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jueves, 19 de noviembre de 2026

Una derecha heterogénea guiada por el eje de la libertad

 

Una derecha heterogénea guiada por el eje de la libertad

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El Centro Democrático no necesita resolver su identidad mediante una disputa terminológica entre quienes lo consideran un partido de centro y quienes lo ubican a la derecha del espectro político. Esa discusión tiene una respuesta relativamente sencilla: por su origen, su trayectoria y buena parte de sus posiciones programáticas, es un partido de derecha. Pero reconocerlo no significa exigirle uniformidad ideológica ni desconocer la diversidad de tradiciones que conviven en su interior. Significa, más bien, asumir esa diversidad y darle un principio ordenador.

Ese principio puede y debe ser la libertad.

La libertad no es una consigna abstracta ni se reduce a la defensa de los mercados. Comprende la autonomía de las personas para orientar sus vidas, disponer de su trabajo y de sus bienes, emprender, contratar, asociarse y desarrollar sus proyectos sin interferencias arbitrarias. Requiere, por supuesto, un orden jurídico que proteja los derechos individuales, haga cumplir los contratos y garantice la seguridad. No hay libertad efectiva donde imperan la violencia, la arbitrariedad o la impunidad. Tampoco la hay cuando el Estado, invocando propósitos colectivos, sustituye sistemáticamente las decisiones de los ciudadanos por las de los funcionarios.

La respuesta no consiste en proclamar un Estado débil ni en desentenderse de los problemas sociales. Consiste en construir un Estado limitado en sus atribuciones, pero eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades. Un Estado que proteja la vida, la libertad y la propiedad; que administre justicia oportunamente; que asegure el territorio; que haga respetar la ley y que garantice condiciones para que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Un Estado que no pretenda dirigir la economía ni administrar la vida de los ciudadanos, sino que establezca reglas generales, estables y previsibles para que la sociedad despliegue su iniciativa.

De esa concepción se desprende una agenda concreta: recuperar la seguridad y el control territorial; fortalecer el Estado de derecho y la protección de los derechos de propiedad; desmontar regulaciones y trámites innecesarios; revisar el tamaño y las funciones del aparato administrativo; y reducir la carga tributaria de manera compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas tareas no son independientes. La reducción del gasto debe hacer posible una menor presión fiscal; la desregulación debe ir acompañada de seguridad jurídica; y la defensa de la propiedad requiere una autoridad legítima capaz de hacer cumplir la ley.

El Centro Democrático puede reunir, como lo hacen otras grandes organizaciones políticas de derecha, corrientes liberales, conservadoras, democristianas y libertarias. No tiene que exigirles que compartan todas sus preferencias sobre educación, salud, política social o configuración institucional. Sí debe pedirles que reconozcan un marco común: la dignidad y la autonomía del individuo, la propiedad privada, la iniciativa particular, la igualdad ante la ley, la economía de mercado y la limitación del poder político.

Las diferencias entre esas corrientes deben resolverse mediante la deliberación, el examen de los argumentos y la evaluación de los resultados. No mediante la descalificación ni la pretensión de imponer una ortodoxia. La diversidad es una fortaleza cuando existe un principio que permite ordenar las discrepancias; se convierte en una debilidad cuando el partido renuncia a definir aquello que lo distingue.

El desafío del Centro Democrático consiste, entonces, en dejar de ser una fuerza política definida principalmente por su oposición a otros proyectos y convertirse en una organización capaz de proponer una transformación institucional y económica de largo plazo. Para ello debe asumir sin complejos su ubicación en la derecha democrática y dar contenido a esa posición mediante una defensa consecuente de la libertad.

No se trata de escoger entre libertad y orden. Se trata de comprender que el orden legítimo es la condición institucional de la libertad y que esta, a su vez, es el propósito de ese orden. La enseña republicana de Colombia, «Libertad y Orden», expresa precisamente esa relación.

Una derecha plural, orientada por la libertad y juzgada por los resultados de sus propuestas, puede ser la contribución propia del Centro Democrático a la renovación de la política colombiana. 

