La embarrada de la Contraloría con Hidroituango

 

La embarrada de la Contraloría con Hidroituango

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La decisión de la Contraloría General de la Nación de embargar las cuentas de los contratistas de Hidroituango es irresponsable, por sus graves consecuencias colaterales, y claramente ineficaz, para su supuesto objetivo de evitar el detrimento patrimonial del que se acusa a dichos contratistas.

El embargo, hasta ahora limitado a la firma Integral, puede llevar a la quiebra de los contratistas y a la consiguiente parálisis del proyecto. La parálisis del proyecto afectaría de inmediato la calificación crediticia de EPM y la pondría en dificultades con sus acreedores bancarios, especialmente el BID. Con el retraso en el cronograma, la entrada en operación comercial de las dos primeras unidades se tardará uno o dos años más de lo previsto, poniendo al País en riesgo de racionamiento en el verano de 2023 o 2024.  Y todo esto por nada.

El patrimonio todo de todas las empresas constructoras y de ingeniería de Colombia probablemente no suma los cuatro billones de pesos que la Contraloría pretende recuperar. Las encartadas a lo sumo representan el 10% de ese monto. Esto no tiene nada de anormal pues para contingencias como la de Hidroituango ninguna empresa del mundo debe responder con su patrimonio, menos con sus cuentas bancarias. Para eso se inventaron los seguros y reaseguros.

El problema es que, al igual que EPM con su demanda, la Contraloría pone en riesgo la única fuente de pago cierta que permita recuperar los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018. El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar.

El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales asciende a US$ 2.557 millones y el del lucro cesante a US$ 629 millones. A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP 2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos años de operación del proyecto. Cualquier cosa puede decirse del proyecto Hidroituango, menos que estuviese infra - asegurado.

El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante. En diciembre de 2019, la aseguradora realizó el primer desembolso de US$ 150 millones y el septiembre de 2020 el segundo por US$ 100 millones. La compañía de seguros aceptó pagar por la contingencia causada por el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación porque había admitido la inclusión de esta y del conjunto de obras que conformaban el Sistema Auxiliar de Desviación dentro de la cobertura de la póliza de todo riesgo.

Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso, cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida. La demanda de EPM y la imputación fiscal de la Contraloría no parecen acciones muy inteligentes porque exoneran al único actor que puede pagar el siniestro: el sistema internacional de seguros y reaseguros.  

LGVA

Abril de 2021.   

Ingreso solidario permanente: mala política pública

 

Ingreso solidario permanente: mala política pública

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El ingreso solidario permanente es una mala política pública porque eleva el desempleo estructural, incentiva la corrupción y aumenta el atractivo del socialismo.

La cantidad de trabajo que ofrece cualquier persona depende de la combinación de ingreso y ocio que le parece mejor, dado un valor del salario. El costo de oportunidad del tiempo de ocio es el salario monetario que se deja de ganar al abstenerse de trabajar ese tiempo. Cuando sube el salario, se eleva el costo de oportunidad de no trabajar y las personas ofrecen más trabajo, cuando el salario se reduce, el costo de oportunidad del ocio se reduce también y las personas ofrecen menos trabajo. Como, para quien lo recibe, el ingreso solidario permanente es un pago por no trabajar, su efecto es reducir el costo de oportunidad del ocio y, por tanto, su oferta de trabajo. Proyectada a una gran población, esta conducta se traduce en aumento del desempleo voluntario estructural.

Todo subsidio requiere un método de identificación de sus beneficiarios. La estratificación y el SISBEN en las tres versiones que hasta hoy se han inventado cumplen ese papel. Permear esos métodos y hacerlos funcionar en su beneficio es el objetivo de cualquier político corrupto para convertirse en redentor de sus clientelas. Las denuncias de corrupción en familias en acción, en el PAE y todos los programas sociales son pan de todos los días. La aplicación de la estratificación, dejada en manos de los alcaldes, ha llevado a la desaparición de los estratos 5 y 6 en casi todos los municipios pues de esta forma se maximizan los subsidios recibidos de la Nación. Los 5 o más billones del programa ingreso solidario son un suculento manjar para el clientelismo y la corrupción.

La obligación de velar por el interés personal disciplina a las personas en los hábitos de la regularidad, la moderación, la previsión y la confianza en sí mismas. Esto no ocurre, en general, por voluntad propia consciente sino por la fuerza de la costumbre.  Cuando las personas están obligadas a tomar sus propias decisiones y a mantenerse con su propio trabajo, son más esforzadas, constantes, ahorrativas, sobrias, orgullosas de sus propios logros y amantes de la libertad. Habituar a la gente a depender de las ayudas o los empleos poco demandantes del gobierno tiene un efecto deletéreo sobre esos hábitos, socava la dignidad personal y diluye el sentido de libertad, todo lo cual predispone a la aceptación de la sumisión y la servidumbre. No tiene por ello nada de sorprendente que los ideólogos totalitarios sean al mismo tiempo los ideólogos del asistencialismo, que busca hacer a las personas dependientes del gobierno porque esa dependencia moldea también las actitudes políticas.

