El megavatio más barato para evitar el racionamiento

 

El megavatio más barato para evitar el racionamiento 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Los pronósticos climáticos indican una probabilidad cercana al 90% de que en los próximos meses se presente un fenómeno de El Niño. No se trata de una certeza, pero sí de una advertencia suficientemente seria para que el país empiece a prepararse. La experiencia demuestra que las crisis energéticas no se resuelven cuando aparecen, sino mucho antes.

Afortunadamente, Colombia no se encuentra hoy en una situación comparable a la que condujo al racionamiento de 1992. El sistema eléctrico es más robusto, dispone de una importante capacidad térmica de respaldo y cuenta con mecanismos regulatorios que han demostrado su utilidad en episodios anteriores de sequía. Sin embargo, también es cierto que los márgenes de seguridad son menores de lo que muchos suponen. Los retrasos en proyectos de generación y transmisión, la incertidumbre regulatoria y las dificultades financieras de algunos agentes del sector - por cuenta de los incumplimientos del gobierno en pagos de subsidios, opción tarifaria, etc. - hacen que el sistema sea más vulnerable frente a eventos climáticos extremos.

La discusión pública se ha concentrado, como de costumbre, en el lado de la oferta. Se habla de acelerar proyectos, asegurar el suministro de gas, reforzar la capacidad térmica e incorporar nuevas fuentes renovables. Todo ello es importante. Pero casi nadie menciona el recurso más abundante, más rápido y más barato de todos: reducir temporalmente la demanda.

La idea puede parecer contraintuitiva. Estamos acostumbrados a pensar que los problemas eléctricos se solucionan construyendo nuevas plantas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, un megavatio que no se consume tiene exactamente el mismo valor que un megavatio adicional de generación. En muchos casos, incluso más.

La demanda anual de electricidad del país supera hoy los 85.000 GWh. Una reducción temporal del 5% durante seis meses permitiría ahorrar entre 2.000 y 2.500 GWh de energía. Se trata de una cantidad considerable, equivalente a la producción continua de una gran central térmica durante buena parte del período crítico. Y lo mejor es que podría obtenerse en cuestión de semanas, sin licencias ambientales, consultas previas, pleitos judiciales ni multimillonarias inversiones.

La pregunta es elemental: si el sistema remunera a quienes producen energía cuando ésta escasea, ¿por qué no remunerar también a quienes dejan de consumirla?

La propuesta consiste en crear un mercado de reducción de demanda. Cada usuario tendría una línea base calculada a partir de su historial de consumo. Cuando el sistema entre en una situación preventiva, los usuarios que reduzcan su consumo recibirían una compensación económica explícita en su factura. No se trataría de una campaña de ahorro patriótico ni de un subsidio disfrazado. Sería una transacción de mercado. El sistema compra una reducción de consumo porque esa reducción tiene un valor económico real.

Los grandes consumidores podrían participar mediante subastas competitivas. Industrias, universidades, centros comerciales y edificios empresariales ofrecerían cuánta demanda pueden retirar y a qué precio. El operador del sistema seleccionaría las ofertas más económicas, exactamente como hoy selecciona la generación más eficiente.

La experiencia internacional es concluyente. California recurrió a mecanismos similares durante la crisis de 2000-2001. Brasil hizo lo propio en 2001-2002 con resultados notables. En numerosos mercados desarrollados la llamada respuesta de la demanda constituye hoy una pieza fundamental de la confiabilidad del sistema.

Además, esta alternativa tiene una ventaja adicional particularmente relevante en las circunstancias actuales del país: cuesta menos. Resulta mucho más económico pagar por el ahorro voluntario de energía que financiar medidas de emergencia, subsidiar combustibles costosos o afrontar las enormes pérdidas económicas derivadas de un eventual racionamiento.

Lo sorprendente es que, pese a todas las discusiones sobre transición energética, sostenibilidad y eficiencia, seguimos concibiendo al consumidor como un actor pasivo. El mercado eléctrico colombiano fue diseñado bajo el supuesto de que únicamente los generadores podían contribuir a la confiabilidad del sistema. Treinta años después, la tecnología permite que millones de usuarios participen activamente y sean recompensados por hacerlo.

