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martes, 4 de agosto de 2020

La Corte: ni respetable ni respetada


La Corte: ni respetable ni respetada

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

"Hemos llegado al situación escandalosamente paradójica en que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales"

(Álvaro Gómez Hurtado)

La Corte Suprema de Justicia de Colombia muestra una vez más que sus magistrados son absolutamente incorruptibles: nada ni nadie puede inducirlos a hacer justicia. La decisión de detener al Presidente Uribe marca el punto culminante de su bancarrota jurídica y moral. La Corte ha perdido la poca respetabilidad que le quedaba después de la persecución a Felipe Arias, del vergonzoso tráfico de sentencias y de la ignominiosa liberación de Santrich. Hoy esa corte no es respetable ni merece ser respetada ni sus decisiones deberían ser acatadas porque tienen fundamentos y propósitos políticos y están signadas por la inocultable sed de venganza de la izquierda colombiana.

El proceso fue promovido por Iván Cepeda, figura política de las Farc y acérrimo enemigo de Uribe. Como si fuera un fiscal, Cepeda de paseó por las cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando entre los delincuentes testimonios contra el Presidente Uribe. Los testigos son criminales condenados por la justicia ordinaria que buscan desesperadamente, a cambio de sus falsos testimonios, ser recibidos  en la JEP. Los jueces no han ocultado su animadversión por el expresidente y le han atropellado sus derechos de forma abierta y descarada.

En 2002, cuando Uribe llegó a la presidencia, las Farc tenían copadas las principales capitales del País y se preparaban para el asalto final contra la democracia. Uribe lo impidió y las derrotó militarmente; pero no pudo evitar el triunfo político que les entregaría en bandeja de plata el gobierno de Santos, al tiempo que instalaba en las cortes a izquierdistas simpatizantes de las Farc.

Esa corte politizada es la que acaba de ordenar la prisión domiciliaria del Presidente Uribe y la que lo condenará, de esto no debe caber la menor duda, al término de este vergonzoso proceso. Hay que decirlo sin ambages, el Presidente Uribe va a terminar en la cárcel porque ese es el objetivo de toda la izquierda colombiana que no le perdona haber impedido su ascenso al poder hace 18 años.  Prueba palmaria de la parcialidad de esa corte es el hecho de que haya liberado a un delincuente como Santrich, al tiempo que  le niega el derecho de defenderse en libertad al más ilustre y patriótico de los presidentes colombianos.

Es muy triste lo que está sucediendo, es un momento trágico y luctuoso para Colombia. El Presidente Uribe, fiel a su talante republicano, respetará la decisión de la Corte. Pero los colombianos no estamos obligados a hacerlo, todo lo contrario. Si queremos conservar la esperanza de que el País no siga por el despeñadero que lo está conduciendo a la pérdida de la democracia y las libertades, nuestra obligación es denunciar e irrespetar una decisión judicial sucia de prevaricato, corrupción y venganza política.

LGVA

Agosto de 2020.   

La economía se está recuperando: hay más basura.


La economía se está recuperando: hay más basura.


Luisa María Pérez Fernández
Ingeniera Magister

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


La cuarentena ha puesto la economía en una situación calamitosa. El gobierno anuncia un “paquete” de medidas para reactivarla; el Banco de la República dispone una nueva reducción de su tasa de intervención y políticos y economistas proponen todo tipo de acciones para impulsar la recuperación de la economía. Como en botica, hay de todo ahí: cosas razonables y soberanas tonterías. Esa profusión de propuestas parece ignorar la medida más importante: dejar que la gente vaya a trabajar.

Ni la pandemia ni la cuarentena destrozaron el aparato productivo ni acabaron con las habilidades físicas e intelectuales de trabajadores y empresarios. El capital físico y humano de la economía colombiana está intacto y listo para reanudar a plena máquina la producción de riqueza real para la sociedad. Por ello, lo más importante es dejar que empresarios y trabajadores puedan ir a trabajar, a producir, a vender, a comprar, porque la dinámica de la economía no es otra cosa que la vasta red de intercambios mediante la cual nos prestamos servicios los unos a los otros.

La increíble capacidad de recuperación de la economía la muestra el aumento en la generación de residuos sólidos (GRS) en respuesta solamente a una disminución parcial de las restricciones a la actividad económica impuestas por la cuarentena. La GRS es una variable cointegrada con el Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que evolucionan de la mano, bajo un estrecho vínculo estructural de largo plazo, y que entre ellas existe una fuerte relación de causal, que evidentemente va del PIB a la GRS.

