Álvaro Uribe Vélez para jóvenes y desmemoriados (II)
(Para Miguel González,
estudiante de la Universidad Nacional)
Luis Guillermo Vélez
Álvarez
Economista
Miguel González, estudiante de la Universidad Nacional, a quien no
conozco personalmente, a propósito de la primera parte, escribió lo siguiente:
“Soy joven estudiante de la Universidad Nacional, y este tipo de
artículos definitivamente hacen una falta abismal en las aulas de mi universidad.
Es una lástima para los jóvenes que no compartimos aquellas ideologías el
vernos inmersos en ambientes donde no se educa, se adoctrina; y por la forma
más notoria desde mi experiencia personal la encuentro en el hecho de que este
tipo de opinión y escritos brillan por su ausencia. Espero leer los siguientes
artículos, muchas gracias por esa labor”
Agradezco sus palabras que me han conmovido profundamente y me
comprometen a continuar en esta tarea.
La segunda parte cubre
el período comprendido entre el final de último gobierno del Frente Nacional,
el de Misael Pastrana Borrero, y el incido del de Andrés Pastrana Arango. Son 24 años y seis periodos presidenciales. Son los años del
crecimiento del fenómeno del narcotráfico, que marcaría trágicamente nuestra
historia, los del fortalecimiento de las Farc y los del surgimiento de Uribe
como político activo y de la formación de su personalidad política y de
estadista.
I
Uribe, activo
militante del Partido Liberal, desempeñaría algunos cargos públicos en los dos
gobiernos de ese partido posteriores al Frente Nacional. En el de López
Michelsen fue secretario del Ministerio de Trabajo y en el de Turbay Ayala,
director de la Aeronáutica Civil. Como director de la Aeronáutica, Uribe lideró
la construcción del Aeropuerto de Rionegro, que al término del gobierno de
Turbay estaba construido en un 60%. También tiene a su haber otras
realizaciones importantes que voy a dejar de lado para referirme a la primera
gran falsedad con la que sus enemigos han pretendido empañar su biografía.
Entre otras funciones,
la Aeronáutica tenía la de autorizar la construcción y operación de los
aeropuertos del País. Todas esas autorizaciones debían contar con el aval del
Consejo Nacional de Estupefacientes y del Comando de la Brigada Militar con
jurisdicción en la zona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2303 de
1981, expedido a instancias de Uribe, para controlar las pistas clandestinas de
los narcotraficantes que entonces empezaban a proliferar. Fueron muchas las
pistas clandestinas que se intervinieron en aplicación de esa norma. Sin
embargo, con esa increíble capacidad de falsear las cosas, los enemigos de Uribe han querido
enrostrarle su labor en la Aeronáutica por un supuesto favorecimiento a las
actividades de los narcotraficantes. Ahí están los hechos.
Como Uribe se convirtió en una figura pública y yo me hice profesor
universitario, era muy improbable que nuestras trayectorias se cruzaran
nuevamente. Sin embargo, ocurrió. Fue en el Instituto de Estudios Liberales de
Antioquia (IELA), un think-tank, que, con el apoyo de algunos académicos de Medellín, fundó Uribe para darle soporte intelectual a las ideas que promovía desde
la disidencia, que, con el nombre de Liberalismo Democrático, le había montado
al Directorio Liberal de Antioquia, manejado por ese zorro de la política
clientelista llamado Bernardo Guerra Serna.
Guerra Serna era el
típico representante del “cacique político” y de la forma como se hacía la
política en el País hasta que el presidente Belisario Betancur y Jaime Castro,
su ministro de gobierno, lograron hacer aprobar, en 1986, la reforma
constitucional que introdujo la elección popular de alcaldes, con la que se le
empezó a quebrar el espinazo al sistema bipartidista que había prevalecido durante
más de un siglo. Después, con la Constitución de 1991, vendrían otros cambios
en el régimen político y en el sistema electoral que lo sepultarían
definitivamente.
En todo departamento
había, en cada partido tradicional, uno o dos grandes jefes políticos en torno
a los cuales se agrupaban los políticos locales y municipales, con el objeto de
lograr un caudal de votos significativo que les permitiera una participación
importante en la distribución de los cargos públicos. El gran jefe liberal del
Valle del Cauca era Carlos Holmes Trujillo, el papá del actual ministro de
gobierno, quien disputaba la supremacía con Gustavo Balcázar Monzón. Y así
ocurría en todos los departamentos.
Naturalmente, existían
ciertas afinidades ideológicas, pero, en definitiva, la razón de ser esas
agrupaciones era tener una votación significativa en la elección presidencial,
la única verdaderamente importante bajo el régimen político y el sistema
electoral de la Constitución de 1886. Entonces, como ahora, en Colombia y en el
mundo, los partidos y movimientos políticos son agrupaciones de individuos que se
asocian para maximizar una votación que les permita obtener la mayor
participación en los empleos públicos y la distribución del presupuesto. El
número, la solidez y la duración de los partidos depende fundamentalmente del
sistema electoral. En las democracias más respetables del mundo – las de
Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienen partidos centenarios – el sistema
electoral está diseñado para que no existan más que dos o, a lo sumo, tres
partidos políticos relevantes electoralmente y con representación en los
cuerpos colegiados.
El modelo bipartidista
o de pocos partidos es de gran importancia para el funcionamiento de las
instituciones democráticas pues permite la conformación de mayorías
gubernamentales sólidas y de bloques de oposición coherentes desde el punto de
vista programático, dando a los ciudadanos opciones de elección relativamente
claras y sencillas. Algo completamente distinto de la peligrosa confusión que
crean el multipartidismo y el caudillismo que prevalecen hoy en la política
colombiana.