LGVA

Noviembre de 2026

El presupuesto distrital y las transferencias de EPM

 

El presupuesto distrital y las transferencias de EPM

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Aforado en $11,7 billones, el presupuesto de 2027 “apenas” crece frente al de 2026, de $11,6 billones. Imposición de las circunstancias, no decisión voluntaria. El de 2026 aumentó 6,4 % respecto al de 2025, y este, 25 % frente al de 2024.

La danza de los billones del presupuesto de Medellín comenzó en 2003, cuando alcanzó por primera vez los $1,3 billones. En 1997, año en que EPM, mediante el Acuerdo 69, pasó de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, el presupuesto municipal no llegaba al medio billón. Después creció de forma sostenida, alimentado, en buena medida, por las transferencias de EPM destinadas a “inversión social”. Para comparar por décadas: $1,8 billones en 2007, $4,6 billones en 2017 y casi $12 billones en 2027.

Ese 1997 es crucial en la historia de EPM, en su relación con el Municipio y, por supuesto, en la de las transferencias. Durante los cuarenta años transcurridos desde su constitución como establecimiento público, en 1956, estas se calculaban como un porcentaje de los ingresos brutos. Al principio eran modestas y apenas alcanzaban para cubrir el servicio de alumbrado público. Después crecieron, pero sin convertirse en una fuente estructural de financiación del presupuesto municipal.

El artículo 13 del Acuerdo 69 de 1997 fijó en un máximo del 30 % los excedentes transferibles. Los estatutos adoptados mediante el Acuerdo 12 de 1998 establecieron como base de liquidación las utilidades después de impuestos, sin ajustes por inflación. El Convenio Marco de abril de 2007 dispuso que las transferencias extraordinarias serían «definidas y acordadas entre ambas partes». No he logrado establecer mediante qué acto jurídico se elevó al 25 % la transferencia extraordinaria ni cuándo adquirió, en la práctica, el carácter de ordinaria. Dejo esa pesquisa en manos de los abogados.

El problema de fondo es la transformación de una empresa comercial, que opera en competencia y está sometida a riesgos, en un recurso fiscal del Municipio. Es lo mismo que hizo la Nación con Ecopetrol, con consecuencias semejantes.

Cuando el exministro Cárdenas Santamaria impulsó la reforma tributaria que elevó el IVA del 16 % al 19 %, justificó el aumento por la necesidad de compensar la caída de las utilidades de Ecopetrol. No se le ocurrió que también podía reducirse el gasto público. Algo parecido ocurre ahora en Medellín. La caída de las utilidades reduce las transferencias, no porque disminuya la tasa, que sigue en 55 %, sino porque cae la base de liquidación. Para compensarlo, la Secretaría de Hacienda propone endeudarse en $1,5 billones. Como si en el gigantesco conglomerado del Distrito no hubiera nada que recortar.

La deuda de hoy es el impuesto de mañana. Así lo recuerda el teorema de la equivalencia ricardiana. Antes de endeudar al Distrito para sostener el gasto, habría que preguntarse por qué no se empieza por revisar ese gasto. No se puede comer carne y tomar leche de la misma vaca. La Ciudad debe abrir una gran discusión sobre las transferencias de EPM.

LGVA

Noviembre de 2026

 

lunes, 16 de noviembre de 2026

Impuestos, empréstito forzoso y equivalencia ricardiana Comentario sobre la propuesta se Santiago Pardo

 

Impuestos, empréstito forzoso y equivalencia ricardiana

Comentario sobre la propuesta se Santiago Pardo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

No he podido encontrar una presentación sistemática de propuesta de Santiago Pardo de eliminar una serie de impuestos y sustituir temporalmente el recaudo por un empréstito forzoso a las sociedades. La información que se resume a continuación es extraída de la entrevista con Maria Isabel Rueda publicada el 30 de agosto en El Tiempo y de una presentación que el señor Pardo hizo a los congresistas del Centro Democrático.

Sobre los impuestos:

·         Diminución del impuesto de renta corporativo de 35% a 30%.

·         Eliminar el impuesto al patrimonio.

