La OPA sobre Nutresa es el reconocimiento de un éxito empresarial

 

La OPA sobre Nutresa es el reconocimiento de un éxito empresarial

(En memoria de Carlos Enrique Piedrahita Arocha)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Tres de las cuatro empresas que constituyen el núcleo a partir del cual se desarrolla el Grupo Nutresa nacieron en los albores de la industrialización antioqueña: Noel en 1916, Café La Bastilla en 1919 y Nacional de Chocolates en 1920. Zenú, más reciente, fue fundada en 1950 y en 1960 es adquirida por Noel; mientras que Colcafé nace en 1960 de la fusión de dos filiales de la Nacional. 

Los historiadores económicos, como William Paul McGreevey y Mariano Arango, han identificado el estrecho vínculo entre la expansión de la producción cafetera y los inicios de la industrialización en Antioquia.

En su clásica obra, Historia económica de Colombia, 1845.1930, McGreevey señala lo siguiente: 

“Los antioqueños destinaron el excedente por encima de sus necesidades de subsistencia a inversiones en educación y a la diversificación de sus intereses económicos hacia actividades como el procesamiento de alimentos y la fabricación doméstica de textiles de algodón que antes eran importados” (P. 313)

Por su parte, Mariano Arango, en su libro Café e Industria: 1850-1930, escribe:

“El trabajo confirma por senderos tortuosos el importante papel de la producción cafetera campesina de los departamentos del occidente en su mayor desarrollo industrial inicial, aunque no pasando por la distribución del ingreso, sino de la acumulación de capital” (P.  18)

Además de las mencionadas, también nacen, en las tres primeras décadas del siglo XX, empresas como Coltejer (1907), Fabricato (1919), Coltabaco (1919), Café La Bastilla (1920), Postobón (1904), Gaseosas Lux (1925), Industrias Apolo (1925) y otras más. Como consecuencia de esto, en los años 20, Antioquia (Medellín) era el primer centro manufacturero del País y continuó ocupando un lugar destacado durante las siguientes décadas, a pesar del notable desarrollo industrial de Cundinamarca y Valle del Cauca, propiciado en buena medida por la inversión extranjera.

De manera similar al País Vasco o Cataluña, el desarrollo industrial de Antioquia se hizo con capitales locales, provenientes de la caficultura y la minería del oro, y por empresarios autóctonos que, como todos los empresarios del mundo, aprendieron haciendo, experimentando. Esta circunstancia explica en gran medida la vinculación emocional de los antioqueños con esas empresas que además los abastecían de bienes y servicios, daban trabajo a muchos de ellos y en cuyas acciones invertían sus ahorros.

En el libro Economía Colombiana del Siglo XX, Juan José Echavarría trae, sobre el papel de los antioqueños en la industrialización colombiana, un interesante texto del historiador económico Everett Einar Hagen, escrito en 1971:

“…Es un mito nacional que virtualmente todas las actividades industriales en Colombia son dirigidas por antioqueños…si nos las fundaron, se dice, ahora son sus dueños. Estas versiones extremas del mito no corresponden a la realidad, pues empresarios capaces y eficaces han surgido en todas las regiones del país. Aún así, el predominio de los antioqueños es impresionante” (P. 183)

La industria colombiana – la antioqueña y la de los demás departamentos – creció en los años treinta y cuarenta amparada por la protección resultante de las grandes restricciones al comercio internacional derivadas de la crisis de los años 30, primero, y de la Segunda Guerra Mundial, después. Más adelante, Colombia, como todo el resto de América Latina, adoptó el proteccionismo económico promovido por la CEPAL, bajo el nombre de política de sustitución de importaciones, la cual se instrumentalizaba mediante licencias de importación, un arancel disperso y elevado y el control de cambios. Esto se mantuvo hasta mediados de los años 90 cuando el gobierno de Gaviria Trujillo lanzó la llamada apertura económica.

Preocupado por la reacción de los empresarios frente al desmonte del sistema de protección, el presidente Gaviria se comunicó, entre otros, con Nicanor Restrepo Santamaría, cabeza del entonces llamado Sindicato Antioqueño, para preguntarle su opinión sobre la apertura económica. ¡No me opongo, presidente, hágale! -  fue su respuesta. En ese entonces, mediados de los 90, las empresas del Sindicato eran totalmente locales. Para hablar únicamente de las que nos ocupan aquí basta con decir que solo en 1976 Noel exportó su primera galleta y la Nacional de Chocolates su primera chocolatina.  

Rápidamente, la apertura económica trajo a las empresas colombianas dos aprendizajes. El primero, que internacionalizarse no significa meramente exportar ni, mucho menos, exportar excedentes, como lo habían hecho hasta entonces, y, el segundo, que no estaba fuera de las empresas colombianas expandirse a otros países como ya lo venían haciendo las empresas chilenas, mexicanas y brasileras, principalmente.

Carlos Enrique Piedrahita Arocha entendió esas lecciones y las incorporó en su visión y en la estrategia que desarrolló para crear el Grupo Nutresa. En conversación que tuvimos en agosto de 2015,  expresó lo siguiente:

“La internacionalización no es sólo exportar desde un determinado sitio, desde el sitio donde uno está. La otra forma de internacionalización es la construcción de redes y plataformas complementarias, que es un poco el modelo de Nutresa. Ahí se abren varios caminos: vía crecimiento orgánico o inorgánico. Pero definitivamente, el de las adquisiciones es un camino de internacionalización muy eficaz. Internacionalización con filiales y operaciones que hacen parte de un grupo internacional donde algunas de las actividades tienen origen en otros lugares. (…). Puede ser también la vía, contraria: recepción. Recibir inversionistas para hacer varias cosas: hacer parte de una red, traer nuevos productos o servicios al mercado incumbente o para aliarse en la expansión internacional. También están las alianzas comerciales, aliados para vender un producto en el mercado incumbente o fuera de éste, las franquicias, para traer productos o para llevar a otras partes (…) La internacionalización se puede dar de muchas formas. Cuando se habla de internacionalización no creo que se deba hablar de exportaciones exclusivamente”.

