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sábado, 4 de marzo de 2017

Kenneth Arrow y la alta teoría

Kenneth Arrow y la alta teoría
(Para mis alumnos de Pensamiento Económico, Clase 2017-01)

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El martes 21 de febrero falleció en Palo Alto, California, a la edad de 96 años, Kenneth Joseph Arrow, uno de los científicos sociales más importantes del siglo XX, por sus contribuciones a solución de los problemas fundamentales de la teoría económica y la teoría política. Su campo de reflexión fue el de la alta teoría lo cual no le impidió – o quizás le permitió -  formular incisivas respuestas a problemas de la economía aplicada y la política pública[1]. El propósito de este artículo es explicar brevemente el significado de sus aportes a la teoría del equilibrio general y a la economía del bienestar.
*
Arrow pertenece a la brillante generación de economistas que en el siglo XX desarrollaron la teoría walrasiana del equilibrio general competitivo;  muchos de los cuales, incluido el propio Arrow, recibieron el Premio Nobel por sus contribuciones a lo que sin exageración puede considerarse como el corazón de la teoría económica[2], aunque los manuales y cursos de microeconomía continúen relegando su tratamiento a los últimos capítulos, después de haber atiborrado al estudiante con análisis de equilibrio parcial.

Probablemente por eso, para muchos economistas,  la teoría del equilibrio general competitivo no es más que una exótica simplificación de la realidad o, en el mejor de los casos,  un modelo referencial, partiendo del cual, y con la eliminación de algunas de sus hipótesis simplificadoras, nos acercamos a las complicaciones del mundo real. Algo así como el mundo sin fricciones de la mecánica newtoniana. Aunque es lícito verla de esa forma, la teoría del equilibrio general es antes que nada y sobre todo la teoría más desarrollada del funcionamiento de  una economía descentralizada de cuya elaboración se han ocupado los más grandes economistas que en la historia han sido.   
  
Aunque en su forma rigurosa la teoría del equilibrio general arranca con la obra de Léon Walras,  los problemas a los que con ella se trata de dar respuesta hacen parte del proyecto científico de la economía desde sus orígenes en el siglo XVIII, con las obras de Richard Cantillon[3] y Adam Smith. Desde entonces, la teoría económica ha tratado de establecer las condiciones bajo las cuales una economía  conformada por agentes especializados, quienes, guiados por señales de precios y motivados por su propio interés,  deciden de forma descentralizada y autónoma sobre el empleo de los recursos escasos de que disponen, es viable en el sentido de que, por la vía exclusiva del intercambio y sin la intervención de ninguna autoridad central,  puede obtenerse una configuración en la que los planes de producción y consumo de todos los agentes son compatibles entre sí y que dicha configuración es mejor que otras configuraciones alternativas posibles. 

En ese sentido la problemática teórica de Smith, Marx, Walras y de la moderna teoría del equilibrio general es la misma. En el prefacio a su obra Análisis general competitivo, escrita en colaboración con F.H. Hahn, Arrow expone la cuestión de la siguiente forma:   

“Ya es larga y bastante respetable la serie de economistas que, desde Adam Smith hasta el presente, han tratado de demostrar que una economía descentralizada, motivada por el interés individual y guiada por señales de precios, sería compatible con una disposición coherente de los recursos económicos, que podría considerarse, en un sentido bien definido, mejor que un gran número de disposiciones alternativas posibles. Además, las señales de precios operarían en cierta forma para establecer ese grado de coherencia. Es importante entender cuán sorprendente debe ser esta afirmación para cualquiera que no se haya expuesto a esta tradición. La respuesta inmediata, de sentido común, al interrogantes: ¿cómo sería una economía motivada por la ambición individual y controlada por un gran número de agentes?, sería probablemente: habría caos.”[4]

La respuesta de los grandes economistas ha sido enteramente diferente y contraria a la de “sentido común”.  Y es esa respuesta lo que con razón Arrow y Hahn consideran la contribución intelectual más importante del pensamiento económico a la comprensión de los procesos sociales:    

 “…la noción de que un sistema social movido por acciones independientes  en búsqueda de valores diferentes es compatible con un estado final de equilibrio coherente, donde los resultados pueden ser muy diferentes de los buscados por los agentes; es sin duda la contribución intelectual más importante que ha aportado el pensamiento económico al entendimiento general de los procesos sociales”[5]

Como ya se indicó, es Walras el primer economista en desarrollar de forma plena el concepto de equilibrio general. Definió la economía política pura como la teoría de la determinación de los precios bajo el régimen hipotético de competencia perfecta. La coherencia de los planes de producción y consumo la entendió como una situación en la cual para un conjunto de precios las ofertas y demandas se igualaban en todos los mercados. También entendió que no bastaba con imaginar que ese conjunto de precios podía existir sino que era necesario probar su existencia. Para esto representó el sistema económico como un sistema de ecuaciones simultáneas y creyó que la igualdad entre el número de ecuaciones y el número de incógnitas garantizaba la existencia y la unicidad del conjunto de precios de equilibrio. Imaginó que el mercado mediante un procedimiento de tanteo guiado por una especie de subastador era capaz de alcanzar los precios de equilibrio. Aunque no les dio solución satisfactoria, Walras formuló claramente los tres problemas a los que tenía que dar respuesta la teoría del equilibrio general: existencia, unicidad y estabilidad del conjunto de precios de equilibrio.

Tal vez sea útil ilustrar el significado de estos tres problemas mediante un esquema marshalliano de equilibrio parcial como el que se presentan en la Gráfica 1. El panel (a) representa el mercado de una mercancía en términos de las curvas habituales de oferta y demanda. Se observa que existe un precio (P*) y sólo uno al cual se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. El panel (b) muestra lo mismo en términos de una curva de exceso de demanda donde el equilibrio significa que al precio (P*) el exceso de demanda es nulo. Adicionalmente, con el sentido de las pequeñas flechas rojas se quiere significar que ante una perturbación que aleje el precio de su nivel de equilibrio se generan fuerzas endógenas que lo reestablecen. Esto quiere decir que en el mercado en cuestión el equilibrio es estable.
Gráfica 1


En síntesis: en el mercado representado existe un precio de equilibrio único y ese equilibrio es estable. ¿Por qué ocurre eso? Por la sencilla razón de que ha sido construido para que arroje ese resultado. Esto es lo que se hace habitualmente en los textos de microeconomía básica. Pero también podemos  imaginar mercados en los cuales no existe un precio de equilibrio o donde existiendo no es único o donde el equilibrio es inestable. Estas tres situaciones se presentan en la Gráfica 2.