Bajo el régimen
político de la Constitución de 1886, el presidente, por medio de su ministro de
gobierno nombraba a todos los gobernadores. Estos, a su turno, nombraban a
todos los alcaldes de su departamento. Por esa razón, los líderes políticos locales,
que aspiraban a gobernar su municipio, se agrupaban alrededor de un gran jefe
político para lograr que sus votos contaran en la elección presidencial y
obtener así la alcaldía tan anhelada o algún cargo en los gobiernos
departamental o nacional.
Con la elección
popular de alcaldes todo este esquema se vino al suelo pues los jefes locales
entendieron que podían hacer valer sus votos por sí mismos y empezaron a
proliferar las disidencias, inicialmente amparadas por las viejas marcas
políticas – liberalismo popular, vanguardia liberal, conservatismo progresista,
etc. – o, después, con otros nombres, a medida que aquellas perdían su antiguo
lustre.
El Liberalismo
Democrático de Uribe, como muchas otras disidencias que le salieron al
Directorio de Guerra Serna, surge en el contexto de esa transformación del
régimen político. Con el IELA, Uribe busca darle sustancia conceptual e
ideológica a su movimiento. Consiguió atraer a varios académicos de prestigio
como el economista Remberto Rhenals, el abogado constitucionalista Tulio Elí
Chinchilla y el médico salubrista Leonardo Betancur, todos ellos hombres de
gran sensibilidad social que vieron en Uribe el medio para incidir con sus
ideas en la política pública.
Otros miembros del
IELA fueron académicos e intelectuales de la izquierda democrática ampliamente reconocidos como Jaime
Jaramillo, José Obdulio Gaviria, Alberto Rendón, Antonio Restrepo, Darío Ruiz,
Libardo Zapata y Sol Marina de la Rosa. Porque Uribe era visto como un político
de centro-izquierda, al punto de que su primera candidatura al senado fue
apoyada por Gerardo Molina, destacado intelectual de izquierda cuya
participación en la vida política se remonta a los años la Revolución en Marcha
de López Pumarejo cuando fue senador por Antioquia. Hoy muchos de los amigos políticos de Uribe proceden del
MOIR, el M-19 y otras agrupaciones de izquierda.
Nunca fui miembro del
IELA, yo era más bien un “neoliberal”. Un día fui invitado por mi amigo
Remberto Rhenals a dictar una conferencia en la que defendí la política del
Presidente Barco y su Ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, de acabar
con el control de cambios y abrir la economía a la competencia externa. Allí
volví a ver a Uribe entre los asistentes, escuchando con esa atención
respetuosa que le he visto poner siempre al discurso de interlocutor,
cualquiera sea su condición. Al final, mostrando un acuerdo parcial con lo que
dije, intervino y me asombró por ese conocimiento de los detalles que, sin ser
de especialista, revela al hombre estudioso, de mente disciplinada y
genuinamente interesado por entender cómo son en realidad las cosas. Todos los
que han trabajado a su lado pueden dar testimonio de ello.
En aquellos años
aciagos del período de gobierno del Presidente Barco, volví a verlo en medio de
una dolorosa circunstancia: las exequias de Leonardo Betancur Taborda,
asesinado por los paramilitares. Allí pude apreciar otra vez su valentía y
determinación cuando, en contra del querer de los militantes de la izquierda
totalitaria que lo abucheaban, se puso de pie, al aire libre, en el cementerio
Campos de Paz, con su mano puesta sobre el cofre, a hacer una oración fúnebre
en honor de su amigo asesinado.
Volví a ver a Uribe
cuando era Gobernador. Yo era gerente de una empresa estatal de la cual la
Gobernación de Antioquia era accionista. La empresa requería una urgente
capitalización y le pedí una cita para hablar del asunto. Me recibió en su
despacho y fue una entrevista seria, precisa, al grano, como son las cosas con
él. Estaba al tanto de la situación de la empresa y de mi gestión al frente de
ella. Me felicitó por mi trabajo y, sin ningún rodeo, me dijo que el
Departamento tenía otras prioridades y que le era imposible realizar esa
capitalización. Salí sin un peso, pero teniendo por él más respeto y
admiración.
Durante su primera
campaña electoral preparé algunos documentos para directivos de la misma.
Seguramente Uribe no se enteró de ello. Después de la elección, uno de esos
directivos, que sería ministro en el primer gabinete, me pidió la hoja de vida,
para ver dónde podía ayudar, según dijo. Decliné su ofrecimiento pues prefería
mi trabajo de consultor independiente, a pesar de que por esos días las cosas
estaban difíciles para los “informales” como yo. Nunca en sus ocho años en la
presidencia desempeñé cargo en su administración ni tuve contrato alguno con
dependencias del gobierno nacional. No por eso puedo decir que no le debo nada
a sus gobiernos porque en realidad les debo todo: bajo ellos pude adelantar, con
seguridad y confianza en el futuro, mi vida profesional y proveer con mi
trabajo las necesidades de mi familia. El vigoroso inicio de su primer
gobierno, que en pocos meses cambió la correlación de fuerzas con las Farc,
llenándonos a todos de esperanza, me hizo desistir de mi propósito de abandonar
el País para instalarme en Canadá. Estoy seguro de que este fue el caso de
miles de colombianos.
II
Aún sin registrar
tasas de crecimiento espectaculares, como las de los llamados “tigres
asiáticos” – Taiwan, Corea, Singapur y Hong Kong- que por entonces eran la
sensación, la economía colombiana venía creciendo de forma sostenida, lo cual,
unido a la reducción de la tasa de crecimiento de la población, se traducía en
un aumento continuo del producto por habitante. Crecía también la cobertura en
educación a todos los niveles, mejoraba también la cobertura en salud y
aumentaba la construcción de vivienda popular, bajo el impulso que al crédito
hipotecario le había dado la adopción del sistema UPAC, creado en la
administración de Pastrana Borrero. Con el final de Frente Nacional se estaba
abriendo paso en el País una democracia más abierta y competitiva.
