es la ley puertos marítimos que liquidó a Colpuertos. Eso debe referirse al pasivo pensional.

-          Ya lo sé. Pero no deja de ser curioso que se quiera precisar un inciso de una ley expedida hace 25 años.

-          No sea mal pensado economista. Usted siempre habla de que hay que focalizar bien los subsidios. ¿Por qué no puede focalizarse la ley?



-          Venga, economista, usted que nos acusa siempre de impulsar leyes que tienen costo fiscal, mire estas cuatro bellezas de proyectos que darán felicidad a muchos colombiano sin costale un peso a la Nación.

-          A ver cuáles son.

-          La primera: “por medio de la cual se declara como patrimonio genético nacional la raza autóctona del caballo de paso fino colombiano y se dictan otras disposiciones”

-          Me inquietan las otras disposiciones.

-          No sea necio. La segunda declara patrimonio cultural de la Nación el “torneo internacional de contrapunteo y voz recia, Cimarrón de oro”

-          ¡Espectacular, no me explico cómo habíamos podido vivir sin esa ley! Supongo que ser patrimonio cultural e inmaterial de la nación da derecho a solicitar alguna financiación del Ministerio de Cultura.

-          Usted siempre pensando mal. La tercera la va a gustar pues se refiere a un pueblo de su tierra. Dice así:  “por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa de la parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado Antioquia y se dictan otras disposiciones”

-          Ídem, ídem, ídem.

-          Pero apuesto que a la cuarta no le va a encontrar objeción fiscalista. Dice: “por medio de la cual se institucionaliza en Colombia en día nacional del duelo y la esperanza”.

-          ¿Será festivo?

-          ¡Hombre, economista, qué hijuemadre aporte el suyo! No se nos había ocurrido. Tomaré nota atenta de esta su contribución al trámite legislativo. 





-          Bueno congresista, ya me tengo que ir.

-          No, no, espere, le cuento brevemente de otros proyectos hermosos. Está la ley verde, que promueve la siembra obligatoria de árboles. Mire este otro, para evitar que se vuelvan a caer edificios como el Space, allá en Medellín: “se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las construcciones”. Hay otro, para que le paguen la prima a las empleadas del servicio doméstico. Este le va a gustar mucho: crea la ley de nacional de fomento a la lectura.  Y mire esta otra belleza: “por medio del cual se regula la comercialización, distribución, publicidad y promoción de sistemas electrónicos de administración de nicotina y cigarrillos electrónicos”. Vamos a reglamentar el ejercicio de la educación física y sus profesiones afines ya auxiliares; con otro reglamentamos la condición del aforo en locales y establecimientos de comercio; uno más para reglamentar el consumo de bebidas energéticas y otro para reglamentar la actividad el agro-turismo. También viene la ley que fomenta la economía creativa, se llama  la Ley Naranja. Y vamos a imponer la obligación de instalar cámaras de seguridad en los taxis y vamos a reglamentar le inseminación artificial. También viene la ley por medio de la cual se protege el cuidado de la niñez: La ley ISAAC. ¿Qué le parece todo eso?

-          Estoy abrumado. Una ley para cada sector social, para cada grupo, para cada etnia, para cada gremio; para todas y cada una de las actividades de la vida social; para cada etapa del ciclo vital, una ley. Han pensado en todo.  

-          Pero ¿qué le está pasando economista?, ¿le está doliendo el corazón?, que no le vaya a dar un infarto antes de que aprobemos la ley que regula el uso del desfibrilador externo en transportes  asistenciales y lugares de alta afluencia de público.

-          No se preocupe congresistas, le prometo que voy a esperar esa ley para infartarme.

-          Entonces déjeme mencionarle esta otra que seguro le gustará a usted que adora las mascotas. Ya viene la ley que modifica el régimen de seguro obligatorio y amplía su cobertura a los animales de compañía. ¡Qué tal esa hermosura!