Si el país quiere prepararse para un eventual Niño fuerte, debe empezar ahora. Las grandes obras toman años. Los incentivos económicos pueden implementarse en cuestión de semanas.

Al final, el recurso energético más barato, más limpio y más rápido de incorporar no es una nueva hidroeléctrica, una granja solar o una planta térmica. Es el megavatio que no necesitamos consumir.

LGVA

Junio de 2026

Porqué sí y porqué no

 

Porqué sí   y porqué no

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En las próximas elecciones presidenciales no se decide meramente quién administrará mejor el Estado. Se decide entre continuar expandiendo su dominio sobre la economía y la vida de las personas o tratar de contener – y ojalá revertir – esa expansión. 

El gran mérito del gobierno de Petro y del proyecto continuista de Cepeda es haber hecho que los ciudadanos tomen conciencia de la marcha hacia el socialismo totalitario emprendida desde hace décadas, casi sin percatarse, por la sociedad colombiana. A ello ha estado orientada la acción de la mayoría de los políticos y la prédica de economistas, intelectuales y periodistas obsesionados por alcanzar el espejismo de la “justicia social” y el fetiche de la igualdad de ingresos mediante la intervención de un gobierno que todo lo sabe, que todo lo reglamenta, que todo lo distribuye.

A principios de los años 90 Colombia tenía un gasto público relativamente pequeño, una carga tributaria moderada y una deuda pública manejable, alrededor de 20% del PIB. El estatismo y el asistencialismo desatados por la Constitución de 1991 nos han llevado a un endeudamiento que excede ya el 60% del PIB, resultante de un gasto público desaforado que no ha podido ser financiado con las más de quince reformas tributarias aprobadas desde entonces y que elevaron la carga fiscal del gobierno nacional de menos de 8% a más de 18% del PIB.     

El desastroso gobierno de Petro - que fue apoyado por muchos economistas, políticos, periodistas, intelectuales y toda clase de gentes de buena fe - es fruto de ese proceso y el de Iván Cepeda sería de su culminación catastrófica pues, como advirtió Mises, no hay camino intermedio o tercera vía entre capitalismo y socialismo.

¿Por qué sí Abelardo?

Un gobierno de Abelardo de la Espriella representa la oportunidad de romper con el estatismo inveterado y de reconocer plenamente que la riqueza no la producen los decretos gubernamentales sino millones de ciudadanos libres tomando decisiones libres y cambiando libremente sus servicios productivos unos con otros. Abelardo reivindica sin complejos que la seguridad y el orden son condición previa de la libertad y que la función principal de un gobierno no es dirigir la sociedad hacia un fin definido autoritariamente sino establecer y garantizar reglas de conducta de carácter general para que las personas busquen su felicidad como cada quien la entienda. 

¿Por qué no Cepeda?

Un gobierno de Cepeda llevaría a la consolidación del proyecto neocomunista del socialismo del Siglo XXI iniciado por Petro. El neocomunismo, después del fracaso del socialismo real, ya no pretende el control de los medios de producción sino el control de los resultados de la producción mediante una tributación asfixiante sobre la economía legal y la tolerancia y connivencia con las economías ilegales. Este proyecto es incompatible con la libertad económica y la democracia liberal y lleva paulatinamente a la destrucción de la economía y la pauperización de la población, como lo muestra la amarga experiencia de la Venezuela de Chávez y Maduro.

LGVA

Junio de 2026

La oportunidad histórica

 

La oportunidad histórica

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Los resultados del 31 de mayo dejan una conclusión inequívoca: Antioquia volvió a desempeñar el papel decisivo que tantas veces ha tenido en la historia política colombiana. La votación obtenida por Abelardo de la Espriella en el departamento no sólo fue extraordinaria; fue, también, una demostración de fuerza sin precedentes del electorado uribista y de centroderecha.

Gracias a esa movilización, Iván Cepeda no logró imponerse en la primera vuelta. El país amaneció el 1 de junio ante el mejor escenario posible para quienes creen en la libertad económica, la seguridad, la propiedad privada y las instituciones republicanas. No era el único escenario imaginable. Había otros claramente favorables para la izquierda.