Los acuerdos de China
y la Unión Soviética con Estados Unidos llevaron a una reducción de la
intensidad de la llamada guerra fría, haciendo que esos países se mostraran más
interesados en atender sus problemas internos que en apoyar unos movimientos
guerrilleros en el otro extremo del mundo. A finales de los ochenta, con la
transformación de China en una curiosa forma de capitalismo autoritario y el
colapso de la Unión Soviética, el derrumbe de las guerrillas colombianas
parecía inminente, como efectivamente ocurrió con las de otros países de
América Latina. Esta circunstancia y las
mejoras persistentes en el bienestar de la población permitían presagiar que
las guerrillas se irían debilitando hasta desaparecer, faltas de apoyo
financiero y carentes de arraigo en la población. Pero no ocurrió así a causa
del narcotráfico, que, además de brindar soporte financiero a la guerrilla,
obligaría al Estado a dedicar ingentes recursos para enfrentar su enorme
desafío.
Fue solo en el
gobierno de Belisario Betancur cuando la sociedad colombiana se percató de la
gravedad de la enfermedad que padecía como consecuencia del veneno que se le
había inoculado a mediados de los años setenta: el veneno del narcotráfico, que
cambió por completo la historia del País. Por eso hay que detenerse para
hablar, así sea brevemente, de la aparición, desarrollo y consolidación del
narcotráfico.
Debo decir en este
punto que siempre fui contrario a prohibición de las drogas pues creo que la
decisión de consumirlas es asunto del fuero invidual de cada cual. Sin embargo,
nunca fui partidario de la legalización unilateral de su producción y tráfico
porque habría convertido a Colombia en un país paria, habría dado a los
narcotraficantes un poder mayor sobre la sociedad colombiana y nos habría transformado
en un narco-estado como lo es hoy Venezuela.
A los gobiernos hay
que juzgarlos por lo que hacen y también por lo que dejan de hacer. El fenómeno
del narcotráfico empezó a manifestarse con fuerza bajo el gobierno de Alfonso
López Michelsen, 1974-1978. Todo inició con la llamada “bonanza marimbera”
resultante de la exportación masiva hacia Estados Unidos de la marihuana
cultivada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta
Golden, la llamaban. Poco a poco el País
se fue percatando que el valor de las exportaciones de cocaína superaba con
creces el valor de las exportaciones de marihuana y que el problema estaba en
otra parte.
Como Presidente de la
República, López Michelsen pudo ver lo que estaba pasando y decidió desentenderse
de ello. En múltiples oportunidades declaró paladinamente que ese era un
problema de Estados Unidos: “Aviones norteamericanos, con pilotos
norteamericanos transportan cocaína para consumidores norteamericanos”, solía
decir. Pero, además de renunciar a combatir a los narcotraficantes, el gobierno
de López les dio a estos y la sociedad entera un equívoco mensaje de tolerancia
cuando decidió modificar el régimen de control de cambios entonces vigente.
El control de cambios
consistía, básicamente, en que el Banco de la República tenía el monopolio de
la compra y venta de divisas en el País. Quien necesitaba dólares para importar
mercancías o realizar cualquier pago al exterior debía comprarlos al Banco de
la República justificando el uso que les iba a dar. Así mismo, quien realizaba
exportaciones o recibía dólares por cualquier concepto estaba en la obligación
de venderlos al Banco, demostrando la legitimidad de su procedencia. Esta
operación recibía el absurdo nombre de reintegro. Por supuesto que había un mercado paralelo de
divisas que, aunque ilegal, era más o menos tolerado. Era tal la afluencia de
divisas que ingresaban por el narcotráfico que, contrariamente a lo que ocurre
cuando hay control de cambios, el dólar del mercado negro o paralelo se cotizaba
a un precio inferior al dólar oficial.
El gobierno de López
decide que en las taquillas del Banco de la República podrán venderse hasta
cincuenta dólares en cada transacción sin justificar su procedencia. Pronto las
sedes del Banco en todas las ciudades se vieron atestadas de ciudadanos que
hacían fila una y otra vez para cambiar de a cincuenta dólares en cada
oportunidad. Los narcotraficantes pagaban por ese servicio. En esta decisión,
aparentemente anodina, los narcotraficantes y la sociedad entera vieron un
mensaje de tolerancia. Y no podía ser de otra forma: si el gobierno recibe los
dólares del narcotráfico, por qué no he de hacerlo yo, razonaba el ciudadano
común. Si el gobierno recibe nuestros dólares, el gobierno es nuestro cómplice,
razonaban las narcotraficantes. El expresidente Carlos Lleras Restrepo calificó
esa decisión como la apertura de la “ventanilla siniestra”.
Durante los gobiernos
de López Michelsen y de Turbay Ayala, aunque no dejaron de realizarse
confiscaciones de droga y algunas detenciones, el narcotráfico creció desmesuradamente.
Los principales narcotraficantes eran personajes públicos que no necesitaban
esconderse. De hecho, eran populares, la gente celebraba sus extravagancias, como construir plazas de toros en su fincas, y
las personas acaudaladas estaban dichosas vendiéndoles, a precios exorbitantes,
apartamentos, casas, fincas, caballos, obras de arte, etc. Los políticos los
cortejaban y recibían sus donativos electorales. En fin, la sociedad colombiana
despreciaba a los narcos, pero apreciaba sus dólares. La forma en que el
narcotráfico permeó la sociedad a todos sus niveles está descrita en la
dolorosa novela La mujer de los sueños
rotos de María Cristina Restrepo.
