Medellin: la ciudad donde tener un carro o una moto será un delito

Medellín: la ciudad donde tener un carro o una moto será un delito

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

Desde hace varios años los habitantes de Medellín, al igual que los de otras ciudades del País, están sometidos a un racionamiento de vías y otras infraestructuras públicas necesarias para garantizar la movilidad. El hecho de que haya racionamiento no es lo sorprendente, también está racionado el servicio de seguridad. Lo que llama la atención en este caso es que las autoridades consideren el racionamiento vial como uno de sus logros y que los ciudadanos que lo padecen sean vistos como los causantes del problema.

Aunque el racionamiento de vías afecta a todo tipo de vehículos – buses, taxis, utilitarios, etc.- las autoridades se ensañan contra los automóviles particulares porque, se aduce, ocupan mucho espacio, contaminan demasiado y responden por un porcentaje escuálido de los viajes. Durante años las personas que usan sus vehículos particulares – al igual que los taxis y las motos – han padecido una grave limitación a su derecho de propiedad sobre sus vehículos con la detestable restricción de “pico y placa”. Cándidamente se creyó que se trataba de una restricción provisional, justo por el tiempo requerido para que la ciudad superara el atraso en su infraestructura vial que estaba padeciendo. El tiempo se encargó de desmentir esa ilusión y la medida se hizo permanente ante la actitud resignada de una comunidad que no parece entender que lo que está en juego es mucho más que una simple incomodidad y los sobre costos en su movilidad.

Las tres últimas administraciones municipales han puesto el desarrollo vial de la Ciudad en el último lugar de las prioridades. Esta circunstancia y el hecho elemental de que ante la restricción las personas que pueden hacerlo responden adquiriendo otro vehículo, le ha quitado al “pico y placa” toda su utilidad para enfrentar el problema de la congestión. Es lo mismo que desde hace años viene ocurriendo en Bogotá: a mayor restricción, mayor cantidad de vehículos nuevos ingresan a la circulación. Las concesionarias de automóviles son sin duda las mayores beneficiarias del “pico y placa”. Una mente retorcida podría pensar que los funcionarios municipales encargados de la movilidad son sus agentes oficiosos.

Ante el fracaso ostensible del "pico y placa" y la incapacidad o el desinterés de la administración municipal por el desarrollo vial de la ciudad, se está preparando en el nuevo POT una nueva arremetida contra el derecho de propiedad y la libertad de los ciudadanos de gastar su dinero en los bienes y servicios que a bien tengan. Porque esto es en el fondo lo que está en juego.

Se ha proclamado que el gran reto el POT es desincentivar el uso del automóvil privado. ¿Desincentivarlo cómo? No precisamente con una oferta amplia y digna de transporte público en las zonas, como El Poblado, donde se concentra la mayor cantidad automóviles de uso particular. Lo que se propone es impedir el parqueo de los vehículos. El artículo 451 del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta en nuevo POT establece que por cada vivienda sólo podrá habilitarse un parqueadero. En los edificios de oficinas y centros comerciales puede habilitarse un parqueadero por 100 metros cuadrados construidos. Por cada celda de parqueo adicional deben pagarse 2 metros cuadrados de cesión de suelo[1]. Es decir, para restringir la adquisición y uso de vehículos, las autoridades municipales han decidido elevar el precio de la vivienda y de la construcción en la ciudad. Porque eso es lo que ocurrirá.

Podría pensarse que el racionamiento vial y las restricciones a los parqueaderos privados están justificadas por el elevado número de vehículos que circulan en Medellín y en las demás ciudades del País. Pero ocurre que no es así. En Colombia el número de vehículos a motor de todo tipo, sin incluir las motos,[2] por 1000 habitantes está entre los más bajos de América Latina.  Como se observa en el gráfico es inferior al de todos los grandes países de la región – Argentina, Brasil, México y Chile – y también al de países de menor grado de desarrollo como Guatemala, Honduras y Bolivia. Es ociosa la comparación con países desarrollados. El número de vehículos particulares por 1000 habitantes es, por supuesto, mucho menor.