LGVA

Abril de 2021.

Enajenar activos y reducir drásticamente el endeudamiento del gobierno

 

Enajenar activos y reducir drásticamente el endeudamiento del gobierno

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

A marzo de 2021 la deuda total del Gobierno Nacional asciende a 645 billones de pesos o a 173 mil millones de dólares. El 61% es deuda interna, el 39% externa. Con relación a diciembre de 2019, el nivel alcanzado en marzo de 2021 supone un aumento de 144 billones de pesos o 20 mil millones de dólares. Pero no todo ese aumento es atribuible al mayor gasto provocado por la pandemia.  

 

Entre 2010 y 2019, periodo pre-pandemia, la deuda se multiplicó por 2,5, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de 10,5%. A falta de una hipótesis diferente, que tiene que sustentar el Ministerio de Hacienda, suponer que la deuda, en un escenario sin Covid, habría aumentado a esa misma tasa, parece razonable; con lo que la deuda a marzo habría sido de 595 billones, en lugar de 645. Esto significa que el Covid explica 50 billones del endeudamiento de la Nación.  

Las finanzas públicas han recibido un choque exógeno puntual que hay que evitar se convierta en un problema permanente.  La única forma de hacerlo es actuar sobre las cuentas del balance, es decir, realizar activos y pagar deuda.  

Los activos de la Nación en el sector energético valen 97 billones de pesos o 27 mil millones de dólares. ECOPETROL e ISA representan, respectivamente, el 84% y 12,5 % de ese monto; siete empresas del sector eléctrico, el 2,5 % restante, aproximadamente. Todos esos activos son muy atractivos para el sector privado y en un proceso competitivo podrían alcanzar un mayor precio.

 

Los activos del sector energético permiten cubrir holgadamente el pasivo generado por la pandemia y sobraría para reducir el endeudamiento total. Los rendimientos de esos activos que ayudan a la financiación del gobierno son del orden de 6-7 billones, que pueden ser compensados con una reducción concomitante del gasto público.

Así las cosas, no habría necesidad de ninguna reforma tributaria. No es ocioso recordar que hace un año hice una propuesta similar[1]. Entonces no fui escuchado, no abrigo esperanzas de serlo ahora. Dixi et salvavi animam meam.  

LGVA

Abril de 2021

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[1]  https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2020/05/vender-ecopetrol-para-solventar-las.html

 

Ideas para la austeridad (V) Menos y más pequeños ministerios: un ahorro de 2,5 billones pesos

 

Ideas para la austeridad (V)

Menos y más pequeños ministerios: un ahorro de 2,5 billones pesos

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“La bureaucratie, pouvoir gigantesque mis en mouvement par des nains …”

(Balzac, Les employés)

La República de Colombia nacida del Congreso de Cúcuta de 1821 empezó con cuatro Secretarías Presidenciales: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina. En 1863 se crea la del Tesoro, curiosa escisión de la de Hacienda. Con estas cinco, más las de Fomento e Instrucción Pública, creadas ambas en 1880, llegamos hasta la Constitución de 1886, que les cambia el nombre por el de Ministerios que mantienen hasta la actualidad. El siglo XIX terminó con 7 ministerios, pues el de Justicia, creado en 1890, tuvo una vida efímera y se fusionó con el de Gobierno, antes Interior, del que se había desprendido.

Ya en el Siglo XX, bajo el gobierno del General Rafael Reyes, se crea el Ministerio de Obras Públicas y se fusionan los de Hacienda y Tesoro. En 1913 se crea el de Agricultura, el de Correos y Telégrafos en 1923, en 1938 y 1940 nacen los de Trabajo y Minas y Petróleos, en fín, el de Higiene es de 1946. Como el de Justicia reaparece en ese mismo año, a mediados del siglo se tienen 13 ministerios.

Con algunos cambios de nombre, el número de 13 ministerios se mantuvo inalterado hasta los años 90. Ese número resultó muy adecuado durante los 16 años de el Frente Nacional pues el gabinete paritario de liberales y conservadores se garantizaba nombrando como Ministro de Defensa al militar del más elevado rango. En los noventa aparecen otros tres ministerios: comercio exterior, ambiente y cultura. Y el siglo XXI empieza con 16.

El gobierno de Álvaro Uribe consiguió del Congreso la aprobación de la ley 790 de 2002 mediante la cual se fusionaron los ministerios del Interior y de Justicia; los de desarrollo económico y comercio exterior y los de trabajo y salud. El Ministerio del Medio Ambiente asumió algunas funciones del de desarrollo económico y pasó a llamarse Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por unos pocos años el gabinete volvió a la mágica cifra de 13.