En el panel (a) se presenta un mercado en el cual las funciones de oferta y demanda tienen las propiedades habituales no obstante lo cual no existe un precio al cual se igualen cantidades demandadas y ofrecidas. En el panel (b) se presenta una curva de oferta marshalliana con rendimientos crecientes un primer tramo y decrecientes a partir de un punto de inflexión. Dada la función de demanda especificada, se obtienen dos precios de equilibrio, lo cual resulta bastante embarazoso. Finalmente, en el panel (c) hay un único precio de equilibrio pero, como indica el sentido las flechas, ante una perturbación exógena, en lugar de converger hacia el equilibrio, los precios se alejan de éste cada vez más.
Gráfica 2


Los economistas del siglo XX heredaron los problemas planteados por Walras. Mucha investigación se hizo sobre las propiedades de los sistemas de ecuaciones simultáneas. Pronto se hizo evidente que el problema de la existencia del equilibrio era más complicado que la simple igualdad de ecuaciones e incógnitas.  Se demostró además que para conjuntos verosímiles de coeficientes técnicos  se obtenían soluciones con precios negativos y que si el número de bienes era inferior al de insumos, el sistema de ecuaciones carecía de solución general.

En los años 50 los teóricos de la tradición walrasiana – Arrow, Debreu, Gale, Mckenzie y otros - adoptaron el enfoque axiomático de la teoría de conjuntos que se reveló especialmente fructífero para resolver el problema de la existencia del equilibrio. Se incorporó a la investigación un instrumento de gran importancia, el teorema del punto fijo, para tratar el problema de la existencia: matemáticamente un equilibrio es un punto fijo. La solución así aportada al problema de la existencia es considerada satisfactoria por la mayoría de los especialistas en el tema. El problema de la unicidad es más complicado puesto que las soluciones aportadas implican imponer a las funciones de demanda excedente restricciones a las que resulta difícil darles una significación económica obvia como lo reconoce el propio Arrow[6]. Más insatisfactorio aún es el estado de la cuestión de la estabilidad que es fundamental como se explica a continuación.

La ilustración que se ha presentado cuestión de la estabilidad en términos de equilibrio parcial no revela totalmente la significación  del problema y puede llevar a la conclusión equivocada de que se trata de una dificultad menor que se presenta en algunos mercados concretos. La forma en que Walras introduce el mecanismo de tanteo para abordar el problema de la estabilidad resume claramente su significación más profunda: 

  “Queda solamente por demostrar, en lo referente tanto al equilibrio de la producción como al del intercambio, que el mismo problema al cual le hemos dado una solución teórica es también el problema que se resuelve en la práctica en el mercado por el mecanismo de la competencia”[7].

La solución teórica de la que habla Walras es por supuesto la solución del sistema de ecuaciones que representa la economía y en el que se determinan todos los precios y cantidades siempre que se tenga el mismo número de ecuaciones y de incógnitas. La fallida demostración de existencia de Walras o las demostraciones modernas de Arrow y Debreu sólo prueban que pueden existir precios que igualan las ofertas y demandas en todos los mercados pero no dicen nada sobre la forma en que los mercados llegan a ese resultado. Una breve descripción del tanteo walrasiano quizás ayude al entendimiento del problema de la estabilidad cuya solución significa dar una descripción racional y económicamente significativa de la forma en que el mercado llega a los precios de equilibrio.

Arrow y Hahn, en su análisis de estabilidad, retoman el tanteo walrasiano. Un subastador anuncia un vector de precios cualquiera. Los consumidores y empresarios hacen sus cálculos de maximización y presentan al subastador sus demandas y ofertas en los mercados donde participan.  En el mercado de bienes los empresarios son el lado de la oferta y los consumidores el de la demanda; en el de factores ocurre lo contrario. Ninguna transacción tiene lugar durante el proceso de tanteo, es decir, no hay intercambios fuera del equilibrio. Si el vector de precios anunciado es de equilibrio, el proceso termina allí. Si no lo es, el subastador lo modifica siguiendo la simple regla de aumentar el precio en los mercados con excesos de demanda y  reducirlo en los mercados con excesos de oferta. Bajo ciertas condiciones el tanteo de precios converge a hacia el sistema determinado teóricamente.

Al variar el precio en un mercado cualquiera (M1) su efecto no se limita al exceso de demanda existente en ese mercado. Justamente por tratarse de un proceso de ajuste de equilibrio general, dicha variación afectará  todos los demás mercados. El sentido y la magnitud de la variación dependerán del grado de complementariedad o sustitución existente entre el bien o servicio productivo cuyo precio se modifica y los demás bienes o servicios productivos. A su turno dichas variaciones en los demás mercados afectarán el exceso de demanda del mercado en el que inicialmente se produjo la variación del precio. Walras entendió claramente el problema y llamó efecto directo o de primer orden al que obra sobre (M1) y efecto indirecto o de segundo orden el que producen sobre éste las variaciones en los excesos de demanda de todos demás mercados. Escribió Walras:

 “…es cierto que el cambio en la cantidad fabricada de cada producto tiene sobre el precio de venta de ese producto un efecto directo, todo entero en el mismo sentido, mientras que los cambios en las cantidades fabricadas de los otros productos, suponiendo que todas van en el mismo sentido, no tienen sobre ese precio de venta sino efectos indirectos, en sentido contrario los unos y los otros se compensan hasta cierto punto. El sistema de nuevas cantidades fabricadas y de los nuevos precios de venta es por tanto más vecino del equilibrio que el anterior, y sólo basta con continuar el tanteo para que se aproximen cada vez más”[8]

La condición general de estabilidad, entendiendo por estabilidad en un sentido estricto el hecho de que partiendo de un conjunto de precios cualquiera se llegue al conjunto de precios de equilibrio, es la condición según la cual el exceso de demanda de cualquier bien o servicio es más sensible a la variación de su propio precio que a la variación acumulada de los precios de todos los otros bienes y servicios. Y también que el precio de un mercado es más sensible a las variaciones de las cantidades de ese mercado que a las variaciones acumuladas de las cantidades de todos los demás. En términos simples esto significa que el precio de la papa es más sensible a las variaciones de las cantidades ofertadas y demandadas en el mercado de papa y que éstas son más sensibles a las variaciones del precio de ésta. Esto es lo que se conoce como condición de diagonal dominante. Arrow y Hahn han señalado el que esa condición se cumpla o no depende de la elección del numerario[9]: “podemos encontrarnos en situación de sostener que la regla del subastador es globalmente estable y posiblemente divergente si se escoge otro”[10].

Además del problema de los supuestos un tanto arbitrarios que es necesario hacer para garantizar la convergencia hacia los precios de equilibrio, al proceso de ajuste mediante el tanteo guiado por un subastador pueden hacérsele un par de objeciones vinculadas entre sí. La primera tiene que ver con su carácter centralizado, lo que riñe con idea de que se trata de explicar la formación de precios en una economía descentralizada, y la segunda con la regla según la cual están excluidas las transacciones en desequilibrio. Estas objeciones no tienen que ver con su falta de “realismo” sino porque contravienen la lógica económica aún en el nivel más abstracto de la teoría.