-          Hombre, está como buena, pero no podré beneficiarme de ella porque Nina ya murió.

-          ¡Qué pena, economista! Ahora con mayor razón hay que impulsar la ley del día nacional del duelo y la esperanza.

-          Se lo agradezco, congresista, se lo agradezco.

-          Hay otra que no puedo dejar de mencionar y es la ley que promueve, fomenta, regula, orienta y controla el aprovechamiento terapéutico y turístico de los balnearios termales y el uso de las aguas termales.

-          Esa si está espectacular, congresista.

-          Déjeme le  menciona otras dos. Viene la ley que incentiva el uso de la bicicleta y la que dicta normas para la vinculación del personal laboral en las salas de belleza.





-          Oiga congresista, ya que me hizo quedar, cuénteme, ¿cómo va ese proyecto que autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales?

-          Ese va para adelante, tiene mensaje de urgencia.

-          ¿Del gobierno?

-          No, mensaje de urgencia parlamentaria que es más efectivo que el del gobierno. Ese tiene que estar listo para las próximas elecciones.

-          Hombre congresista, pero en el País hay miles de JAL, ¿Cuál es el costo fiscal de esa ley?

-          Hombre, economista, no salga otra vez con esas pendejadas, usted que es un demócrata debería saber que la democracia es costosa, ¡faltaba más!

-           Bien costosa.

-          Pero venga economista. Yo sé que usted que usted es de los que piensa que el congreso no se autorregula. Permítame lo saco de la ignorancia. Ya viene la ley mediante la cual se expide el código de ética y disciplinario del congresista.

-          Esa sí parece buena. ¿Y cuando sale?

-          Bueno esa si está demorada, hay otras prioridades, lo social y todo lo demás. Usted ya sabe.

-          Si, ya se.

-          Y ¿qué le parece la ley por la cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de los congresistas y funcionarios?

-          Pues hombre congresista, espero que esa se demore bastante.

-          ¡Cómo así! Usted si es raro.

-          Nada de eso, incluso me gustaría que se sancionara la asistencia de los congresistas para ver si algo se reduce la incontinencia legislativa.

-          Si no legislamos nosotros, lo hará la Corte Constitucional. Con el cuento ese del bloque de constitucionalidad y el precedente judicial legislan más que nosotros.

-          Y también son ordenadores de gasto. Pero esa es otra historia.



III.             Una reflexión

La reflexión es tomada de las páginas 374 y 375 de la obra Derecho, legislación y libertad de Hayek, publicada por la Unión Editorial de  Madrid en 2006.  La cita es un poco extensa, pero vale la pena leerla con atención.

“El punto crucial es que votar normas aplicables a todos y votar medidas que afectan directamente sólo a algunos son dos cosas radicalmente distintas. Los votos sobre materias que conciernen a todos, como las normas generales de comportamiento, se basan en convicciones fuertes y duraderas, y son algo muy diferente de las votaciones sobre medidas particulares en pro (y a menudo también a cargo) de gente desconocida, sabiendo generalmente que tales beneficios se erogarán en todo caso por las arcas del estado, y, por tanto, lo único que el individuo puede hacer es orientar el desembolso en la dirección que prefiere. Este sistema está condenado a producir resultados (…) paradójicos (…) ya que el número y la complejidad  de las tareas del gobierno (…) supera con mucho la esfera en que la ignorancia del individuo puede colmarse con una mejor información a disposición de los votantes y sus representantes. (…) Pero los electores de un cuerpo legislativo cuyos miembros estén principalmente interesados en asegurarse y conservar los votos de grupos particulares, concediéndoles beneficios especiales, no se cuidarán tanto de lo que recibirán los demás cuanto de lo que ellos mismos ganarán en el regateo. Por lo general, alcanzarán un acuerdo sólo cuando se trate de conceder algo a otros, de los que saben poco, y normalmente a costa de terceros, como precio por la realización de sus propios deseos, sin considerar siquiera si las distintas peticiones son justa o no. Todo grupo estará incluso dispuesto a conceder beneficios inicuos a otros grupos, con cargo a las arcas del estado, si tal es la condición para obtener la aprobación de los demás a lo que el grupo en cuestión se ha acostumbrado a considerar como derecho propio. El resultado de este proceso no se ajustará a ninguna idea de justicia y a ningún principio; no se basará sobre el mérito, sino sobre la conveniencia política. El principal objetivo será inevitablemente el reparto de fondos obtenidos por la fuerza de algún grupo minoritarios”.   

