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miércoles, 2 de diciembre de 2015

Una propuesta de mercado para reducir la demanda y evitar el racionamiento

Una propuesta de mercado para reducir la demanda y evitar el racionamiento

Diego Gómez
Jaime Millán
Luis Guillermo Vélez
Consultores, Fundación ECSIM

El fenómeno del Niño está poniendo a prueba los mecanismos institucionales y de mercado del sector eléctrico que hasta el momento han respondido adecuadamente. El alza del precio de bolsa era necesaria para forzar la entrada de las térmicas y acumular agua en los embalses para afrontar el verano. Las plantas térmicas respondieron y con excepción de Termo- Candelaria están generando, honrando sus compromisos de energía firme a un costo muy elevado.

Las medidas adoptadas hasta ahora son del llamado lado de la oferta y buscan aumentar la capacidad de generación, incrementar la oferta de gas y mitigar los efectos financieros del alza del precio de bolsa. Dejando de lado algunos desacuerdos, dichas medidas son adecuadas y reducen el riesgo de un racionamiento, pero podrían ser insuficientes. Es necesario actuar del lado de la demanda.

Aparte de una tímida campaña de ahorro voluntario, nada se está haciendo para reducir la demanda. Para situaciones críticas como la actual la regulación contempla, dentro de los llamados anillos de seguridad, la demanda desconectable. La idea es muy simple: un generador con obligaciones de energía firme podría cumplirlas parcial o totalmente con una reducción en la demanda contratada con un gran consumidor no regulado. Lo que aquí se propone es aplicar este concepto a la totalidad de la demanda regulada.

Los usuarios regulados están pagando en promedio $ 153 por un kilovatio-hora de la componente de generación de la tarifa que tiene un costo económico de $ 820, tomado como indicador el precio de bolsa. Cada kilovatio-hora que se deje de consumir representa para el sistema en su conjunto un ahorro de $ 667.  Si se toma como referente el costo de generación de las térmicas más costosas la diferencia es también significativa como quiera que el costo variable de un kilovatio-hora es del orden de los $ 600.

La propuesta se resume en los siguientes puntos:

·         A partir de enero de 2016 y durante 4 meses pagarles a los usuarios regulados $ 300 por cada kilovatio hora ahorrado.
·         Para determinar el ahorro se tomaría como referente el consumo del usuario en el mes correspondiente de 2015.
·         El comercializador liquidaría el consumo total y pondría de forma explícita en la factura el monto ahorrado.
·         El pago correría por cuenta de los todos generadores con obligaciones de energía firme a prorrata de su participación. El pago también podría correr por cuenta de los generadores térmicos que están empleando combustibles líquidos siempre y cuando la energía ahorrada se les reconozca como parte de sus obligaciones de energía firme.
·         El programa debe promoverse de forma masiva en los medios de comunicación y en los medios a disposición de las empresas.

En California, en 2000-2001, y Brasil, en 2001-2002, se adoptaron incentivos económicos de este tipo que llevaron a importantes reducciones del consumo. En Brasil se observaron reducciones de hasta 25% del consumo residencial con relación a la cuota que se había fijado. En California se adoptó el programa 20-20 que premiaba con un 20% de reducción en la factura la reducción de 20% en el consumo tomando como referencia el consumo del año anterior. En ambos casos las medidas se tomaron cuando el racionamiento ya estaba en curso. Si las adoptamos hoy pueden contribuir a evitarlo. No es descabellado aspirar a obtener un ahorro de unos 1.200 Gwh durante los cuatro meses de programa. Esto es equivalente a la producción de una térmica de unos 400 MW operado de forma continua en ese mismo lapso.

Los autores son conscientes de que esta propuesta puede mejorarse en muchos aspectos. Bienvenido el debate, pero que sea rápido pues el tiempo apremia. 




domingo, 18 de octubre de 2015

La SIC: ¿un tigre de papel?