Esa visión y esa estrategia fue la que permitió transformar un pequeño grupo local de cuatro empresas, que en 1990 vendían poco más de 162 mil millones de pesos, en una multinacional con 8 unidades de negocios, 45 plantas de producción en 14 países y ventas por más de 11 billones de pesos en 70. La OPA lanzada sobre Nutresa es el reconocimiento de ese éxito y, a la vez, una señal de que probablemente no se estaba aprovechando plenamente el potencial de creación de valor alcanzado.

 

La vinculación emocional de un pueblo con el desarrollo de su industria manufacturera es un rasgo de la personalidad histórica de regiones como Cataluña y el País Vasco en España, Alsacia-Lorena en Francia, Lombardía en Italia y Antioquia en Colombia. Esa personalidad histórica se caracteriza por una fuerte identidad regional y, también, por la adhesión a los valores del emprendimiento, el trabajo duro, el ahorro, el cálculo racional y la responsabilidad individual que, de acuerdo con Max Weber, constituyen el espíritu del capitalismo. 

Aunque no tiene una expresión pecuniaria directa, la vinculación emocional de la gente con las empresas de su región genera una suerte de intercambio de valor que sin duda se refleja positivamente en los estados financieros de las compañías y también en el cuidado que éstas dan a su entorno que es también el de sus trabajadores, propietarios y directivos.

Los historiadores futuros de la actividad empresarial de Antioquia probablemente distinguirán tres etapas en su desarrollo, a saber: i) la del nacimiento y expansión inicial en los años 20 y 30 del siglo XX; ii) el crecimiento bajo el modelo proteccionista hasta los años 90 y iii) la de la internacionalización en las dos primeras décadas del siglo XXI.

La primera de esas etapas ha sido la más estudiada y debe serlo aún más pues el devenir histórico arroja nuevas perspectivas para interpretar los hechos del pasado. De todas formas, seguramente los historiadores seguirán asombrándose y tratando de entender el surgimiento del ethos empresarial en una región montañosa aislada y lejos del mar. Posteriormente, durante la etapa proteccionista con el crecimiento basado en el mercado interno, ese aislamiento se convirtió en una ventaja competitiva. Con la apertura dejó de serlo y el eje del desarrollo se trasladó a las ciudades de la costa, como Barranquilla, que volvió a recuperar el protagonismo económico que tuvo en las tres primeras décadas del siglo XX.     

Antioquia es como el Tíbet, decía Carlos Enrique Piedrahita.  Por esa razón el reto planteado por la apertura económica no podía resolverse única y fundamentalmente mediante la ampliación de las plataformas productivas locales y volcarlas a la exportación. Había que responder de otra manera. Había que dejar de identificar las empresas con las fábricas barriales y entender que más que eso las empresas son conocimientos, formas de hacer las cosas, prácticas comerciales, financieras, éticas y todas aquellas cosas que elevan la percepción de valor. Fue la incapacidad de entender esto lo que condujo a la declinación del sector textil antioqueño y a la desaparición de las fabricas de las que nos sentíamos tan orgullos.

El modelo de internacionalización de Nutresa, por la vía de las adquisiciones y las alianzas estratégicas, fue también el seguido por Argos, Bancolombia, Suramericana, EPM, ISA, el Éxito, Grupo GCO, Haceb, Distrihogar, HMV y otras más. Todo ello ha convertido a Medellín, en el breve lapso de 20 años y casi sin darnos cuenta, en los Headquarters de una serie de grupos que abastecen con sus bienes y servicios un mercado potencial de 300 millones de consumidores. Esto marca una gran diferencia en la cantidad y calidad de los empleos que se generan, en las demandas al sistema educativo y en múltiples aspectos de la vida económica y social de la región.

Una amiga muy querida, geóloga ella, y muy bienqueriente del GEA me llamó a decirme que por lo menos ella iba a resistir, que no solo no vendería sus acciones de Nutresa, sino que iba a gastar la mitad de la prima en comprar más. Respeto a los geólogos por la visión de largo plazo que les da su profesión.  

Si mi amiga no tiene éxito en su resistencia, seguramente los historiadores del futuro, al examinar esa última etapa de la historia empresarial de Antioquia, tendrán dificultad para entender que los empresarios antiqueños se hubieran dejado arrebatar las joyas de la corona después de haber hecho lo más difícil: internacionalizarse desde el Tíbet.

LGVA

Diciembre de 2021.

HIDROITUANGO: ENTRE CARIBDIS Y ESCILA

 

HIDROITUANGO: ENTRE CARIBDIS Y ESCILA

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

En su largo vieja de regreso a Ítaca, después de combatir en la guerra de Troya, el astuto Ulises tuvo que atravesar las procelosas aguas del estrecho de Mesina, a cada uno de cuyos lados había un terrible monstruo: Caribdis, a la derecha, Escila, a la izquierda. El mar embravecido arrojaba en un lado a otro el frágil bajel poniéndolo sucesivamente bajo las aterradoras fauces del maligno Caribdis o al alcance de las terribles garras del perverso Escila.

Después de años de estudios; de duros trabajos para lograr el cierre financiero; de superar durante la construcción grandes retos de ingeniería, desafíos ambientales, desmesuradas demandas sociales y amenazas terroristas; Hidroituango navega hoy entre Quintero Calle y Córdoba Larrarte, un par de novedosas amenazas que nunca había enfrentado un proyecto de EPM en toda su historia y que ameritan una revisión total de las metodologías de análisis de riesgo.