Nada que agregar.

LGVA, junio de 2016.


jueves, 19 de mayo de 2016

¿La ETB? ¡Véndanla de una vez por todas!


¿La ETB? ¡Véndanla de una vez por todas!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



A principios de los noventa las empresas estatales de telecomunicaciones – TELECOM, ETB, EMCALI y EPM – eran boyantes y rentables. No quiere ello decir que fueran eficientes: la instalación de una línea podía tardar seis meses o más y la cobertura del servicio escasamente llegaba a 8 teléfonos fijos por cada cien habitantes. Eran boyantes y rentables porque explotaban concienzudamente el monopolio de la larga distancia internacional que, amparado en los acuerdos del cartel mundial de la telefonía conocido como Unión Internacional de Telecomunicaciones, les permitía cobrar por una llamada Bogotá-París diez veces el precio de una llamada París-Bogotá.

En los años 80 y 90 se desmantelaron los monopolios estatales de los países desarrollados y las empresas privadas que de ellos surgieron se lanzaron a conquistar nuevos mercados, acicateadas por la competencia que los avances tecnológicos habían desatado. Llegaron a América Latina pagando hasta US$ 1.500 dólares por línea fija para entrar en unos mercados donde apenas despuntaba el internet y la telefonía móvil. Varios países del continente – Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc. – vendieron oportunamente sus anquilosadas empresas. Colombia vio pasar la oportunidad de hacerse a los US$ 4.500 millones por los que se hubieran podido vender los tres millones de líneas fijas que tenían las telefónicas estatales.

Una huelga salvaje que incomunicó al País durante dos semanas y la pusilanimidad de un congreso controlado por políticos estatistas impidió la venta de TELECOM, que se proponía el gobierno de Cesar Gaviria. En EMCALI, el sindicato y sus aliados políticos frustraron la escisión del negocio de telefonía y su posterior venta al sector privado. Años después, TELECOM fue entregada a TELEFÓNICA a cambio de que ésta se hiciera cargo del pasivo laboral. La historia de EMCALI es igual de patética: su insignificante negocio de telefonía, que continúa integrado con los de energía y acueducto, sobrevive subsidiado por el acueducto y desaparecerá con más pena que gloria porque nadie está interesado en comprar una inútil red de cobre.  EPM salió mejor librada a pesar de demorarse casi quince años para escindir el negocio de telecomunicaciones y asociarse con el capital privado. La administración de Bogotá privatizó parcialmente la ETB que pudo sobreaguar mientras pudo explotar la licencia de larga distancia que le otorgara el gobierno nacional. En conjunto una gigantesca destrucción de valor de la que no se ha hecho responsable ninguno de los sindicalistas y políticos estatistas que la propiciaron y se dicen defensores del patrimonio público.

Después de haber malbaratado dinero a rodos en la supuesta modernización de la empresa y ciegos y sordos ante todo evidencia, los estatistas continúan hablando de la rentabilidad de la ETB y de la “inversión social” que se financiaría con sus ingentes ingresos. Y aunque fuera cierto que la ETB es rentable y productiva, ese no es un argumento válido para oponerse a su venta pues si se aceptara implicará aceptar que el gobierno debe apropiarse de toda la actividad económica rentable y productiva. Pero a lo mejor eso es lo que añoran Petro y todos admiradores del socialismo del siglo XXI de la martirizada Venezuela.