 

La aplicación generalizada de restricciones administrativas a la movilidad en Medellín y la mayoría de las ciudades colombianas es la expresión del fracaso de los gobiernos municipales en garantizar una oferta de obras de infraestructura acorde con las necesidades del crecimiento económico.  No reducen la congestión ni la contaminación e imponen costos elevados a la sociedad. Un estudio de 2011 estimó perjuicio causado por el “pico y placa” en Bogotá en 6,3% del ingreso del hogar promedio. Esa cifra llega a 13,7% para los hogares de ingreso medio y alto. La restricción, que en Medellín se ha extendido a motos y taxis, perjudica también a los hogares de bajos ingresos para los cuales el carro o la moto es un instrumento de trabajo[3]. La medida que se propone en el POT – limitar la construcción de parqueaderos - está también llamada al fracaso. La demanda de automotores de todo tipo crece con el ingreso. Evitar esto no está al alcance, afortunadamente, de las autoridades municipales.

Los primero que deben hacer las autoridades municipales es reconocer que en Medellín no hay demasiados carros sino pocas vías, puentes, pasos subterráneos y demás. También tienen que entender que la oferta de transporte público es aún limitada especialmente en las zonas de la ciudad donde es mayor la tenencia y uso de vehículos particulares. Adicionalmente, se deben explorar mecanismos diferentes para gestionar la congestión, inevitable en aglomeraciones urbanas, como peajes electrónicos a la circulación en zonas determinadas y en ciertas horas del día.

Una medida de corto plazo es la modificación del régimen de las llamadas Zonas de Estacionamiento Regulado que se han convertido en una fuente de ingresos para el municipio y una competencia desleal para los parqueaderos privados. El estacionamiento en las vías públicas no debería ser posible por más de 15 o 30 minutos. Pasado ese tiempo el cobro debe ser prohibitivo de suerte que se recurra a los parqueaderos privados cuya oferta se vería incrementada de no existir la alternativa de convertir las vías en parqueaderos para lucro de la Sociedad Terminales de Transporte, empresa propiedad del Municipio. Deben también instalarse cámaras en las cercanías de clínicas, universidades, centros comerciales, etc. para impedir el parqueo de taxis por fuera de los sitios de acopio.

Si se persiste en la política de imponer restricciones administrativas, pronto se llegará a la criminalización de la propiedad y uso de los vehículos automotores y a imponer el uso obligatorio de la bicicleta, como en la China de Mao.

LGVA

Octubre de 2014.

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[1] Alcaldía de Medellín (2014).  Revisión y ajuste del POT de Medellín. Proyecto de Acuerdo. Tomo V. Versión V – Concejo Municipal. Capítulo III. Estacionamientos. Artículo 451, página 429.

 

[2] En las estadísticas del Banco Mundial, de la cuales se toman la cifras que se muestran en el gráfico, se entiende por vehículos a motor la suma de los automóviles, buses y vehículos de carga. Se excluyen las motos. http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.VEH.NVEH.P3

 

[3] Medina, C y Vélez, C (2011). “Aglomeración económica y congestión vial: los perjuicios por racionamiento del tráfico vehicular”. Borradores de Economía, No 678. Banco de la República, Bogotá. Página 1. http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra678.pdf

 

Jean Tirole: la microeconomía aplicada y la regulación

Jean Tirole: la microeconomía aplicada y la regulación

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

El nobel otorgado a Jean Tirole es el reconocimiento a su trabajo en el campo de la economía aplicada, una de las tres áreas constitutivas de la disciplina, según León Walras. La economía pura y la economía social son las otras dos. Tirole pertenece, en efecto, a una ilustre tradición de economistas franceses que desde Antoine-Agustin Cournot (1801-1877) y Jules Dupuit (1804-1866), hasta, el también nobel, Maurice Allais (1911-2010) y su discípulo Marcel Boiteux (1922) han aplicado el análisis microeconómico al estudio de los monopolios, los mercados imperfectos y la provisión de bienes públicos con el propósito de obtener resultados relevantes para su gestión eficiente. Walras mismo dedicó al asunto en espléndido artículo titulado “El estado y el ferrocarril”.