Pudo ocurrir que Cepeda terminara primero mientras Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia dividían el voto de la derecha. También pudo darse un escenario en el que Cepeda alcanzara cerca de un tercio de la votación nacional, un candidato único de centroderecha obtuviera otro tercio y el resto se repartiera entre Sergio Fajardo y Claudia López, dejando abierta la posibilidad de alianzas inciertas y negociaciones complejas. Nada de eso ocurrió.

Lo que ocurrió fue mejor. El electorado produjo una clarificación política más allá de cualquier duda. La disputa quedó planteada entre dos proyectos de país claramente diferenciados: el del neocomunismo totalitario y el de las libertades económicas, políticas y personales. Esa claridad constituye una ventaja estratégica que no debe ser desperdiciada.

Por ello, la tarea del 21 de junio es distinta a la del 31 de mayo. La pregunta ya no es quién representa mejor a la centroderecha. La pregunta es cómo construir una mayoría nacional capaz de derrotar a la izquierda y ofrecer un horizonte de estabilidad y crecimiento para Colombia.

Entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no existen diferencias de principios que justifiquen una fractura. Ambos defienden la economía de mercado, la seguridad democrática, la independencia de los poderes públicos, el fortalecimiento de la iniciativa privada y, sobre todo, la necesidad de contener el avance del neocomunismo. Las diferencias son de énfasis, de estilo o de trayectoria personal, pero no de proyecto político.

Para estas elecciones, Antioquia tiene una responsabilidad adicional. Debe convertirse en el punto de encuentro entre los votantes uribistas y los de otros partidos, incluida buena parte del electorado fajardista. Existen varios temas concretos que permiten construir ese puente, pero ninguno más importante y convocante que la defensa de Empresas Públicas de Medellín y de Hidroituango.

EPM no es simplemente una empresa. Es una de las instituciones más exitosas de Colombia y el principal instrumento de progreso de Medellín y Antioquia. Hidroituango, pese a todas las dificultades enfrentadas, representa una de las mayores realizaciones de la ingeniería nacional y una garantía de seguridad energética para el país. Su defensa trasciende partidos y campañas.

La elección del 21 de junio debe ser entendida como una oportunidad para unir a Medellín y Antioquia y a Colombia toda alrededor de aquello que ha sido clave de su éxito: instituciones sólidas, disciplina fiscal, iniciativa empresarial, capacidad de ejecución y cohesión social.

LGVA

Junio de 2026

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Magnifica Humanitas y el imposible bien común

 

Magnifica Humanitas y el imposible bien común

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La crítica más profunda que puede hacerse a Magnifica Humanitas desde una perspectiva liberal no es económica sino epistemológica. La encíclica presupone que existen autoridades capaces de identificar el bien común, ponderar adecuadamente los intereses en conflicto y diseñar reglas que orienten el desarrollo tecnológico hacia fines socialmente deseables. Sin embargo, esa premisa tropieza con uno de los grandes descubrimientos de las ciencias sociales modernas: el teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow.

Arrow demostró matemáticamente que no existe un mecanismo de decisión colectiva capaz de transformar de manera consistente las preferencias individuales en una preferencia social que satisfaga simultáneamente ciertos criterios mínimos de racionalidad, libertad y coherencia. Dicho de otro modo, la sociedad no posee una voluntad unificada que pueda ser descubierta y aplicada por gobernantes, expertos o instituciones internacionales. Lo que existe son millones de individuos con preferencias distintas, frecuentemente incompatibles entre sí.

La encíclica habla repetidamente del “bien común” como si se tratara de una realidad objetivamente identificable y políticamente realizable. Pero el problema señalado por Arrow es precisamente que, en sociedades complejas, no existe un procedimiento capaz de revelar de manera inequívoca cuál es ese supuesto bien común cuando las preferencias de los individuos divergen.

Esta dificultad se vuelve particularmente evidente en el campo de la inteligencia artificial. Algunos ciudadanos valoran prioritariamente la innovación; otros la privacidad; otros la seguridad; otros la igualdad; otros la libertad de expresión. No existe una fórmula objetiva que permita agregar todas esas preferencias en una única función social que pueda servir de guía para la regulación. Cuando una autoridad afirma actuar en nombre del bien común, en realidad está privilegiando unas preferencias sobre otras.