Para superar la segunda objeción se han desarrollado modelos de economías de intercambio puro como el de Hahn y Negeshi[11] y el de Arrow y Hahn[12] que admiten transacciones por fuera de equilibrio pero mantienen el subastador. El principal problema de estos modelos es que requieren que durante el proceso de ajuste los agentes tengan saldos monetarios  positivos, lo cual no deja de ser un tanto extraño como quiera que en equilibrio el saldo monetario es necesariamente nulo[13].

En síntesis, el estado de los problemas dejados por Walras es el siguiente: i) pruebas de existencia y unicidad relativamente satisfactorias aunque posiblemente mejorables y  ii) análisis de estabilidad apenas en sus inicios. Pero sería un error concluir que la teoría del equilibrio general ha fracasado. Las demostraciones de existencia y unicidad y los avances en la cuestión de la estabilidad son un gran logro intelectual que mejora nuestra comprensión del funcionamiento y de la viabilidad de la economía capitalista el ejemplo real de economía descentralizada. Las respuestas que se tienen a los problemas planteados son, como todas las repuestas a los problemas científicos, meramente provisionales, conjeturas que aún no han sido refutadas.  

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La segunda gran contribución de Arrow que se va analizar, su muy mentado Teorema de la Imposibilidad, se ubica en el campo de la  llamada Economía del Bienestar, pero su importancia trasciende la economía y llega hasta la ciencia política como quiera que ésta, desde sus orígenes en la Antigua Grecia, ha tratado de entender en qué consiste el bien común y la forma en que los gobernantes de la sociedad deben actuar para realizarlo.  En economía la noción equivalente a la de “bien común” es la de función de bienestar social y es de las condiciones que pueden hacer posible o hacer imposible que tal cosa exista de las que se ocupa el Teorema de la Imposibilidad.

Para aclarar las cosas quizás sirva aludir a la significación de los resultados que se obtiene con la teoría del equilibrio general. Dadas unas preferencias individuales y un estado de la tecnología aplicada a la producción se obtiene un sistema de precios y una asignación de recursos determinada que es eficiente en el sentido de Pareto, es decir, que no puede mejorarse la situación de nadie sin desmejorar la de cualquier otro. A esto es lo que podemos llamar un estado social posible. Otros sistemas de preferencias y otras disposiciones tecnológicas conducirían a otro sistema de precios y a otras asignación, es de decir a otro estado social seguramente diferente del anterior. Puede decirse entonces que la teoría del equilibrio general se ocupa de los estados sociales posibles y no nos enseña nada sobre su deseabilidad o indeseabilidad.

La economía del bienestar puede ser entendida como una indagación sobre la deseabilidad o indeseabilidad de los estados sociales desde el punto de vista colectivo. Podrían por tanto concebirse tantas teorías de bienestar económico como sistemas de valores concebibles para evaluar la deseabilidad o indeseabilidad de los estados sociales. Para salir de ese berenjenal los teóricos del bienestar en su mayoría adhieren a un solo postulado ético: la función de bienestar social que permite evaluar los diferentes estados sociales debe tener en cuenta las preferencias de los individuos que conforman la sociedad. Esto se conoce como el postulado ético fundamental, cuya  primera enunciación explícita se atribuye a Samuelson[14].  Así las cosas los estados sociales son buenos o malos según los juzguen los miembros de la sociedad.

La adopción del postulado ético fundamental lleva a descartar de entrada una función de bienestar social de tipo dictatorial, es decir, una preferencia social que coincide con la de un individuo y que se impone de alguna forma a todos los demás. También debe descartarse el caso en que todos los individuos tengan exactamente las mismas preferencias pues si así fuera dejarían de ser individuos y no serían más que clones. La preferencia dictatorial y el mundo de los clones suprimen el problema teórico que se trata de resolver.

Otro tipo de preferencia que debe ser descartada es la preferencia cardinal, es decir, aquella que resultaría de la agregación de las preferencias cardinales de todos los individuos. Además de tener el problema de que es necesario disponer de alguna medida de la utilidad o de la intensidad de las preferencias individuales darían lugar a múltiples funciones de bienestar social dependiendo de las ponderaciones asignadas a cada individuo. No sería necesario ponderar si todos los individuos fueran iguales, pero en este caso volveríamos al mundo de los clones.

De acuerdo con lo anterior, la función de bienestar social es un ordenamiento, no un índice cardinal. Decir que se deben tener en cuenta las preferencias individuales equivale técnicamente a decir que la ordenación o preferencia social debe tener las mismas características que la ordenación o preferencia individual: completitud, transitividad y reflexibilidad.

Ya pueden enunciarse las condiciones de Arrow para la construcción del ordenamiento social[15] que cumpla el postulado ético.

·         Racionalidad Colectiva. El sistema de elección social tiene la misma estructura que el sistema de elección individual. Para la demostración importa la transitividad. Por eso también se denomina Axioma de transitividad.
·         Principio de Pareto. Si todos los individuos prefieren una opción x a una opción y, entonces x será preferida a y en el ordenamiento social. Se le denomina también Axioma de unanimidad.
·         Independencia de opciones irrelevantes. La elección social depende sólo de los ordenamientos individuales respecto de las opciones disponibles, por tanto el juicio sobre cada par de alternativas es independiente de las alternativas restantes. Este es el Axioma de irrelevancia.
·         Ausencia de dictadura. No hay ningún individuo cuyas preferencias sean automáticamente las de la sociedad son importar las preferencias de los demás individuos. Este es el Axioma de no dictadura.

Puede ya enunciarse el teorema:

“No puede haber ninguna ordenación que satisfaga simultáneamente las condiciones de racionalidad colectiva, el principio de Pareto, la independencia de opciones irrelevantes y la ausencia de dictadura”[16]

Otro enunciado:

“Si excluimos la posibilidad de las comparaciones interpersonales de utilidad, los únicos métodos que pueden utilizarse para pasar de los gustos individuales a las preferencias sociales, que sean satisfactorios y se definan para un campo amplio de conjuntos de ordenamientos individuales, serán impuestos o dictatoriales”[17]

No se reproduce la demostración del Teorema, que aunque formalizada no es compleja y  puede consultarse en cualquiera de los dos textos mencionados. En lugar de ello se hace una descripción del método de demostración y más adelante se presenta una demostración del teorema no formalizada que debemos al economista y filósofo francés Bertrand de Jouvenel.