En un interesante estudio titulado “Solid Waste and GDP: A Cointegration Analysis”, los investigadores de la Escuela de Economía de la Universidad Eafit, Jim Sánchez, Luisa Pérez y Hermison Velásquez, utilizando datos trimestrales de la GRS en Medellín y del PIB de Colombia, en el período 2000 – 2017, encontraron un alto grado de cointegración entre ambas series y estimaron en 0.78 la elasticidad entre el PIB y la GRS, lo cual significa que un aumento de 1% del PIB da lugar a un aumento de 0.78% en la GRS.

La gráfica muestra el efecto de la cuarentena en la evolución de la GRS en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá. En el caso de Medellín, de un máximo de 14.000 toneladas, en la segunda semana de marzo, antes de que fuera decretada la cuarentena, se cae a 10.000, en la segunda semana de abril, en el momento más severo de las restricciones. Luego, especialmente después de la reactivación de la construcción y la manufactura, se recupera y a mediados de junio estaba alcanzado el nivel previo a la cuarentena. La GRS de los otros municipios muestra un comportamiento similar.


                                                           

Es claro pues que la economía se está recuperando como consecuencia de la mera reducción de las restricciones impuestas por de la cuarentena. Por ello, la decisión más importante del Gobierno Nacional y de las administraciones locales es continuar y acelerar el levantamiento de esas restricciones.

Por supuesto que serían bienvenidas una reducción de la tributación asfixiante a las empresas y una radical reforma al mercado laboral que facilite la contratación, pero, mientras eso llega, basta con que empresarios y trabajadores puedan salir a trabajar.

Agosto de 2020.

domingo, 2 de agosto de 2020

¡Uribe, libre!


¡Uribe, libre!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Una periodista muy bien informada, de la clase que los jueces utilizan para filtrar sus decisiones o el sentido de las mismas, puso en circulación la especie de que la Corte Suprema de Justicia se dispone a ordenar el encarcelamiento del Presidente Álvaro Uribe. Esta sería la culminación de la ofensiva iniciada el 7 de septiembre de 2011, por el dirigente comunista Iván Cepeda cuando acusó al Presidente Uribe de para-militarismo. Todo en esa ofensiva es turbio y descaradamente anti-jurídico.

El denunciante, Iván Cepeda, quien durante años ha ejercido como defensor y vocero oficioso de las Farc, es un claro enemigo político del Presidente Uribe, responsable de la derrota de la guerrilla de sus afectos. Cepeda, como si fuera un fiscal, se paseó por todas las cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando testimonios entre los para-militares. En cualquier tribunal del mundo esta circunstancia habría bastado para desechar la acusación de Cepeda por su evidente motivación política y para encausarlo a él por el delito de falsa denuncia.

Los testigos son criminales condenados a duras penas por la justicia ordinaria y que aspiran a incorporarse a la JEP, para obtener el tratamiento especial que esta jurisdicción ofrece a los peores delincuentes dispuestos a confesar cualquier pecadillo. Casualmente, la esposa de Cepeda, Pilar Rueda, es asesora de la JEP, en la Unidad de Investigaciones, que es la encargada de formular las acusaciones en los procesos. El odio hacia el Presidente Uribe y el deseo de recibir beneficios jurídicos a cambio de sus acusaciones, hacen poco creíble el testimonio de personajes como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes, en lugar de estar siendo procesados por el delito de falso testimonio, gozan de beneficios carcelarios, incluida la dotación de computadores y teléfonos celulares. 

Por el lado de los jueces, las cosas no son mejores. Son escandalosos los atropellos de la CSJ al derecho a la defensa y al debido proceso del Presidente Uribe. Después de desechar la denuncia por falsedad de testigos interpuesta contra Cepeda, el magistrado Barceló inicia una investigación contra el Presidente Uribe, investigación que mantiene en secreto durante más de cinco meses y en desarrollo de la cual, durante un mes, se intercepta ilegalmente al Presidente Uribe y varias personas que le son cercanas. Ningún escrúpulo tuvo el magistrado Barceló para incorporar esas interceptaciones ilegales al proceso contra el expresidente. Quizás no sea ocioso recordar que el magistrado Barceló presidía la sala penal de la CSJ en agosto de 2011, cuando ese tribunal decidió que los documentos de los computadores de Raúl Reyes no podían ser prueba en ningún proceso penal por haber sido obtenidos ilegalmente.  