La única justificación, un tanto dudosa, de la existencia de empresas estatales es la corrección de las llamadas fallas de mercado - monopolio natural, según dicen – y la necesidad de garantizar a toda la población el acceso a bienes y servicios meritorios. Nada de eso aplica en este caso: la competencia es amplia y las empresas privadas lograron en una década lo que no hicieron en más de cincuenta años de monopolio las empresas estatales: comunicar a todos los colombianos y a Colombia con el mundo, como proclamaba en su promesa de valor la arruinada TELECOM.    

La ETB tiene hoy la posibilidad de salvar los trastos siguiendo, aunque tardíamente, el camino de EPM. La alternativa es el sendero ruinoso de TELECOM y EMCALI. Hay que venderla mientras tiene algún valor. El actual debate sobre su privatización debe servir para sostener sin ambages el principio según el cual en una sociedad libre y de mercado el gobierno debe financiarse con impuestos y nada más.

LGVA

Mayo de 2016.  

lunes, 9 de mayo de 2016

REFICAR o las tribulaciones del estado empresario

REFICAR o las tribulaciones del estado empresario

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
Consultor, Fundación ECSIM

El estudio de la Contraloría General de la República sobre el Programa de Modernización de la refinería de Cartagena es un trabajo sustancioso, bien documentado y sobrio en sus conclusiones[1]. Queda en claro lo siguiente:

·         En 1974, Ecopetrol adquirió la refinería de Cartagena, hasta entonces propiedad de una empresa privada extranjera. La refinería había entrado en operación en 1957, con una capacidad de 33.000 barriles diarios; la cual, resultado de varias adiciones, llegó a 75.000 en 1996.

·         En 2001, en la junta directiva de Ecopetrol, se toma la decisión de modernizar la refinería y ampliar su capacidad a 140.000 barriles. El programa de modernización se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, donde es establece que su financiación debe hacerse con la mayor participación privada posible.

·         En 2006, para adelantar el proyecto, se crea la empresa Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR), que tiene como socios a la empresa suiza Glencore (51%) y Ecopetrol (49%). En la nueva empresa Ecopetrol aportó los activos de la refinería antigua y Glencore inyectó recursos frescos por US$ 630 millones.

·         En 2007, REFICAR contrata a la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I) para que se encargue de la ejecución del proyecto, bajo la modalidad llave en mano o EPC (Engineering, Procurement and Construction), en un plazo de 5 años.

·         En enero de 2009, por inconformidad con la ejecución del proyecto y alegando dificultades insuperables para obtener la financiación requerida, Glencore se retira del negocio; Ecopetrol compra su participación por US$ 549 millones y toma el control de REFICAR en junio de ese año. Un año más tarde, se modifican las condiciones de contratación con CB&I y el contrato EPC se cambia por uno de costos reembolsables (CR).

·         Según la Contraloría, en 2007 la inversión se estimaba en US$ 2.784 millones, el inicio de operaciones en 2012 y la rentabilidad esperada en 24% efectivo anual. En octubre de 2009, con Ecopetrol al mando, la inversión requerida ascendía a US$ 3.993 millones, la rentabilidad se estimaba en 14% y la puesta en marcha en julio de 2013. Finalmente, la operación se inició en diciembre de 2015 con una inversión de US$ 8.015 que dejará, según la Contraloría, una rentabilidad ligeramente superior al 4% efectivo anual.

·         El aumento en el presupuesto de inversión se debe, según la Contraloría, a los “ajustes sobre la configuración definida inicialmente” que introdujo Ecopetrol una vez asumió el control de REFICAR y también a “problemas con el alcance de la obra, mayores costos en el EPC, problemas en la productividad laboral, escalación, entre otros”.