Para la demostración, Arrow introduce el concepto de grupo decisivo. Un grupo es decisivo con respecto a un conjunto de alternativas si la preferencia de ese grupo  - de todos sus miembros – corresponde con la preferencia social, cualesquiera sean las preferencias de los demás individuos de la sociedad que no pertenecen al grupo. La demostración se hace en dos partes. Inicialmente se demuestra que cuando un individuo es decisivo para un par de alternativas es dictador para todas las combinaciones posibles de las alternativas que conforman el conjunto de posibilidades. Esto implica, para cumplir postulado de no dictadura, que el grupo decisivo debe estar compuesto por un número plural de individuos. En la segunda parte se demuestra que un grupo decisivo compuesto por dos o más miembros contiene siempre un grupo decisivo menor. De esta forma se viola el axioma de no dictadura y el teorema queda demostrado.

En 1955, en su bello libro De la soberanía: en busca del bien público, Bertrand de Jouvenel (1903-1987) desarrolló, hasta donde sé  de manera independiente, lo que me he atrevido a denominar el “Teorema de Jouvenel sobre el bien común” en el que sin ningún aparato formal llega a un resultado análogo al Teorema de Arrow. Me ha parecido interesante destacar esta contribución especialmente en beneficio de quienes encuentran tortuoso seguir la demostración de Arrow. La exposición se encuentra en el capítulo dos de la segunda parte del libro mencionado, titulado justamente “El problema del bien común”.  La presentación que sigue resume el argumento a partir de un conjunto de proposiciones extraídas del texto en cuestión.

El bien del conjunto social es el bien propio de los individuos que lo conforman. Este es un postulado equivale al postulado ético fundamental. Su negación suprime el problema pues equivale a suponer que un individuo o grupo de individuos definen el bien común.
El bien propio de los individuos no es la adquisición de la virtud o la salvación del alma.  Se está hablando de una sociedad civil, no de una comunidad religiosa o de una comunidad con fines trascendentes o metafísicos.
El bien particular se asocia a la adquisición de  cosas limitadas como las riquezas o los honores. Naturalmente si la riqueza o los honores fueran ilimitados no habría necesidad de elegir ni posibilidad de conflicto entre los individuos. Tampoco existiría conflicto en una sociedad integrada por puros ascetas.
El bien propio de los individuos es el percibido por cada uno de ellos y no como es concebido por los gobernantes por sabios que estos puedan ser.  Este postulado es equivalente al axioma de no dictadura.
El bien común será percibido de forma diferente por cada individuo según lo que le dicte la percepción de su bien propio.  Es la consecuencia inevitable del postulado anterior.
Si no es posible medir las percepciones – la utilidad – ni ponderar las satisfacciones de los individuos, la autoridad se verá imposibilitada para establecer el bien común a partir del bien propio de los individuos. Aún si se supone la existencia de alguna medida de la utilidad o de la intensidad de las preferencias se obtendrían múltiples medidas del bien común dependiendo de las ponderaciones asignadas a cada individuo.

Imposibilitada de saber cuál es el bien común, la autoridad queda abandonada “a la oscilación indefinida de los intereses particulares, o bien a una extrema restricción de la competencia gubernamental”[18]. Llegado a este punto, De Jouvenel decide explorar el camino de suponer que la autoridad además de estar al servicio del bienestar de los individuos en también el mejor juez de ese bienestar. Y escribe este texto magistral después de cuya lectura resulta impertinente agregar algo:

“Conocer el bien de cada uno mejor que uno mismo es cosa de la que sólo Dios puede estar seguro. (…) La limitación de la inteligencia humana impide al dirigente pensar en particular los bienes individuales: no puede representárselos más que en términos generales. Se hará, pues, un esquema del ciudadano bueno y dichoso, el cual se ajustará a las personas reales. Es decir, que calificará de conducta desordenada toda actitud que se aparte de la que, según él, debe adoptar todo ciudadano para su bien, y se tacharán de injustas todas las relaciones espontáneas que no sitúen a los ciudadanos en el estado en que se desea verles. Una autoridad de este tipo será odiosa, ya sea ejercida por un hombre o por un órgano colegiado; no lo será menos si se apoya en una corriente de opinión que lleva siempre a la persecución de los elementos no conformes. Si la pauta del bien particular se concibe por referencia al pasado, tal régimen será sofocante, no permitirá prosperar ninguna novedad; si se concibe como proyecto hacia el futuro, justificará sangrientos desórdenes. De esta forma, colocar a la autoridad al servicio de los bienes particulares desemboca en resultados igualmente deplorables, ya se trate de bienes concebidos por los particulares o por la autoridad. En el primer caso esta idea lleva al desorden; en el segundo, a la tiranía. Concluiremos, pues, diciendo que el oficio de la autoridad no es, de ninguna forma, procurar los bienes propios de los particulares”[19]    

 Bibliografía

Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Análisis general competitivo. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1977.
Arrow, K.J. (1966). “Los valores y la toma de decisiones colectivas”. En Hahn, F.H. y Hollis, M. (1986). Filosofía y teoría económica. Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1986. Páginas 218-250.
Arrow, K.J. (1950). “Una dificultad en el concepto de bienestar social”. En Arrow, K.J. y Scitovsky, T.  (1974). Ensayos sobre la economía del bienestar. Volumen 1. Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1974.
Arrow, K.J. (1963) ''Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care” The American Economic Review.  Vol. 53, No. 5 (1963); 941-948
Arrow, K.J. y  Debreu, G.Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy”  En Econometrica. Vol. 22, No. 3 (1954).
Benetti, Carlo (1996). “La teoría del desequilibrio: una crítica y una propuesta”. En Ortiz Cruz E. Coordinador (1996). Teoría de los precios: avances en el debate contemporáneo. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996.
Benetti, Carlo (1990). Moneda y teoría del valor. Universidad Autónoma Metropolitana – Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
Benítez, A. (1996). “El modelo Arrow-Debreu y la demostración de existencia”. En Ortiz Cruz E. Coordinador (1996). Teoría de los precios: avances en el debate contemporáneo. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996.
Cantillon, R. (1950). Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1950.
Debreu, G (1973). Teoría del valor: un análisis axiomático del equilibrio económico. Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1973.
Mas-Colell (1999). “The future of general equilibrium” en Spanish Economic Review 1. Springer-Velgar. 1999.  PP. 207-214.
Mas-Colell, A. (2009). “La teoría del equilibrio general”. En García-Bermejo J.C. (2009) Sobre la economía y sus métodos. Editorial Trotta, Madrid, 2009.
Quirk, J. y Saposnik, R. (1972). Introducción a la teoría del equilibrio general y a la economía del bienestar. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1972.
Samuelson, P.A. (1966). Fundamentos del análisis económico. Editorial Ateneo, Buenos Aires, 1966.
Walras, L. (1952). Éléments d´économie politique pure ou théorie de la richesse sociale. Librairie Generale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1952.