En su primer gobierno, Juan Manuel Santos echó por la borda el esfuerzo descomunal y único en toda nuestra historia republicana de Uribe Vélez por reducir el tamaño del gabinete de gobierno. Con la ley 1444 de 2011 resucitó todos los ministerios a los que Uribe Vélez había dado de baja y creó una multitud de agencia para acompañar, completar, sustituir o estorbar ¡vaya uno a saber! el trabajo de los ministerios. Y así el número de ministerios volvió a 16.

El presidente Iván Duque Márquez, que en esto de los ministerios siguió más a Santos que a su supuesto mentor Uribe, se inventó el de Ciencia, tecnología e innovación y el de Deporte, ampliando la mesa del consejo de ministros a 18. En realidad, son 19, pues el director del DNP tiene rango ministerial.

Pero los ministerios no vienen solos, usualmente vienen con viceministerios y otras arandelas.  En efecto, así como ellos son como planetas que orbitan alrededor de la presidencia, en torno a cada ministerio giran como satélites una serie de dependencias – agencias, unidades, fondos, etc. -- que supuestamente le ayudan a cumplir su objetivo misional. El Ministerio de Transporte tiene cinco de esos satélites al igual que los de Salud, Minas y Energía y TIC. Agricultura tiene cuatro y Minambiente como cuarenta, incluidas las CAR.

Son por lo menos 150 los objetos que conforman ese sistema planetario-burocrático que se alimenta del presupuesto general de la nación con unos gastos de personal de 25 billones de pesos. Un ahorro de 2,5 billones no parece imposible de alcanzar con algunas fusiones, supresiones y reducciones de nómina.

Pero no hay que hacerse muchas ilusiones. Excepción hecha de la reducción temporal de Uribe Vélez, el gabinete ministerial colombiano ha seguido la marcha inexorable de la ley de Wagner – Adolph, el economista; no Richard, el músico – que pronostica el crecimiento del tamaño del gobierno a un ritmo incluso superior al de la economía. 

Según Wagner, que era un socialista de cátedra, y sus modernos seguidores, ese crecimiento es el resultado la demanda de bienes públicos indivisibles que supuestamente solo pueden proveerse por el gobierno. Probablemente hay algo de eso, pero hay mucho más de la acción de un par de personajes que, según Balzac, son a la vez creación y creadores del gobierno hipertrofiado: el funcionario y el hombre de estado.

En pequeño ensayo titulado Fisiología del funcionario, Honoré de Balzac caracterizó los dos tipos humanos que conforman el entramado de la burocracia. El funcionario es un hombre que para vivir necesita su sueldo y no puede abandonar el puesto porque no sabe otra cosa que el papeleo. A diferencia del funcionario, que vive para servir al gobierno pues no tiene alternativa, el hombre de estado, que hoy llamaríamos el político profesional, vive para servirse del gobierno. El interés combinado de esos personajes es, según Balzac, la fuerza que impulsa el crecimiento del gobierno y el mayor obstáculo a su reducción.

La persistencia de la burocracia por la acción de los “funcionarios” y los “hombres de estado”, la estudia Balzac en su maravillosa novela Los empleados, donde cuenta la historia Xavier Rabourdin, sesudo empleado gubernamental de la época de la restauración borbónica, que aspira a ascender en la administración pública para hacerla más reducida, pero a la vez más eficiente y eficaz. Desgraciadamente, el ambicioso proyecto de reforma es descubierto por sus mediocres compañeros de oficina quienes, aterrados por las ideas de Rabourdin, conspiran en contra suya con un poderoso hombre de estado, obligando a renunciar al infortunado reformador.

LGVA

Abril de 2021.  

Lo que Vicky Dávila no le preguntó a Quintero Calle

 

Lo que Vicky Dávila no le preguntó a Quintero Calle

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La dulzura de Vicky Dávila en su entrevista a Quintero Calle solo tiene parangón en las que le hacía, hace algunos años, a Gustavo Petro en una afamada emisora, que más que entrevistas parecían publirreportajes.

Al igual que con Petro, una mordacidad de mentirijillas permite el constante lucimiento del entrevistado.

Como la más inexperta de las reporteras, pregunta Vicky:

-       ¿Usted es el Petro de Medellín?

Ni corto ni perezoso, responde el entrevistado:

-       No, yo soy el Daniel Quintero de Medellín.

Después se viene con una serie de preguntitas medio tontas con el propósito de “hacerle confesar” a Quintero que él también, como todo político, quiere ser presidente. Le pregunta por su hermano Miguel, el de los contratos, y le permite hacer una conmovedora apología de alguien muy bueno – vendió la moto para regalarle un computador - y que por ser gordito debe cuidarse del Covid. La apoteosis se alcanza cuando Quintero, sin que la entrevistadora diga esta boca es mía, convierte la injerencia nepotista de su esposa Diana en la administración municipal en la intervención providente de una heroína que ya debe estar en la mira de Marvel o DC Comics.

Pero más que por esas frivolidades, la entrevista es mediocre por los temas sobre los que Vicky no se atrevió o no quiso preguntar, a pesar de que Quintero los puso sobre el tapete.