A pesar de que, en mayo de 2018, el Presidente Uribe solicita a la CSJ le certifique la existencia de investigaciones en su contra, solo dos meses más tarde se le notifica el proceso y es llamado a indagatoria, sin haber sido escuchado en versión libre, a lo que tienen derecho los aforados, a pesar de haberlo solicitado en varias oportunidades, después de haberse enterado de la existencia del proceso en su contra por filtraciones del sumario.

Durante todo el proceso han sido constantes las violaciones a la reserva del sumario, del cual parecen tener copia permanentemente actualizada periodistas abiertamente hostiles al Presidente Uribe, como Daniel Coronel. 

En septiembre de 2019, el magistrado Cesar Reyes recibe testimonios en el proceso contra el Presidente Uribe, absteniéndose de escuchar los de varios para-militares que afirman haber recibido presiones de Iván Cepeda para que testificaran en contra de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago.

Los cinco magistrados de la Sala Penal de la CSJ tienen en sus manos la oportunidad de revindicar un tribunal cuyo prestigio está por el suelo después del escándalo del Cartel de la Toga y la afrentosa liberación del delincuente Santrich, entre otros desafueros.

Si la Corte vuelve a equivocarse, el Presidente de la República está en la obligación de negarse a acatar una decisión ostensiblemente violatoria del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. La separación de poderes no puede invocarse para violar la Constitución.  

El Centro Democrático debe demostrar que es algo más que una mera coalición de políticos que han buscado promover su carrera a la sombra del prestigio de Uribe. Si, con una respuesta endeble y pusilánime, decepcionan a los ciudadanos, tendrán que prepararse para recibir la dura lección de que en Colombia hay más uribismo que Centro Democrático.

LGVA

Agosto de 2020.

sábado, 1 de agosto de 2020

La desaparición de El Mundo


La desaparición de El Mundo


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Duele la desaparición de El Mundo, después de más de 40 años de actividad ininterrumpida, con periodismo de calidad informativa y pluralidad de opinión. Desde hace dos años, cuando la publicación impresa diaria le dio paso a una semanal, el diario quedó herido de muerte porque había perdido su esencia. La desaparición de los periódicos impresos es una de las consecuencias nefastas de llamada revolución digital; nefasta porque los ha destruido sin sustituirlos por nada mejor.

La prensa impresa, que resistió los embates de la radio y la televisión, agoniza en todos los países. Se cuentan por centenas los diarios desaparecidos y los que subsisten lo hacen en formatos cada vez más escuálidos y pobres en contenido. Sin la palabra impresa, la fuerza de la vieja sentencia, “lo escrito, escrito está”, se desvanece y con ella las exigencias del rigor informativo y de la clara separación entre la opinión y la noticia.

Estas dos fueron las características señeras de El Mundo que nunca ocultó su carácter de diario liberal militante, pero abierto siempre a una amplia diversidad de opiniones, tanto en la época de Don Guillermo Gaviria, como en los últimos años bajo la orientación de su hija Irene y de mi querida amiga Luz María Tobón.

El de Don Guillermo fue un liberalismo doctrinario, más bien clásico, cuya orientación intervencionista no lo apartó nunca de la defensa de la iniciativa privada como fundamento de la actividad económica en una sociedad verdaderamente libre. Por supuesto que, como periodista, fue también un liberal en el sentido partidista, aunque, el gran hacedor de empresas que fue, seguramente se habría sentido contrariado por la orientación anti-empresarial que aqueja a sectores amplios del que fue siempre su partido.  

Quizás a causa de la bancarrota ideológica del Partido Liberal, el liberalismo de El Mundo de los últimos años perdió su matiz partidista y se hizo más conceptual y de principios, buscando irradiar los valores de la democracia liberal y la iniciativa privada con responsabilidad social a las gentes de todos los partidos y la sociedad entera.

Esa defensa de la democracia liberal se expresó en sus cuestionamientos al proceso de paz por su indiferencia frente a las víctimas de la Farc y las grandes concesiones hechas a lo que no era más que organización criminal que no representaba a nadie, como quedó en evidencia con las paupérrimas votaciones recibidas en las dos elecciones en las que ha participado.  

Su reconocimiento de la iniciativa privada como fundamento de la actividad económica y de la creación de riqueza, se manifestó recientemente en su insistente reclamo de la reactivación de la economía acompañada de la flexibilización de la contratación laboral.