[1] Sobre sus contribuciones a la economía aplicada no se dirá nada salvo indicar que ensayos suyos como el celebrado ''Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care” publicado en 1963 dieron nacimiento a nuevas ramas de investigación en economía. Circula una anécdota según la cual cuando le preguntaron qué lo había hecho interesarse en los mercados de los servicios de salud, respondió que estaba pensando en si seguir las indicaciones de su médico y terminó en al artículo pues “tengo la habilidad de tomar un problema práctico y transformarlo en un problema teórico”. Ahí les queda a los que desdeñan la teoría.

[2] La expresión está en Mas-Colell (1999).  
[3] Escribe Cantillon: “Todos estos empresarios se convierten en consumidores y clientes unos de otros, recíprocamente; el lencero, del vinatero; éste, del lencero. En un Estado va siendo su número proporcionado  su clientela, o al consumo que ésta hace. Si existen sombreros en exceso en una ciudad o en una calle, para el número de personas que en ella compran sombreros, algunos de los menos acreditados ante la clientela caerán en bancarrota; si el número es escaso, otros sombrereros considerarán ventajosa la empresa de abrir una tienda, y así es como los empresarios de todo género se ajustan y proporcionan automáticamente a los riesgos, en un Estado” Cantillon, R. (1950). Página 42.

[4] Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Página 9.

[5] Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Página 14.
[6] Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Páginas  278 y 285-286.

[7] Walras. Op. Cit. Página 214.

[8] Walras. Op. Cit. Página 220 – 221.

[9] El numerario elegido es irrelevante en el sentido de que puede ser cualquier bien en situación de equilibrio. El hecho de que la convergencia al equilibrio depende del numerario elegido es bastante embarazoso puesto que se supone que las decisiones de los agentes dependen de los precios relativos y estos no cambian al cambiar el numerario.

[10] Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Página 354.

[11] Hahn, F y Negeshi, T. (1962). “A theorem on Non-Tatonnemet Stability”

[12] Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Capítulo XIII.

[13] “Designemos por m el bien que debe mediar en el intercambio y supongamos que en otros sentidos es como otros bienes por cuanto genera para su tenedor una utilidad directa que no depende de su valor de intercambio. En otras palabras, al final del proceso de transacción las unidades familiares planean tener cantidades de m que determinan en la misma forma en que determinan las cantidades de otros bienes que planean tener. Por supuesto, esta es una mala teoría monetaria…” Arrow, K.J. y Hahn, F.H. (1977). Página 396.
[14] “Un supuesto más extremo, que radica en la filosofía individualista de la moderna civilización occidental, declara que se deben tener en cuenta las preferencias individuales”. Samuelson (1966) página 229.

[15] Arrow presentó su teorema en varios artículos y conferencias. Aquí se sigue la del artículo “Los valores y la toma de decisiones colectivas” de 1966 incluido en el libro Filosofía y teoría económica editado por Frank Hahn y Marin Hollis. Ver Arrow (1966) páginas 218-250.

[16] Arrow (1966). Página 242.

[17] Arrow (1950). Página 208.
[18] De Jouvenel (2000) Página 119.

[19] De Jouvenel (2000) Página 120.

miércoles, 1 de marzo de 2017

El verdadero alcance del fallo de la Corte Constitucional sobre las corridas de toros

El verdadero alcance del fallo de la Corte Constitucional sobre las corridas de toros

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

La libertad debe entenderse como el derecho que tienen las personas de hacer ciertas cosas y de oponerse a la imposición de otras. La base de todos los derechos es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad descansa en un axioma ético fundamental enunciado por Locke: la propiedad de todo ser humano sobre su propia persona, cuerpo y su mente. De este axioma de auto-posesión se derivan todos los demás derechos, en particular el derecho de propiedad sobre todo aquello creado en ejercicio de las facultades personales combinadas con los recursos naturales libres o adquirido mediante el intercambio voluntario de las propias posesiones con las posesiones de otras personas. Los taurinos tienen el derecho de hacer corridas de toros porque los toros y todos los recursos económicos empleados en las corridas son su propiedad legítimamente adquirida. 

Para ejercer el derecho de hacer corridas es completamente irrelevante que otro grupo de personas o la mayoría de estas considere que las corridas de toros son un espectáculo detestable. Los anti-taurinos tienen el derecho de oponerse a las corridas y de emplear sus recursos para boicotearlas y difundir cualquier suerte de propaganda o información en contra de ellas sin que importe que esa información sea falsa o verdadera. Los taurinos, a su turno, tienen el derecho de boicotear a los boicoteadores y difundir su propia información o propaganda sin que importe tampoco que sea falsa o verdadera. Lo que no es admisible es que la autoridad pública adopte como un valor social supremo el criterio estético o moral de quienes se oponen a las corridas y ordene su prohibición. Al proceder de esta forma está impidiendo que los taurinos ejerzan su derecho de propiedad sobre sus recursos legítimamente adquiridos. Los está expropiando pura y simplemente. Especialmente indignante es el caso de los toreros, banderilleros, rejoneadores, picadores, monosabios y todos aquellos que ejercen los oficios de la fiesta brava a quienes se les está violando el derecho de hacer lo que quieran con su propia persona. 

Los anti-taurinos hacen parte de una especie particular de seres humanos cuyo persistente y acelerado crecimiento cuantitativo se está convirtiendo en una amenaza para la libertad. Es la especie de los que están convencidos de la superioridad moral de sus preferencias y de sus aversiones razón por la cual consideran que la autoridad pública debe ponerse al servicio de esas preferencias o aversiones para imponerlas legalmente, incluso por la fuerza, a todos los demás. A esta especie pertenecen los animalistas, los ambientalistas, los vegetarianos y los bicicleteros militantes y todos los partidarios de una vida sana llena de ejercicios y de dietas saludables y balanceadas. Aquellos que no comparten de buen grado esas preferencias o aversiones son seres equivocados cuya escasa inteligencia o sus enraizados prejuicios no les permiten entender la verdad verdadera de esas preferencias o aversiones razón por la cual es necesario imponérselas por la fuerza por su propio bienestar.