La SIC: ¿un tigre de papel?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



Con relación a la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a los ingenios azucareros, entidades gremiales y directivos del sector, los hechos son los siguientes:

  • Nadie ha negado que las empresas y personas sancionadas hayan incurrido en las prácticas contrarias a la competencia que se les imputan.
  • Se ha cuestionado el monto de las multas impuestas señalando que acarreará la ruina de los ingenios y la pérdida de miles de empleos.
  • Reacción unánime de los congresistas de todos los partidos en contra de la SIC y en apoyo de los ingenios. Llaman la atención las intervenciones de los ministros de agricultura y hacienda.

La resolución 80847 de 2015 es un sólido documento de 192 hojas que reúne evidencia contundente para demostrar que los imputados incurrieron en prácticas contrarias a la competencia: acuerdo para asignar cuotas de producción en el mercado interno y acuerdo para impedir la importación de azúcar por terceros.  Son decenas de correos electrónicos y otros documentos los que se citan.  Un par de ilustraciones:

“Fui claro en la reunión que antes de hablar de cantidades y precios, nosotros como industria azucarera colombiana necesitamos un compromiso unánime de todos que no llegará a Colombia un solo grano de azúcar boliviano importado por comerciantes colombianos o extranjeros” (hoja 68).

“El objetivo del programa tiene éxito dependiendo de la rapidez como se tomen las decisiones de precio, de manera que nos permitan atacar las importaciones de azúcar de un momento a otro, sin darle mucho espacio a los importadores para que actúen” (hoja 70).

Especialmente preocupante es la circunstancia de que el llamado Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, haya sido uno de los mecanismos empleados para la distribución de las cuotas de producción. En la resolución mencionada pueden leerse, entre otras, las siguientes cosas:

“…su Comité Directivo ha servido como escenario común para la concertación de temas que afectan la libre competencia del mercado del azúcar en Colombia, lo cual puede evidenciarse en las actas de dicho Comité y en diversos correos electrónicos” (hoja 8)

“…el FEPA en su práctica, de acuerdo con el diseño realizado por el Comité FEPA, se desnaturalizó, al mutar en una herramienta de asignación de cuotas de producción o suministro en el mercado colombiano de azúcar…” ( hoja 41).

Las multas no son ni ilegales ni excesivas. En todos los caso están por debajo del monto máximo permitido por la ley. Las impuestas a los ingenios en ningún caso exceden el 6,6% de sus ingresos operacionales. Nadie se quiebra con esas multas. En la tabla, construida con datos tomados de le resolución 80847 que nadie ha desmentido, se indica la multa aplicada a cada uno de los ingenios y lo que ésta representa como porcentaje de los ingresos operacionales y del patrimonio de cada uno de ellos.

Ingenio
Multa
$ millones
% de ingresos
operacionales
% del patrimonio
% multa
máxima
Riopaila- Castilla
40.158
5,4
6,0
62,3
INCAUCA
49.059
6,6
3,6
76,1
Manuelita
32.855
6,6
5,5
51,1
Providencia
35.399
6,6
6,4
54,9
Mayaguez
28.723
6,6
4,0
44,6
La Cabaña
18.419
6,6
3,3
28,6
Pichichì
13.400
6,6
5,6
20,8
Risaralda
16.687
6,6
6,6
25,9
San Carlos
5.362
6,0
1,6
8,3
Carmelita
7.493
6,6
5,6
11,6
Central-Tumaco
1.795
3,3
6,0
2,8
Marìa Luisa
2.224
6,0
3,4
3,5



Este caso es una elocuente ilustración de la forma en que una intervención del estado en la economía provoca nuevas intervenciones que buscan contrarrestar los efectos nefastos de la primera. El estado, dizque para estabilizar los precios, se inventa el FEPA, y éste se convierte en un instrumento que facilita la cartelización que acaba con la competencia en el mercado, lo cual obliga al estado a intervenir nuevamente con la SIC para tratar de reestablecerla. Por otra parte, las acciones para impedir las importaciones de azúcar por terceros están concentradas en Ecuador y Bolivia, países de los cuales por hacer parte de la Comunidad Andina el azúcar puede importarse sin arancel. El proveniente de otros países está gravado con un arancel del 70%. Naturalmente si dicho arancel no existiera o fuese sustancialmente menor, los productores nacionales serían incapaces de impedir las importaciones y éstas fluirían permitiendo que los consumidores tuvieran menores precios y que los productores buscaran hacerse más eficientes para mantener su participación en el mercado nacional y llegar al mercado internacional. Así pues, con la intervención de la SIC, el estado está tratando de contrarrestar las imperfecciones del mercado creadas por las intervenciones del propio estado. Sin el FEPA y con un arancel moderado no habría sido necesaria la intervención de la SIC.