Aquí aparece una de las debilidades centrales de Magnifica Humanitas. El documento critica la lógica descentralizada del mercado, pero ignora que precisamente esa descentralización constituye una respuesta práctica al problema identificado por Arrow. El mercado no necesita conocer el bien común ni resolver filosóficamente los conflictos de valores. Permite que millones de individuos persigan fines distintos y coordinen sus acciones mediante precios, contratos y acuerdos voluntarios.

La crítica puede profundizarse recurriendo a Friedrich Hayek. Mientras Arrow mostró la imposibilidad de construir una función social coherente, Hayek explicó por qué ningún planificador puede reunir el conocimiento disperso que poseen millones de personas. Ambos argumentos convergen en una misma conclusión: la información necesaria para dirigir una sociedad compleja simplemente no está disponible para ninguna autoridad central.

Sin embargo, la encíclica propone organismos reguladores, acuerdos globales y mecanismos de supervisión capaces de orientar el desarrollo tecnológico conforme al bien común. La pregunta inevitable es: ¿quién define ese bien común? ¿Con qué información? ¿Bajo qué criterio de agregación de preferencias? ¿Cómo se resuelven los conflictos entre valores igualmente legítimos?

Desde esta perspectiva, el problema de Magnifica Humanitas no es que sea demasiado moralista, sino que supone la existencia de un conocimiento político que la teoría moderna considera imposible. La encíclica confía en que autoridades públicas e instituciones internacionales podrán identificar y ejecutar decisiones socialmente óptimas. Arrow demuestra que tal óptimo colectivo no puede definirse de manera consistente. Hayek demuestra que tampoco puede conocerse.

Por eso, la verdadera alternativa no es elegir entre mercado y regulación, sino reconocer los límites insuperables del conocimiento político. El mercado puede cometer errores, pero al menos no pretende resolver una tarea que la matemática y la teoría social han demostrado imposible: descubrir y ejecutar la voluntad coherente de toda la sociedad.

LGVA

Mayo de 2026.

Magnifica Humanitas y el viejo prejuicio de la iglesia contra el mercado

 

Magnifica Humanitas y el viejo prejuicio de la iglesia contra el mercado

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La publicación de Magnifica Humanitas de León XIV, encíclica dedicada a los desafíos éticos de la inteligencia artificial, confirma una constante de buena parte de la doctrina social de la Iglesia desde su inicio con la Rerum Novarum de León XIII:  una profunda desconfianza hacia el mercado y una persistente inclinación a considerar al Estado como corrector natural de los defectos de la sociedad. Aunque el documento no es socialista ni propone abolir la propiedad privada, su orientación general resulta claramente intervencionista y estatista.

La encíclica parte de una preocupación legítima. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial plantea interrogantes sobre el empleo, la privacidad, la concentración del poder económico y la manipulación de la información. Son asuntos reales que merecen atención. No obstante, la respuesta propuesta incurre en una contradicción fundamental: denuncia la concentración de poder en las grandes empresas tecnológicas, pero propone como remedio una mayor concentración de poder en los Estados y en organismos internacionales.

La historia ofrece pocas razones para creer que los monopolios políticos sean menos peligrosos que los monopolios económicos, todo lo contrario. Las grandes tragedias del siglo XX — el fascismo, el nazismo, todos los totalitarismos comunistas y las dos guerras mundiales — fueron producto de la acumulación de poder estatal, no de la libertad económica ni de la acción de las grandes empresas. Sin embargo, la encíclica parece asumir que el poder público actúa naturalmente en función del bien común, mientras que el poder privado está permanentemente bajo sospecha.

La misma contradicción aparece en su visión de la innovación. El documento reconoce los beneficios extraordinarios que la inteligencia artificial puede aportar a la medicina, la educación, la productividad y la calidad de vida. Pero simultáneamente reclama controles, restricciones y regulaciones destinadas a contener el mismo proceso innovador que ha producido esos avances. Es difícil comprender cómo pueden obtenerse los frutos de la innovación sin aceptar los incentivos económicos que la hacen posible.