Organización industrial es el nombre del área de la microeconomía que estudia la formación de precios en los mercados imperfectos y la conducta de los agentes que en ellos intervienen. Tirol es autor de un tratado avanzado sobre el tema[1], como también de uno sobre teoría de juegos[2], instrumento fundamental para estudiar los mercados oligopólicos. El enfoque estándar de este campo – conocido como el paradigma estructura, conducta, desempeño – fue trazado por los trabajos pioneros de Joe Bain (1912-1991) y Paolo Sylos Labini (1920-2005), Barries to the New Competition (1956) y Oligopoly and Technical Progress (1962), respectivamente.

Durante años los estudios de organización industrial versaron sobre cuestiones como políticas de precios, cartelización, barreras de entrada, fusiones, adquisiciones, etc. en industrias concentradas – automotriz, aviación, aeronáutica, petróleo, etc.- que operaban, no obstante, en competencia. Cuestiones todas ellas relevantes para política anti-trust. El desmantelamiento de los monopolios estatales de los servicios públicos – electricidad, gas, telecomunicaciones, acueducto, etc. – en los años 80 y 90 dio a los estudios de organización industrial una nueva orientación vinculándolos con los de regulación económica.

En efecto, los monopolios estatales de servicios públicos fueron sustituidos por un número relativamente pequeño de empresas privadas o también estatales corporatizadas que debían ser reguladas en los precios y calidad de sus servicios. Esto dio lugar a la aparición de entidades especializadas en la regulación y al desarrollo de todo un cuerpo de teoría y de procedimientos sobre la forma más adecuada de regular esas empresas. En este campo es donde Tirole hará sus mayores contribuciones entre las que se destaca la gran obra, “A Theory of incentives in procurement and regulation”[3], escrita con su mentor y maestro Jean Jacques Laffont (1947-2004), quien probablemente estaría hoy compartiendo el galardón con su discípulo. A la vez libro de texto y programa de investigación, esta obra se convirtió en la “Carta Magna” de los estudiosos de la regulación económica del mundo entero.  También, por supuesto, de los funcionarios de las agencias estatales creadas en gran número de países, incluido Colombia, para regular las empresas de servicios públicos y otras actividades donde el elevado grado de concentración hace posible el ejercicio de poder de mercado.

La regulación de la competencia va más allá de la política anti-trust. Ésta sanciona el ejercicio del poder de mercado y busca evitar, con la reglamentación de las fusiones y adquisiciones, la emergencia de empresas con posición dominante. Aquella, por su parte, admitiendo que por diversas circunstancias son inevitables estructuras de mercado imperfectas, busca proveer los incentivos para hacer que los monopolistas y oligopolistas se comporten de la forma más parecida a como lo harían en un mercado competitivo. Las contribuciones de Tirole y, por supuesto de Laffont, están presentes en los procedimientos y técnicas regulación adoptadas por las entidades de reguladoras del mundo entero.

La competencia perfecta – el santo grial de los economistas – es más bien escasa. Las imperfecciones abundan. El mejor monopolio, decía Hicks, es el menos duradero. Sin embargo, las situaciones de monopolio y oligopolio basadas en circunstancias diferentes a la innovación pueden ser persistentes y duraderas. Enfrentarlas es una intervención legítima y necesaria de los gobiernos. Pero esta intervención debe tener un sólido fundamento conceptual y técnico para que la regulación no sea capturada por los grupos de interés ni dependa del capricho de los políticos. Ayudar a proveer ese fundamento es la gran contribución de Jean Tirole.   

LGVA

Octubre, 2014.  

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[1] Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press. Cambridge, Massachusetts

 

[2] Fundenberg, D y Tirole, J. (1991). Game Theory. MIT Press. Cambridge, Massachusetts.