Quintero se ufana, una vez más, de la demanda de los 9.9 billones que en buena medida es el origen del caos en el que se encuentra sumida EPM. Y a Vicky Dávila no se le ocurre hacerle ninguna pregunta, de las cuales he aquí algunos ejemplos:

¿Por qué se renovó un contrato millonario al consorcio CCC cuya negligencia e incompetencia, según la demanda, lo hace responsable de la contingencia de Hidroituango en abril de 2018?

¿Cuáles son las implicaciones que la demanda tiene para EPM en su condición de contratista de Hidroituango S.A. por el contrato BOOMT y por tanto responsable de sus subcontratistas?   

¿Cuáles son las consecuencias de la demanda sobre la posición jurídica de EPM frente a las demandas que en su contra han presentado los abogados representantes de los habitantes aguas abajo del proyecto que alegan afectaciones por la contingencia de abril de 2018?

¿Por qué se demandó al consorcio constructor a pesar de tener pactado un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias surgidas de la contingencia de abril de 2018?

Lo del tal GEA en esa entrevista es patético. Quintero como dice una cosa dice la otra sin que Vicky abra la boca para objetar o preguntar. Es increíble que, cuando la Quintero habla de la toma de EPM por el GEA, la buena periodista que Vicky cree ser, no le pregunte por los vínculos con el GEA de los gerentes de EPM y los miembros de la Junta Directiva que se han sucedido desde la alcaldía de Fajardo, cuando se supone inició esa toma. Si se hubiera tomado el trabajo de averiguar para no ser engañada por Quintero, se habría enterado de que ninguno de ellos tenía vínculos laborales con las empresas del llamado GEA. Y aunque haber o no trabajado en una empresa antioqueña no puede ser motivo de inhabilidad para ser de la Junta de EPM, creo que ninguna de las 23 personas que pasaron por ella  desde Fajardo hasta Quintero, tenía vinculo laboral. Eran profesores universitarios, representantes de los usuarios, jubilados de EPM, expertos en servicios públicos.     

Y ante la temeraria afirmación de que el tal GEA, en la entrevista convertido en tres personas, hizo de EPM su caja menor, no se le ocurre preguntarle por las pruebas de ello que deben estar en la contabilidad de EPM y sus soportes. ¿Por qué – ha debido preguntarle Vicky a Quintero – si sabía que los del GEA habían saqueado a EPM, no ordenó una auditoria para recaudar las pruebas respectivas e instaurar la denuncia penal respectiva? ¿Si tiene las pruebas, por qué no los denuncia, como es su deber de acuerdo con el artículo 197 del Código de procedimiento penal?   

Todo lo que dice Quintero sobre Hidroituango es falso o tendencioso. El tal programa de aceleración no tiene nada que ver con la construcción de la galería auxiliar de desviación, eso es algo que sabe el alcalde pues en múltiples presentaciones a la Junta Directiva los técnicos de EPM han explicado ese punto. Lo sorprendente no es que Quintero mienta al respecto, sino que Vicky Dávila no pregunte nada. No pregunta nada tampoco sobre lo de Orbitel, ni sobre los 30 millones de dólares que supuestamente Fajardo recibió del “GEA”.  ¿ Por qué - ha debido preguntarle Vicky a Quintero - no denuncia a Fajardo por haber recibido soborno? ¿Por qué no ha denunciado a los que lo sobornaron? 

En esa entrevista hay demasiadas cosas turbias. Las personas mencionadas no pueden guardar silencio frente a las afirmaciones de Quintero. El fiscal Barbosa debe leer atentamente esa entrevista y emprender de oficio una indagación al alcalde Quintero quien afirma saber de la comisión de dos delitos sin haberlos denunciado.  

La ausencia de cuestionamiento de las temerarias afirmaciones de Quintero es una gran falla periodística que implica una cierta complicidad con la difusión de falsedades, pues el silencio de la entrevistadora lleva a suponer que avala las afirmaciones del entrevistado.  

LGVA

Abril de 2021.

 

La aterradora entrevista de Quintero Calle en Semana

 

La aterradora entrevista de Quintero Calle en Semana

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Aterradora me pareció la entrevista de Vicky Dávila a Quintero Calle. No me aterró tanto la frivolidad complaciente de las preguntas de la entrevistadora; ni la ignorancia, la estupidez y la vulgaridad de las respuestas. Me aterra el hecho de saber que quien dice tales cosas es el alcalde de Medellín, elegido por votación popular. 

Quintero Calle es la más acabada representación de lo que Ortega y Gasset llamara el hombre-masa-rebelde. Son varias las características de este hombre-masa rebelde, que se identifica con el demagogo y el retórico que aterraba a Aristóteles, quien nos advirtió que una sociedad puede acabarse cuando le llega la hora de la demagogia.

