La nueva reforma
tributaria no es necesaria y puede ser recesiva
Luis Guillermo Vélez
Álvarez
Economista, Docente
Universidad EAFIT
Consultor, Fundación
ECSIM
“Los impuestos
son la porción del producto de la tierra y de la mano de obra de un país,
puestos a disposición del gobierno; su pago proviene siempre, en último
término, ya sea del capital o del ingreso del país” (David Ricardo)
Es ya un hecho que el Gobierno Nacional presentará una nueva reforma
tributaria. Con esta se alcanzaría la no despreciable cifra de 18 realizadas
desde 1990, incluyendo algunas que pasaron camufladas en leyes del plan de
desarrollo[1]. Por ello, dada la ligereza con la que en el País
se reforma el régimen tributario, no resulta anacrónico empezar este artículo
recordando, con Ricardo, que los impuestos no salen de la nada y que
necesariamente se pagan con el ingreso de las personas o con el capital
acumulado.
No se conoce todavía el articulado de la nueva reforma. Se sabe que se
mantendrá el impuesto a las transacciones financieras; se perpetuará el
impuesto al patrimonio, ampliando su base; y que se aumentarán dos puntos
porcentuales a la tarifa del IVA.
David Ricardo, para citarlo una vez más, decía que “el gran mal de la
tributación se encuentra no tanto en la selección de sus objetivos, sino en el
monto total de sus efectos de conjunto”. A su juicio, no existe ningún impuesto
que no tienda a disminuir lo que él llamaba “el poder de la acumulación” o el
incentivo a la inversión, como se dice hoy. Pero hay impuestos que causan ese
efecto “mayor grado que otros”. En síntesis, para Ricardo todos los impuestos
son malos para la inversión, pero hay unos peores. Este es el caso del impuesto
a las transacciones bancarias y el impuesto al patrimonio[2].
El impuesto a las transacciones bancarias se estableció con del decreto
2330 de noviembre de 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, con Juan Camilo
Restrepo como ministro de hacienda. Inicialmente era de 2 por mil y su recaudo
estaba destinado a financiación del rescate del sector financiero. Como medida
de hacienda extraordinaria, el impuesto a las transacciones financieras
resultaba plausible. Sucesivos gobiernos han prolongado su vigencia con
diversos argumentos; en noviembre cumplirá 16 años. En todo caso, existe el consenso
de que es un impuesto inconveniente porque propicia la desintermediación
financiera y por esta vía limita la financiación de la inversión.
El impuesto al patrimonio se creó mediante los decretos 1838 y 1839 de
2002. Este fue también concebido como un impuesto extraordinario
cuyo recaudo, se dijo en su momento, estaba destinado a la financiación de la
seguridad democrática. Es lo que
técnicamente se conoce como una leva sobre el capital, es decir, un impuesto no
periódico destinado a financiar un gasto igualmente extraordinario. Tampoco se
ha encontrado la forma de deshacernos de un impuesto que castiga el ahorro y la
inversión. La ampliación de su base es una pésima noticia pues si, como se
afirma, la nueva base sería de $ 750 millones, se afectaría el ingreso disponible
de la clase media provocando el debilitamiento de la demanda interna.
El aumento de la tarifa del IVA es probablemente el componente menos
pernicioso de la nueva reforma tributaria. Tiene, sin embargo, el problema de que
ser regresivo, de constituirse en un incentivo a la informalidad y de
contribuir al debilitamiento de la demanda.
Con crecimientos cercanos al 5% y 7% anual, el consumo y la inversión
privada, respectivamente, han sido factores determinantes del crecimiento por
el lado de la demanda. Si, como es muy probable, la reforma tributaria
contribuye a la desaceleración del consumo y la inversión privada, el crecimiento
de la economía podría ser inferior al 4,8% con que el gobierno está haciendo
sus cálculos presupuestales.