·         Eliminar 4X1.000.

·         Eliminar autorretención especial.

·         Eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y ultra procesados.

·         Permitir descontar el 100% del ICA del impuesto de renta.

·         Disminuir a 10% el impuesto a los dividendos y ganancias ocasionales.

Sobre el empréstito obligatorio:

·         El 20% de las utilidades esperadas durante dos o tres años.

·         Recaudo esperado: 40 ó 60 billones.

Dos observaciones:

·         No se indica ni el plazo del bono, ni el valor del cupón.

·         El ICA ya se descuenta al 100%.

Conviene separar dos asuntos: la conveniencia de la reforma tributaria y la idoneidad del mecanismo propuesto para financiarla.

La primera parte tiene una justificación económica sólida. Los impuestos al patrimonio, a las transacciones financieras y a la inversión castigan la acumulación de capital, encarecen la producción y afectan la competitividad. El 4 × 1.000, por ejemplo, grava la circulación del dinero y estimula el uso de efectivo y la informalidad. El impuesto al patrimonio penaliza la propiedad de activos independientemente de su rentabilidad. La acumulación del ICA con el impuesto de renta introduce costos adicionales sobre la actividad productiva. Su eliminación o corrección podría mejorar los incentivos para invertir, producir y formalizar empresas.

No se trata solamente de reducir la carga tributaria. Se trata de cambiar la estructura de los impuestos para que el sistema fiscal interfiera menos en las decisiones económicas. Una economía necesita inversión, ahorro, formación de capital y empresas capaces de asumir riesgos. Un sistema tributario que penaliza esas actividades termina comprometiendo el crecimiento futuro y, paradójicamente, su propia capacidad de recaudo.

El problema aparece con el empréstito forzoso. Aquí resulta particularmente pertinente el teorema de la equivalencia ricardiana, asociado a David Ricardo y desarrollado formalmente por Robert Barro en su conocido artículo de 1974, ¿Are Government Bonds Net Wealth?

La proposición de Barro es sencilla en su formulación, aunque exigente en sus supuestos: financiar el gasto público mediante impuestos o mediante deuda es equivalente desde el punto de vista de la riqueza privada, si los agentes anticipan racionalmente las obligaciones fiscales futuras. Cuando el Gobierno deja de cobrar impuestos hoy y se endeuda, tendrá que cobrar impuestos mañana para pagar el capital y los intereses. Los contribuyentes, conscientes de esa obligación, deberían ahorrar los recursos que reciben por la reducción tributaria para atender la carga fiscal futura.

Supongamos que el Gobierno elimina impuestos por $40 billones y obtiene esa misma suma mediante bonos obligatorios suscritos por las empresas. En apariencia, estas últimas han recuperado recursos que antes entregaban al Estado como impuestos. Pero ahora tienen un título de deuda en sus balances y el Gobierno tiene una obligación de pago. Si los bonos se redimen con impuestos futuros, la carga simplemente se ha trasladado en el tiempo. Si se pagan con nuevas emisiones de deuda, se posterga el problema. Si se recurre a la emisión monetaria, aparece el riesgo de inflación.

El empréstito forzoso no crea recursos fiscales gratuitos. Cambia la naturaleza jurídica y financiera de la transferencia, pero no elimina la restricción presupuestaria Inter temporal del Estado.

Esto no significa que impuestos y deuda sean siempre equivalentes en la realidad. La equivalencia ricardiana depende de supuestos que no se cumplen plenamente: ausencia de restricciones de crédito, expectativas racionales, horizontes de planificación suficientemente largos y certeza sobre los impuestos futuros. Por eso la deuda puede tener efectos sobre el consumo, la inversión y la actividad económica que no tendría una tributación inmediata. Pero la proposición conserva toda su fuerza como advertencia contra la ilusión de que financiar el gasto mediante deuda equivale a financiarlo sin costo.