El hombre-masa-rebelde es ignorante y vanidoso, se siente perfecto y cree tener un conocimiento pericial de todos los asuntos. Se siente con el derecho de tener una opinión sobre todo sin haberse tomado el trabajo de estudiar nada para forjársela. Todas las decisiones tomadas desde la alcaldía, en especial las relativas a EPM, han estado fundamentadas en la más sólida e inexpugnable ignorancia. Quintero ha dando pruebas repetidas y contundentes de que es un ignorante vitalicio, íntegro y sin fisuras. Personas como él en cargos de responsabilidad son especialmente peligrosos pues, como decía Anatol France, el necio es más funesto que el malvado, porque el malvado descansa algunas veces, pero el necio jamás.

El hombre-masa-rebelde es mentiroso y miente de las tres formas posibles. Miente por ignorancia, miente por prejuicio y miente de forma deliberada y premeditada. Su ignorancia lo hace impermeable a lo racional, sus prejuicios lo apartan de lo razonable y su vanidad lo lleva al convencimiento de que lo que diga será aceptado como verdad por los hombres-masa-rebeldes cuyo liderazgo ostenta. Todo en esa entrevista son mentiras rotundas o pérfidas insinuaciones, que la complaciente entrevistadora deja pasar dulcemente.

El hombre-masa-rebelde es vulgar. Ya las dos facetas anteriores del hombre-masa-rebelde que es Quintero Calle - la ignorancia vanidosa y la mitomanía compulsiva - eran bien conocidas; la tercera, la vulgaridad, se despliega en esa entrevista arrolladoramente, porque la combinación de la ignorancia, la vanidad y la mentira es la vulgaridad.

Lo aterrador de todo esto no es que el vulgar se crea sobresaliente y no vulgar, como es el caso de Petro, López, Robledo y otros más. Lo verdaderamente aterrador en el caso de Quintero es que, superando de lejos a sus ídolos, pasa a otro nivel, no pretendiéndose sobresaliente sino asumiéndose como vulgar y proclamando e imponiendo el derecho a la vulgaridad o la vulgaridad como derecho, como dejó dicho Ortega y Gasset.

Hemos llegado a la situación de elegir y tener como alcalde de Medellín a un personaje que parece decir soy ignorante, vanidoso, mentiroso, vulgar y ¿qué? ¡Eso es lo que quieren las masas!

Hace años a un experimentado político le oí decir que en política lo que importa no es el conocimiento o la inteligencia sino la popularidad. Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Evo en Bolivia, en fin, los Kirchner en Argentina prueban hasta la saciedad la verdad de esa afirmación.

No soy capaz de entender el cúmulo de circunstancias que hacen que las masas en determinados momentos históricos se regodeen con la vulgaridad en política. Pero es un hecho que esas coyunturas existen y en ellas emergen con fuerza los demagogos y entre todos ellos el que sea más vulgar. Nadie puede hoy comprender, leyendo sus discursos, que italianos y alemanes hayan votado por Mussolini y Hitler.  

Creo que Quintero hoy por hoy es el más vulgar de los demagogos colombianos, el que más se parece a los mencionados “próceres” latinoamericanos y el que más posibilidades tiene de llegar a la presidencia, porque es el que mejor interpreta el sentir de una sociedad a la que parece haberle llegado la hora de la demagogia y del derecho a la vulgaridad.

LGVA

Abril de 2021.    

Ideas para la austeridad (IV) Contener la voracidad de las asustadurías: ahorro un billón quinientos mil millones

 

Ideas para la austeridad (IV)

Contener la voracidad de las asustadurías: un ahorro de un billón quinientos mil millones

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Entre los funcionarios públicos se da el nombre “asustadurías” a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. De las tres, la más antigua es la primera, cuyos orígenes se remontan a los inicios de nuestra vida republicana, en el Congreso de Cúcuta de 1821. La Contraloría es una de las instituciones creadas en 1923, por el gobierno de Pedro Nel Ospina, siguiendo las recomendaciones de la Misión Kemmerer, las otras fueron la Superintendencia Financiera y el Banco de la República. Las Fiscalía es más joven, con solo treinta años de existencia como quiera es una creación de la Constituyente de 1991, aunque empezó a operar en 1992, con Gustavo de Greiff como primer fiscal.

A lo largo de sus años de existencia de estas entidades se han alternado períodos de esplendor con otros de menor brillo o, incluso, de total oscuridad. Hubo una época en que el paso por la Contraloría se convirtió en la antesala del ingreso a prisión de su titular. El solo nombre de algunos procuradores de antaño imponía respeto, sin necesidad de que estuvieran gesticulando o haciendo monerías donde quiera que había un micrófono o cámara de televisión. En fín, la Fiscalía despertó esperanzas de mejor justicia que se fueron diluyendo con el tiempo y, sobre todo, con el paso de fiscales cada vez más duchos en asuntos de la política que en los del derecho penal.   

