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lunes, 5 de agosto de 2019

Duque: lidiando con los platos rotos de Santos y los “errores” de Echavarría


Duque: lidiando con los platos rotos de Santos y los “errores” de Echavarría

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

El principal mérito de Duque es estar en la presidencia en lugar de Petro: después de esto todo lo demás es ganancia.

Duque heredó una situación macro-económica complicada, ocasionada tanto por el derrumbe del precio del petróleo en 2015, como por el desafortunado manejo que el gobierno de Santos dio a la bonanza de los cuatro o cinco años anteriores.

En una economía pequeña, como la colombiana, que representa menos de medio punto porcentual del PIB mundial; sin un mercado interno grande, a diferencia de México y Brasil, y dependiente de la exportación de bienes primarios, el ciclo económico está en gran medida determinado por la dinámica de los tres grandes jugadores de la economía mundial – Estados Unidos, China y Unión Europea – y sus efectos sobre los mercados de materias primas, el petróleo, en particular.

Gráfica 1


No quiere esto decir que estemos totalmente condenados a padecer los vaivenes de la fortuna de forma enteramente pasiva. Los gobiernos de los países como Colombia, que son la mayoría, pueden moderar los efectos del ciclo externo siguiendo una norma muy sencilla actuación: tomar decisiones sobre la base del ingreso permanente y no del ingreso transitorio. Para mantener un patrón de gasto más o menos uniforme, hay que ahorrar en los auges para poder compensar en las recesiones.

Los dos ministros de hacienda del Santos – Echeverry y Cárdenas – fueron pródigos y manirrotos. El primero acrecentó el tamaño del gobierno de forma escandalosa y el segundo consintió en entregarle a Vargas Lleras no menos de seis billones de pesos para la fallida campaña electoral de las viviendas regaladas. No conformes con mecatearse los ingresos petroleros, aumentaron el endeudamiento y dejaron a la economía en una situación de fragilidad extrema en el momento en que sobrevino el previsible cambio en la tendencia de los precios del petróleo.  

Hay que decir que el gobierno Duque es en parte responsable de la lenta recuperación de la economía por haber optado por un ajuste extremadamente gradual. No obstante, si tiene la suerte de que el petróleo se mantenga por encima de 60 dólares el barril, probablemente consiga reparar los platos rotos, a pesar de las dificultades adicionales que al manejo macroeconómico introduce la errónea política monetaria del Banco de la República.

Durante varios meses el Banco estuvo comprando divisas, dizque para fortalecer la posición de reservas del País, y solo se detuvo hace un par de semanas, cuando el precio del dólar había superado los $ 3.300. Esta política - además de contribuir así sea ligeramente  a la devaluación, lo cual desmejora la situación fiscal pues eleva el costo en pesos del servicio de la deuda externa - cierra el margen monetario de que dispone el banco para maniobrar sin comprometer la meta de inflación.

Gráfica 2


Esta, y no otra, es la razón por la cual el Banco ha mantenido inmodificada, desde abril, su tasa de intervención. Con todo, no deja de sorprender la ortodoxia del Banco, estando allí dos keynesianos activistas como Ocampo y Echavarría. Seguramente para Samper o Santos habrían encontrado la forma de bajar la tasa de intervención pues, a fín de cuentas, qué es un punto más de inflación a cambio de uno menos de desempleo, sobre todo si se trata de un amigo. Pero no, ese no es un "favor" que se le pueda hacer a Duque y menos a su ministro Carrasquilla.

LGAV
Agosto de 2019.

jueves, 1 de agosto de 2019

Una visita a la frontera con Venezuela el 1 de agosto de 2019


Una visita a la frontera con Venezuela el 1 de agosto de 2019

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista.

(Todas las fotografías de personas que acompañan esta crónica, fueron tomadas y son publicadas con su autorización. Leider Maldonado aceptó ser mencionado con su nombre y apellido. Con afecto, respeto y admiración la dedico a él, a su hijo, a Fredy, a Diana, a Ángel, a Frank, a Pedro y a todos los venezolanos de la frontera que luchan todos los días por llevar una vida digna)  

Cuando uno se monta en un taxi limpio y bien tenido, es casi seguro que el conductor es también el propietario. Fredy, a quien la fortuna puso en mi camino a la salida del aeropuerto, adquirió el suyo, que parece como nuevo, hace 10 años, cuando tomó la decisión de venirse a trabajar a Cúcuta, porque sus ingresos eran insuficientes para mantener su familia, con la que aún reside en Ureña.