El gobierno de Turbay
Ayala negoció y firmó un tratado de extradición con los Estados Unidos. El
embajador en Washington era Virgilio Barco Vargas, quien participó activamente
en la redacción del documento. La tremenda inconciencia de la sociedad
colombiana frente a la trasformación que a su interior se estaba operando, como
consecuencia del narcotráfico, la prueba el hecho de que la noticia de la
aprobación del tratado en el Congreso de la República solo mereció en El Tiempo
un pequeño titular de tres columnas en la parte baja de la primera página. El
País empezó a percatarse de lo que le subía pierna arriba cuando las
principales ciudades se llenaron de gigantescas vallas en las que, los
narcotraficantes, desafiantes, proclamaron: “Preferimos una tumba en Colombia a
una cárcel en los Estados Unidos”. Esto anunciaba el terrible ataque que los
narcotraficantes desatarían contra la sociedad colombiana.
III
En 1982 viajé a
Francia con mi esposa Gloria Cecilia a adelantar estudios de posgrado.
Prácticamente estuve fuera durante todo el gobierno de Belisario
Betancur, el hombre bueno y bien intencionado que más daño le ha hecho al País
en su historia reciente. Cualquiera diría que el refrán popular que dice: “de
buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, fue inventado a su
propósito.
La campaña
presidencial de 1982, en la que Betancur se enfrentó a López Michelsen y a Luis
Carlos Galán, estuvo marcada por el temor de que los narcotraficantes desataran
una guerra sin cuartel, como después lo harían, contra el tratado de
extradición. Betancur prometió que no aplicaría el tratado e inicialmente así
lo hizo. Dudo mucho de que López Michelsen hubiera procedido de manera
distinta. Solo Galán, quien venía combatiendo a los narcotraficantes y a sus
aliados en la política desde la tribuna y desde la prensa, hubiera sido capaz
de enfrentarlos con decisión. Esa actitud vertical le costaría la vida años más
tarde.
A pesar de que los
narcotraficantes tenían intimidada a la justicia y asesinaban a placer
policías, jueces, otros narcotraficantes y ciudadanos del común, Betancur
empezó cumpliendo su promesa de no aplicar el tratado de extradición. Pero,
fiel a esa característica de los pusilánimes de poner una vela a Dios y otra al
Diablo, nombró como Ministro de Justicia a Rodrigo Lara Bonilla, uno de los
principales dirigentes del Nuevo Liberalismo, el nombre con el cual Galán había
bautizado su disidencia del Partido Liberal.
Lara, como suele hacer
la mayoría de los políticos, hubiera podido pasar de agache - a lo mejor eso
era lo que quería Betancur, interesado sobre todo en pasar a la historia como
el "Presidente de la Paz" - incautando una toneladita aquí o allá y apresando dos
o tres peces pequeños; pero, sorprendentemente, decidió tomar en serio la
consigna retórica de Betancur de someter al narcotráfico a nuestra propia justicia
y se embarcó en una lucha frontal contra los narcotraficantes, que tenía
perdida de antemano, y decidió darles donde les dolía: Tranquilandia.
De Tranquilandia sabía
todo mundo en Colombia, empezando por el Gobierno. Se trataba de un gigantesco
complejo para la producción de cocaína instalado en medio de las selvas de Meta
y Caquetá, con 20 laboratorios y 10 pistas de aterrizaje. Tranquilandia era la
expresión escandalosa de la nefasta mutación que el negocio de la cocaína había
tenido en Colombia durante los años de indiferencia tolerante con la que
sucesivos gobiernos, y la sociedad colombiana toda, lo habían tratado; antes de
que, el desafío que representó el asesinato de Rodrigo Lara, forzara, a
Belisario Betancur, a afrontar la guerra que los narcotraficantes le habían
declarado a su gobierno y la sociedad entera.
En sus inicios, las
etapas del proceso de producción y comercialización de la cocaína estaban
localizadas en varios países. En Bolivia y Perú estaban los cultivos de la coca,
que abastecían el consumo tradicional de los indígenas y la creciente demanda
de los productores de cocaína. La llamada pasta base, que no es más que un
amasijo de hojas de coca prensadas para facilitar su transporte, también se
producía en esos países, donde la compraban los narcotraficantes colombianos
para transformarla en la cocaína que exportaban a Estados Unidos, para ser
vendida al consumidor final.
De manera
imperceptible en un principio, después de forma abierta y descarada, el cultivo
de la coca se fue trasladando hacia Colombia. Los narcotraficantes colombianos
integraron todas las etapas de la actividad, desde el cultivo de la coca hasta
la comercialización minorista de la cocaína, producida en los laboratorios de
Tranquilandia, en las calles de algunas ciudades de Estados Unidos. Esto se
produjo a lo largo de varios años, mientras la sociedad colombiana miraba para
otra parte y sucesivos gobiernos trataban de lidiar con la guerrilla,
alternando infructuosos “procesos de paz” con ofensivas militares erráticas y
deficientemente preparadas.
El País no se había
dado cuenta de que con el desarrollo de los cultivos de coca y la instalación
de laboratorios en los territorios selváticos donde operaban las guerrillas, se
había sellado una alianza de intereses entre los narcotraficantes y las Farc, que
permitiría el fortalecimiento económico y militar de ésta y su posterior
transformación en la principal organización de narcotraficantes de Colombia.
Entre tanto, sucesivos gobiernos creaban, una tras otra, comisiones de paz para
buscar la terminación del “conflicto armado”.
Personajes como el
expresidente Lleras Restrepo, que presidió la primera creada bajo el gobierno
de Turbay Ayala, el entrañable intelectual Otto Morales Benites, el empresario
John Agudelo Ríos, el obispo Mario Rebollo, la colaboradora de todos los
gobiernos, Nohemí Sanín, y muchos otros más, fueron reyes de burlas en esas
“comisiones de paz”, con las que las Farc “dialogaban”, mientras se fortalecían
económica y militarmente, preparándose para enfrentar la próxima ofensiva del gobierno,
que inevitablemente seguía al fracaso del diálogo como consecuencia de las
descaradas exigencias de la organización guerrillera.