Pero quizás la más firme posición de El Mundo en los últimos años fue su incansable y persistente reclamo al gobierno a cumplir su misión fundamental de proteger la vida de los ciudadanos. No importa lo que el gobierno haga en cualquier ámbito, si no protege la vida de las personas está incumpliendo gravemente su obligación constitucional y lo que es en definitiva su razón de ser.

Muchos años atrás, cuando, por incompatibilidad con mi actividad profesional, decliné la invitación que me hiciera a escribir en el periódico que acababa de adquirir, Don Guillermo, insistente, me dijo que escribir en El Mundo sería un honor.

Hace algunos años, por invitación de Luz María Tobón, El Mundo acogió generosamente mis artículos. Me sentí cómodo y complacido de hacer parte de tan noble empresa periodística y muy honrado, como había anticipado Don Guillermo.

LGVA

Agosto de 2020.

domingo, 26 de julio de 2020

Quintero fracasa en el manejo de la pandemia y abre la puerta a la invasión cubana


Quintero fracasa en el manejo de la pandemia y abre la puerta a la invasión cubana


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El alcalde Quintero ha fracasado en el manejo de la pandemia. Medellín tiene actualmente la más alta tasa de contagios por Covid 19. La tasa reproductiva efectiva de la Ciudad es de 1,26, la más alta de Colombia, frente a 1,14 del País y 1,16 de Bogotá. Eso significa que 100 ciudadanos contagiados pueden contagiar otros 126.

Además de fracasar en el control de la expansión de la pandemia, también fracasó en la ampliación de la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes más graves. No ha cumplido nada de lo prometido. La ampliación de las UCI de los hospitales de la Ciudad se hizo con donaciones del sector privado y los ventiladores aportados por el Gobierno Nacional. Postobón financió el proyecto de los ventiladores mecánicos que están siendo fabricados por empresas privadas, Haceb y Auteco, que adaptaron sus líneas de producción para atender la emergencia.

Al sector privado y al Gobierno Nacional debe Medellín la ampliación de su capacidad hospitalaria, nada a la Administración Municipal y menos al alcalde Quintero que no hace otra cosa que hablar, hablar, hablar y mentir.

El martes 22 de julio, en reunión con representantes de las agremiaciones médicas de la Ciudad, el alcalde Quintero preguntó si consideraban necesaria la presencia de personal médico proveniente del extranjero, pues tenía ofertas de una docena de países. Ante la respuesta negativa, el alcalde se abstuvo de mencionar que una semana atrás, el 15 de julio, había firmado la carta en la que pide al embajador de Cuba colaboración de personal médico de ese país, saltándose a la Cancillería. Mentir no solo decir mentiras sino, sobre todo, ocultar la verdad.

Los médicos que envía Cuba a "colaborar" son una caterva de ineptos que fueron echados de Italia, Bolivia y Brasil por incompetentes y costosos. Los países comunistas no hacen solidaridad. Las misiones médicas cubanas no son misiones humanitarias sino un mecanismo de aportarle dinero a la dictadura que cobra entre cuatro y seis mil dólares mensuales por cada médico.

Pero además esos médicos también sirven para inocular el virus del comunismo en las capas más pobres y vulnerables de la sociedad. A la Venezuela de Chávez llegaron inicialmente unos supuestos médicos. Hoy son más 40.000 los agentes cubanos instalados en ese país, persiguiendo a la oposición, adoctrinando a la gente, apuntalando el régimen criminal de Nicolás Maduro. También hay centenas de agentes del G-2, el servicio de inteligencia cubano, que persiguen y acosan a los líderes de la oposición y que entrenan las milicias chavistas encargadas de reprimir la protesta contra el régimen.

Hay que decirlo sin ambages. Lo del Covid -19 es una excusa. Como lo han señalado las agremiaciones médicas, Medellín cuenta con personal suficiente y bien capacitado para enfrentar la emergencia.  No puede el alcalde decir que la falta de recursos humanos lo obliga a impulsar la invasión cubana.  El propósito del alcalde es apoyar financieramente a la dictadura cubana y al mismo tiempo avanzar en el adoctrinamiento comunista, todo ello con los recursos de la Ciudad.

LGVA

Julio de 2020.

viernes, 24 de julio de 2020

EPM: una vergonzosa pérdida en el primer trimestre de 2020.


EPM: una vergonzosa pérdida en el primer trimestre de 2020


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El primer trimestre de 2020, Empresas Públicas de Medellín tuvo una pérdida operacional de 791.738 millones de pesos. En el mismo período de 2019 había registrado una ganancia de 661.434 millones.