Administrador de empresas, colombo-venezolano, casado con Diana, también administradora, Fredy cruza todas las mañanas la frontera, por el puente Francisco de Paula Santander, para trabajar su taxi en Cúcuta, y retorna, en la tarde, llevando algún dinero y, principalmente, los productos que requiere su familia para su cotidiano vivir. Pero no puede llevarles los servicios públicos domiciliarios: ni la electricidad, de la que están privados hasta 8 horas diarias; ni el acueducto, del que carece toda Ureña y que Fredy suple comprando mensualmente un carro-tanque de agua; ni el internet, permanentemente colapsado.

Fredy 

Profesionales exitosos, Diana y Fredy trabajaban en empresas multinacionales – McDonald’s y AVON – por los días en que empezó a deteriorase la economía venezolana. Diana, antioqueña de nacimiento, llegó a Venezuela prácticamente sin salir de la cuna, cuando sus emprendedores padres decidieron probar fortuna en ese país hace 40 años.

Montaron una fábrica de zapatos que prosperó rápidamente, su patrimonio se acrecentó y, a la llegada del chavismo, tenían algunas propiedades a ambos lados de la frontera. Como muchas otras actividades, la producción de zapatos colapsó, los padres de Diana cerraron la fábrica y, para vivir, empezaron a vender sus propiedades, a un precio cada vez más bajo. El papá falleció hace 4 años y la mamá reside en Medellín, en una pequeña casa en el barrio Zamora, último resto del naufragio de su fortuna.

Es duro pasar de desempeñarse como administrador y conducir su propia camioneta a conducir un taxi para los demás, admite Fredy. Pero hay otros a los que le ha ido más mal, como Ángel, técnico de confecciones, quien se vio forzado a cambiar su trabajo en una fábrica - antes próspera, ahora cerrada - por una modesta venta de bananos y aguacates a la vera de la autopista que de Cúcuta conduce a San Antonio.

Ángel

Pero hay otras personas, sin nada para vender, que están peor que Ángel, como las trescientas o cuatrocientas que desde las 10 de la mañana hacen fila, al frente de un restaurante situado a 200 metros de la venta de Ángel, para recibir el almuerzo que distribuye gratuitamente una entidad caritativa. Y hay otros que estarán peor, porque cuando lleguen al restaurante se habrán acabado los alimentos, o que nunca llegarán porque no alcanzaron a cruzar la frontera a tiempo, o porque mueren de hambre en algún lugar de la atribulada Venezuela.


 Esperando el almuerzo

 Para impedir la entrada de la ayuda humanitaria, los esbirros de Maduro colocaron en los puentes Simón Bolívar, en San Antonio, y Francisco de Paula Santander, en Ureña, grandes contenedores pintarrajeados con la bandera venezolana. Todavía están ahí impidiendo el flujo automotriz, por lo que los miles de venezolanos que cruzan diariamente la frontera en ambas direcciones deben hacerlo a pie.

Los contenedores bolivarianos

Esto ha dado lugar a la aparición de un oficio, el de los maleteadores o maleteros, quienes por unas dos o tres “lucas”, sobre sus propios hombros o en carretillas, pasan las maletas o los bultos de los viajeros obligados a hacer trasbordo. Es un servicio que vale su precio porque la caminada de 15 minutos con un fardo a cuestas es agobiante, bajo el sol abrasador que calienta a Cúcuta.

Los maleteros

Aunque el servicio de los maleteros tiene demanda, la oferta, en ocasiones, es tan abundante que muchos regresan a su casa, en Ureña o San Antonio, sin nada que llevarle a los suyos, como Frank, quien a las 3 de la tarde volvía al lado venezolano, derrotado, me dijo, sin haber pasado una sola maleta desde la cinco de la mañana, hora en que había llegado a trabajar.

Frank

Las gentes que cruzan la frontera de son dos clases: las que vienen para Cúcuta o, a lo sumo, van hasta Pamplona, quienes pasan sin más formalismo que enseñar su cédula; y las que se adentran más en territorio colombiano y están por ello obligadas a sellar su pasaporte en el puesto de inmigración. El trámite puede demorar cinco o más horas y, como siempre que hay filas, aparece la pequeña corrupción: venta de puestos o un sellado expres, que vale 10 o 20 “lucas”, dependiendo de la situación del mercado.

La fila para el sellado

La llegada masiva de esta segunda clase de viajeros ha dado lugar al surgimiento de un nuevo oficio: el asesor de viaje, ejercido también por venezolanos, como Pedro, con esposa y dos hijos en San Antonio, cuya función es orientar a los migrantes hacia alguna de las múltiples “Agencias de viaje” que proliferan en el lado colombiano de la frontera.

Pedro

Las “Agencias de Viaje” no son más que pequeñas terminales creadas por transportadores colombianos que disponen sus buses para llevar a los inmigrantes que tienen con qué pagar el pasaje a Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali o hasta la frontera con Ecuador.