Las negociaciones bajo
el gobierno de Belisario Betancur, culminaron en el llamado Acuerdo de La
Uribe, que dio lugar a la creación de un partido llamado Unión Patriótica,
integrado por combatientes de la Farc. El absurdo de ese acuerdo era evidente:
las Farc entraban a la política electoral sin abandonar las armas, logrando así
el objetivo de combinar todas las formas de lucha para alcanzar el poder. Hoy,
como consecuencia de los acuerdos de La Habana, el País enfrenta una situación
semejante, aunque mucho más grave.
A causa de su
pusilanimidad y su deseo de complacer a todo el mundo, el gobierno de Belisario
Betancur dejó el País en una situación calamitosa: una economía debilitada, la
guerrilla de las Farc fortalecida y unos carteles de narcotraficantes con
ingentes recursos económicos y militares que les permitieron lanzar el más
despiadado ataque contra la sociedad colombiana durante el gobierno de Virgilio
Barco Vargas.
Los acontecimientos
que se presentaron en los años del gobierno de Barco son de los más dolorosos
en la historia del País. “Es difícil encontrar – escribió el historiador
británico Malcom Deas – en la historia reciente de Occidente un Estado
democrático confrontado con amenazas tan graves como fue el caso de Colombia a
mediados de los años ochenta”. Una enumeración no exhaustiva de algunos sucesos
basta ilustrar la magnitud del desafío que enfrentó.
Un mes antes de la
posesión de Barco, en julio de 1986, es asesinado Hernando Baquero Borda, juez
de la Corte Suprema. En diciembre es acribillado Don Guillermo Cano, director
de El Espectador. Después vendrían los secuestros de Andrés Pastrana, Álvaro
Gómez y Francisco Santos y los asesinatos de los candidatos presidenciales
Jaime Pardo, en octubre de 1987, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, Bernardo
Jaramillo, en marzo de 1990, y Carlos Pizarro, en abril de
1990. Cayeron también asesinados el procurador Carlos Mauro Hoyos,
en enero de 1988; el gobernador de Antioquia, Antonio Roldan, en julio de 1989,
y el coronel Franklin Quintero, el 18 de agosto de 1989, el mismo día que Luis
Carlos Galán. Y el colmo de los ultrajes a la sociedad: la bomba al Espectador,
en septiembre de 1989, y, en noviembre de ese mismo año, las bombas al edificio
del DAS y al vuelo 203 de Avianca, y la operación pistola contra la policía de
Medellín, desatada por Pablo Escobar, que dejó más de 200 agentes muertos.
IV
Los primeros grupos
paramilitares aparecieron en Colombia bajo los gobiernos de Belisario Betancur
y de Virgilio Barco. En su condición de Ministro de Gobierno, Cesar Gaviria
denunció en el Senado, en 1986, la existencia de 140 grupos paramilitares formados
bajo el amparo de una legislación de 1968 que permitía la creación de grupos
civiles de autodefensa. El gobierno los declaró ilegales, derogó la legislación
que los amparaba, tipificó el delito de paramilitarismo y creó una fuerza
especial para combatirlos. A los jóvenes
se les ha hecho creer que Álvaro Uribe fue el creador del paramilitarismo. Los
hechos históricos desmienten ese mito difundido por la izquierda.
También es falso que
Uribe, como Gobernador de Antioquia, haya creado las Convivir que a los jóvenes
se les ha enseñado a identificar con el paramilitarismo. Estas organizaciones,
cuyo nombre exacto es “Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada” fueron
autorizadas por el gobierno de Samper Pizano mediante el decreto 356 de 1994 o
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Previo el cumplimiento de ciertos
requisitos, estas cooperativas obtenían licencia de funcionamiento expedida por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad del orden
nacional, la misma que autoriza y supervisa los cientos de empresas privadas
que prestan servicios de vigilancia y seguridad en residencias y oficinas de
los centros urbanos. En síntesis, el
gobierno de Samper dio vida legal a las Convivir y una dependencia de orden nacional
autorizaba su funcionamiento. En concesión a las Farc, el gobierno de Andrés
Pastrana suprimió esas cooperativas. No existían cuando Álvaro Uribe llegó a la
presidencia en 2002.
Álvaro Uribe fue
Senador de la República entre 1986 y 1994.
Nunca me crucé con él durante esos años, pero estuve al tanto de su
actividad como congresista: cumplido,
estudioso y eficiente. Fue autor y ponente de numerosos proyectos de ley, entre
ellos la llamada Ley de Metros, durante cuyo trámite mi esposa Gloria Cecilia,
que era Directora Financiera del Metro, trabajó intensamente con él.
El hecho de asumir la
ponencia de dicho proyecto, es prueba de la dimensión de estadista de Uribe.
Era una ley absolutamente necesaria para garantizar la viabilidad financiera
del Metro, pero era totalmente impopular porque le imponía a la ciudad de
Medellín y al departamento de Antioquia obligaciones fiscales con la Nación
para que esta pudiera otorgar su garantía al financiamiento externo de la obra.
En su momento, la opinión pública de Antioquia, azuzada por los politicastros
de siempre, rechazaba esa ley pretendiendo que el esfuerzo fiscal recayera
totalmente sobre la Nación.
Álvaro Uribe asumió el
costo político que implicaba sacar esa ley que ha sido de gran importancia para
el País, pues definió el esquema de financiación de todos los sistemas de
transporte masivo que posteriormente se construyeron en varias ciudades, justamente en los gobiernos de Uribe. La
financiación del metro de Bogotá ha sido posible gracias al esquema de la que a
mí me gusta llamar la Ley Tamayo-Uribe. Mi esposa consagró a ese proyecto
muchos días de trabajo y puede dar testimonio del empeño y la tenacidad del
senador Uribe para sacarlo adelante en el Congreso.