Hoy las “asustadurías” no pasan por su mejor momento. Seguramente asustan mucho a los funcionarios públicos competentes y honestos, que a veces inexplicablemente caen en investigaciones de esas entidades; pero no así a los bandidos que entran a la administración pública con el claro propósito de robar, dando por descontados los honorarios que pagarán a los abogados para defenderse en los procesos e, incluso, los años de prisión domiciliaria a los que sean condenados si las cosas salen realmente mal.

Pero hay otro aspecto asustador de estas entidades, que concierne a todos los ciudadanos, cual es su incontenible voracidad presupuestal. Entre 2010 y 2020, su presupuesto total creció 153%, es decir, casi el doble del PIB nominal, que aumentó 84% entre esos años. Otra forma de ver las cosas es decir que en el período el PIB nominal de todos los colombianos ni siquiera se duplicó, mientras que el presupuesto de la Contraloría se multiplicó por más de tres y los de la Fiscalía y la Procuraduría lo hicieron por 2,5 y 2,2, respectivamente.

Ese desmesurado crecimiento presupuestal no ha estado acompañado de una mejora sustancial y ostensible en el desempeño de esas entidades. Muchos ciudadanos no vemos en ellas más que poderosos fortines burocráticos usados para impulsar las carreras políticas de quienes llegan a su dirección y, de paso, acabar, si es posible, con las de algunos rivales. Y si el aumento del presupuesto no ha llevado a ninguna mejora en su desempeño, su disminución no debería provocar ningún deterioro.  

No es disparatado pensar que, si el ingreso de los colombianos como consecuencia de la pandemia retrocedió tres años, los entes de control hagan el sacrificio correspondiente y recorten sus presupuestos solo en 25%. Esto daría a las finanzas públicas un ahorro de un billón quinientos cincuenta y dos mil millones.

LGVA

Abril de 2021.     

Ideas para la austeridad (III) Suprimir entidades de dudosa utilidad: ahorro de un billón cien mil millones

 

Ideas para la austeridad (III)

Suprimir entidades de dudosa utilidad: un ahorro de un billón cien mil millones

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

El 6 de junio de 1994, después de un terremoto de 6 grados en la escala Richter, se produjo la avalancha del río Páez, que afectó 15 municipios de los departamentos de Cauca y Huila. Han pasado 27 años desde entonces y la entidad, de nombre increíblemente largo como su duración, creada para atender esa tragedia, la “Corporación nacional para la reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas Nasa Kiwe”, aún aparece en el Presupuesto General de la Nación (PGN) con una partida de 19.268 millones de pesos.

Eso es lo que llaman inflexibilidad a la baja del gasto: crear entidades con un objetivo temporal que nunca se cumple y siempre está en ejecución. También es inflexibilidad en el gasto la creación de entidades que cumplen funciones asignadas a otras o que son completamente inocuas o ambas cosas.

Es difícil entender qué pueda hacer, aparte de reprocesar información de otras entidades gubernamentales, la flamante Contaduría General de Nación que se gasta en su inasible función la suma de 25.143 millones de pesos anuales. Más inasible aún es la función de la Unidad Administrativa especial Junta Central de Contadores que por la bicoca anual de 13.151 millones suministra sus invaluables servicios a un país ávido de ellos. Seguramente, para auditar el buen manejo de los recursos a cargo de esas entidades, se creó la Auditoría General de la República, que ejerce sus inapreciables funciones por una modesta anualidad de 42.312 millones.

Aparte de quienes trabajan allá, nadie ha oído hablar en el país, no es sarcasmo, del Instituto Nacional de Sordos, o visto, tampoco es sarcasmo, las actuaciones del Instituto Nacional de Ciegos que, por 11.433 millones anuales, el primero, y 7.498, el segundo, adelantan sus humanitarias labores.

Creo que es un error haber mencionado este par de entidades pues ello puede dar lugar que empiecen a surgir muchas inquietudes: ¿por qué más dinero para los sordos que para los ciegos? ¿por qué no tener también un instituto para los parapléjicos, otro para los mancos, uno más para los mochos, uno para los tuertos y otro ¡cómo no! para aquellos que les falta el dedo anular de la mano izquierda?

Me resulta completamente incomprensible que, para la realización de un par de subastas cada dos o tres años, sea necesaria la Agencia Nacional del Espectro con un presupuesto de 34.574 millones de pesos anuales. Nadie sabe qué planea la “Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte”, por 9.422 millones anuales; ni qué regula la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte por 1.210.

Cosa curiosa es también la “Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias”, con un presupuesto de cercano a los 29.252 millones, que nadie sabe muy bien en qué se diferencia de la Superintendencia de Economía Solidaria, supuestamente encargada de “vigilar regular y controlar” el accionar de las más de 16.000 entidades sinónimo de lucro – perdón, es “sin ánimo” – que existen en el País, para lo cual tiene un presupuesto de 61.300 millones de pesos.  