Ni el más potente algoritmo de Google aplicado en todo el planeta habría podido encontrar un par de personajes más insensibles al método racional y a la argumentación razonable y rodeados, por desgracia, de los asesores más serviles e incompetentes - o ambas cosas a la vez - que se pueda uno imaginar.

La lectura de la demanda de la alcaldía contra los consorcios y de los sucesivos fallos de la Contraloría provocan una desazón intelectual y un desasosiego emocional que lo hacen a uno exclamar: ¡Dios Mio, en manos de quién estamos!

A esta altura de la historia, los abogados de la Contraloría, que llevan más de tres años metidos en un proceso que tiene que ver con una planta productora de electricidad, no distinguen entre energía y potencia y escriben idioteces como “Hidroituango no ha producido un solo KW” o “estaba programada para generar 2.400 MW diarios”. Está bien, no tenían por qué saberlo al principio de la historia, pero es increíble que a estas alturas no se le haya ocurrido preguntar.

Ese es el principal problema de los fallos de la Contraloría: los abogados que los redactan no preguntan nada a nadie y no se les ocurre preguntar porque creen saberlo todo. La ignorancia no es un vacío sino una llenura, decía Platón. Una llenura de prejuicios. Conocer no es saberlo todo, es saber hacer las preguntas en los términos de un ciencia o disciplina y buscar la respuesta aplicando el método científico, es decir, buscando evidencias. El ignorante no conoce los términos ni sabe hacer las preguntas. El ignorante no pregunta porque cree saberlo todo, de ahí su extrema peligrosidad.

La principal acusación que se hace a los encartados es no haber actuado “con la diligencia del buen hombre de negocios”. Esto es fundamental y vamos a examinarlos con cuidado pues de ahí se desprende la sindicación de culpa grave.

¿Cómo llegan los abogados de la Contraloría a esa conclusión?  Aplicando en todos los casos la falacia la falsa causa. Para entender esto es necesario descomponer el “método de prueba” la Contraloría. Veamos:   

El túnel ciertamente colapsó. Los abogados de la Contraloría no pudieron establecer que el túnel cayó porque los constructores construyeron mal o porque los diseñadores diseñaron mal o porque los interventores interventoriaron mal o porque los asesores asesoraron mal. Tampoco pudieron los abogados de la Contraloría encontrar el más leve signo de corrupción.

Faltos de un responsable directo o de un corrupto para caerle con todo, los abogados de la Contraloría se inventaron la teoría de las múltiples circunstancias causales que se presentaron a lo largo de 10 años y que inexorablemente condujeron al colapso del túnel el 28 de abril de 2018. Toda decisión tomada o, incluso, dejada de tomar entre el 1 de enero de 2008 y el 28 de abril de 2018 era susceptible de ser interpretada como causante del colapso del túnel y todo participante o no participante como responsable de esa calamidad. Necesariamente es una decisión mala, ergo, quienes la tomaron “no actuaron con la diligencia del buen hombre de negocios” y por tanto su culpa es grave.

Las hojas de vida de los abogados de la Contraloría no muestran más que pequeños cargos en burocracias municipales o departamentales. Ninguno de ellos, ninguno, muestra experiencia en negocio o empresa alguna. La experiencia más notable del propio contralor Córdoba en materia de negocios es haber dirigido el programa anti-contrabando de la Federación de Departamentos.

La “falta de diligencia del buen hombre de negocios” es un elemento fundamental en la condena de responsabilidad fiscal la Contraloría. Sus abogados no tienen derecho a imaginar, a suponer o a inferir por introspección que los encartados no fueron diligentes. Tienen que probarlo. No pierdan el tiempo: en las más de dos mil páginas no se encuentra un concepto o dictamen de experto sobre el asunto. La Contraloría ha debido consultar a dos, tres, cuatro escuelas de administración o negocios. Pero no. La conclusión sale de la cabeza de personas que jamás han tenido un negocio o una empresa o trabajado en la de otro.

La otra acusación que abunda en el fallo de la Contraloría son los supuestos “problemas de planeación, decisiones inoportunas e insuficientes de administración, dirección y control, falta de diligencia de contratistas…”. Los abogados de la Contraloría no saben como funciona una hidroeléctrica ni tienen idea de su construcción, no visitaron ni una vez el proyecto que estudiaban, no recibieron asesoría especializada en materia de túneles, presas, hidrología, etc. No hay en el fallo un solo soporte pericial sobre la falta de planeación o las decisiones inoportunas procedente de una asociación profesional o escuela de ingeniería. No creyeron necesario preguntarle a nadie, a ningún experto porque ya todo lo saben, porque todo lo pueden deducir, ¡oh mentes privilegiadas! leyendo actas de junta directiva.  

Para hacer honor a la verdad, hay que decir que la Contraloría si tuvo un asesor en temas técnicos. Se trata del ciudadano venezolano Jonathan Augusto Cárdenas Chacón, un ingeniero civil graduado en 2007 y con un master no concluido en gerencia de construcción. La hoja de vida del señor Cárdenas Chacón no reporta estudios ni experiencia en geología, geotecnia, hidráulica o hidrología ni participación en diseño, construcción o interventoría de centrales hidroeléctricas. La última experiencia técnica reportada por el señor Cárdenas es la de “residente técnico de interventoría”, entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020. ¡Háganme el favor!

Pero además de inferencias absurdas y conclusiones sin fundamento ni prueba pericial alguna, los abogados de la Contraloría tuercen la verdad.  En efecto, otra de las acusaciones de la Contraloría a varios de los imputados es que ignoraron las recomendaciones del Board de Expertos sobre la galería auxiliar de desviación, quienes supuestamente la desaconsejaban. Esto es enteramente falso pues en su sexto informe, de diciembre de 2014, la junta de expertos expresó lo siguiente:

“Desde la última reunión de la Junta en julio de 2014, Integral estudió cinco alternativas para complementación de la desviación del rio en su cierre final, contando con la colaboración de la firma consultora INTERTECHNE, como fue decidido anteriormente. Las alternativas estudiadas se enumeran a seguir:

A – Galería Auxiliar conectada con el túnel de descarga 4.