El gobierno de Cesar Gaviria
impulsó grandes reformas que cambiaron para bien el rumbo de la economía.
Conocedores los ministros de Gaviria de la inteligencia, capacidad de trabajo y
habilidad política de Uribe, lo buscaron para que fuera ponente de los
proyectos de ley de dos de sus más importantes reformas: la laboral, ley 50 de
1990, y la seguridad social, ley 100 de 1993. El arquitecto de esta última fue el economista Juan Luis Londoño de la Cuesta, quien moría en un trágico accidente cuando se desempañaba como ministro en el primer gobierno de Uribe. Con su muerte, Colombia perdió un hombre bueno que con su inteligencia, su entusiasmo, su alegría desbordante estaría hoy contribuyendo al progreso del País. Me siento honrado de haber sido su amigo.
La ley 50 no es mala
por lo que dice sino por lo que le faltó decir. Entonces, aún ahora, la
legislación laboral estaba diseñada para proteger a quienes tienen empleo a
expensas de los que carecen de él o subsisten en la mal llamada informalidad.
Esa legislación es defendida por la izquierda, enemiga de todas las libertades, entre ellas la libertad de contratar entre empleadores y empleados. Aún con sus
limitaciones, los cambios introducidos por la ley 50 favorecieron el empleo y
la inversión.
La ley 100 puso término
a un sistema de seguridad ineficiente – el del Instituto de Seguros Sociales - controlado
por la corrupción política y los sindicatos del sector salud; creando un
sistema de salud que cubre a toda la población y un sistema pensional que ha
estimulado el ahorro y permitido notables avances en la cobertura. Hoy, la
familia colombiana típica solo destina el 1,2% de su propio ingreso al gasto en
salud: ese es el peso que tienen dicho gasto en la canasta familiar con la que
se calculan las variaciones del Índice de Precios al Consumidor. Es bueno
decirlo también aquí, que, en esa canasta, el gasto en educación solo
representa el 4,2%. Esas dos cifras muestran por sí solas los notables avances
del País en la financiación del acceso a la salud y la educación de toda la
población, que la izquierda totalitaria se empeña en desconocer y la derecha
democrática no ha sabido defender.
Igualmente, a pesar de
sus deficiencias, el sistema pensional permite que millones de personas reciban
hoy puntualmente su jubilación y que los cotizantes tengan la certeza de
recibirla en su momento, porque sus ahorros están bien administrados por las
AFP y están respaldados por una economía que, en medio de las dificultades
coyunturales, ha crecido satisfactoriamente en el largo plazo. Esto es
importante entenderlo: sin crecimiento económico no hay empleo ni bienestar y
tampoco pensiones para nadie.
Quizás no sobre
recordar que Uribe también fue ponente de la ley 7 de 1992, que impidió que los
cabecillas del M-19 fueran llevados a juicio y, eventualmente, condenados por los
delitos de lesa humanidad cometidos durante la toma del Palacio de Justicia en
noviembre de 1985. Esa ley, de dos artículos, estableció que, los guerrilleros
beneficiados con indultos y amnistías, fueran cobijados por el principio de
favorabilidad y el beneficio de la cosa juzgada. Eso explica que varios de los
dirigentes del M-19 se hayan convertido en partidarios de Uribe y militen en el
Centro Democrático. Otros, como Antonio Navarro y Gustavo Petro se convertirían
en sus implacables enemigos. La gratitud no es una virtud que adorne a todo mundo.
Tampoco fue muy
agradecido el abogado Carlos Gaviria Diaz, cuya elección a la Corte Constitucional
fue impulsada decididamente en el Senado por Uribe. Como Gobernador de
Antioquia, Uribe le otorgó a Gaviria la máxima distinción del Departamento, el
Escudo de Antioquia en Categoría Oro. Es sorprendente que Gaviria no hubiese
rechazado la distinción por provenir de un gobernador que por su férrea
política de seguridad ya era acusado de paramilitarismo por sus enemigos. Sin Uribe, que con sus
acciones elevó su prestigio, Gaviria no habría dejado de ser el oscuro profesor
de Introducción al Derecho que había sido toda su vida. Los maltratos que
recibió Uribe del antiguo profesor no se compadecen con la admiración y cariño
que siempre le tributó el más prominente de sus alumnos.
V
El apoyo de Uribe al
gobierno de Cesar Gaviria muestra una importante evolución en su pensamiento
político y económico, apartándose de la visión intervencionista del liberalismo
de sus años de juventud – la de López Pumarejo y Lleras Restrepo,
principalmente – y orientándose a una mejor apreciación del papel del mercado y
de la importancia de la función empresarial.
Gaviria, que había
sido Ministro de Hacienda de Barco, continúo con el proceso de desmonte del
férreo intervencionismo económico cepalino iniciado por su antecesor. Bajo su
gobierno se redujo el nivel y la dispersión del arancel proteccionista, se
liberalizó el sistema financiero, permitiendo la llegada de la banca
extranjera, se abrió el sector de los servicios públicos a la inversión privada
y se hicieron las ya mencionadas reformas a la seguridad social y al régimen
laboral de las que fue ponente el senador Uribe.
Estas importantes
reformas, que la izquierda moteja de “neoliberales”, delinearon en gran medida
la orientación de la economía hasta la actualidad. La increíble ampliación de
la oferta de bienes de consumo importados al alcance de la mayoría de la
población, el acceso también de esa mayoría al sistema financiero, el aumento
en la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios, la
ampliación de la cobertura de la seguridad social en salud, de un sistema que
superó exitosamente la dura prueba de la pandemia del Covid-19, y el
crecimiento indiscutible de la clase media y la drástica reducción de la
pobreza, son logros del País que en muy
buena medida son consecuencia de los cambios legales de mediados de los
noventa, la mayoría de los cuales están vigentes en la actualidad en sus
aspectos fundamentales. No hay mejor prueba de la bondad de una ley que su
persistencia en el tiempo.