Personalmente encuentro que el fútbol es un deporte detestable porque sus practicantes se golpean salvajemente los unos a los otros, sus aficionados se acuchillan entre sí a la primera oportunidad y buena parte de sus dirigentes son apostadores tramposos. Debería prohibirse, al igual que el boxeo, la lucha libre, la hípica, las carreras de autos y el ciclismo y también el teatro, la danza, el canto y la literatura pues no hay actividad humana en la que cualquier otro ser humano no encuentre algún aspecto moralmente reprochable. La tolerancia es aceptar que la gente haga lo que le plazca en ejercicio de sus derechos aunque dichas acciones nos parezcan ética o estéticamente abominables. La tolerancia no es incompatible con difusión de información y propaganda en contra de todo aquello que nos parezca despreciable. Excluye, eso sí, el ejercicio de la violencia contra las personas y las propiedades de quienes hacen aquello que no nos gusta. Esto es lo que no pueden entender los anti-taurinos quienes, además de ser proclives al ejercicio de la violencia directa, buscan, para imponer su aversión, el amparo del estado, supuesto depositario del monopolio la violencia legítima.  Que el estado consienta en ello es inadmisible. Al convertir las aversiones particulares en aversiones públicas, el fallo de la Corte Constitucional, que en la práctica prohíbe las corridas, además de ser una flagrante violación de los derechos de los taurinos, es la institucionalización de la intolerancia. Este es su verdadero y peligroso alcance.

LGVA
Marzo  de 2017.


sábado, 18 de febrero de 2017

La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.

La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Hay preocupación por la situación de las cuentas externas del País. En 2015, el déficit en cuenta corriente fue de US$ 18.925 millones, equivalente a 6,5% del PIB. Un año antes había sido de US$ 19.593 millones, 5,2% del PIB. El aumento como proporción del PIB, a pesar de la reducción de US$ 668 millones, se explica por el menor valor en dólares del PIB, a causa de la depreciación del peso frente al dólar que en ese año fue de 37%. En el período enero - septiembre de 2016, el déficit alcanza US$ 9.599 millones, equivalente a 4,7% del PIB. Esto se explica por el resultado deficitario de la balanza comercial, US$ 7.829 millones, y el déficit en la cuenta de servicios, US$ 2.437 millones, y en la cuenta de ingreso de factores, US 3.355 millones, parcialmente compensados por las transferencias corrientes de US$ 4.023[1].

Los políticos y los periodistas se escandalizan con el déficit de la balanza comercial y acusan a los TLC y a la globalización de lo que ven como un tragedia. Los comentaristas económicos se devanan los sesos tratando de entender por qué persiste el déficit comercial a pesar de la enorme devaluación del peso. El Ministro de Hacienda habla  de que se está produciendo un ajuste ordenado de las cuentas externas a la caída del precio del petróleo y se esfuerza por desviar la atención tratando de que nadie se percate de que es el propio gobierno con su exceso de gasto el responsable del desajuste.

El saldo de la cuenta corriente es el resultado de las transacciones de bienes y servicios y pagos por factores realizadas por las personas y empresas colombianas con personas y empresas de otros países. Cuando los residentes nacionales gastan en bienes y servicios importados y realizan pagos por factores por un valor superior al de  los bienes y servicios que exportan y a los pagos por factores que reciben, se ven obligados a disminuir sus activos financieros en el exterior o a aumentar sus pasivos. Aumentan su endeudamiento neto con residentes extranjeros.

Hay personas y empresas, principalmente personas, que pueden comprar en el exterior bienes y servicios por un valor superior al de los bienes y servicios que venden sin aumentar su endeudamiento neto, es decir, sin reducir sus activos ni aumentar sus pasivos. Pueden hacerlo porque reciben donaciones o transferencias voluntarias de otros particulares residentes o no residentes. Estas son principalmente las remesas que los trabajadores colombianos en el exterior envían a sus familias que en el período enero-septiembre de 2016 fueron de US$ 3.535 millones.

Pero hay también personas y entidades que sin variar su endeudamiento ni recibir transferencias o donaciones voluntarias de otros particulares pueden importar bienes y servicios por un valor superior al valor de los bienes y servicios que venden o incluso comprarlos sin vender nada en absoluto. Como no se endeudaron ni recibieron transferencias voluntarias, solo han podido hacerlo porque han recibido transferencias forzosas  de alguien que se ha endeudado por ellas. ¿Quiénes son esos privilegiados que pueden comprar sin vender? Si, esos son, los empleados y las entidades del gobierno que son pagados con los impuestos corrientes o, cuando estos no alcanzan, con los impuestos futuros que pagarán la deuda en la que ha incurrido el gobierno para pagar los sueldos y gastos de hoy.  

Los economistas hablan de los déficits gemelos aludiendo con ello a la simultaneidad entre el déficit fiscal y el déficit en  cuenta corriente. Algunos hacen complicados ejercicios econométricos para tratar de establecer el sentido de una causalidad que es evidente: el déficit corriente, en especial el de la balanza comercial, es causado por el déficit fiscal. Uno no se endeuda porque está gastando por encima de sus ingresos, uno gasta por encima de sus ingresos porque se ha endeudado. El déficit en cuenta corriente no se crea primero y después se financia con endeudamiento, el endeudamiento viene primero y financia el déficit fiscal y el déficit corriente. Cuando el gobierno habla de la financiación del déficit corriente no se refiere al déficit pasado sino al actual y al futuro. O más precisamente aún, se está endeudando para poder gastar más hoy y mañana.

Entre enero y septiembre de 2016, el sector privado recibió US$ 966 millones - por colocación de títulos de deuda externa y venta de acciones a no residentes -  y realizó amortizaciones por US$ 414 millones, con lo cual su financiamiento externo neto fue de US$ 552 millones. Frente al mismo período de 2015, las entradas de capital de portafolio al sector privado disminuyeron en US$ 1.733 millones. Esto significa que el sector privado si se está ajustando o, dicho de otra forma, no son los particulares quienes están viviendo por encima de sus medios.

¿Y el sector público? Bien, gracias, endeudándose para gastar en exceso y provocar el déficit en la balanza comercial. En efecto, entre enero y septiembre de 2016, el sector público recibió US$ 6.898 millones de financiamiento externo: colocación de deuda externa, TES vendidos a extranjeros y créditos bancarios. Es decir que a diferencia del sector privado, el gobierno insiste en vivir por encima de sus medios. No importa cuánto se ajuste el sector privado ni cuánto se devalúe el peso, el déficit comercial persistirá mientras el gobierno no reduzca el déficit fiscal que aumenta su endeudamiento externo. Nunca como ahora ha sido tan cierto el  espléndido aforismo de Böhm-Bawerk: la balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.  

LGVA
Febrero de 2017.






[1] Banco de la República. Subgerencia de estudios económicos. Evolución de la balanza de pagos y posición de inversión internacional. Enero-septiembre de 2016. Diciembre de 2016. 

domingo, 12 de febrero de 2017

Corrupción y demagogia

Corrupción y demagogia
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad de EAFIT

“el pueblo no se irrita tanto por estar alejado del gobierno – al contrario, incluso se alegra de que se le deje dedicarse a sus asuntos privados – como por creer que los magistrados están robando los bienes públicos, porque entonces le molestan ambas cosas: el no participar de los honores y de las ganancias”
(Aristóteles, Política).  