B – Galería Auxiliar conectada al túnel de desviación derecho.

C- Readecuación de las estructuras de cierre en el túnel de desviación derecho.

D- Readecuación de las estructuras de cierre en el túnel auxiliar izquierdo.

E – Dos galerías cortas conectadas con los túneles de desviación derecho e izquierdo.

En el análisis de costos, incluyendo las consideraciones de logística de construcción y riesgos correspondientes a las principales actividades de cada alternativa, fue seleccionada la alternativa A, que presentó el menor costo ponderado por riesgos de las operaciones de construcción. La Junta de Asesores, cuyo miembro N. Pinto tuvo oportunidad de discutir los principales puntos de la alternativa A con el personal de Intertechne, está de acuerdo con esta decisión”

Como es obvio, a los abogados de la Contraloría no se les ocurrió buscar a los expertos y preguntarles sobre el asunto.

La falta de rigor de la Contraloría se expresa de forma palmaria en su insistencia en el plan de aceleración como causa eficiente del colapso de la GAD. Por más que les parezca increíble a los abogados de la Contraloría, en la construcción de cualquier hidroeléctrica o de cualquier obra de ingeniería se presentan eventos que pueden ocasionar retrasos en el cronograma y que frecuentemente dan lugar a la adopción de acciones de emergencia si el costo de la inversión adicional es inferior al costo del atraso de la puesta en marcha del proyecto.

En Hidroituango se presentaron unos desprendimientos de roca en la bóveda de la caverna de transformadores que ocasionaron suspensiones de las actividades del contratista de obras civiles. Para recuperar el atraso causado por dichas suspensiones se concibió y desarrolló el plan de aceleración. El plan de aceleración se decidió en 2015 y nada, absolutamente nada, tenía que ver con la GAD que no hacía parte de la ruta crítica del proyecto. Esto se lo han explicado una y otra vez a la Contraloría en los recursos interpuestos, pero no ha habido forma de que sus abogados entiendan.

Tampoco han preguntado los abogados de la Contraloría sobre las consecuencias de sus decisiones. No se les ha ocurrido pensar que la condena fiscal para recuperar los 4.3 billones – de los cuales el seguro ha pagado la tercera parte - puede causar estragos cuyo valor quintuplica esa suma. No han ido donde el administrador de mercado, la empresa XM, a preguntar sobre le impacto del aplazamiento del Hidroituango en los precios de la electricidad ni el riesgo de racionamiento que ello entraña. No han visitado a la UPME, para informarse sobre el estado de los otros proyectos del plan de expansión y evaluar si están en condiciones de suplir la energía faltante de Hidroituango. No se han pasado por la GREG a inquirir por las consecuencias para EPM de incumplir con sus compromisos de energía firme respaldados por la potencia de Hidroituango. Tampoco se les ha ocurrido preguntarle a BID, principal financiador del proyecto, si el aplazamiento lo llevaría a suspender desembolsos faltantes y a aplicar las cláusulas de aceleración del pago de lo ya desembolsado. No parecen haber hablado con MAPFRE sobre las consecuencias que su fallo tendría sobre la decisión de seguir pagando, como lo ha venido haciendo, el seguro todo riesgo, como quiera que ni el dolo ni la culpa grave no son asegurables.

El alcalde Quintero Calle ha querido desde siempre sacar a los contratistas por motivos políticos o, quizás, otros de naturaleza inconfesable. La demanda contra los consorcios, presentada en agosto de 2020, tenía el propósito de desacreditarlos y justificar que sus contratos no fueran renovados. El gerente Rendón comprendió que eso conduciría a la parálisis del proyecto y que las consecuencias caerían sobre su cabeza. Se negó a hacerle el juego a Quintero y entabló con los consorcios una negociación que llevó a la firma del Acta de Modificación Bilateral 39, mediante la cual se renovó el contrato de construcción y los trabajos en la obra pudieron continuar. Quintero estalló en furia y, acusando a Rondón de haberse dejado en engañar al firmar con una empresa, Camargo Correa Infra, creada para evadir responsabilidades por Camargo Correa, lo sacó abruptamente de la gerencia con la complicidad de la junta directiva. Todo eso resultó ser falso como ocurre con excesiva frecuencia con el alcalde Quintero Calle.

En septiembre, el fallo de la Contraloría en primera instancia le abrió a Quintero la oportunidad de deshacerse de los consorcios sin asumir las consecuencias del inevitable retraso del proyecto que eso provocaría. De inmediato se activó el llamado “Plan B” y varias empresas constructoras visitaron el proyecto para enterarse del estado de la obra. Quintero estaba de plácemes pues, una vez se confirmara el fallo en segunda instancia, sacaría a los contratistas, sin importarle la parálisis del proyecto y su gravosas consecuencias, porque eso sería responsabilidad de la Contraloría. A fin de cuentas, él, Quintero, estaba simplemente cumpliendo la ley que impide contratar con responsables de detrimento fiscal.

La suspensión de los términos del proceso de la Contraloría para atender una recusación le arruinó la fiesta a Quintero. Sin una condena de responsabilidad fiscal en firme, no había obstáculo legal para continuar con los contratistas actuales. Como el gerente Carrillo Cardoso sabe - como sabía Rondón López- que él será el responsable de los daños que causaría la parálisis del proyecto, se metió en una intrincada negociación para prorrogar el contrato a CCCI el tiempo requerido para conseguir un contratista sustituto.  