Esos logros, que la izquierda
quiere echar atrás implantando un intervencionismo hirsuto, hay que defenderlos
manteniendo y profundizando las reformas hacia una economía cada vez más
orientada por las decisiones libres de las familias y las empresas, es decir,
por el mercado.
VI
El de Gaviria fue un
buen gobierno, aunque cometió el grave pecado de dejar el manejo de la relación
con la Constituyente a un personaje tan inepto y pusilánime como Humberto de la
Calle, que le hizo al M-19 todas las concesiones posibles, como después lo
haría con las Farc en La Habana. ¡Qué daño la he hecho al País este señor de la
Calle!
Hay que detenerse a
decir algunas palabras sobre la Constituyente y la Constitución de 1991.
Desde el gobierno de López
Michelsen se venía hablando de una constituyente. López quiso convocar lo que
llamó una “mini-constituyente” para reformar la justicia - ¡desde entonces! – pero
fracasó en su intento. En general se aceptaba que un eventual acuerdo de paz
con las guerrillas debía conducir a una reforma constitucional más o menos
amplia del régimen político y el sistema electoral.
El gobierno de Barco
adelantó un exitoso proceso de paz con el M-19 que concluyó con la
desmovilización de ese grupo en marzo de 1988. Fiel a la promesa consignada en
el acuerdo de realizar una reforma política, el Gobierno presentó al Congreso
un proyecto de reforma constitucional. El trámite del proyecto fue interferido
por los narcotraficantes quienes lograron que sus amigos en el Congreso
incorporan un artículo que prohibía la extradición. Esto era algo que Barco,
quien se había enfrentado a los narcos y extraditado a varios de ellos, no
podía aceptar y el gobierno retiró el proyecto.
La convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyentes es uno de los hechos más sorprendentes de
nuestra historia política. Barco pretendía que la reforma constitucional que
saliera del Congreso en 1989 fuera ratificada mediante el “Referendo por la paz
y la democracia”, que debía realizarse el 21 de enero de 1990. Con el retiro
del proyecto, esto se vió frustrado. Un grupo de estudiantes universitarios
impulsó una propuesta para que en las elecciones de marzo de ese año se
incluyera una papeleta adicional a las seis que estaban previstas, mediante el
cual el constituyente primario aprobaba la convocatoria a una asamblea constitucional.
En dichas elecciones
se depositaron menos de un millón de votos en un formato no oficializado por la
organización electoral. El Presidente Barco, haciendo uso de las facultades del
estado de sitio, expidió el decreto 927 del 3 de mayo ordenando a la
organización electoral la contabilización de los votos que se emitieran para
convocar una asamblea constituyente en las elecciones presidenciales del 27 de
mayo. Más de cinco millones de colombianos votaron favorablemente. Las
votaciones para elegir los constituyentes se realizaron el 9 de diciembre ese
mismo año. Así pues, la convocatoria de la constituyente del 91 se decidió por
una segunda papeleta en las elecciones presidenciales, no por la séptima en las
de cuerpos colegiados.
La constituyente se
instaló el 5 de febrero de 1991 y concluyó sus labores con la expedición de la
nueva constitución el 4 de julio. No es del caso hablar aquí de forma
exhaustiva del contenido de esa constitución cuya gran extensión – 380 artículos
permanentes y 60 transitorios – refleja el esfuerzo de los 70 constituyentes
por incluir en ella las visiones de todas las fuerzas políticas participantes.
Ese esfuerzo de inclusión al parecer no ha terminado pues la constitución del
91 ha sido objeto de más de 45 reformas. Todo un récord mundial.
En una constitución tan extensa todo mundo encuentra
algo que le guste. Mis preferencias van por los capítulos V y VI del Título XII
sobre el régimen económico y de hacienda pública, que tratan, respectivamente,
del régimen de servicios públicos y de la autonomía del Banco de la República.
Me gusta mucho también la reforma, consagrada mediante al acto legislativo 03
de 2011, que introdujo en la Constitución los conceptos de sostenibilidad
fiscal e incidente de impacto fiscal, cuyo desarrollo legal es la llamada regla
fiscal que impone límites al déficit y al endeudamiento en que puede incurrir
la Nación. La autonomía del banco
central nos pone un poco al abrigo de la financiación inflacionaria del gasto
público; mientras que el concepto de sostenibilidad fiscal, aunque precario,
puede ayudar a evitar el desmadre gasto público, peligro siempre latente con
una constitución plagada de derechos que todos quieren reclamar y con unos jueces
convertidos en ordenadores de gasto, especialmente en el caso del sistema de
salud.
Lo que más me
desagrada es el régimen electoral que ha dado lugar a la atomización de las
fuerzas políticas y al surgimiento del caudillismo que hoy caracteriza la
política colombiana. Llegamos a tener 60 partidos y movimientos con personaría
jurídica, 20 de ellos con representación en el Congreso. El acto legislativo 1
de 2003 cambió un poco la situación, pero aún tenemos un multipartidismo que es
excesivo porque impide la conformación de mayorías coherentes en el Congreso y
da lugar a una política de pequeños intereses basada en la repartición de
cargos y partidas presupuestales. Adicionalmente, y esto es quizás lo más
grave, el multipartidismo excesivo priva al elector de opciones políticas
claras y lo sume en una confusión mental propicia a las fuerzas de la izquierda
totalitaria, que tiene una inmensa capacidad para presentarse con los más
diversos ropajes tras los que se oculta un mismo objetivo: acabar con las
libertades y la economía de mercado.
VII
A Cesar Gaviria lo
sucedió Ernesto Samper Pizano, cuyo gobierno fue un verdadero desastre.
Instalado en el poder por obra y gracias del Cartel de Cali, se pasó aferrado a
él, usando el presupuesto de la Nación para comprar su absolución en el
Congreso.