Es probable que la corrupción afecte episódicamente el crecimiento económico, pero es un hecho que no lo impide  de forma absoluta. Si fuera así, Colombia y la mayoría de países del mundo estarían sumidos en el estancamiento secular o, incluso, habrían retrocedido a formas primitivas de producción y consumo. Ningún país del mundo, por corrupto que haya sido, registra de forma sistemática tasas de crecimiento negativas en los últimos cincuenta años. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia económica del mundo en la segunda mitad del siglo XIX cuando su sistema político estaba afectado por las formas más inicuas de la corrupción como el soborno y el clientelismo político.

Contra todas las apariencias, tampoco hay evidencia de que la corrupción afecte de forma duradera la distribución del ingreso y la riqueza ni que sea la causante principal de la pobreza. Si hay una relación entre ésta y aquella, lo más seguro es que vaya en sentido contrario pues es más probable que las gentes más pobres y de bajos ingresos sean más susceptibles al clientelismo político y a las prácticas asistencialistas corruptas que aquellos cuyo nivel de ingreso les permite cierto grado de independencia en sus elecciones políticas. En cuanto a la distribución, basta con mencionar que pueden fatigarse las centenas de páginas de la obra del adalid del igualitarismo, Monsieur Piketty, sin encontrar una sola referencia a la corrupción como causante de la desigualdad. Más que en los patrimonios acumulados en el pasado y en las herencias, el origen de la desigualdad se encuentra en las fortunas amasadas por empresarios innovadores en los nuevos sectores de actividad cuya aparición caracteriza el crecimiento económico moderno, cosa reconocida por el propio Piketty aunque ignorada sus fanáticos.  

La corrupción puede afectar la calidad del gobierno al permitir que a los puestos públicos de todos los niveles lleguen personajes ignorantes y mediocres que no tienen a su haber merecimiento distinto que ser familiar o hacer parte de la clientela de algún dirigente político. Esta es probablemente una de las formas más extendidas de corrupción política que en general es bastante tolerada pues la gente encuentra natural favorecer a los amigos y asociados antes que a los desconocidos y rivales. A diferencia de las relaciones de mercado que tienden a ser impersonales, la relaciones con los organismos del gobierno y al interior de ellos suelen estar basadas en el conocimiento personal, la estima, la amistad o el favorecimiento mutuo. Lo asombroso en realidad es que el funcionamiento del gobierno como organización impersonal se haya presentado en algunos países y en algunos momentos de la historia.

Un gobierno impersonal, que trate a todos los ciudadanos por igual, e integrado por funcionarios competentes interesados en el bien público, que actúan conforme a una ley, también impersonal y abstracta, y que responden políticamente por sus actuaciones es el ideal del orden político, como lo entienden Huntington y su discípulo Fukuyama. De dientes para afuera, ese ideal es compartido casi todos los políticos de todos los partidos  y de todos los países en donde se practica la democracia electoral. La corrupción es todo lo contrario a ese ideal y por esa razón todos los políticos de todos los partidos de todos los países son sus más feroces enemigos. Pero, si todos los políticos son sus enemigos, ¿por qué la corrupción no desaparece?

Desde hace unas 3 décadas la lucha contra “el cáncer de la corrupción” se ha convertido en el centro del debate político, especialmente en épocas electorales, en casi todas las democracias incipientes y también en muchas de las más consolidadas. Aunque esa “lucha” eventualmente da lugar a reformas institucionales cosméticas o estructurales para mejorar la calidad del gobierno, es más frecuente que el uso de las acusaciones de corrupción sea un medio de acción de los políticos para alcanzar el poder o despojar de éste a sus rivales. La denuncia de la corrupción al igual que la denuncia de la pobreza y la desigualdad conforman el coctel ideológico con el cual los demagogos de todos los partidos abrevan las huestes populares para lograr su respaldo. Las contiendas electorales dejan de ser una confrontación de ideas y programas y se asemejan cada vez más a concursos de belleza donde el vencedor suele ser aquel que logre parecer a los electores como el más impoluto o el menos corrupto.

En Colombia, Laureano Gómez Castro es probablemente el político del siglo XX que con mayor fortuna utilizó las acusaciones de corrupción como instrumento de acción política como quiera que con ellas forzó la renuncia de dos presidentes: Marco Fidel Suarez, en 1921, y Alfonso López Pumarejo, en 1945. Jorge Eliecer Gaitán Ayala hizo también de la lucha contra la corrupción su principal bandera sintetizada en su consigna: “por la restauración moral de la república, a la carga”.  La corrupción, como lo ha documentado el periodista Alberto Donadío en su delicioso libro El Uñilargo, superó los límites tolerables durante  la dictadura Rojas Pinilla y fue una de las causas de su caída. Durante el Frente Nacional, cuando los dos partidos tradicionales compartieron en feliz compadrazgo el banquete burocrático y contractual del gobierno, el eterno debate sobre la corrupción política se puso un poco en sordina para reaparecer vigorosamente a principios de la década de 1980 con la figura Luis Carlos Galán Sarmiento, quien desde entonces se convirtió en el referente de todos los “outsiders” de la política colombiana y también de muchos “incumbentes” que con éxito desigual han tratado de asemejársele.

Curiosamente, Luis Carlos Galán irrumpió en la arena política poniendo en duda la transparencia de las negociaciones del contrato mediante el cual el Gobierno Nacional entregó a la multinacional EXXON la explotación de los yacimientos carboníferos del Cerrejón Zona Norte. Hoy los sobornos de la multinacional Odebrecht ponen nuevamente “el cáncer de la corrupción” en el centro del debate político colombiano; como en muchos otros países pues en materia de sobornos las multinacionales actúan Urbi et Orbi, como lo muestra el Informe de la ODCE sobre cohecho internacional de 2015 donde se documentan 427 caso de cohecho internacional en los que participaron encopetadas multinacionales como  Siemens, BAE Systems, Hyundai, Lockheed Martin y Halliburton.

Hace algunos años un presidente colombiano, Julio Cesar Turbay Ayala, dijo que era necesario “llevar la corrupción a sus justas proporciones”. Aunque todavía esa frase provoca hilaridad no se puede desconocer su sabiduría política. En la Política, el que sigue siendo el más espléndido tratado de ciencia política, Aristóteles, especialmente en los libros V y VI,  plantea que la corrupción amenaza siempre la supervivencia de los regímenes políticos y con frecuencia es causa eficiente de su destrucción. Los hombres se corrompen, dice el Estagirita, y por eso es importante, en todo régimen político, “que las leyes y el resto de la administración estén organizadas de modo que no sea posible que las magistraturas sean fuente de lucro” (Aristóteles, Política, V, 8, 15). Cuando esto no se logra y el pueblo cree que los magistrados están robando los bienes públicos, irrumpen los demagogos. El problema radica en que “la mayor parte de los tiranos antiguos han salido de los demagogos” (Aristóteles, Política, V, 5, 6).