El fallo en segunda instancia de la Contraloría se produce en el peor momento, cuando EPM y el Consorcio CCCI habían alcanzado un preacuerdo anunciado públicamente el 25 de noviembre. El contrato actual se prorrogaría 8 meses, más otros tres para un eventual empalme con el contratista sustituto que saldría del proceso licitatorio que se adelantaría entre tanto. Con esto se esperaba poner en operación dos unidades antes del 1 de diciembre de 2022 y cumplir así con el compromiso de energía firme. El mismo día 25 de noviembre la Procuraduría patea el tablero al negar la recusación contra la Contraloría que había suspendido el proceso y al otro día, con increíble celeridad, ésta anunció el fallo en segunda instancia contra las 26 personas naturales y jurídicas vinculadas al proceso. Y ahí está otra vez el País entero en vilo sin saber qué va a pasar con Hidroituango a partir del primero de enero de 2022.

Tiene que haber algo muy deficiente en nuestra democracia que permita que personas como Quintero Calle y Córdoba Larrarte tengan entre manos una decisión que exige una sensatez y una sabiduría de la que evidentemente carecen. Tiene que haber algo muy deficiente en nuestras instituciones que permita la actuación de esos personajes haciendo grandes daños sin que nadie pueda impedirlo. La única que al parecer podía hacerlo era la Procuraduría, pero su titular decidió dejar con las manos libres a ese par de irresponsables. Muy decepcionante la actuación la procuradora Margarita Cabello Blanco.

 

Como se sabe, eludiendo las amenazas de los aterradores Caribdis y Escila, el esforzado Ulises llegó finamente a Ítaca, con su arco certero castigó a los pretendientes y pasó el resto de su vida en suave tálamo al lado de la dulce Penélope.

LGVA

Noviembre de 2021.  

 

NO ES QUINTERO CALLE, ES EL IPP Y ADELANTE CON LA REVOCATORIA

 

NO ES QUINTERO CALLE, ES EL IPP Y ADELANTE CON LA REVOCATORIA

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En el último año -octubre de 2020 a octubre de 2021- el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó 14,6%. Esta es una noticia mala para los habitantes de Medellín y de toda Colombia porque las tarifas de los servicios públicos domiciliarios aumentan al ritmo del IPP. Según la regulación, cada vez que el IPP acumula una variación de cierto porcentaje, las tarifas lo hacen igualmente. Es por eso que las tarifas de los servicios públicos domiciliarios han venido aumentando aceleradamente y continuarán haciéndolo en el futuro si el IPP continúa aumentando a ese ritmo.

 

Esa es la razón principal por la cual los ingresos de EPM, al tercer trimestre de 2021, aumentaron 30% con relación al mismo período de 2020. La otra razón es que el anterior fue un año de cierre económico a causa de la pandemia. Este crecimiento se traduce en notable aumento de la utilidad neta del Grupo EPM que llega los 2,8 billones de pesos en el tercer trimestre y que seguramente superará los 3,5 al finalizar el año.

Esto hay que decirlo pronto antes de que, con su habitual desparpajo, Quintero Calle salga a decir que esos resultados son obra de su extraordinaria gestión que le ha permitido sacar a EPM de la calamitosa situación en la que la encontró a su llegada a la alcaldía cuando estaba en las garras de los chupa-sangres del GEA.

Lo que diga Quintero Calle no importaría mucho pues ya nadie, ni siquiera los turiferarios que lo cubren de alabanzas, cree las fábulas que salen de su caletre calenturiento. Sin embargo, a la luz de su desempeño reciente, preocupa lo que pueda este hombre hacer con tan ingentes recursos.

Se necesitaron 65 años para que EPM llegara a los 6.000 empleados, en poco menos de dos años, Quintero y sus gerentes títeres le metieron cerca de 800 más. Ninguna esperanza puede cifrarse en una junta directiva bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda como dice la canción Shakira.

Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones sobre el destino de las transferencias – no menos de 2 billones – que el próximo año recibirá el municipio. Ahí están los amigotes de la “coalición”, sus oenegés y sus colectivos con las fauces abiertas para tragarse esos recursos en contratos directos de esos que tienen por objeto “aunar esfuerzos por la convivencia multicultural en una sociedad diversa” y otras linduras del mismo jaez.  

¿Y los organismos de control? Bien, gracias por preguntar.

Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y los errores se pagan con plata, dice la sabiduría popular. Estamos pagando el error gigantesco de haber elegido a Quintero Calle. La revocatoria nos da la oportunidad de dejar de "merecerlo" más pronto que tarde, ahorrar mucho dinero y aliviarnos la desazón permanente que produce ver la forma en que acaba con todo lo que los medellinenses queremos. Adelante con la revocatoria.   

LGVA

Noviembre de 2021.

Hidroituango, las tribulaciones de Carrillo y la chifladura de Quintero

 

Hidroituango, las tribulaciones de Carrillo y la chifladura de Quintero

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El mayor riego que pesa hoy en día sobre la terminación oportuna de Hidroituango es la chifladura del alcalde Quintero Calle. Desde antes de su elección estaba obsesionado con sacar a los contratistas a quienes culpabiliza, sin prueba alguna, de la contingencia de abril de 2018.

La errática demanda presentada contra los consorcios en agosto de 2020 tenía el propósito de desacreditarlos para justificar que el contrato de construcción no fuera renovado a partir del 1 de enero de 2021. Pero, sabedor de que las consecuencias caerían sobre su cabeza, el gerente Rendón, no quiso jugarle el juego y firmó la prórroga.

El pobre gerente Carrillo Cardoso se encuentra hoy metido en el mismo berenjenal, tratando, al mismo tiempo, de darle gusto al alcalde, para no perder la chanfa, y, para no perder su prestigio y su tranquilidad futura, de no tirarse en el proyecto y en EPM, por el inevitable aplazamiento que provocaría la salida de los actuales contratistas de obra.