Que el presupuesto de inversión se haya duplicado y el período de construcción haya pasado de cinco a ocho años son hechos bastante inquietantes. Pero importa también saber si el costo de la modernización de REFICAR se encuentra o no dentro de los parámetros de la industria. La Energy Information Administration de Estados Unidos recientemente estimó en US$ 3.390 millones la inversión en una refinería de crudo liviano de 250.000 barriles diarios de capacidad y un período de construcción de 3 años[2]. REFICAR es para crudos pesados y no es muy riguroso comparar costos estimados con costos efectivos. Pero afortunadamente se están construyendo y ampliado refinerías en muchas partes y pueden hacerse comparaciones de montos reales de inversión. 

Actualmente se construye en Canadá, en el estado de Alberta, la refinería Sturgeon que tendrán un costo de US$ 8.500 millones y una capacidad de 50.000 barriles diarios, lo que arroja un costo de inversión de US$ 170.000 dólares por barril, convirtiéndose en la más costosa del mundo[3]. Se dice, para justificar esa excesiva inversión, que es la primera refinería con un sistema completo de captura de carbono. En 2015 entró en operación la refinería SATORP, en Arabia Saudita, construida por ARAMCO y TOTAL SA, con un costo de US$ 14.000 millones y una capacidad de 400.000 barriles diarios, lo cual arroja una inversión de US$ 35.000 por barril. SATORP es para crudo pesado. PETROBRAS puso en operación parcial, en 2015, la refinería Abreu e Lima – para crudos pesados y 230.000 barriles de capacidad - en cuya construcción se invirtieron US$ 18.500 millones, es decir, poco más de ochenta mil dólares por barril. En 2015 entra en operación la pequeña refinería Dakota Prairie, de 20.000 barriles de capacidad, en la que se invirtieron US$ 800 millones[4]. También puede mencionarse la ampliación de la refinería Port Arthur, en Texas, cuya capacidad se aumentó en 325.000 barriles con una inversión de US$ 10.000 millones[5].  En la tabla se resumen los principales datos de esas refinerías comparados con los de REFICAR.




El proyecto REFICAR es una modernización y ampliación de una infraestructura existente. La separación de los costos de una y otra es un ejercicio que excede los alcances de este escrito y los conocimientos de su autor. Por ello, en la tabla, se presenta como si fuese un proyecto enteramente greenfield, que no lo es. Esto hace que el costo de inversión por barril adicional probablemente resulte sub-estimado frente al que arrojaría una discriminación precisa de los costos de modernización de la capacidad existente y los asociados a su expansión.

Tratando a REFICAR como una inversión en nueva capacidad sus costos unitarios de inversión resultan más elevados que los de Dakota Prairie, SATORP y Port Arthur. No es de gran consuelo la comparaciòn favorable con Abreu e Lima pues PETROBRAS no es precisamente un ejemplo de eficiencia y austeridad en la ejecución de sus proyectos. En cuanto a STURGEON, en Canadá, no es ocioso indicar que el proyecto es liderado por el gobierno del estado de Alberta y que los sobre-costos inversión han desatado en ese país una gran controversia.

De lo expuesto hasta ahora se concluyen dos cosas: el presupuesto de inversión de REFICAR se duplicó y los costos unitarios resultan elevados con relación a los parámetros internacionales. Las explicaciones dadas por el gerente de REFICAR, el señor Reinoso Yáñez, para justificar el desmadre del presupuesto de inversión son un tanto candorosas y tautológicas. Dice que “hoy sabemos que el estimado preparado por CB&I no era preciso y subestimó las cantidades de trabajo requerido para construir el proyecto” y habla de “cambios en alcance, revisiones y cambios en ingeniería, mayores cantidades de obra, baja productividad de la mano, extensión de cronogramas, constante problemas laborales, incremento en costos de los materiales, entre otros”[1].

A mi modo de ver, las preguntas que hay que responder son las siguientes:

1.      ¿Por qué se aceptó reemplazar el contrato EPC por uno CR que trasladaba los riesgos de construcción del constructor al propietario del proyecto?
2.      ¿Por qué cuando Glencore decide retirarse, Ecopetrol, en lugar de buscar otro socio líder para el proyecto, decide asumirlo en su totalidad?