Agencia de viajes

A los viajeros que llegan sin efectivo, pero con joyas, relojes u objetos de valor los esperan las compraventas o prenderías donde pueden vender o empeñar sus pertenencias, para hacerse al precio del anhelado pasaje que les permitirá tomar el bus hacia su destino final o provisorio. Inútil decir que no es mucho el dinero que reciben los migrantes a cambio de sus bienes.

Compraventa

La frontera de Ureña en mucho menos congestionada y caótica que la de San Antonio, en realidad es, habida cuenta de las circunstancias, bastante tranquila. A San Antonio llegan los buses provenientes del interior de Venezuela lo cual eleva considerablemente el número de personas que pasan por allí. Por la frontera de Ureña transitan, fundamentalmente, habitantes de esa localidad que pasan a trabajar o a estudiar en Cúcuta o a comprar productos para el sustento diario, productos que hace tiempo han desaparecido de los mercados de su ciudad.

El lado de Ureña

Tanto por el lado de San Antonio como por el de Ureña transitan diariamente centenas de niños y jóvenes que asisten a las escuelas de Villa del Rosario o Cúcuta. Estos niños y jóvenes están entre los más perjudicados por la interrupción del tráfico vehicular por los “contenedores bolivarianos” colocados por la dictadura en la mitad de los puentes fronterizos. En pequeños grupos los niños caminan de un lado a otro, bromeando, sonrientes, jugando, como si nada pudiera quitarles la alegría propia de la edad.

Los niños

De las casas de cambio han desaparecido los arrumes de bolívares que se veían hace algunos meses: ya nadie los compra, ya nadie los vende, ya nadie los carga, ya nadie los quiere. El bolívar – el fuerte y el soberano – es una moneda muerta. No es medio de cambio y tampoco unidad de cuenta. En Ureña y San Antonio, dice Fredy, los precios se fijan en pesos; más allá, en dólares.

En la frontera de Ureña encontramos a Lieder Maldonado, un amigo de Fredy. Cuando este le contó que estaba recogiendo material para una crónica, me trató con hostilidad. La prensa colombiana es injusta y solo muestra lo malo, me dijo. Hace algunos días – continúo – un noticiero de la televisión colombiana mostró a un par de señoras peleando por un saco de harina. Eso en verdad sucedió – admite-hay disputas, pero también esta crisis nos ha enseñado a compartir, como lo hacemos todos los días los miembros de mi iglesia.

Leider Maldondo y su hijo

Leider es miembro de una iglesia cristiana de Ureña. Había pasado a Cúcuta a comprar alambre de cobre para las instalaciones eléctricas de la nueva sede de su iglesia que están construyendo. Así es, Leider y sus correligionarios, en medio de la espantosa crisis de su país, están construyendo un templo: esto significa que, en Venezuela, donde se ha acabado casi todo, todavía hay esperanza.

LGVA
Agosto de 2019

martes, 23 de julio de 2019

Beatriz Restrepo: filósofa ciudadana


Beatriz Restrepo: filósofa ciudadana


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Me entristece la muerte de Beatriz Restrepo. Durante más de treinta años me beneficié de su amistad y aunque pasaban largos intervalos sin vernos, en cada encuentro, por breve que fuera, me hacía sentir la alegría y el cariño que se experimenta siempre que se ven los buenos viejos amigos. La amistad de Beatriz era un lujo, pero en Medellín y Antioquia un lujo harto común. A todo el que quería acercarse a ella, le brindaba su serena alegría, su cariño, su sabiduría, en fin, su amistad. Por eso, a Beatriz, la queríamos todos.

Beatriz fue dueña de una sólida formación filosófica adquirida en las universidades de Nueva York, Complutense de Madrid y Católica de Lovaina. Durante 30 años, ejerció la docencia en las universidades de Antioquia y Pontificia Bolivariana, de cuyas escuelas de humanidades y filosofía fue decana. Fue directora del Museo de la Universidad de Antioquia y Secretaria de Educación del Departamento. Y fue miembro de muchas juntas, muchos comités y muchos consejos directivos de empresas, universidades, entidades gubernamentales y fundaciones privadas de solidaridad social. Porque a Beatriz todo mundo quería tenerla cerca, todos querían contar con su consejo, con su sabiduría, con su filosofía.



Y es que Beatriz era filósofa de tiempo completo. Lo era en la vida cotidiana, en la amistad y, por supuesto, en la vida social. Siempre la sentí como un ser de otra época, como una habitante de una polis griega - de esas idealizadas por Aristóteles y Platón – predicando y practicando, impertérrita, en medio de nuestra frecuentemente espantosa realidad, los preceptos de la vida buena, que no es lo mismo que la buena vida, sino una vida plena, una vida con sentido, consagrada a la búsqueda del bien común.