La cuadratura de círculo en la que esté empeñado el infortunado Carrillo Cardoso consiste en prorrogar el contrato, pero no tanto, y en montar la pantomima del famoso Plan B, con el que fanfarronea el alcalde Quintero Calle cada vez que tiene un micrófono o una cámara cerca.

Al consorcio se le ofreció una prórroga de tres meses, que luego se aumentaron a seis y que ahora van por ocho; para, en ese lapso, hacer la “gran licitación internacional”, el famoso Plan B, y encontrar así un contratista sustitutivo a quien el consorcio CCC Ituango, agradecido por la prórroga y con ánimo colaborador, entregaría dulcemente los campamentos, la infraestructura de transporte, los equipos, las instalaciones industriales y todo lo necesario para continuar sin mayor tropiezo con la obra.

El primer deber de un directivo es decirle la verdad a su superior. Ya va siendo hora de que Carrillo le diga al alcalde, así este grite, chille y patalee, lo que a él le deben haber dicho sus propios subalternos, a saber: i) que lo más probable es que esa licitación fracase porque hay que estar muy loco para meterse en eso a estas alturas y ii) que si aparece ese loco cobrará el oro y el moro y no terminará el proyecto en el plazo requerido para cumplir las obligaciones de energía firme.

Seguramente ya también al gerente Carrillo sus subalternos le habrán advertido sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de energía firme. Por las dudas, me permito recordarle cómo son las cosas con la tal ENFICC:

·         Las plantas de generación que ganaron la subasta de Energía Firme para el Cargo de Confiabilidad (ENFICC) deben entrar a operar el año que les fue asignada esa ENFICC.

·         Hidroituango tiene una asignación de 3483,4 GWh/año, para lo cual, según las resoluciones de la CREG 71 de 2006 y 61 de 2007, las 4 primeras unidades deberían estar operando el 1 de diciembre de 2021.

·         La regulación otorga un año de holgura siempre que las auditorias realizadas por la CREG verifiquen que la entrada en operación puede darse en ese año adicional y que la empresa cubra la ENFICC insatisfecha con otras de sus plantas o contratos con terceros. Este es el caso actual de EPM: Ituango está dentro del periodo de holgura y debe entrar a operar el 1 de diciembre de 2022.

·         La resolución GREG 194 de 2020 le otorgó a EPM un alivio al admitir que bastaba con que dos unidades estuvieran operando el 1 de diciembre de 2022 ya que con ellas se garantizan los 3482,4 GWh/año de ENFICC.

·         De acuerdo con la misma resolución, las dos unidades adicionales deben entrar dentro del año siguiente, es decir, antes del 1 de diciembre de 2023 so pena de perder la remuneración por la ENFICC asignada.  

·         Por la pérdida de la ENFICC, la energía dejada de vender, las multas y garantías ejecutadas, EPM perdería unos US$ 1.300 millones, es decir, más de 5 billones de pesos. 

Gerente Carrillo, déjese de vainas, no le pare más bolas a las chifladuras de Quintero Calle, firme esa prórroga a un año, renuncie en enero y váyase tranquilo para su casa. Alguna otra cosa encontrará para hacer.

LGVA

Noviembre de 2021.

La política económica criminal de Petro

 

La política económica criminal de Petro

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Me causa hilaridad ver a tantas personas tratando explicar los errores económicos de las propuestas de Petro. Es verdad que Petro es un estúpido de nacimiento que ha desarrollado con especial éxito sus dones naturales y que su verborrea incontenible nos ha mostrado las gigantescas dimensiones de su polifacética ignorancia, pero el asunto es que sus propuestas no nacen tanto de su estupidez ni de su ignorancia como del instinto criminal que late en todo su ser. La política económica de Gustavo Francisco Petro Urrego es criminal porque está enfocada a robar el alimento de los pobres, la propiedad de los ricos y la libertad de todos.

Petro propone la falsificación monetaria masiva hasta destruir completamente la moneda despojándola de todo poder adquisitivo, como lo hizo Lenin en Rusia, como lo hizo Castro en Cuba, como lo hizo Chávez en Venezuela. La destrucción de la moneda nacional se acompaña de la prohibición absoluta para la mayoría de la población del acceso a otras monedas. Despojada de moneda, la gente queda a merced de la tiranía que manu militari decide dónde puedes vivir, a dónde puedes ir o lo que puedes comer. Petro propone robar el alimento de los pobres provocando escasez y desabastecimiento mediante el control de los arriendos, los precios y los salarios y elevando los aranceles para que la importación de bienes y servicios solo esté al alcance la oligarquía corrupta que mediante el control de cambios monopoliza el acceso a las divisas. Pero lo más tenebroso es lo que propone en su autobiografía donde anuncia que acabará con la economía de mercado para dar paso a la economía de lo necesario. A cada cual según su necesidad es la proclama socialista. 

La riqueza de las naciones libres, que es la riqueza de los individuos que la conforman, es el resultado de la división del trabajo y esta no tiene otro límite que la extensión del mercado, que la amplitud de los intercambios del producto de su trabajo que libre y voluntariamente realizan los individuos con los de su propia nación y con los de las más remotas. Las personas más ricas son aquellas que directa o indirectamente cambian sus propios productos, sus propias creaciones, sus propios servicios con más y más personas. No hay persona más pobre que aquella que no intercambia nada con nadie y que por lo tanto está condenada a suplir con su esfuerzo aislado sus necesidades básicas. Esta ha sido desde siempre la verdadera promesa del socialismo y el comunismo: acabar son la libertad de intercambiar, aniquilar y suprimir la propensión humana a cambiar para hacer que las personas se conformen con lo básico, con lo mínimo, con lo necesario.  