La financiación de la
campaña de Samper por el narcotráfico es un hecho probado. El tesorero,
Santiago Medina, lo reconoció en el libro que publicó sobre el asunto. El jefe
de la campaña y posteriormente ministro de gobierno, Fernando Botero Zea, lo
hizo también, en vivo y en directo, ante las cámaras de televisión. También lo
reconoció el propio Samper quien gracias a la repartición de generosas dádivas
presupuestales consiguió que la Cámara de Representantes lo absolviera,
aceptando su mentira de que todo había ocurrido a sus espaldas. Esto dio lugar
al famoso proceso 8.000 en el que resultaron condenados decenas de
congresistas.
Aunque, gracias a sus
enormes influencias, Samper y su ministro de gobierno Horacio Serpa, lograron
impedir el avance en la Fiscalía de la investigación sobre el asesinato de
Álvaro Gómez Hurtado – el caso ha pasado por 27 fiscales – la evidencia
acumulada muestra a las claras que esos personajes fueron determinantes de ese
asesinato. Con el claro propósito de exculpar a quien hoy es su aliado, las
Farc salieron a atribuirse el magnicidio de Gómez Hurtado. No menos de 15
personas relacionadas con el proceso 8.000 han sido asesinadas.
Además de corrupto y
criminal, el gobierno de Samper debilitó a las fuerzas armadas y obstaculizó su
accionar en contra de las Farc, las cuales, en el curso de su mandato se
fortalecieron y avanzaron de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones,
lanzando ataques contra puestos militares, como la base de Las Delicias, el 30
de agosto de 1996, y la de Patascoy, el 21 de diciembre de 1997. En esos
asaltos, las Farc asesinaron decenas de soldados y secuestraron muchos más que
permanecieron en infame cautiverio durante varios años.
Andrés Pastrana, que
inició su gobierno el 7 de agosto de 1998, recibió de Samper Pizano la peor herencia
imaginable. La tasa de desempleo, que al final del último año de Gaviria estaba
en 7,9%, Samper logró duplicarla llevándola al 15,6%, al final de su mandato.
La inversión venía en caída libre casi desde el inicio de su gobierno, el
déficit público se acrecentó, a pesar de que en ese gobierno se vendieron
importantes activos del sector eléctrico – Chivor, Betania, etc. - cuyo
producto se dedicó a financiar el gasto público corriente, entonces disparado
para pagar – con puestos, contratos y puros sobornos – la absolución en el
Congreso. No hay nada más nefasto para las finanzas públicas que vender activos
para pagar burocracia o, peor aún, sobornos.
Gráfica 4
El fortalecimiento de
las Farc era tan grande que, el 1 de noviembre de 1998, con una fuerza de 1500
hombres, se tomaron a Mitú, capital de Vaupés. Nunca, en toda su historia
criminal, las Farc se habían atrevido a lanzar ataque contra una capital de
departamento. Tras doce horas de combate, en el que se dispararon 144.000 balas
de fusil, las Farc coparon el comando de policía, donde 90 hombres, al mando
del Coronel Luis Mendieta resistieron heroicamente hasta agotar su munición. Al
cabo de 72 horas las Fuerzas Armadas recuperaron la capital, frustrando el propósito de las Farc de establecer un gobierno paralelo, así fuera por unos
cuantos días. Tres semanas después de la toma, el gobierno de Pastrana Arango
decretó la llamada zona de distención de San Vicente del Caguán, dando inicio
al aparatoso proceso de paz que agobió al País durante más de tres años.
Resulta increíble que
Pastrana haya iniciado un proceso de paz en medio de una situación tan desventajosa
para las fuerzas militares y el País entero, lo que le obligó a un despeje
militar de 42.000 kilómetros cuadrados, dejando a merced de las Farc más de
100.000 ciudadanos. Esa extensión es 8 veces el área sumada de los
departamentos más pequeños del País, Atlántico y Quindío, el doble de La
Guajira, el 66% de Antioquia o, si se quiere, igual a Suiza. Pero al parecer el
País estaba ansioso de que se emprendieran esas negociaciones cuyo resultado
fracasado se podía anticipar desde el principio dada las precarias condiciones
de partida y el propósito de las Farc, como lo había hecho en el pasado, de
utilizarlas para fortalecerse aún más y seguir en su objetivo de la toma armada
del poder para implantar su dictadura marxista-leninista.
Uribe fue uno de los
pocos políticos, tal vez el único, que entendió y entiende con toda claridad lo
que está en juego con las Farc. El 24 de noviembre de 2000, en un evento
gremial en Cartagena, con su habitual franqueza y lucidez, expresó lo
siguiente:
“Queridos amigos, el
proceso con las Farc es muy diferente al del M-19, al del EPL. En estas
agrupaciones había un concepto político de nacionalismo, de reivindicación. Una
demanda de espacio político, de tolerancia. El pleito con las Farc no es un
viejo pleito por cerdos y por bovinos, es un pleito marxista. Es un pleito
sobre modelo de propiedad, sobre régimen de libertades. En 1963, esa guerrilla
abrazó el marxismo-leninismo como su modelo de Estado y su modo económico de
propiedad. Se ha bandolerizado mucho, pero mantiene ese fundamentalismo en
buena parte de su cúpula dirigente. Es una guerrilla marxista-leninista en su
orientación ideológica fundamentalista, criminal y su gran diferencia con otras
guerrillas latinoamericanas es que es una guerrilla rica. Qué bueno la tuvieran
los psicólogos del derecho penal y le hicieran un examen a esa confluencia de
agravantes. En las Farc confluye lo que dijera Shakespeare del criminal: Tiene
sangre en las manos y necesita más sangre. En las Farc confluye el
fundamentalismo de los dogmáticos. En las Farc confluye la prepotencia del
enriquecimiento”.
LGVA
Octubre de 2020.