Ahora bien, ante un problema creado por el propio estado se trata de encontrar la forma más adecuada de resolverlo. Lo que está en juego es algo muy importante: el desarrollo y la consolidación de una institucionalidad económica independiente de los políticos y las presiones gremiales. No en vano el fortalecimiento del SIC y la aplicación de una política de competencia seria, técnica y rigurosa es una de las condiciones impuestas al País para su ingreso a la OCDE.

Las intervenciones de los ministros y voceros del gobierno en contra de la SIC son deplorables. Lo son igualmente las de los congresistas. Los ministros no son o no deberían ser los representantes oficiosos de los gremios en el ejecutivo ni los congresistas en el legislativo. Se supone que unos y otros representan el interés general y no el interés particular de un gremio de la producción. Sería lamentable que en este caso ocurriera lo mismo que ocurrió en 2001 cuando el gobierno – cediendo a las presiones de un grupo económico - despidió al superintendente de entonces por oponerse a la fusión de ACES y Avianca. La SIC quedó convertida en un rey de burlas hasta su renacimiento reciente motivado por las exigencias de la OCDE.

Ni los empresarios del azúcar ni de los demás sectores dedicarán sus esfuerzos y energías a hacerse más competitivos  mientras encuentren que es más rentable el lobby y el cortejo ante el gobierno y los políticos para obtener medidas de protección que en definitiva van en contra del consumidor. Esto será lo que continuará ocurriendo si el gobierno cede ante las presiones y deja que la SIC se convierta nuevamente en un tigre de papel.

LGVA

Octubre de 2015.


domingo, 11 de octubre de 2015

Daniel Raisbeck y el voto ùtil


Daniel Raisbeck y el voto útil



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



En las elecciones para la alcaldía de Bogotá, los únicos votos realmente útiles serán los que se emitan por Daniel Raisbeck, el candidato libertario. Todos los demás votos, sin que importe su distribución entre los otros candidatos, serán no solo inútiles sino también perjudiciales para la construcción de una sociedad libre pues contribuyen a perpetuar la democracia clientelista  enquistada en Bogotá y en el País entero.

Como es usual en todas las elecciones que se realizan en Colombia, en los días previos a la jornada electoral, los medios de comunicación y los columnistas más reputados denuncian la proliferación de las prácticas corruptas – compra de votos, trashumancia electoral, constreñimiento, etc. -  de que se valen los candidatos para obtener el favor de los electores. Sin embargo, en su habitual superficialidad, poco se interrogan esos medios y columnistas por la razón profunda de esos ingentes y costosos esfuerzos de todos los candidatos y partidos por hacerse a los cargos de elección popular.

Cuando el gobierno se hace cada vez más grande, es decir, cuando con los impuestos se apropia de una porción creciente de la riqueza creada por los ciudadanos y con sus reglamentaciones determina las condiciones de creación y distribución de esa riqueza, estar por fuera del gobierno o lejos de él resulta en extremo costoso para cualquier ciudadano o para cualquier empresario. Este es el origen de la democracia clientelista y de su correlato el capitalismo clientelista.  