Y desfilan ahora las “Agencias”, el nuevo mantra de la administración pública, la mayoría de ellas creadas bajo el gobierno de Santos y su Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien hoy reclama austeridad. Son como 20, menciono solo tres de ellas.      

Está en primer lugar la “Agencia Presidencial de Cooperación Internacional” que se gasta 33.145 millones en Dios sabe qué. Bueno, se tiene un indicio: el 86% de su presupuesto es pura nómina. Quizás mas aterradora es la “Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas” que, con un presupuesto de 71.185 millones, compra y restaura edificios que serán llenados de funcionarios públicos. En fín, sigue la Agencia de defensa jurídica del estado” que debería destinar su presupuesto de 95.000 millones a defender a los ciudadanos de la voracidad del estado.

La joya de la corona de las entidades de dudosa utilidad la constituye la Defensoría del Pueblo, entidad que se disputan políticos a los que no le alcanza la moña para alguno de los tres grandes entes de control, pero que se cotiza cada vez más por el monto de su presupuesto. Hace cinco años estaba en 453.000 millones, hoy llega 710.623, solo un 20% menor que el de la Procuraduría. Aparte de interferir la acción de la Fuerza Pública y de desacreditarla en sus mediocres y sesgados informes, plagados de imprecisiones y atentados contra la gramática, nada es lo que puede rescatarse de esta entidad.

La tabla presenta los ahorros que se obtendrían con la supresión de las entidades de dudosa utilidad que se ha mencionado anteriormente. Pero seguramente está incompleto. Para ampliarlo bastaría con tomar el PGN y en la función “buscar” poner palabras como “agencia”, “unidad administrativa especial”, “Comisión”, “Corporación” y seguramente se encontrarán otros engendros burocráticos tan o más insólitos que los indicados.  

 

Los centros de investigación económica que contratan con el gobierno saldrán a decir que esos recortes son imposibles porque el gasto público es inflexible y todas esas entidades están amparadas por leyes o artículos de la constitución. Siempre me ha sorprendido que la inflexibilidad del gasto sea solo a la baja y que solo pueden aprobarse leyes que creen entidades y jamás puedan aprobarse las que las suprimen. El corolario de esto la justificación de todo aumento de los impuestos.

Las leyes que crearon esas entidades no fijan la cuantía de su presupuesto. Basta una directiva del Ministerio de Hacienda que ordene, por ejemplo, su reducción a la quinta parte. El encargado ya verá cómo lo hace.

Ahora bien, como el Ministro de Hacienda, habitualmente prudente, anda asustando a todo el mundo con el cuentazo de que no tiene con qué pagar la nómina, de que las calificadoras nos van a quitar el grado de inversión y que todos los pobres se van a morir de hambre sin no les dan de forma permanente el tal ingreso solidario, bien podría reunir todos esos argumentos y muchos más para montar una exposición de motivos para declarar el estado de emergencia económica y social y expedir los decretos legislativos que permitan recortar, fusionar y suprimir todas esas entidades que comen el presupuesto de la Nación.

No está escrito en la Constitución que el estado emergencia solo pueda declararse para aumentar el gasto y no para reducirlo. Además, la generación de superávit primario, que es lo que espera el mercado, es más seria, creíble y sostenible con la reducción del gasto que con un aumento de los impuestos, que solo aplaza el necesario recorte del estado burocrático que agobia a los contribuyentes colombianos.

LGVA

Abril de 2021.

Ideas para la austeridad (II) Suprimir los aportes nacionales a las CAR: un ahorro de 120.000 millones

 

Ideas para la austeridad (II)

Suprimir los aportes nacionales a las CAR: un ahorro de 120.000 millones

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La Corporación del Valle del Cauca (CVC) es la más antigua de las corporaciones autónomas regionales (CAR), entidades que ofician como autoridades ambientales en los términos de la ley 99 de 1993. La CVC fue creada en los años cincuenta, para gestionar de forma integrada la cuenca del río Cauca de manera semejante a como lo hacía con el río Tennessee en Estados Unidos la Tennessee Valley Authority (TVA). La creación de la CVC requirió de una reforma constitucional y fue asesorada por David Lilienthal, quien lideró la creación de la TVA en 1933, bajo el gobierno de FD Roosevelt.

El modelo de la CVC encontró imitadores y empezaron a crearse nuevas corporaciones. En 1961 se crea la Corporación Autónoma Regional de los ríos Bogotá, Ubaté y Suarez; la del Quindío se crea en 1964 y en 1968 nace Corpourabá. Hacia 1988 eran ya quince las CAR, pero la verdadera explosión demográfica sobrevino con la ley 99 de 1993 con la que se llegó a las 34 que existen hoy.

Sin desconocer que algunas de las CAR, más bien pocas, hacen un buen trabajo, es un hecho conocido que la mayoría de ellas se han convertido en feudos políticos, donde la disputa por la elección de sus directivos desata las más encondas luchas. En sus inicios, el primer gobierno de Santos quiso reducir su número a 16, ordenando la fusión de varias de ellas mediante el decreto 141 de 2011, que lamentablemente fue declarado inexequible por la sentencia C-276 de la Corte Constitucional. Desde entonces nadie ha osado ponerle el cascabel al gato de las CAR.