Ante semejante descalabro cualquiera diría que le aparecieron sustitutos a la electricidad, el gas y el agua potable y que los clientes dejaron súbitamente de consumir los productos de EPM. Pues no, todavía no ha ocurrido, por fortuna, ese desgraciado prodigio y, en realidad, los ingresos operacionales se incrementaron en 14,5% entre esos períodos.

Aunque si crecieron sustancialmente más que los ingresos – 26,9% frente a 14,5% - el aumento de los gastos de operación y administración solo alcanza a explicar un pequeño porcentaje de la debacle. En trimestre I-20, la utilidad antes de gastos financieros fue de 743.679 millones de pesos, un 5% inferior a la del trimestre I-19.

Tampoco se explica la catástrofe por un inusitado aumento de los gastos financieros. De hecho, estos disminuyeron 19,1% entre los dos períodos de la comparación. Descontados esos gastos financieros, la utilidad fue de 581.296 millones, un 1,2% menor que la del mismo período del 2019.

Si no fue a causa de la caída en los ingresos ni de la elevación de los gastos corrientes ni de los financieros, ¿qué pudo ocasionar semejante tragedia? Ténganse finos porque no lo van a creer. Esa aterradora pérdida fue ocasionada por una pérdida por diferencia en cambio de un billón trescientos treinta y siete mil treinta y cuatro millones de pesos: 1.337.034.000.000.

Para ponerlo en unidades físicas de los servicios que vende EPM, es como si se hubieran perdido 2.523.959.559 kilovatios hora de electricidad, ó 497.476.086 metros cúbicos de agua potable ó 652.272.684 metros cúbicos de gas.  El 57,6% de los ingresos operacionales de ese período se perdieron por un vergonzoso error que no tiene justificación alguna.

La nota 20 de los estados financieros, se nos vienen con esta “explicación”:

“El gasto neto acumulado por $1,373,034 se explica por una devaluación acumulada del peso frente al dólar del 24.04% y una tasa de cierre de $4,064.81, devaluación generada por la alta volatilidad del mercado ante la crisis económica consecuencia de la pandemia del COVID-19 y la disminución sustancial a nivel mundial de los precios del petróleo…”

¿Cómo así que la volatilidad, la crisis, la pandemia y los precios del petróleo son los culpables? ¡No me crean tan caído del zarzo!

Una empresa cuyos ingresos son en pesos y una parte sustancial de su deuda en dólares o cualquier otra moneda extrajera está siempre expuesta al riesgo cambiario, como lo sabe cualquier estudiante primíparo de finanzas. Y también sabe el primíparo que para ese riesgo existen instrumentos de cobertura llamados opciones de tipo de cambio y contratos de futuros. Por la magnitud de la pérdida, me atrevo a sostener que la totalidad de la deuda externa de EPM estaba descubierta. ¿Lo está todavía? Este asunto es tan grave como si en medio de la tragedia de Hidroituango los directivos de EPM hubieran salido a decir que no tenían contratado ningún seguro.


No conozco ni tengo afán de conocer al señor Tabares Ángel que firma como “Vice-presidente ejecutivo de finanzas e inversiones”, pero no puedo entender por qué no ha renunciado dado que incumplió en forma grave al primer deber de un gerente financiero cual es proteger los ingresos de la compañía. Supe, por boca de una concejala de la ciudad, que el señor Tabares le endilgó la culpa de su falta al Ministerio de Hacienda que no le habría dado oportunamente la autorización para hacer la operación de cobertura. Con un riesgo de ese tamaño, el señor Tabares ha debido pararse en la puerta de la oficina del ministro hasta que le firmara la tal resolución. Pero esa excusa es baladí: desde antes de contratar deuda extranjera un gerente financiero de verdad cotiza y negocia la cobertura.

No hay excusa admisible cuando se está hablando de una pérdida de un billón trescientos setenta y tres treinta y cuatro millones que volvió trizas el esfuerzo productivo y comercial de miles de personas durante un trimestre. Esto no había ocurrido jamás en la historia de EPM.

A todas estas, ¿qué hace la Oficina de Control Interno de EPM?, ¿qué la auditoría?, ¿qué la contraloría?, ¿qué los miembros independientes de la Junta Directiva?, ¿qué los concejales de la Ciudad? Aquí hay mucha gente incumpliendo con sus deberes. 