La expectativa de un cargo grande o pequeño en la burocracia oficial, de cupos para alimentación gratuita, de subsidios para el transporte o los servicios públicos o, incluso, del pago en efectivo o especie por el voto son incentivos extremadamente poderosos para un ciudadano al que se le ha educado en la creencia de que su bienestar depende del gobierno y de los políticos que se turnan en su administración. Los empresarios, por su parte, sienten que no pueden estar alejados del gobierno dispensador de contratos y productor de reglamentaciones y en silencio financian todas las campañas y dedican luego sus energías al lobby y al cortejo de una omnipotente burocracia.  Y ¿qué ofrecen todos los candidatos? Más de lo mismo: más y más gobierno.  

Daniel Raisbeck ofrece menos gobierno, más libertad y más responsabilidad individual; y en eso radica la diferencia con los candidatos estatistas. El gran mal que aqueja a la sociedad colombiana estriba en la confusión entre lo que es una sociedad libre y el marco político e institucional que se precisa para desarrollo. Esta distinción fundamental en filosofía política ha desaparecido casi por completo de la política práctica colombiana. El mérito de Raisbeck y del Movimiento Libertario es volver a introducirla.

Una sociedad, como dice Popper, no es otra cosa que una manera de vivir juntos. La humanidad ha experimentado a lo largo de su historia diversas formas de ese vivir juntos. La idea de una sociedad libre y abierta, basada en el postulado de tolerar y respetar al individuo en su persona y sus convicciones floreció en Atenas y desde entonces ha sobrevivido a pesar de los grandes ataques que ha debido afrontar. John Locke la redescubrió en el siglo XVII y Adam Smith, en el XVIII, dejó en claro que el fundamento de toda libertad es la libertad económica. Sin libertad económica, es decir, cuando el gobierno lo controla todo, todas las demás libertades – de pensamiento, de prensa, de expresión, etc. – son pura retórica por más que estén consagrada en textos constitucionales o legales.  

La libertad, como dijo Pericles en su célebre Oración Fúnebre,  no convierte a los hombres en ciudadanos sin ley. Se precisa la obediencia a los magistrados y a la ley, es decir, se precisa de un gobierno para garantizar la protección de la vida, la salud, la propiedad y el debido proceso a los asociados. Ahora bien, un gobierno con el poder de brindar esas garantías, puede tener también el poder de conculcarlas. Es ahí donde radica el problema del gobierno limitado.

No hay que perder de vista que el objetivo sigue siendo esa manera de vivir juntos que llamamos sociedad libre. Otra cosa es la forma de gobierno elegida para garantizar su supervivencia. Con todos los defectos que se le puedan endilgar, la democracia es la mejor de las formas de gobierno conocidas para resolver ese problema. Quien no está en el gobierno no gobierna por más que haga parte del pueblo. Yo no gobierno y probablemente usted tampoco, apreciado lector. La democracia sirve no porque sea, como creen los románticos, el gobierno del pueblo, sino porque hace posible deshacerse de un mal gobierno sin derramamiento de sangre, como dijera Popper.

Ahora bien, cuando el gobierno lo controla todo y cuando la democracia se convierte en democracia clientelista deja de ser un medio para deshacerse de los malos gobernantes y se convierte en instrumento para su perpetuación en el poder. En la antigua URSS se hicieron elecciones periódicas y los hermanos Castro no han dejado de hacerlas desde que están en el poder. Nadie en sus cabales calificaría a Chávez, Maduro y a sus compinches de excelsos gobernantes. No han faltado elecciones en Venezuela en los últimos años. Tampoco en Argentina, Nicaragua o Bolivia. Ni en Bogotá.

Más que el derecho al voto, lo que hace libre al ciudadano es tener en su bolsillo un millón de pesos ganados con su propio trabajo libre e independiente de cualquier dádiva o componenda del gobierno de turno.  La democracia no es o no debería ser un sistema de reparto de beneficios o de aseguramiento colectivo contra todo riesgo. Si la democracia se convierte en eso, no es culpa de la democracia sino de los ciudadanos democráticos que consentimos en ello. Este es el mensaje del Movimiento Libertario, nada más y tampoco menos. Este es el almendrón de la política colombiana. Los candidatos estatistas deberían decir algo al respecto: ¡Hic Rhodus, Hic Salta!