Estas son las preguntas fundamentales pues las decisiones que se tomaron en cada caso suponen un cambio de fondo en la orientación de la política gubernamental en el sector de hidrocarburos, que se había adoptado en 2003 con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada de la gestión de los recursos petroleros, y la transformación de Ecopetrol en sociedad por acciones dedicada exclusivamente a las actividades industriales y comerciales del sector. El proceso de transformación de Ecopetrol en una empresa sometida a las reglas del mercado se consolida con la apertura de su capital a la inversión privada en 2007 y en 2011. La decisión de acometer el proyecto de REFICAR con la participación mayoritaria de un socio privado estaba en línea con esa política. También era coherente con ella la modalidad de contratación inicialmente adoptada.

En los países del mundo desarrollado las petroleras son empresas privadas que abastecen a los consumidores con regularidad y a precios competitivos que reflejan las condiciones del mercado. El estatismo petrolero es un vicio o una enfermedad del tercer mundo que se inició en México con la nacionalización de la industria y la creación de PEMEX bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938. Bajo el grito de “O Petróleo è Nosso”, Getulio Vargas siguió en Brasil el sendero nacionalista que llevó a la creación de PETROBRAS en 1953. Un par de años antes, bajo el gobierno de Laureano Gómez, en Colombia, se había creado ECOPETROL, con la reversión al estado de la Concesión de Mares. En el mundo islámico la estatización del petróleo empezó con Mohammad Mosaddegh, en Irán en 1951. Después vendrían otros países que en 1960 fundarían ese cartel ominoso conocido como OPEP.

Las promesas de progreso y bienestar de nacionalismo petrolero están aún por cumplirse en la mayoría de los países. En lugar de ello las estatales petroleras se convirtieron progresivamente en centros de poder económico, político y sindical: verdaderos estados dentro de los estados. Incapaces de explotar plena y eficientemente los recursos a su cargo, las estatales petroleras debieron asociarse de diversas formas con las odiadas multinacionales: las realidades económicas terminan por imponerse a las ideologías políticas. En México, el epicentro del más duro nacionalismo petrolero, se adoptó hace un par de años una reforma similar a la de 2003 en Colombia para acabar con el monopolio de PEMEX, convertido en el mayor obstáculo al desarrollo de la industria.  Pero como si esto fuera poco, ARAMCO, la joya de la corona de Arabia Saudita, golpeada por la caída de los precios del crudo, anuncia la venta de un 5% de sus acciones.

El debate que se está dando en el País a propósito de REFICAR no ha llegado al almendrón del asunto. La cuestión es saber si debe continuarse con en el marginamiento progresivo del estado de la actividad petrolera o si, dando marcha atrás con relación a lo avanzado desde la reforma de 2003, insistimos en construir una gran estatal petrolera dueña de la refinación, la producción y todo lo demás. Y esto es urgente, porque la refinería de Barrancabermeja está en las últimas. El portal Oil&Gas Journal informa que Ecopetrol pospuso el programa de modernización y ampliación de la capacidad – de 250.000 a 300.000 bpd - que tenía una inversión proyectada de US$ 3.000 millones[2].  Para evitar que la de Barrancabermeja se convierta en la REFICAR de los próximos  años, el País debe abandonar de una vez por todas el nacionalismo petrolero trasnochado y buscar la oportunidad de vender ambas refinerías y dejar que el nuevo dueño se encargue de la modernización de la primera.

LGVA
Mayo de 2016.







[1] Contraloria General. Estudio Sectorial – REFICAR. www.contraloriagen.gov.co/...

[2] US Energy Information Administration. Techinical Options for Processing Additional Light Tight Oil Volumes within the United States. Whasington D.C. April 2015. Pp xii y 13. https://www.eia.gov/analysis/studies/petroleum/lto/pdf/lightightoil.pdf