Convencido de la veracidad del Teorema de Arrow, creo que saber qué es el bien común es un imposible lógico. Sin embargo, en mi vida he conocido algunas personas, pocas, que pareciera saben lo que es o que viven su vida como si lo supieran y obran en consecuencia, con el más increíble desapego y el más desconcertante compromiso con la causa específica que en un momento dado parece encarnarlo. Beatriz era una de ellas. De las otras hablaré en otros obituarios, si no me muero antes.

Beatriz dejó la docencia universitaria a finales de los 90, pero nunca dejó interesarse por la educación ni dejó de educar con su espléndido ejemplo de vida. Entendía la educación a la manera de los filósofos griegos, es decir, como formación (paideia) y no meramente como difusión de conocimientos que habilitan para el ejercicio de una profesión. Cuando hablaba de educación como formación integral estaba pensando en la que habilita al sujeto para actuar en lo que ella llamó los tres escenarios del mundo de la vida: el social, el político y el moral; a cada uno de los cuales corresponde una forma de actuación: la cooperación, la participación y la solidaridad.

Siempre se dolió Beatriz de la orientación profesionalizaste y mercantilista que fue tomando la educación superior. No podía aceptar el desplazamiento de las humanidades y las artes, responsables, a su entender, de la educación moral y espiritual. También le dolía la frivolidad con la que muchos docentes asumen su tarea, incapaces de comprender “el carácter moral del acto educativo” y la tremenda responsabilidad que supone.  

Mi mamá, católica practicante, decía que hay que condenar el pecado y acoger al pecador; Beatriz, también católica practicante, decía que el juicio moral debe referirse a la acción, no al sujeto actuante y que solo con la muerte se define el carácter moral de la persona y solo en ese momento el juicio moral de la comunidad a la que perteneció puede recaer sobre la totalidad de su vida. Creo que en su caso el juicio moral de la comunidad de Medellín es unánime: fue una buena persona, una buena amiga, una buena ciudadana.

LGVA
Julio de 2019.  


viernes, 19 de julio de 2019

La alcaldía de Bogotá


La alcaldía de Bogotá

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

La derecha no puede darse el lujo de perder las próximas elecciones a la alcaldía de Bogotá. La inigualable mediocridad de Lucho Garzón, las insoportables monerías de Antanas Mockus, la corrupción desenfrenada de Moreno Rojas y el autoritarismo desembozado de Gustavo Petro ilustran a la saciedad las características de la izquierda en el poder. El gran trabajo de Peñalosa y su equipo debe tener continuidad para consolidar sus indiscutibles logros y remediar los desastres dejados por esas administraciones.

Impedir que la izquierda se apodere del presupuesto de Bogotá es fundamental para el bienestar de los bogotanos, pero lo es también para el bienestar del resto de los colombianos. La candidata de la izquierda, Claudia López, quien, de no hacer nada serio para impedirlo, ganará las elecciones, es una persona ebria de poder, dueña de una arrogancia intelectual ilimitada, que quiere la alcaldía de Bogotá como un mero trampolín  para impulsarse a las elecciones presidenciales de 2022.

Claudia López, que no tuvo ninguna vergüenza en valerse del referendo anti-corrupción para impulsar su candidatura a la alcaldía de Bogotá, no la tendrá tampoco para usar los recursos de la Capital para promoverse como candidata presidencial, al mejor estilo de Antanas Mockus en 1997.

Tan riesgosos para el bienestar los bogotanos, como los devaneos electorales de Claudia López, son los rasgos distintivos de la izquierda colombiana a la que le falta trasegar muchos años por el camino de la civilidad política, antes de convertirse en una opción de gobierno más o menos respetable. Esa izquierda no ha podido entender que recoger las basuras, limpiar las alcantarillas, hacer respetar los bienes públicos, garantizar a los ciudadanos un mínimo de movilidad y un máximo de seguridad son tareas que conciernen a cualquier alcalde, sin que importe su orientación ideológica. Por eso ha estado siempre dedicada al saboteo de la administración municipal, incluso cuando ha sido gobierno.

La coalición formada alrededor de la candidatura de Elsa Noguera a la gobernación de Atlántico, muestra que pueden encontrarse candidatos viables que permitan una coalición amplia de las fuerzas de derecha y centro derecha para cerrarle el paso a los candidatos de la izquierda. En las elecciones de 2011, Gustavo Petro obtuvo el 32% de los votos y los 5 ó 6 candidatos de la derecha sumaron más del 60%. Como no hay segunda vuelta, hay que encontrar para la alcaldía de Bogotá un candidato que permita agrupar a los partidos Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical y a los sectores de derecha del Partido Liberal y el Partido de la U. 