 

[3] Laffont, J.J and Tirole J. (1993). A Theory of incentives in procurement and regulation. MIT Press, Cambridge, 

La desmaterialización del dinero

La desmaterialización del dinero

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

I

Hace un par de años se dio la noticia de que en Suecia se sacarán de la circulación los billetes y las monedas. Cuando esto ocurra se dará inicio al proceso de desmaterialización total del dinero que podrá tomar algunas décadas pero que a la postre se extenderá al mundo entero de forma irreversible, salvo que ocurra una colosal catástrofe informática o de otra índole. Llama la atención el hecho de que sea en Suecia donde al parecer está más avanzado el proceso de desmaterialización del dinero y ello por dos razones. Fue en ese país donde por primera vez en occidente apareció el billete de banco, en 1658; el cual, según Marco Polo, habría sido inventado por los chinos varios siglos antes. Suecia es también la patria de Knut Wicksell, brillante economista, quien imaginó, ya a finales del siglo XIX, un sistema monetario de banco ideal o de crédito puro donde todas las transacciones se realizaban - sin intervención de efectivo- mediante el simple movimiento de los saldos de las cuentas corrientes de los agentes. El efectivo – billetes y moneda – sólo se usaría en transacciones menores. Esto es lo que se hace hoy en el mundo entero. El mérito de Wicksell es el de haberlo concebido a finales del siglo XIX, cuando las transacciones electrónicas no figuraban ni en la mente visionaria de Julio Verne.

II

La historia del dinero es también la historia de su desmaterialización. El dinero es tremendamente antiguo y se encuentra en todas las civilizaciones. En algún momento de la historia una o varias mercancías - en razón de la relativa universalidad de las necesidades por ellas satisfechas – fueron aceptadas en el cambio no porque los cambistas las precisaran para su propio uso sino por tener la expectativa de poder cambiarlas por el bien que efectivamente les era necesario. Progresivamente alguna de esas mercancías devino dinero, es decir, medio general de cambio. En algún otro momento, también remoto, los metales preciosos comenzaron a ser usados como dinero. Sus atributos naturales – durabilidad, incorruptibilidad, divisibilidad en alícuotas sin menoscabo de su valor – los hacían especialmente aptos para ese propósito. El abate italiano Ferdinand Galiani, gran teórico monetario del siglo XVIII, veía en ello la intervención previsora de la Divina Providencia. La acuñación, es decir, la impresión en trozos de metal de una marca o sello que garantizara su peso y ley es también antigua. Se cuenta que fue Creso rey de Lidia quien acuñó las primeras monedas de oro, 5 ó 6 siglos antes de Cristo.

Durante siglos los metales preciosos – acuñados o no – funcionaron de forma exclusiva como dinero. Los banqueros o, como se les denominaba entonces, los orfebres lombardos inventaron en la Edad Media la letra de cambio que permitía transacciones entre mercados distantes sin que fuera necesario el transporte de un gramo de metal. Un comerciante de Florencia que deseaba adquirir mercancías en París, en lugar de viajar a esta ciudad llevando consigo dinero metálico – lo que lo exponía al riesgo de ser asaltado y eventualmente asesinado - se acercaba a uno de los orfebres de su ciudad quien a cambio de su dinero metálico le entregaba un certificado de depósitos o letra de cambio redimible por su corresponsal en París.  La letra de cambio no era otra cosa que un documento mediante el cual un orfebre - el girador o librador - ordenaba a su corresponsal – el girado o librado – entregar a su presentación una suma de dinero contante al beneficiario. Con el oro o la plata recibidos a la presentación de la letra, el beneficiario podía llevar a cabo sus negocios en París; pero también podía abstenerse de redimir la letra y usarla directamente en sus transacciones. Progresivamente la confianza de los mercaderes en el crédito de algunos orfebres hizo que las letras libradas por éstos circularan en el cambio como dinero contante por períodos más o menos largos antes de que alguien la redimiera.