Y modernamente también la mayor parte de los tiranos del mundo han surgido de los demagogos que pretendía acabar con la corrupción. Demagogos fueron Hitler, Mussolini, Castro y Chávez para solo mencionar unos cuantos. El régimen político colombiano, según la clasificación de The Economist, es una democracia imperfecta y desde hace años está en el puesto sesenta y algo de entre los más de 150 países incluidos en el escalafón. Siguiendo la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, puede decirse que es una oligarquía con algunos elementos de aristocracia. No está mal en libertades civiles ni en pluralismo electoral; pero flaquea en funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas. El tamaño del gobierno es excesivo pero aún tolerable y en la administración, aunque infestada estúpidos y corruptos,  han logrado consolidarse núcleos de eficiencia con funcionarios honestos y competentes.

A pesar de sus imperfecciones, el orden político colombiano es algo que vale la pena defender y contribuir a mejorarlo. La principal amenaza proviene más que de la corrupción de su utilización política por los demagogos que atizarán sin descanso la hoguera de indignación para obtener el favor de los electores. Si los demagogos llegan a tener éxito podría abrirse el paso hacia la tiranía que es la peor forma de gobierno y que puede resultar extremadamente difícil de derrocar. Ahí está la cotidiana y trágica lección de Venezuela, ideal político de los demagogos colombianos.

LGVA

Febrero de 2017. 

martes, 27 de diciembre de 2016

La providencia de la Consejera Bermúdez

La providencia de la Consejera Bermúdez

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

La providencia de la Consejera Luz Jeannette Bermúdez, mediante la cual se admite una demanda de nulidad interpuesta en contra del plebiscito del 2 de octubre y se disponen medidas cautelares, más que absurda e ilógica es peligrosa, pues la teoría sobre la naturaleza del discurso político que lleva implícita atenta contra la libertad de expresión propia de la democracia.

Según la Consejera, las declaraciones del gerente de la campaña de uno de los movimientos políticos que impulsaron el NO prueban que parte del electorado fue inducido a votar de cierta forma mediante “mentiras y engaños” en un claro ejercicio de “violencia psicológica”. Afirma la Consejera, en un tácito reconocimiento de lo absurdo de su posición, que pretender “que se demuestre voto a voto” cuáles de estos fueron “directamente afectados por la consumación” de dicho acto de “violencia psicológica” se constituiría en una “probatio diabólica”, al tiempo que pretende que su propia convicción de que algún elector votó engañado es prueba suficiente de la consumación de un delito de “fraude al sufragante”.

De acuerdo con el razonamiento de la Consejera Bermúdez, el plebiscito debía ser anulado cualquiera hubiera sido su resultado, pues los partidarios del SI, desde la perspectiva de los del NO,  también difundieron mentiras de forma “sistemática y masiva” y crearon “un clima de información sesgada y deliberadamente manipulada”. Más aún, cualquier votación puede ser objeto de una demanda de nulidad y eventualmente ser anulada, según el parecer de los jueces, pues siempre se puede alegar que en ellas está presente el “engaño que anule la libertad del electorado para escoger autónomamente”[1], porque esa es la naturaleza del discurso político.

El objeto del discurso político es la persuasión y no la prueba. El discurso político, enseña Aristóteles en su Retórica, es un razonamiento que, sin el auxilio de axiomas, busca hacer que se haga o se deje de hacer algo frente a una situación objeto de múltiples alternativas[2]. Del discurso político puede decirse cualquier cosa excepto que sea falso o verdadero. Esto último solo puede predicarse del discurso científico. La pretensión de establecer el contenido de verdad del discurso político es absurda y se torna peligrosa cuando procede de una autoridad estatal.

La idea de un discurso político de naturaleza probatoria o, mejor aún, de un discurso político verdadero, procede de Platón quien en su República reserva el ejercicio de la política a los sabios o a los filósofos quienes por naturaleza conocen lo que es el bien de la sociedad. Los demás miembros de la Polis  debían ser forzados a acatar esa verdad mediante la persuasión o la fuerza. Rousseau, el más destacado seguidor de Platón, hace proceder el contenido de verdad del discurso político de la “volonté générale" de cuya correcta interpretación queda el testimonio del régimen del terror de Robespierre, su más notorio discípulo. Marx y sus seguidores se creen dueños de la verdad política porque supuestamente detentan el conocimiento de las leyes de la historia que ineluctablemente conducen al dominio del proletariado en el paraíso comunista. Por su parte, Hitler y sus secuaces se sentían dueños de la verdad en política por pertenecer a una raza. La pretensión de ser portador de la verdad política ha estado siempre asociada al totalitarismo de secta, de clase o de raza.

Asombra la disposición mental de amplios sectores de la sociedad colombiana que los conduce a aceptar las tesis de la magistrada Bermúdez sin considerar las implicaciones que tienen sobre la libertad de expresión y todas las libertades políticas e individuales. Esta disposición mental está detrás del cuestionamiento por amplios sectores intelectuales y periodísticos de la validez de votaciones recientes en Estados Unidos y Reino Unido con el argumento de que los votantes fueron engañados. En una sociedad realmente libre, la libertad de expresión es la libertad que tiene toda persona de difundir con medios de su propiedad lícitamente adquiridos cualquier información o conocimiento sin que importe su contenido y sin que ninguna la autoridad estatal pretenda por cualquier medio decidir sobre su verdad o falsedad.

Como ciudadana, la señora Bermúdez está en todo su derecho de “ver hechos notorios” o, como Juan de Arco, “escuchar voces” que la ilustran sobre las verdaderas motivaciones de los votantes. Pero no tiene derecho a que sus creencias sobre lo que es o no verdad en política determinen sus decisiones judiciales. Ojalá que el resto de los magistrados del Consejo de Estado en esto de la naturaleza del discurso político entiendan que es mejor estar al lado de Aristóteles y el pensamiento liberal que de Platón y el pensamiento totalitario.

LGVA
Diciembre de 2016.  




[1] Las palabras y expresiones entrecomilladas están tomadas de la providencia de la magistrada Bermúdez, en especial de las páginas 50 – 51. http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/19-12-2016_11001032800020160008100.pdf

[2] Véase: Oakesshott, M. “El discurso político” en El racionalismo en política y otros ensayos. Fondo de Cultura Económica, México, 2000. Páginas 78-100.