Tampoco conozco al señor Rendón López que firma como gerente general y tampoco entiendo por qué no le pidió la renuncia al señor Tabares Ángel, para proceder después a renunciar él mismo. Tampoco entiendo por qué el alcalde mantiene en su cargo al señor Rendón López.

Decía Gómez Dávila que los incompetentes son más nocivos que los corruptos, porque los corruptos descansan de vez en cuando mientras que los incompetentes ejercen de tiempo completo. Saber que ese alcalde, ese gerente y ese financiero estarán a cargo de la futura EPM de amplísimo objeto social me causa gran desconsuelo. ¡Que Dios nos coja confesados!

LGVA

Julio de 2020.

miércoles, 22 de julio de 2020

La corrupción legalizada y la privatización de las vías públicas por la Alcaldía de Medellín


La corrupción legalizada y la privatización de las vías públicas por la Alcaldía de Medellín


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Hace algunos años, siguiendo la experiencia de otras ciudades del mundo, se establecieron en Medellín las llamadas Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER). El objetivo de las ZER era evitar que los particulares convirtieran en parqueaderos privados gratuitos las congestionadas calles de la Ciudad. Se estableció una tarifa relativamente elevada para inducir al automovilista a buscar un parqueadero con cobro en el caso de que su permanencia en el lugar fuese prolongada. Contrariando este objetivo, bastante plausible, la Administración Municipal de Medellín decidió privatizar a su favor las ZER y montarle un negocio a una empresa de su propiedad, la Sociedad Terminales de Transporte. 

El propósito disuasivo de las ZER se ha perdido por completo. Ya no importa que los vehículos permanezcan estacionados todo el día, congestionado las vías de la Ciudad, siempre que la empresa del municipio se lucre con un cobro indebido y descarado. Este negocio es además una abusiva competencia desleal del gobierno con los particulares que han invertido en la construcción de parqueaderos para el público.



Como ocurre cada vez que el gobierno establece un trámite que suponga un cobro a los ciudadanos o fija una multa por la inobservancia de alguna norma absurda, los funcionarios encargados de su ejecución se sienten autorizados para montar su propio negocio. Ese es también el caso de las ZER de Medellín.

Cuando un automovilista se estaciona en una de las celdas demarcadas de las ZER, inmediatamente aparece el funcionario de la Terminal y se tiene el siguiente diálogo:

-       ¿Se demora mucho?
-       No, solo un instante.
-       Vaya pues, que yo le “colaboro”.

También están dispuestos a “colaborar” con el automovilista los guardas de tránsito que operan las grúas en las que se llevan a los patios de la Secretaría de Movilidad los vehículos de los infractores sorprendidos en flagrancia. La colaboración, por si alguien lo ignora, supone un pago inferior a la tarifa del estacionamiento o a la multa y demás costos en que se debe incurrir para sacar los vehículos de los ominosos patios. Venido el caso, también están dispuestos a “colaborar”, para acelerar el proceso, los funcionarios de la dependencia donde se pagan las multas y, cómo no, los que administran los patios.

El negocio montado por la administración municipal de Medellín es, evidentemente, un caso de corrupción legalizada de los que abundan cada vez que los gobiernos deciden intervenir la vida de las personas. No tiene nada de extraño que los encargados de ejecutar las acciones se sientan autorizados a lucrarse personalmente. La corrupción legalizada del gobierno justifica y alienta la corrupción particular de sus agentes.

En una ciudad agobiada por la congestión, causada más por la incapacidad del gobierno municipal para ampliar la red vial que por la existencia de un elevado número de vehículos, el manejo que se le viene dado las ZER aumenta la congestión al tiempo que desincentiva la construcción y operación de parqueaderos públicos.

La administración municipal de Medellín debería entender que lo público es lo que es de todos y que el deber de los funcionarios del gobierno es hacer respetar esa condición, no de apropiárselo, legal o ilegalmente, para su propio beneficio, como ocurre hoy con las ZER.

En su espléndida novela Los empleados, Balzac definió al gobierno como un gigantesco poder burocrático puesto en movimiento por enanos. Todo el que haya adelantado gestiones en oficinas gubernamentales sabe de la capacidad que tienen esos enanos, mal llamados servidores públicos, para amargar la vida de las personas que por desgracia llegan a la oficina, taquilla o lugar cualquiera donde ejercen su función, como las zonas ZER de Medellín donde están siempre atentos los funcionarios de la Sociedad Terminales de Transporte para cobrarle a los ciudadanos su descarado estipendio.  

LGVA

Julio de 2020.