Los orfebres o banqueros se percataron en algún momento de que podían expedir o emitir sus certificados de depósito o letras sin la contrapartida efectiva de un depósito de oro. Y empezaron a hacerlo en favor de algunos clientes a quienes les acordaban créditos contando para su reembolso con el resultado de la actividad comercial o productiva de éstos. Empieza de esta forma a delinearse el mecanismo de la creación monetaria moderna en el cual la emisión monetaria no tiene como contrapartida un depósito de oro o de alguna otra forma de dinero sino un crédito otorgado a un cliente.  Estos certificados de depósito, que en algún momento empezaron a emitirse al portador, desplazan paulatinamente al oro y la plata y empieza a producirse así la desmaterialización del medio de cambio.

III

La desmaterialización total del dinero – entendida como la generalización de un medio de cambio carente de valor como mercancía – tomaría varios siglos. De hecho, sólo culminaría plenamente en 1971, cuando al gobierno de Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar.   Pero antes de llegar a este punto fueron grandes las transformaciones que se produjeron en las instituciones y en la conciencia de los hombres. Exploremos brevemente este asunto volviendo a los mercaderes medievales.

Los mercaderes medievales se recibían unos a otros las letras de los orfebres porque tenían la confianza en que a su presentación éstos las redimirían en monedas o lingotes oro o plata. Esta es la base del sistema monetario de patrón oro que nacería en Inglaterra a finales del siglo XVII y se mantendría vigente hasta principios del siglo XX.  El principio de funcionamiento del patrón oro es extremadamente simple.

Un banco emisor pone en circulación sus billetes con el compromiso de convertirlos en oro a su presentación a un precio fijo. Si el precio del oro en el mercado libre es superior al precio de conversión fijado por el banco, los tenedores de los billetes obtendrán beneficio redimiéndolos, es decir, comprando oro al banco y vendiéndolo en el mercado libre. Si por el contrario, el precio en el mercado es inferior al de conversión, los tenedores de los billetes obtendrán beneficio comprando oro en el mercado libre y vendiéndolo al banco. De esta forma la cantidad de billetes en circulación se reduce o se amplia de acuerdo con la relación entre el precio de conversión y el precio de mercado del oro. El descrito es el patrón oro estricto. El funcionamiento es similar con el llamado patrón oro lingote bajo el cual la regla de la conversión se aplica solamente a una cantidad de oro sustancialmente mayor.

Al final de la segunda guerra mundial, en la conferencia de Bretton Woods, surgió el sistema monetario de patrón dólar que rigió hasta 1971.  Bajo este sistema, la única moneda directamente convertible en oro era el dólar a razón de US$ 35 la onza. Las demás monedas nacionales se vincularon al dólar a tasas de cambio fijas dentro de una banda de fluctuación del 1%. De esta forma el dólar – una moneda nacional - se convirtió en la moneda de referencia internacional y en la moneda de reserva de los bancos centrales de todos los países. El dólar – “as good as gold”, como solía decirse– cumplía el papel del oro como determinante de la creación monetaria de las economías nacionales, que debía expandirse o contraerse de acuerdo con la variación de las reservas en dólares; al tiempo que la variación de las reservas de oro de Estados Unidos determinaba las variaciones de la oferta de dólares. Era así como se esperaba que sucedieran las cosas.

Por razones que no es posible tratar en extenso sin desviar excesivamente el curso de la argumentación, la oferta de dólares creció considerablemente, lo que se expresaba en el aumento del precio del oro en el mercado libre. Comprar oro a la tasa de paridad de US$ 35 la onza para venderlo en el mercado libre era un negocio cada vez más atractivo al punto que, entre noviembre de 1967 y marzo de 1969, Estados Unidos perdió la quinta parte de sus reservas. En los últimos años de la década de los sesenta se escenificaron agrios enfrentamientos entre los países europeos deseosos de convertir en oro sus excesos de dólares y los Estados Unidos reticentes a hacerlo y acusados por aquellos de incumplir los acuerdos de Bretton Woods. El economista francés Jacques Rueff , ferviente partidario del patrón oro y asesor económico del general De Gaulle, llamó al dólar “le néant habillé en monnaie”, la nada vestida de moneda. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon expide la orden ejecutiva que cierra la “ventanilla del oro” y pone fin a la convertibilidad del dólar en oro. Se inicia así la era actual de las monedas completamente fiduciarias creadas por los gobiernos o sus bancos centrales.