Hay, además, una diferencia entre financiar al Estado mediante impuestos distorsionantes y hacerlo mediante deuda. Los primeros pueden reducir directamente los incentivos para invertir y producir. La segunda puede permitir distribuir en el tiempo el costo de una transición fiscal. Por eso no descartaría el endeudamiento transitorio como instrumento de una reforma tributaria. Lo que cuestiono es la obligatoriedad de la operación y la pretensión de presentarla como sustituto permanente del recaudo.

El empréstito forzoso plantea también problemas económicos concretos. Las utilidades contables de una empresa no equivalen necesariamente a recursos líquidos disponibles. Una compañía puede registrar beneficios y necesitar simultáneamente financiación para inventarios, inversiones, cuentas por cobrar o amortización de sus créditos. Obligarla a suscribir bonos puede llevarla a endeudarse para cumplir la obligación estatal. En ese caso, el Gobierno estaría capturando ahorro privado y desplazando recursos que podrían destinarse a inversión productiva.

Que los bonos sean negociables tampoco resuelve completamente el problema. La posibilidad de venderlos no garantiza que puedan realizarse inmediatamente a su valor nominal. Si los compradores exigen una compensación por el riesgo soberano, las empresas obligadas a suscribirlos tendrán que soportar un descuento. Y si la remuneración es inferior a la tasa de mercado, el empréstito contendrá un impuesto implícito.

La dimensión jurídica tampoco es menor. Colombia tiene un antecedente directamente relacionado con esta discusión. Mediante la Sentencia C-149 de 1993, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos de la Ley 6 de 1992 que establecían los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna. La operación obligaba a determinados contribuyentes a realizar una inversión forzosa en títulos públicos. La Corte consideró que, dadas sus características materiales, se trataba de un impuesto y no de un verdadero empréstito. El hecho de denominarlo inversión obligatoria no modificaba su naturaleza económica y jurídica.

No significa que toda inversión forzosa sea necesariamente inconstitucional. Pero una iniciativa que obligue a las empresas a entregar una proporción de sus utilidades al Estado tendría que superar un examen constitucional particularmente exigente. No basta con prometer la devolución del capital y reconocer intereses para convertir automáticamente una exacción obligatoria en una operación ordinaria de crédito público.

Queda, finalmente, el problema fiscal más importante. La eliminación de impuestos produce una reducción permanente de los ingresos públicos, mientras que el empréstito proporciona financiación transitoria. Si el faltante de $40 billones es recurrente, no basta con conseguir esa suma durante dos o tres años. Al vencimiento de los bonos, el Gobierno seguirá enfrentando la reducción del recaudo y tendrá que atender, además, los intereses y las amortizaciones de la deuda.

Es posible que la reforma estimule la inversión y el crecimiento y que, como consecuencia, aumente el recaudo de otros impuestos. Pero ese resultado no puede darse por descontado. La curva de Laffer no demuestra que cualquier reducción tributaria se autofinancie. Para sostener esa afirmación habría que estimar las elasticidades de las bases gravables y los efectos de cada modificación sobre la actividad económica. Tampoco puede suponerse que los mayores ingresos fiscales aparecerán inmediatamente, mientras las obligaciones financieras tienen fechas ciertas de vencimiento.

Rescataría, por tanto, la reforma tributaria y prescindiría del empréstito forzoso. La transición podría financiarse mediante deuda voluntaria, dentro de límites compatibles con la sostenibilidad fiscal, acompañada de una reducción estructural del gasto público y de una senda verificable de disminución del déficit.

La propuesta de Santiago Pardo acierta al señalar que Colombia necesita un sistema tributario menos hostil a la inversión y a la actividad empresarial. Pero el problema fiscal no se resuelve cambiando impuestos por obligaciones financieras impuestas a quienes producen. La equivalencia ricardiana nos recuerda que las obligaciones del Estado no desaparecen por cambiar su forma de financiación.

La verdadera reforma liberal no consiste en modificar el procedimiento mediante el cual el Estado se apropia de los recursos privados. Consiste en reducir sus necesidades de financiación, limitar el gasto y devolver a los ciudadanos y a las empresas la libertad de disponer del fruto de su trabajo, su ahorro y su inversión.

LGVA

Noviembre de 2026.