Es falso que el socialismo haya fracasado en Cuba o Venezuela, países cuyo sistema económico y político admira Petro y desea implantar en nuestro país. El éxito del socialismo en Cuba ha sido total. Son ya tres generaciones las nacidas sin libertad de decidir lo que quieren hacer con su propia persona, con su propio trabajo, sin la posibilidad de intercambiar libremente sus productos y servicios con los demás. Tres generaciones acostumbradas a lo básico, a lo que la dictadura que las oprime decide son sus derechos, sus necesidades. Ya ni se rebelan, ni protestan, pues han caído, la mayoría de ellas, en la ominosa situación de servidumbre voluntaria y agradecida a la que los tiranos socialistas quieren llevar a los habitantes de los países donde logran imponerse. Venezuela, la atribulada Venezuela, avanza decididamente por ese camino. Los jóvenes venezolanos de veinte años, de la misma edad de los muchos que en Colombia votan por Petro, no han disfrutado en sus vidas ni de un segundo de libertad.

El socialismo no suprime la búsqueda del interés propio, reprime su ejercicio en libertad para la mayoría de la población, al tiempo que la reserva, en diversos grados, según la jerarquía dentro de la nomenclatura, para los miembros del partido único de gobierno. Es el interés propio doloso, como lo han ejercido desde siempre los criminales, mediante al fraude, el robo, la extorsión, el secuestro y el asesinato. La diferencia radica en que bajo el socialismo los criminales ejercen su interés propio desde el poder, desde el gobierno. Todos los gobernantes socialistas buscando su interés propio se hacen inmensamente ricos. Todos los gobernantes socialistas son criminales que han expropiado, que es lo mismo que robado, los bienes de los demás y que cada día expropian a los sometidos el más preciado de los bienes del ser humano: su propio trabajo. El gobierno socialista que promete Petro seria, como ya lo es en Venezuela o Cuba, el gobierno del lumpen organizado que se ha tomado el poder.   

LGVA

Noviembre 2021.

La Superservicios en EPM: ¿intervención a la vista?

 

La Superservicios en EPM: ¿intervención a la vista?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Aterrador el Documento de Evaluación Integral a Prestadores – EPM (DEIPEPM) en el que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios consigna los resultados del proceso de evaluación integral de Empresas Públicas de Medellín realizado entre abril y julio pasados. Los hallazgos de esa evaluación son en extremo preocupantes puesto que - además de evidenciar las ya conocidas deficiencias en el gobierno corporativo y los tropiezos del proyecto Hidroituango – revelan problemas en la prestación misma de los servicios de energía, gas, acueducto y alcantarillado, lo cual sugiere que el pésimo manejo en la alta dirección de la Empresa está impactando su gestión operativa y comercial. Sin mayor comentario, veamos algunos de esos hallazgos.

Sobre el Gobierno Corporativo, dice la SSPD:

“Como se puede observar, el debilitamiento del Gobierno Corporativo de EPM ha afectado la imagen de EPM y la confianza del mercado en ella. (…) La disminución de la calificación de riesgo implica un encarecimiento de la deuda para EPM lo que puede generar dificultades al momento de atender los diferentes compromisos contraídos. Igualmente, dicho debilitamiento podría causar un encarecimiento del componente de riesgo que hace parte de la construcción de los precios que los proveedores de bienes y servicios cotizan a la empresa. En esta misma línea, esta situación puede afectar los costos asociados al aseguramiento de esos riesgos. En efecto, a mayor riesgo crediticio derivado del mayor costo, mayor será el costo de su aseguramiento. Así, puede verse que las falencias en adherir al Código de Gobierno Corporativo y al Convenio Marco de Relaciones pueden desencadenar consecuencias adversas para EPM que en últimas pueden afectar su rentabilidad y aumentar los costos que enfrenta y de esta forma derivar en una afectación a los servicios que presta” (DEIPEPM, Capítulo 1, página 5).

Sobre la falta de transparencia en la dirección de la Empresa:

“No existe mecanismo que permita revisar periódicamente si las determinaciones adoptadas como parte de las reglas de gobierno corporativo se ajustan a las reglas estatutarias y las determinaciones del Convenio Marco de Relaciones. Adicionalmente, se advierte que existe cierta falta de transparencia y acceso a la información relevante sobre los procesos de dirección y gestión” (DEIPEPM, Capítulo 1, página 7)

Sobre el proceso de selección de los integrantes de la junta directiva y el gerente general, dice la SSPD:

“A través del proceso de auditoría interna se comprobó que no se siguieron los procedimientos internos establecidos pues no se validó por parte del Grupo de Talento Humano el cumplimiento de algunos requisitos para la selección de los miembros de la Junta Directiva y del Gerente General” (DEIPEPM, capítulo 1, página 9)

Sobre la intervención del alcalde en la selección y designación de miembros de la Junta Directiva y el Gerente General:

“Sin embargo, resulta fundamental que se le exija al alcalde, como miembro de la Junta Directiva sujeto a las reglas de funcionamiento de EPM, que cumpla con las disposiciones del Convenio Marco de Relaciones para garantizar que se surtan procesos internos de validación que aseguren criterios experiencia, idoneidad, profesionalidad, honestidad y solvencia moral” (DEIPEPM, capítulo 1, página 9)

Sobre la entrada oportuna de Hidroituango:

“…es importante y oportuno resaltar, que el cronograma, como se pudo constatar, tiene un margen muy estrecho ante posibles fallas e imprevistos, y cualquier desviación del mismo, generará un retraso en la entrada en operación, así como en el cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme asignadas. Desde esta óptica, el riesgo de la no entrada del proyecto en la fecha indicada por EPM, es bastante alto, con el consecuente impacto en el mercado de energía mayorista”.  (DEIPEPM, capítulo 1, página 9)