Particularmente reveladora es la actitud frente al beneficio. En diversos apartes, la búsqueda de ganancias aparece asociada a riesgos morales y a posibles formas de explotación. Lo que apenas se reconoce es que el beneficio económico constituye uno de los mecanismos más eficaces para coordinar millones de decisiones individuales en sociedades complejas. Como explicaron Adam Smith, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, el mercado no funciona gracias a la benevolencia de sus participantes sino precisamente porque canaliza intereses particulares hacia resultados socialmente útiles.

La preocupación por el empleo reproduce igualmente un error recurrente. Cada revolución tecnológica ha despertado temores similares. Ocurrió con la mecanización agrícola, con la industrialización, con la electrificación y con la informática. En todos los casos desaparecieron ocupaciones específicas, pero surgieron otras nuevas y la prosperidad general aumentó. La encíclica parece contemplar la adaptación económica como una tarea principalmente política, cuando la experiencia histórica muestra que los mercados han demostrado una notable capacidad para absorber y reasignar recursos.

En el fondo, Magnifica Humanitas refleja una tensión permanente dentro de la doctrina social católica: rechaza el socialismo, defiende la propiedad privada y reconoce las ventajas de la economía de mercado, pero al mismo tiempo desconfía de los mecanismos que generan riqueza y prosperidad. El resultado es una visión que acepta los frutos del mercado mientras cuestiona sus raíces. Es, en esencia, el viejo prejuicio contra el mercado y la libertad económica vestido con los ropajes tecnológicos del siglo XXI.

LGVA

Mayo de 2026

Los 250 años de La Riqueza de las Naciones

 

Los 250 años de La Riqueza de las Naciones

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La física moderna nace el día en que a Isaac Newton se le ocurrió que todas las manzanas caídas desde la creación y todas las que caerían en el futuro estaban regidas por la misma ley que regía la caída de aquella que en ese momento golpeaba su cabeza.

La economía nace en el momento en que a Adam Smith[1] se le ocurre que todos intercambios que en la historia han sido y los que serán en el futuro no son arbitrarios y que están regidos por una misma ley susceptible de ser develada y comprendida por la razón.  

La relación de intercambio es la única relación social que tiene una expresión cuantitativa directa y por eso entender la ley que rige los intercambios es entender el funcionamiento de la sociedad económica.

La larga decadencia de la idea de un orden social basado en la ley divina – iniciada en los siglos XII y XIII con los enfrentamientos entre Güelfos y Gibelinos - condujo necesariamente a pensar la sociedad como algo auto instituido, surgida por la acción de los hombres mismos sin intervención divina exterior a ellos.

Lógicamente, la aparición de lo social debe darse a partir de lo no social, es decir, es a partir de los individuos pre-sociales y de su naturaleza como debe pensarse y resolverse el problema del surgimiento de la sociedad.

Ese es el proyecto de la ciencia política moderna inaugurada por Maquiavelo, en El Principe, y perfeccionada por Hobbes, en el Leviatán, y por Locke, en el Segundo Tratado sobre el gobierno civil. Los individuos pre-sociales – al parecer muy hirsutos los de Hobbes, más sosegados los de Locke – son llevados por su propio interés a renunciar a su derecho a la violencia para defender su vida y entregarlo un tercero – monarca o asamblea – que impondrá la paz entre los asociados. De esta forma la sociedad política se emancipa de la religión y el contrato sustituye a la devoción.

El punto de partida de Adam Smith, similar al de Hobbes, es “el estado primitivo y rudo de la sociedad que precede a la acumulación de capital y la apropiación de la tierra”. A diferencia de lo que ocurre con individuos pre-sociales de Hobbes, propensos a la guerra, los de Smith, llevados por una propensión a cambiar inherente a la condición humana, descubren el mercado y los beneficios de la especialización y se entregan al intercambio voluntario del producto de la pesca de los unos por el producto de la caza de los otros. La sociedad económica de cooperación voluntaria no precisa de un contrato político previo.

Ni Hobbes ni Smith están haciendo antropología, hacen teoría social. Por ello, es completamente irrelevante que el estado de naturaleza haya o no existido o que exista gente bondadosa y cumplidora del deber. El punto de partida es el mismo, pero Hobbes no puede deshacerse de la autoridad. Smith da un paso más:  el mercado que se auto regula sustituye al contrato y la economía se emancipa de la política. 

LGVA

Mayo de 2026.