Fuera de Bogotá, nadie entiende por qué el Centro Democrático dejó de lado a Samuel Hoyos y a Diego Molano - dos políticos carismáticos, estudiosos y decentes – para avalar la candidatura de Ángela Garzón, una aventurera política sin principios ni moralidad alguna. Haber apoyado a Santos, después del trato indigno que éste le dispensó a su padre  en su primer mandato, y aliarse con un personajillo como Samper Ospina para mofarse del Presidente Uribe, quien la había acogido con esa generosidad suya rayana en la ingenuidad, la hacen merecedora de todo un capítulo en la historia universal de la infamia. Nadie entiende qué espera la dirección del Centro Democrático para retirarle el aval a una persona tan indigna, a quien, por otra parte, nadie le reconoce merecimiento alguno intelectual o profesional.

El Centro Democrático debería deshacerse pronto de Ángela Garzón y apoyar sin vacilación la candidatura de Miguel Uribe Turbay, quien ya cuenta con el respaldo del ala gavirista del Partido Liberal y la totalidad del Partido Conservador, partidos con los que está ya aliado en torno a la candidatura de Elsa Noguera. Seguramente el Centro Democrático para muchas otras alcaldías y gobernaciones entrará en alianzas con esos partidos. No hay ninguna razón para que no lo haga en Bogotá. Todo lo contrario: por lo que está en juego es casi obligatorio hacerlo.

LGVA
Julio de 2018.  


jueves, 18 de julio de 2019

La tragedia de Venezuela y las lecciones para Colombia


La tragedia de Venezuela y las lecciones para Colombia

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Cuando veo a los “hermanos venezolanos” que pululan en los semáforos de nuestras ciudades, me produce desazón pensar que ellos y millones como ellos apoyaron una y otra vez el régimen de Chávez y Maduro, en las decenas de votaciones que se han hecho en Venezuela desde que aquel ganó las presidenciales de 1998, y que seguirían apoyándolo de no haber perdido un pequeño empleo en la administración pública o haber dejado de recibir sus “cajitas clap”.

Y esa desazón se hace mayor cuando recuerdo que 8 millones de “hermanos colombianos” votaron en 2018 por Gustavo Petro: el socio político de Chávez y Maduro en el Foro de Sao Paulo, consejero y asesor puntual de la construcción del socialismo del siglo XXI, el más delirante y estrafalario personaje que haya surgido en la política colombiana desde los tiempos de Regina Once o el Doctor Gabriel Antonio Goyeneche; con la diferencia fundamental de que Regina y Goyeneche eran estrafalarios, pero divertidos; Petro es siniestramente estrafalario.

Lo ocurrido en Venezuela es consecuencia del colapso del sistema asistencialista y corrupto montado para la distribución de la renta petrolera. Gasolina y servicios públicos domiciliarios gratuitos, millones de empleados gubernamentales sin más cometido que cobrar su salario y reparto de toda clase de prebendas, regalos y dádivas para lograr el apoyo de la masa popular.

Eso no empezó con Chávez y Maduro. Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Herrera Campins y Jaime Lusinchi desplegaron también una masiva política asistencialista durante la bonanza de precios de los años 70 y 80. Repartiendo dinero a espuertas y endeudando prodigiosamente el país, lograron drásticas reducciones en los niveles de pobreza.  En 1990 el 38,5% de la población era pobre y el 16,3% estaba en condiciones de pobreza extrema; por ese entonces los mejores indicadores de América Latina.

El precio pagado fue la creación de una masa rentista que sólo aspiraba a obtener una mayor porción de la renta petrolera y que votaba por el partido que ofreciera más. Por eso, no tiene nada se sorprendente que, en las elecciones de 2012, Henrique Capriles, el candidato de la oposición enfrentado a Chávez, prometiera mantener las Misiones Bolivarianas o las Misiones de Cristo, creadas por Chávez en 2003 para repartir beneficios entre sus partidarios.

El intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri denunció el desperdicio de US$ 300.000 millones de dólares de ingresos petroleros equivalentes a 15 veces el Plan Marshall. El problema de la dependencia de la economía venezolana del petróleo y de la creación de una sociedad rentista fue la obsesión que lo acompañó durante toda su vida. Todo mundo conoce en Venezuela un artículo suyo, escrito en 1936: “Sembrar Petróleo”. Allí clamaba por un empleo productivo en el desarrollo de la agricultura y la industria de los ingresos petroleros que desde principios del siglo XX beneficiaban su país. Ya en 1990, en un artículo titulado “Los Venezolanos y el petróleo”, Uslar Pietri escribió:

“¿Hasta cuándo podrá durar este festín? Hasta que dure el auge de la explotación petrolera. El día en que ella disminuya o decaiga, si continuamos en las condiciones actuales, habrá sonado para Venezuela el momento de una de las más pavorosas catástrofes económicas y sociales”.

Los ingresos del petróleo se derrumbaron, vino el “caracazo”, el fallido golpe de estado de Chávez, el gobierno endeble de Caldera, que lo puso en libertad, y luego su elección en 1998. Uslar Pietri murió en 2001, todavía lúcido para darse cuenta de cómo se cumplían sus predicciones.