LGVA

Octubre de 2015.

sábado, 19 de septiembre de 2015

Daniel Raisbeck: el único candidato serio a la alcaldía de Bogotá


Daniel Raisbeck: el único candidato serio a la alcaldía de Bogotá

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

Consultor, Fundación ECSIM

“Bogotá no necesita más políticos profesionales, expertos en vivir del estado. La capital necesita legisladores ciudadanos que se hayan destacado en diversos campos. El dinero de los ciudadanos es muy importante para dejar que lo sigan  gastando a su antojo los políticos” (Daniel Raisbeck)

 

Hace algunos días la periodista Camila Zuluaga afirmó que Daniel Raisbeck, candidato libertario a la alcaldía de Bogotá, no era un candidato serio. Raisbeck la contestó en carta abierta con una pieza magistral de filosofía política que Zuluaga no se ha dignado contestar pero que seguramente le habrá enseñado a medir sus palabras. Raisbeck es en efecto el único candidato serio a la alcaldía de Bogotá porque, como lo ha demostrado en los foros donde se le ha invitado a participar, es el único que está hablando del tema realmente importante: el tamaño del gobierno de Bogotá y la orientación y financiación del gasto público.

Para 2015 el presupuesto de Bogotá alcanza la cifra de 17.3 billones de pesos. El más grande de la historia, proclamaba con orgullo la actual administración distrital. ¿Grande con relación a qué? En 2013, según el DANE, el PIB de la ciudad fue de $ 175,3 billones. Asumiendo un crecimiento de 9% en los dos últimos años, en 2015 alcanzará la no despreciable cifra de 191  billones de pesos. Esto significa que el presupuesto de la ciudad representa un 9% de la riqueza producida por los bogotanos. En 1980 la cifra era 5,5% y en 1990 de 7,9%, según se reporta en la página 171 de un estudio del DNP de  1992, titulado “Bogotá: problemas y soluciones”.

Gráfica 1
 

 

El tamaño del gobierno bogotano no ha dejado de crecer. Para los estatista de todos los partidos ese 9% debe parecerles aún insuficiente para financiar el “gasto social”. Sin embargo, ocurre que son muchas las ciudades del mundo mejor administradas que precisan disponer de una porción sustancialmente menor de la riqueza privada para financiar su actividad. En 2015 el presupuesto de Paris es de 9.278 millones de euros[1]. A una tasa de cambio de US$/euro 1,13, equivale a US$ 10.484 millones: un 1,5% del PIB de la ciudad. El de Nueva York, con un alcalde reputado como “gastón”,  fue aforado en US$ 75.000 millones[2], equivalente a 5,34% del PIB. La administración de Londres se basta para prestar sus servicios con 16.700 millones de libras[3], es decir, US$ 26 mil millones: 3,1% del PIB. Seattle, considerada como una de las ciudades más adelantadas en la provisión de bienes públicos, requiere para ello un presupuesto de US$ 4.800 millones[4], inferior al de Bogotá (US$ 6.400 millones) en términos absolutos,  y equivalente al 3,15% de la riqueza creada por sus ciudadanos.

Gráfico 2
 

Podría decirse que estas comparaciones por tratarse de ciudades del mundo desarrollado no son válidas. Sin embargo, ciudades países que no se han caracterizado por la austeridad de sus gobiernos,  como México D.F. y Sao Paulo, tienen presupuestos de US$ 10.160 millones  y US$ 13.020 millones, que no superan el 3% de sus respectivos PIB. Buenos Aires es la capital de América Latina cuyo su presupuesto de US$ 26.214  millones  representa un porcentaje del PIB similar al de Bogotá: 8,3%. Curiosamente, Buenos Aires, tampoco se destaca por la calidad de sus servicios públicos. Definitivamente el gobierno de Bogotá es costoso. Pero los candidatos estatistas no pueden hablar de eso: desalentarían a sus clientelas.