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[1] Estrictamente hablando en la formulación de una teoría del valor, Smith es antecedido por Ferdinando Galiani (1728-1787) cuya obra fundamental, Della moneta, fue publicada en 1751, 25 años antes que La Riqueza de las Naciones.  También es anterior la obra de Richard Cantillon (1680-1734), Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que se cree fue escrita hacia 1730 y fue publicada en 1764. Smtih conoció al parecer la obra de Cantillon, no así la de Galiani.

Los fisiócratas, Francois Quesnay en particular, cuya obra fue conocida y criticada por Smith, hicieron, en el Tableau Economique la representación de la sociedad económica, pero carecieron de una teoría del valor y no pretendieron en momento alguno explicar la génesis de la sociedad.   

 Smith avanza con relación a Cantillon y Galiani y a la fisiocracia en la vinculación de la teoría del valor con el nacimiento de la sociedad económica que es de lo que trata esta nota. 

¿Se saldrá de plomada la colectiva estupidez?

 

¿Se saldrá de plomada la colectiva estupidez?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La elección de Cepeda no sería simplemente una equivocación política; sería un caso extremo de imbecilidad colectiva. No en el sentido clínico del término, por supuesto, sino en el sentido histórico y moral de una sociedad que, pudiendo juzgar con evidencia, experiencia y razón, decide entregarse conscientemente a quienes representan lo peor de sí misma.

La elección de Petro ya constituyó una señal alarmante. No fue un accidente, ni un mero efecto de coyuntura. Tampoco basta explicarla por la compra de votos en ciertas regiones del país, aunque ésta haya sido decisiva en segunda vuelta. En primera vuelta, ocho y medio millones de colombianos votaron libremente por Petro, sabiendo quién era, qué representaba y cuál había sido su trayectoria pública. Y hoy una porción considerable de esos mismos ciudadanos parece dispuesta a hacer lo propio con Cepeda.

 ¿Cómo es posible que, después de décadas de crecimiento económico y mejoría social, la izquierda radical haya pasado de los 82.858 votos obtenidos por Gerardo Molina en 1982 a los más de once millones de Petro en segunda vuelta de 2022? ¿Cómo explicar que semejante ascenso ocurra precisamente en el período de mayor progreso material de la historia colombiana?

Durante esas cuatro décadas, el PIB per cápita se triplicó; la pobreza multidimensional cayó drásticamente; la cobertura en salud se universalizó; millones de hogares accedieron a electricidad, acueducto y educación secundaria; la esperanza de vida aumentó de forma notable y la mortalidad infantil se desplomó. Los colombianos, incluidos los más pobres, no se empobrecieron: se hicieron más ricos, más educados, más sanos y más longevos.

Al mismo tiempo, el socialismo real se derrumbaba en Europa Oriental y en la Unión Soviética. China abandonaba de facto el comunismo económico. África constataba el fracaso del llamado “socialismo africano”. El mundo entero rechaza las fantasías colectivistas. Y, sin embargo, Colombia avanza en dirección contraria.

La explicación de esta paradoja no puede reducirse a la propaganda o a la manipulación emocional. Hay algo más inquietante: una profunda degradación cultural e intelectual de las élites colombianas. La empresarial, ensimismada en la rentabilidad de cada cual y la captura regulatoria, renunció a la defensa moral del capitalismo. La política, corroída por el clientelismo y la mediocridad, perdió toda autoridad ética. Y la intelectual —universidades, periodistas, formadores de opinión— se entregó a un progresismo superficial y resentido que convirtió la ignorancia económica y el odio al mercado en signos de altura moral.

Solo en ese ambiente, personajes patéticos como Petro y siniestros como Cepeda pudieron convertirse en referentes de millones de personas. No porque encarnen virtudes admirables, sino porque una sociedad intelectualmente desarmada terminó confundiendo resentimiento con justicia, victimismo con dignidad y radicalismo con superioridad moral.

La eventual elección de Cepeda sería, entonces, mucho más que una derrota electoral para quienes defendemos la libertad económica y la democracia liberal. Sería la prueba de un fracaso histórico de las élites dirigentes colombianas incapaces de construir una cultura política seria, de defender con convicción las instituciones republicanas y de transmitir a la sociedad el valor civilizatorio de la libertad.

LGVA

Mayo de 2026