Con una renta petrolera infinitamente menor, Colombia se dio también a la tarea de montar su propio sistema asistencialista: subsidios masivos a los servicios públicos domiciliarios, transferencias monetarias directas que alimentan clientelas políticas, pagos a grupos organizados de productores fracasados, empleos y contratos innecesarios en la administración pública y, la cereza del pastel, un programa de viviendas gratuitas para impulsar una campaña presidencial. La bonanza de precios del petróleo, que impulsó el crecimiento de la economía desde 2000, se derrochó casi toda en burocracia y asistencialismo.

La economía colombiana se ha petrolizado: su crecimiento y la suerte de las finanzas públicas dependen de los ingresos petroleros, como se ilustra en el par de gráficas donde se relacionan el crecimiento del PIB y el déficit fiscal con el precio del petróleo. Desde hace años, los ministros de hacienda se acostumbraron a fincar sus esperanzas en el precio del petróleo elevado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, proyectaba las finanzas del estado con un precio de US$ 68 el barril, el de 2019, con uno de US$ 70.




En 2011, el profesor de Harvard, Michael Porter decía que lo peor que le podía ocurrir a Colombia es que continuara encontrando petróleo. En ese mismo discurso indicaba que la pobreza podía reducirse, ciertamente, dándole plata a los pobres, pero que eso era una trampa. Esa es la trampa en la que cayó Venezuela y en la que probablemente habría caído Colombia de haber tenido mayores ingresos para nutrir el asistencialismo, la burocracia y la corrupción.

En su mayoría, los miembros de la clase política tradicional de Colombia comparten, con sus pares venezolanos, la falta de fundamento doctrinal, de carácter y de autoridad moral para oponerse al asistencialismo y al burocratismo y para controlar la corrupción; dejándole todo el espacio a los demagogos como Petro, Robledo, Fajardo, López, etc. que están logrando hacerle creer a la gente que tienen la fórmula mágica para acabar con la pobreza y la corrupción, como hicieran en su momento Chávez, Maduro y sus compinches en Venezuela.

A la deriva doctrinal y moral de la clase política se añade la bonachona estupidez de la dirigencia empresarial, que acoge en sus encuentros gremiales a los enemigos declarados y solapados de la libertad, la propiedad privada y el mercado y financia generosamente unos medios de comunicación empeñados en desprestigiar los valores liberales, en desconocer los avances sociales del País y en, más que informar, hacer propaganda y apología de las actividades de todos los personajes de la izquierda.

A Chávez, en Venezuela, los políticos no quisieron o no pudieron enfrentarlo y el más pusilánime de ellos lo puso en libertad; los empresarios lo miraron con desdén pensando que era un político corrupto más, con el que no convenía enfrentarse y de quien, eventualmente, se podría obtener algún favor; en fin, los medios lo convirtieron en “azote de los corruptos y el paladín de la justicia social”.

Colombia tiene hoy los cuatro elementos que llevaron a Venezuela a la catástrofe económica y social en que se encuentra sumida: dificultad creciente para financiar el asistencialismo, una dirigencia política tradicional dividida y desprestigiada, un empresariado vacilante y confundido y unos medios de comunicación dedicados, dolosa o culposamente, a desprestigiar el sistema del que derivan su sustento.

Si las cosas no cambian radicalmente, no queda más que decir: ahí está el cóctel servido, señor Gustavo Petro, ¡buen provecho en las elecciones de 2022!

LGVA
Julio de 2019  

domingo, 14 de julio de 2019

Andrés Felipe Arias y la justicia vengativa


Andrés Felipe Arias y la justicia vengativa


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”
(Stanislaw Jercy Lec)

La severidad de la condena de Andrés Felipe Arias es una prueba palmaría de que no se necesita ninguna ley adicional para combatir los delitos contra la administración pública, como pretenden los demagogos que han convertido la lucha contra la corrupción en su bandera política. Lo condenaron a 17 años cárcel, que a su edad es por lo menos la mitad de lo que le resta por vivir; le impusieron una multa de más de cuarenta mil millones de pesos, suficiente para arruinar a un rico narcotraficante como Jesús Santrich, el protegido de la misma corte que lo condenó;  le negaron la prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión y le aplicaron el parágrafo quinto  del artículo 122 de la Constitución, que lo inhabilita de por vida para el desempeño de funciones públicas.

Pero si la severidad de la condena impuesta al exministro resulta escandalosa, lo es aún más la debilidad de los argumentos esgrimidos para declararlo culpable. Arias fue acusado y condenado por dos delitos: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros. En ambos casos su culpabilidad es extremadamente dudosa.