 

En las conclusiones del DEIPEPM, la SSPD le recuerda al alcalde y a los miembros de la Junta Directiva las disposiciones legales a las que deben ajustarse en ejercicio de sus funciones. Es deber de los miembros de las juntas directivas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como EPM “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias” (Artículo 90, ley 489 de 1998). También les recuerda las reglas del artículo 27 de la ley 142 de 1994 sobre deberes de los administradores de empresas estatales de servicios públicos. Y concluye:

“Así las cosas, es necesario que los administradores de EPM (Gerente General y Miembros de Junta Directiva, especialmente) tengan presente estos deberes y orienten su conducta y actuar a su cumplimiento de manera permanente y estricta. Lo anterior permitirá cumplir con las normas que orientan la gestión de la empresa y, en consecuencia, derivará en un mayor valor de la misma” (DEIPEPM, capítulo 1, página 14)

Dejando de lado la corrección del lenguaje propio de los documentos oficiales, el resultado de la evaluación puede resumirse en cinco puntos:

1.    En EPM no hay gobierno corporativo y esto está afectando la imagen de la empresa, su reputación crediticia, su situación financiera y la calidad de los servicios que presta.

2.    Los miembros de la Junta Directiva, los gerentes nombrados y, muy seguramente, los demás funcionarios designados durante la alcaldía de Quintero Calle fueron seleccionados y nombrados sin haber surtido los procesos internos que permitieran validar sus condiciones de experiencia, idoneidad, profesionalidad, honestidad y solvencia moral.

3.    No hay transparencia ni acceso a la información relevante sobre los procesos de dirección y gestión en EPM.

4.    El cronograma de Hidroituango es extremadanamente estrecho y cualquier perturbación, como el anunciado cambio del contratista de las obras principales, conducirá a la parálisis de los trabajos y al atraso de la operación comercial.

5.    Los miembros de la Junta Directiva y el alcalde de Medellín han incumplido sus deberes de administradores y han violado sistemáticamente la ley. 

Ante esta situación tan aterradora, solo queda una pregunta para la Doctora Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios: ¿para cuándo la intervención?

LGVA

Noviembre de 2021.

La canasta familiar y el gasto en salud de los colombianos

 

La canasta familiar y el gasto en salud de los colombianos

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La canasta familiar está conformada por los bienes y servicios cuyos precios sigue periódicamente el DANE para calcular la variación del índice de precios al consumidor (IPC) o la mal llamada inflación. No están allí todos los bienes y servicios disponibles en el mercado ni los que están tienen la misma importancia.

La canasta – los bienes y servicios que la conforman y sus ponderaciones – se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los hogares (ENPH), que el DANE realiza cada diez años. La última se realizó entre julio de 2016 y julio de 2017 y la canasta resultante entró en vigencia en 2018. Se incluyen los bienes y servicios que consumen la mayoría de los encuestados y en los que gastan una fracción significativa de su ingreso. La porción de ingreso que en promedio gastan los encuestados define la ponderación que tendrá cada ítem en el período de vigencia de la canasta.

Los 443 bienes y servicios de la canasta familiar de 2018 se distribuyen en las 12 divisiones que se muestran en la tabla donde se indica la ponderación o peso de cada una de ellas.

 

Llaman la atención de inmediato las ponderaciones increíblemente bajas de las divisiones educación ( 4,41%) y salud (1,71%), como quiera que dicha ponderación equivale a lo que efectivamente gasta de su ingreso la familia colombiana promedio en cada división y no al valor de los bienes y servicios que consume de esa categoría. Esa baja ponderación refleja la importancia de los subsidios, en caso de los servicios públicos domiciliarios, o de la gratuidad casi total en los de educación y salud.

En la canasta de 2018 salieron de la división salud los servicios de cardiología, ginecología y traumatología, los exámenes bacteriológicos, los electrocardiogramas, la hospitalización y el servicio de ambulancia. No quiere eso decir que la gente no haga uso de ellos; la salida de esos rubros significa que la mayoría de los colombianos no tienen que pagar por ellos o paga poco de su propio bolsillo, ya que están incluidos en los planes obligatorios de salud o en los seguros voluntarios.

Están incluidos en la división salud las cuotas moderadoras a las EPS y los seguros médicos y los de accidentes y la medicina prepagada. También están las consultas particulares con médicos diversas especialidades, los servicios odontológicos y los exámenes y pruebas clínicas particulares. En la división salud de la canasta de 2018 se incluyeron    los jarabes homeopáticos para la tos, las curitas, las bolsas de agua caliente, las pruebas de embarazo, las consultas homeopáticas y los tratamientos de acupuntura.

La canasta familiar vigente en 1988 tenía cuatro agrupaciones: alimentos, vivienda, vestuario y misceláneo. En esta última agrupación había rubros como esparadrapo, expectorantes, laxantes, purgantes, anticonceptivos, antidiarreicos y hospitalizaciones que se suponen recogían lo referente a la salud.

La salud aparece por primera vez de manera explícita dentro de las agrupaciones de la canasta familiar en la adoptada en 1989, con el nombre de “Productos farmacéuticos y asistencia médica”, con una ponderación de 4,1%. En la canasta de 1998 la ponderación en 3.96% y 2,43% en la de 2008.

Como la ponderación en la canasta de 2018 es 1,71%, se concluye que el colombiano promedio paga de su propio bolsillo por los servicios de salud menos de la mitad de lo que pagaba a principios de los 90, antes de la adopción de los sistemas de aseguramiento de la ley 100. Visto de otra forma, el gasto en salud hoy es prácticamente igual al gasto en alcohol, tabaco y estupefacientes.

LGVA

Octubre de 2021.