El presupuesto de 2015, presentado a consideración del Congreso,
proyecta ingresos por $ 203,7 billones y gastos por $ 216, 2 billones; lo que
arroja un faltante de $ 12,5 billones, que el Gobierno espera cubrir con $ 9,5
del impuesto al patrimonio y $ 3 billones del gravamen a las transacciones
financieras. Sin embargo, existen indicios de que el faltante puede ser aún
mayor razón por la cual se ha planteado la necesidad de elevar la tarifa del
IVA en 2 puntos.
El gobierno no debería correr el riego de una reforma tributaria recesiva.
Existen alternativas. Para variar, podría empezarse por tratar de reducir el
gasto. Sin pretender agotar el tema, se presentan algunas ideas al respecto:
·
El presupuesto del Ministerio de
Agricultura pasa de 1,4 billones en 2014 a 4,3 billones en 2015. Es decir, una
variación absoluta de 2,4 billones. La mayor parte de este dinero está
destinado al “apoyo al desarrollo y competitividad del campo” partida que tiene
una asignación de $ 3,44 billones. Con limitarse a duplicar el presupuesto de
esta cartera, lo que ya resulta exagerado, se tendría un ahorro de 1,4
billones.
·
Los subsidios del sector eléctrico
ascienden a $ 1,52 billones. Diversos estudios han mostrado hasta la saciedad
que el sistema actual de subsidios tiene un exagerado sesgo de inclusión, es
decir, que de esos subsidios se está beneficiando principalmente población
no-pobre. Con un sistema más adecuado de focalización esos subsidios podrían
reducirse sustancialmente, eliminado el subsidio al estrato 3 y reduciendo el
consumo de subsistencia. Aquí se podría obtener un ahorro de por lo menos $ 0,5
billones.
·
Las transferencias monetarias del
programa de familias en acción llegan ya a $ 2,26 billones. Cuando se introdujo
este programa, la economía estaba estancada y el desempleo bordeaba el 20%. Aunque
se trataba de un programa contingente y temporal, el presupuesto asignado y el
número de beneficiarios no han hecho más que crecer creando una población cada
vez más dependiente. Aquí debe también hacerse un esfuerzo de focalización que
podría traducirse en un ahorro de por lo menos $ 0,5 billones.
·
Los gastos de personal pasan de 23,4 a
25,1 billones de pesos; lo cual supone un crecimiento de 7,4%, es decir, más
del doble de la tasa de inflación considerada en la proyección. Si los gastos de
personal crecieran un punto y medio por encima de la inflación, la cifra
presupuestada sería de $ 24,5 billones, lo que supondría un ahorro de $ 0,6
billones.
·
En vista de la situación fiscal, se
podría limitar a 50.000 el programa de las viviendas gratis. De esta forma se
tendría un ahorro de $ 0,6 billones.
Rápidamente se ha mostrado que son posibles recortes en el gasto que,
sin comprometer la política social del gobierno, reduzcan el desequilibrio
presupuestal. Los cálculos anteriores arrojan un ahorro de $ 3,6 billones, lo
que reduce las necesidades de financiamiento a $ 8,9 billones. Ahora bien, con
la venta de ISAGEN podrían obtenerse unos $ 5 billones, lo cual reduce a $ 3,9
billones el déficit presupuestal. Es decir, menos de US$ 2.000 millones, que el
gobierno podría conseguir si mayor dificultad en el mercado de capitales. La reforma
tributaria no es necesaria y puede ser recesiva. Es posible posponerla por lo menos un año.
LGVA
Septiembre de 2014.
[1]
Hasta Uribe I, la
información usada para hacer el gráfico es tomada del artículo “La política
fiscal en el siglo XX en Colombia” de Roberto Junguito y Hernán Rincón,
publicado en Economía Colombiana del
Siglo XX: un análisis cuantitativo. (J. Robinson y M. Urrutia, editores).
Fondo de Cultura Económica-Banco de la República. Bogotá, 2007. Recuadro 1,
páginas 281-282.
[2] Ricardo (1823). Principios de Economía Política y
Tributación. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. Páginas 114-115.
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