Para ejecutar el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) creado por la ley 1133 de 2007, Arias celebró con el Instituto Interamericano de Cooperación (IICA) tres convenios, con lo que supuestamente habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad de la contratación estatal. La clave del asunto está en la distinción entre convenio y contrato, porque los convenios de colaboración técnica entre el estado y los particulares, a diferencia de los contratos, no se rigen por el estatuto general de contratación estatal, por tanto, al celebrarlos, el exministro Arias no habría incurrido en ningún delito.

En el juicio oral, el delegado de la Procuraduría sostuvo que los actos jurídicos de carácter bilateral celebrados entre el Ministerio y el IICA tenían por lo menos una naturaleza ambigua. Por su parte, la defensa argumentó que desde 1993 se habían celebrado entre el Ministerio y el IICA 132 de convenios de la misma naturaleza, sin que a ninguna autoridad administrativa o judicial se le hubiera ocurrido acusar a los ministros que los suscribieron. La Corte desechó esos argumentos y sostuvo que, como las actividades desarrolladas por el IICA en el marco de esos convenios no eran de ciencia y tecnología, debió seguirse el proceso de contratación previsto en la Ley 80 de 1993.

Pero aún en el supuesto de que Arias hubiera incurrido en una falta, no resulta evidente que esta fuera de naturaleza penal, como lo expresó el delegado de la Procuraduría en el juicio oral: “Los convenios, tal y como fueron estructurados e implementados, muestran que verdaderamente se trataban de contratos con objeto ambiguo; no obstante, no todo problema o controversia de carácter contractual es penalmente reprochable, así lo sea administrativa y disciplinariamente”. La Corte hizo caso omiso de este planteamiento.

El otro delito es el de peculado por apropiación en provecho de terceros. Los terceros en cuestión habrían sido el IICA y un conjunto de beneficiarios, que por hacerse a los recursos del programa AIS habrían incurrido en acciones delictuosas, por las que en su momento algunos de ellos fueron condenados. Arias fue absuelto del cargo de peculado en favor del IICA, condenado en los demás casos.

En su condición de ministro, Arias estaba ejecutando una ley que le ordenaba entregar subsidios monetarios a los productores agrícolas que serían afectados por el TLC con los Estados Unidos.

Los subsidios agrícolas, como casi todos los subsidios, son una sinvergüenzada. Con excesiva frecuencia, llegan, no a los más necesitados sino, a los más hábiles para recabarlos y, en las más de las veces, se emplean para suplir necesidades diferentes a aquellas para las cuales estaban destinados o para incrementar el patrimonio de disfrute de los beneficiarios. Estos son los problemas de focalización y pertinencia de que adolecen todos los subsidios vigentes en Colombia.

Algunos beneficiarios de AIS, para aumentar su participación en la repartija, fraccionaron predios para presentar como distintos proyectos a los componentes de uno solo y obtener un doble beneficio; hicieron uso de varias identidades como personas naturales o jurídicas para beneficiarse varias veces del programa, en fin, consiguieron que proyectos, que al parecer no cumplían los requisitos de la convocatoria, recibieran financiación.

Como ocurre con todos los programas de subsidios, un grupo de avivatos hizo trampa para acceder a los beneficios o a una parte mayor de los mismos. Arias ejecutó la ley, como era su deber, y unos avivatos se apropiaron indebidamente de unos recursos: ¿dónde está su delito?

El exministro sería culpable si se demostrara que tuvo una actuación determinante para que los subsidios llegaran a los bolsillos de los avivatos. Todo lo contrario, en la sentencia hay textos que claramente lo eximen de cualquier culpa, a los ojos de observador imparcial. He aquí el más significativo: 

“Juan Camilo Salazar, Fernando Arbeláez, Javier Romero, Camila Reyes, Alba Sánchez, Jairo Meza. Juan Castaño, Arturo Vega, Leonidas Tobón, funcionarios del Ministerio, relataron que el doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA durante los comités de gabinete y reuniones de seguimiento del programa AIS se circunscribía a dar lineamientos y orientaciones básicas para el desarrollo de los convenios, sin que algún testigo haya referido que intervino a favor de personas, proyectos o empresas”.

Salazar y Arbeláez fueron viceministros de Arias y todos los demás, funcionarios del Ministerio de Agricultura vinculados al programa AIS. Ninguno de ellos, hay que repetirlo, refirió en sus testimonios que el exministro hubiera intervenido en favor de personas, proyectos o empresas.

La asignación se hacía mediante metodologías para evaluar los proyectos de los aspirantes a los auxilios y el cumplimiento de las condiciones. El componente de ciencia y tecnología que fundamentó el convenio con el IICA tenía que ver con el diseño de esas metodologías, su socialización entre los aspirantes y la asesoría a estos para aplicar al programa.

