Sin lloriqueos, con determinación
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
“Es una ley eterna que todo hombre que tiene poder
tiende a abusar de él y va hasta que encuentra límites”.
(Montesquieu)
Los constitucionalistas profesionales y aficionados
que andan explicándole a Petro los procedimientos establecidos para convocar
una asamblea constituyente, se asemejan a un transeúnte que, ante el asaltante
callejero, que quiere despojarlo violentamente de su propiedad, en lugar de
enfrentarlo, se pone a explicarle que el robo es un pecado, para la ley divina,
y un delito, para la humana, y que, a largo plazo, siempre es mejor el
intercambio voluntario que el despojo para hacerse a la propiedad de los otros.
Antes de que el desdichado transeúnte haya concluido su prolija explicación
habrá recibido una expedita puñalada.
Petro sabe muy bien cuál es el procedimiento
constitucional para convocar la asamblea constituyente y sabe también que por
ese procedimiento no logrará una hecha a su medida. Sabe que para convocar su asamblea
de bolsillo precisa de un procedimiento al margen de la constitución o,
incluso, violentamente anticonstitucional. En la historia de todos los países y
en la de Colombia en particular abundan los ejemplos de transformaciones
constitucionales de esa índole.
La constituyente de la que salió la constitución de
1991 fue convocada por decreto del ejecutivo que, supuestamente, seguía el
mandato de los votos de la séptima papeleta que nunca se contaron. Los jueces
de la Corte Suprema de Justicia validaron un decreto abiertamente violatorio de
constitución que habían jurado defender, abriendo el camino a la convocatoria
de una asamblea constituyente que finalmente resultó elegida por poco más de
25% del censo electoral.
Su antecesora, la de 1886 o constitución de Núñez y
Caro, sustituyó la de 1863 o de Rionegro, la cual, dejó de existir en la
batalla de La Humareda, en cuyas llamas, al decir de Núñez, se quemaron sus
“páginas manchadas”. A su turno, la de Rionegro se impuso al final de una
guerra civil de tres años en la que el general rebelde Tomás Cipriano de
Mosquera derrotó al gobierno legítimo de Mariano Ospina Rodriguez, acabando al
mismo tiempo con la constitución de 1858 o de la Confederación Granadina. Evidentemente,
la constitución de Cúcuta de 1821 fue posible por el triunfo militar de la
causa independentista.
Gustavo Francisco Petro Urrego, directamente o por
intermedio de sus alfiles, viene amenazando con procedimientos al margen de la
constitución para convocar su constituyente.
En sus erráticos recorridos por la periferia del país ante sus
auditorios móviles anuncia la realización de asambleas populares que podrían
dar desarrollo a lo acordado con el ELN en las conversaciones de Caracas. Por otro
lado, sus serviles “juristas”, Leyva y Montealegre, ambientan procedimientos
pseudo legales, supuestamente amparados por el acuerdo de La Habana; al tiempo que
uno sus alfiles más propensos a la violencia, el senador Wilson Arias, llama a
las FARC y al ELN a defender al presidente a quien la oligarquía no deja gobernar.
No se debe olvidar que Petro – militancia que
reivindica con descarado orgullo - fue miembro del M -19, el movimiento que quiso
doblegar violentamente al gobierno constitucional con la toma del Palacio de
Justicia el 6 de noviembre de 1985. Además,
la totalidad de partidos del Pacto Histórico hacen parte del Foro de Sao Paulo,
organización creada por Fidel Castro y Lula de Silva en 1990 para implantar el
socialismo en América Latina.
Así pues, hay que entender que ningún lloriqueo
recordándole la constitución y el estado de derecho le hará cambiar. Petro y sus
partidarios solo se detendrán si la sociedad, es decir, los partidos políticos,
los gremios económicos, las organizaciones civiles no partidistas y todos los ciudadanos
amantes de la libertad se movilizan y muestran su determinación de ponerle
límites a sus pretensiones.
LGVA
Junio de 2023.