El gobierno de Bogotá también resulta costoso en el ámbito nacional. No se dispone de estimaciones del PIB de todas las ciudades del País. Un indicador adecuado es la presión fiscal que es cociente de los ingresos tributarios y la población de la ciudad. Los principales ingresos tributarios de los municipios son los impuestos predial y de industria y comercio. No se incluyen las transferencias de la Nación. Las cifras de ingresos tributarios corresponden a 2013 y son tomadas del informe de desempeño fiscal de los municipios preparado por el DNP[5]. Las cifras de población son tomadas del DANE. Con ellas se obtienen los cálculos de la gráfica 3.

Gráfico 3
 

En 2013, el gobierno distrital les costó a los bogotanos en impuestos locales $ 714.410 en promedio. Los ciudadanos de Medellín y Barranquilla pagaron por su gobierno alrededor de un 70% de esa cifra. Los de otras ciudades mucho menos. El gobierno de Bogotá es costoso.

Los problemas de Bogotá – movilidad, vivienda pobreza, educación, etc. – no son principalmente un problema de falta de recursos. Las últimas 3 o 4 administraciones de la ciudad han contado con ellos en niveles importantes y los han dilapidado. El tamaño del gobierno de Bogotá, el uso de sus ingentes recursos y la tributación son los asuntos realmente importantes. Daniel Raisbeck es el único candidato que habla de ellos. Por eso es el único candidato serio, los demás son……estatistas. 

LGVA

Septiembre de 2015.

 

 

sábado, 5 de septiembre de 2015

Café y petróleo: 1913 – 2013, cien años de dependencia de las exportaciones primarias


Café y petróleo: 1913 – 2013, cien años de dependencia de las exportaciones primarias[1]


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT. Consultor Fundación ECSIM 

“…café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, cónchale vale, ¡cómo son las vainas! A cinco el saco, a ocho el barril. Vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más?,  ¿nadie da más? Entonces vendido a la Coffee Petroleum Company”. (Canción de Ana y Jaime)

I

En la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, Colombia y todos los países latinoamericanos se especializaron en la exportación de productos primarios. Hacia 1913, un par de productos de la agricultura o la minería representaban un 50% ó más del valor de las exportaciones de los países de la región. El café y el oro eran el 57% de las exportaciones colombianas por aquellas calendas. En Chile los nitratos y el cobre llegan al 78% del total exportado y en Brasil ese mismo porcentaje se alcanzaba con el café y el caucho. Costa Rica dependía del banano y el café que aportaban respectivamente el 51% y 35% de sus exportaciones.

Tabla 1
Las dos guerras mundiales y la crisis de los años 30 alterarían profundamente el rumbo de las economías latinoamericanas por los trastornos que ocasionaron al comercio internacional. En los años 40 surgió – desarrollada por Raúl Prebisch y los economistas de la CEPAL  -  la teoría del deterioro secular de los “términos de intercambio”, de acuerdo con la cual el precio de las exportaciones de bienes primarios tendía a disminuir secularmente con relación al precio de las importaciones de bienes industriales manufacturados. La especialización en la producción y exportación de bienes primarios condenaba a los países latinoamericanos a la pobreza y a la dependencia pues por el deterioro de los “términos de intercambio” tenían que entregar, para decirlo coloquialmente, una cantidad creciente de sacos de café o barriles de petróleo por el mismo tractor. La conclusión inevitable de esta teoría consistía en que los países latinoamericanos debían superar el modelo primario-exportador mediante el desarrollo de una industria nacional. Surgió así la política de la industrialización sustitutiva, la cual, alentada por la CEPAL, dormiría la política económica de todos los países de América Latina hasta los años 80 del siglo XX.  Se esperaba también que esto llevara a un cambio en la composición del comercio exterior, particularmente a  reducir la dependencia de las exportaciones de bienes primarios. La sustitución de importaciones debía llevar también a la sustitución de exportaciones. Esto último sería objetivo de la política económica de los años 60 del siglo XX.    