A falta de una prueba material o de un testimonio concluyente, a la Corte se le ocurre imaginar que Arias manipuló a su amaño todos los modelos, todos los procesos, todos los trámites, todas las metodologías y todas las personas que intervinieron en todas las fases de la asignación de los auxilios del programa AIS.

En síntesis:

El condenar al exministro Arias por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, la Corte criminalizó una conducta, la celebración de convenios entre el Ministerio y el IICA, en la que habrían incurrido en 132 oportunidades desde 1993 todos los titulares del Ministerio de Agricultura, sin haber sido acusados disciplinaria o penalmente.

Al ordenar la entrega de los subsidios, Arias estaba ejecutando lo dispuesto en la ley 1133 de 2007. La condena por peculado en el caso de once productores grandes y cercanos políticamente a Arias y no en el de los miles de pequeños productores, que también recibieron auxilios, le imprime a la sentencia un pestilente tufillo ideológico de lucha de clase y de antipatía política difícil de ocultar.

Lo de Arias y, más recientemente, lo de Santrich prueban sin sombra de duda que los magistrados de la suprema son absolutamente incorruptibles: nada ni nadie puede inducirles a hacer justicia.  

LGVA
Julio de 2019.

lunes, 8 de julio de 2019

¡Elecciones otra vez!


¡Elecciones otra vez!

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Empezó la campaña para las elecciones locales del 27 octubre. Hace poco más de un año se realizaba la segunda vuelta de las presidenciales y, apenas en agosto pasado, se votaba el mentado referendo anti-corrupción. En 2018, los colombianos fuimos a las urnas en 4 oportunidades y, desde 2010 e incluyendo la próxima, lo habremos hecho en 18. Votamos casi cada seis meses en ese lapso. Esto es obra de la Constitución de 1991 y de los cambios que introdujo en el sistema electoral.   

Este ejercicio casi permanente de los derechos políticos y la discusión ininterrumpida de los asuntos del gobierno, no nos hace más libres, como algunos creen, ni da a la sociedad el sosiego requerido para que la gente se ocupe de sus negocios y sus empresas, de su vida familiar o del disfrute de la amistad, el deporte o la cultura. Esa democracia participativa, en lugar de producir ciudadanos activos y deliberantes, tiende a generar un número creciente de profesionales de la política que – agrupados en toda clase de conciliábulos, grupúsculos y facciones – luchan denodadamente por hacerse a un cargo en la administración, a un contrato, a un subsidio o a una porción cualquiera del presupuesto público, porque hacer parte del gobierno, directa o indirectamente, se ha convertido para ellos en la forma de ganarse la vida.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay registrados 16 partidos y movimientos políticos que pueden avalar candidatos en cualquier municipio y departamento del País. Esta oferta electoral, de por sí abundante, es complementada con la de los candidatos de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) o candidatos por firmas. Para las elecciones de octubre, aparecen inscritos en la Registraduría Nacional 696 GSC para las de alcaldía y 63 para las de gobernación. Esta figura, creada probablemente con la mejor de las intenciones, ha dado lugar al desarrollo de una nueva variante del mercado político.

Los voluntarios que recogen firmas son de tres clases: los de verdad, los semi-forzados y los recolectores especializados. Los de la primera categoría ciertamente existen y seguramente son buenos ciudadanos que obran por convicción. La segunda está integrada por cargos pequeños y medianos de las administraciones locales que tratan de hacer méritos para mantener su empleo recolectando firmas entre sus amigos y familiares para el candidato que alimenta sus esperanzas. Finalmente, están los recolectores especializados, agrupados en pequeñas empresas que se ponen al servicio de los GSC que cuentan con más recursos financieros.



 El precio de la planilla de 25 firmas varía de un municipio a otro y depende, como cualquier precio, de las condiciones de oferta y demanda. Por ejemplo, en el mercado de Medellín, donde hay 14 GSC para la alcaldía, la planilla se está cotizando a $ 50.000. Probablemente, en los mercados de Bogotá, Cartagena y Cali la planilla llena alcance un precio similar. Para una gobernación tan apetecida como la de Antioquia, con 7 GSC, la planilla firmada debe costar otro tanto.  

La inscripción de candidatos por firmas, al igual que otros componentes del sistema electoral - las listas abiertas, la separación de los calendarios electorales, la multiplicación del número de elecciones, la circunscripción nacional de senado, la financiación de las campañas con dineros públicos, etc. –  combinados con un gobierno prematuramente grande, que reparte empleos, contratos y toda clase de beneficios, han llevado al País a una política más costosa, más clientelista y más corrupta. Mientras no se encare abiertamente el tema del tamaño del gobierno y, también, el del sistema electoral, el discurso anti-corrupción que predican todos los partidos sin excepción es demagogia pura y nada más.

LGVA
Julio de 2019.