IV

La existencia de una moneda completamente fiduciaria plantea a los economistas dos problemas: de naturaleza teórica el primero, de naturaleza práctica el segundo.

El primero es conocido como el “problema de Hahn”, por Frank Hahn, economista inglés, coautor, con Kenneth Arrow, del libro “Análisis General Competitivo”, probablemente la obra de teoría económica más influyente del siglo XX. Como no hace parte de la riqueza real, analíticamente el valor de la moneda no es aprehensible en ninguna de las dos teorías del valor que históricamente se han disputado el interés de los economistas. Para todos los efectos teóricos y prácticos su costo de producción es nulo, lo cual la excluye del ámbito de la teoría ricardiana de la dificultad de producción, y no satisface directamente ninguna necesidad, razón por la cual carece de utilidad propia y no tiene demanda alguna en el mundo perfecto del equilibrio general. Este es el problema de Hahn.  Pero evidentemente, la moneda fiduciaria normalmente tiene un precio positivo lo cual implica la existencia de una demanda. La racionalización de esa demanda es en definitiva el objeto de la teoría monetaria.  

El segundo problema es de naturaleza práctica. Los gobiernos de todos los países han monopolizado la creación monetaria. Impera el mito de que ésta es un atributo de la soberanía de los estados. Puede ser, puede no ser. Lo cierto es que los bancos centrales y comerciales subordinados pueden expandir la oferta nominal de moneda prácticamente sin límite alguno. La teoría monetaria y la historia económica enseñan que la expansión excesiva de los medios de pago se traduce inexorablemente en esa elevación continua y persistente de los precios nominales denominada inflación.

Desde antiguo los economistas se han ocupado del problema de cómo imponer límites a una creación monetaria excesiva, cuestión que se hace más imperiosa con el desarrollo del sistema de reservas bancarias fraccionadas y con el abandono del patrón oro. Wicksell pensaba que debía aplicarse una política monetaria de ajuste a las tendencias observadas de los precios nominales. Cuando estos tendían al alza, era indicador de que la tasa de interés bancaria estaba siendo inferior a la tasa de interés natural de largo plazo razón por la cual aquella debía elevarse para contraer el crédito bancario. Para Milton Friedman la oferta monetaria debía crecer a una tasa ligeramente superior a la tasa de crecimiento del producto real. Actualmente, la mayoría de los bancos centrales para fijar la tasa de interés nominal de intervención se acogen a la llamada regla de Taylor en la que se combinan las ideas de Wicksell y Friedman.

V

En Colombia la desaparición del efectivo – monedas y billetes de curso forzoso emitidos por el banco central – no será un acontecimiento de ocurrencia inminente. La oferta monetaria (M1) es la suma del efectivo (E) y los depósitos en cuenta corriente (D).

En los años 80 el efectivo se situó alrededor de un 30% de la oferta monetaria. Hacia mediados de los 90, esa participación empezó a elevarse para situarse en niveles de 50% y 45% en las dos últimas décadas.  Esa gran demanda de efectivo, que eleva los costos de la creación de dinero, es reflejo de un retroceso en la bancarización del País como consecuencia políticas inadecuadas como el impuesto a las transacciones financieras. Además de los mayores costos de la gestión monetaria, la elevada participación del efectivo facilita las actividades ilegales y la evasión fiscal. Estas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta a la hora de decidir la perpetuación de un impuesto como el llamado 4 por mil. Es muy probable que los costos que soporta la economía en su conjunto como consecuencia de ese impuesto excedan su recaudo tributario. En todo caso, los niveles actuales de efectivo en las transacciones permiten anticipar que pasará bastante tiempo antes de que en Colombia el dinero se desmaterialice totalmente.

LGVA

Octubre de 2014.