II

La tabla 1 muestra resultados más bien diversos en 100 años. El café y el oro no son ya los principales productos de exportación colombianos: fueron sustituidos por el petróleo y el carbón. Chile no depende ya de los nitratos sino del cobre. Ni a Ecuador ni a Venezuela parece haberles ido mejor en eso de reducir la dependencia de las exportaciones primarias. Perú muestra un nivel dependencia similar al de hace un siglo.  México, Brasil, Argentina, Costa Rica muestran una apreciable reducción.

Figura 1
 

El caso de Costa Rica es bien notable. Sus dos principales exportaciones no son ya bienes primarios. Las frutas tropicales, con 7,3%, y los plátanos y bananos, con 6,8%, están en el tercero y cuarto lugar de la canasta exportadora. En los dos primeros lugares están las partidas “válvulas y tubos electrónicos (de cátodo caliente, etc.), células fotoeléctricas, transistores, etc.” con  21% e  “instrumentos y aparatos de medicina, etc.” con 9,8%.

México tiene el petróleo como su principal producto de exportación, con 11%. En segundo lugar está la exportación de automotores, con 9%,  y los ocho productos que siguen después son todos productos industriales. Los 10 principales productos responden por el 48% del valor exportado en 2013, cifra similar a la de Brasil y Argentina que tienen igualmente dentro de sus 10 primeros productos de exportación algunas manufacturas industriales.

Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile muestran en 2013 las canastas de exportación menos diversificadas. El petróleo para las tres primeras economías y el cobre para la última son los principales productos de exportación. Pareciera entonces que 60 o más años de industrialización sustitutiva y diversificación de exportaciones su hubieran saldado con un fracaso pues están igual o peor que en 1913. Sin embargo, las cosas son un tanto más matizadas, al menos en el caso de Colombia que se examina con algún detalle en el siguiente apartado.

III

El auge de precios de los productos primarios de las dos últimas décadas alteró significativamente la composición de la canasta exportadora de Colombia. En 1963, el café representaba el 68% de las exportaciones y el petróleo el 17%. En ese mismo año 10 productos respondían por el 95% del valor exportado. En las décadas siguientes se muestra una tendencia a la diversificación de las exportaciones. El petróleo, que había desaparecido del panorama exportador en los años ochenta, reaparece en los noventa y en 1993 alcanza el 15% del valor exportado. En dicho año, conjuntamente con el café, que en dicho año era aún la principal exportación del País, el petróleo representaba el 31%. Los 10 principales productos eran el 65% y , en 2003, dicha participación se redujo a 57%, a pesar de que el petróleo llegaba al 20%.

Figura 2
 

En 2003 el País mostraba una canasta exportadora diversificada. Diez productos, entre los cuales se encontraban 5 productos industriales, respondían por el 57% de las exportaciones.  Los cinco productos primarios – petróleo, café, flores, carbón y bananos – tenían una participación relativamente equilibrada. Después las exportaciones se “petrolizaron”, más por efecto de los precios que por la cantidad.

Tabla 2
Los empresarios del País no estaban haciendo mal las cosas en materia de diversificación de exportaciones. El auge de los precios de las materias primas, en particular del petróleo, alteró de forma significativa la tendencia que se venía registrando. Las alzas y bajas de los precios de las materias primas son algo escapa por completo al control de una economía como la colombiana que sólo puede limitarse a aprovechar los auges y a padecer las depresiones. El gobierno tiene poco que hacer al respecto, pero ciertamente en el plano interno podría haber hecho mejor las cosas. La receta es simple: atenerse como cualquier cristiano al ingreso permanente, no al ingreso coyuntural, y ahorrar durante el auge para poder mitigar el efecto de las depresiones. Pero esto es difícil de hacer cuando el gobierno está capturado por intereses particulares y políticos propensos a los gastos inmediatos y adversos al ahorro. ¡El que viene atrás que arree!, parece ser la consigna de los gobiernos manirrotos. Sólo queda esperar que los empresarios hayan sabido aprovechar, como lo hicieron en otras coyunturas, los términos de intercambio favorables para modernizar y fortalecer el aparato productivo del País.

LGVA

Septiembre de 2015.





[1] Texto de una conferencia dictada en la Universidad EAFIT el 3 de junio de 2015.