Anualmente las CAR reciben del Gobierno Nacional cerca de 120.000 millones de pesos para sus gastos de funcionamiento. Podría decirse que eso no es mucho, unos tres mil millones para cada una, si no fuera porque estas entidades se lucran de una de las contribuciones parafiscales más grandes de las que se recaudan en el País: las transferencias ambientales del sector eléctrico.

Establecidas por la ley 99 de 1993, las transferencias ambientales se financian con una tasa de 6% a la generación hidráulica y de 4% a la térmica. La mitad de la primera tasa se destina a las CAR, mientras que la segunda se divide en 2,5% para las CAR y 1,5% para los municipios del área de influencia de las plantas de generación. El monto de las transferencias se determina aplicando a la generación un precio fijado por la Comisión de Regulación de Energía (CRE), que para 2020 era de 123 pesos por KWh.

El cuadro muestra los cálculos para 2020, año en que se generaron aproximadamente 70.000 GWh, 75% hidráulicos y 25% térmicos. Las transferencias totales ascendieron a 473.550 millones y la parte recibida por las CAR a 247.538 millones. Esto significa que cada una de las 34 CAR en promedio recibió 7.280 millones. Ahora bien, si las CAR se redujeran a las 16 propuestas en el decreto 141 de 2011, cada una recibiría cerca de 15.500 millones de pesos. 

Podría argumentar que algunas CAR no tendrán recursos suficientes pues en su jurisdicción no existen o existen pocas plantas de generación de buen tamaño, mientras que en otras hay muchas de ellas. La verdad es que 27 de la 34 CAR reciben y ejecutan recursos provenientes del sector eléctrico.  Adicionalmente, las CAR tienen ingresos propios provenientes de otras actividades y, en cualquier caso, los recursos de las transferencias pueden ser distribuidos conforme a ciertas reglas para que todas reciban las sumas adecuadas.

 Aquí se dejan de lado otros aspectos del funcionamiento de las CAR y de todo el sistema ambiental que deben ser evaluados y ajustados. Empezar por una reducción radical de su número, llevarlo a 16 como se pretendía en el decreto 141 de 2011, y suprimir los aportes nacionales para su funcionamiento sería un buen comienzo. Esta última medida que puede tomarse de manera inmediata generaría un ahorro cercano a los ciento veinte mil millones de pesos.

LGVA

Abril de 2021.

Ideas para la austeridad (I) Menos embajadas: un ahorro de 250.000 millones

 

Ideas para la austeridad (I)

Menos embajadas: un ahorro de 250.000 millones

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Probablemente fue la Serenísima República de Venecia la primera gran potencia en tener un cuerpo diplomático especializado desplegado en las principales capitales europeas. En un hermoso libro titulado El siglo XVI a la luz de los embajadores venecianos, Orestes Ferrara, el prolífico historiador ítalo-cubano, da cuenta de la labor de estos especialistas de la intriga, el espionaje y la información.

En largas y detalladas misivas, llenas de datos y anécdotas palaciegas, estos embajadores informaban a las autoridades de la Serenísima del acontecer político de las principales cortes europeas, al tiempo que transmitían a los cortesanos amigos los mensajes y las dádivas de sus mandantes, a efectos de granjearse su buena voluntad.

Nicolás Maquiavelo fue el más notable de esos espías intrigantes. Ofició como embajador, primero, en Francia; luego en los Estados Pontificios bajo el papado de Julio II y, antes de caer en desgracia, representó a la Serenísima ante la corte del emperador Maximiliano I. Afortunadamente para la posteridad, su retiro forzoso de la política y la diplomacia le permitió dedicarse a la actividad literaria de la que salieron sus grandes obras: Discurso sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe.

En los siglos siguientes, todas las grandes potencias siguieron el camino trazado por los venecianos y se acreditaron embajadores las unas a las otras, con el mismo propósito de espiar, proveer información y participar en las intrigas palaciegas. A lo largo del siglo XIX y especialmente en el XX, todas las naciones del mundo empezaron a imitar a las grandes potencias, lo que dio nacimiento a la actividad de la “diplomacia internacional”, codificada en todas sus minucias por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.

La República de Colombia, nacida de la Constitución de Cúcuta de 1821, empezó con cuatro secretarías o ministerios, uno de ellos el de Relaciones Exteriores, para al que se nombró al caraqueño Pedro Gual. Era muy importante en ese entonces enviar delgados ante las potencias europeas para obtener el reconocimiento de la nueva nación y conseguir apoyo para la guerra independentista que aún no había culminado. Ya en el siglo XX, las embajadas, al tiempo que se hacían menos importantes, aumentaban en número. Pronto se convirtieron canonjías bien remuneradas para el pago de favores políticos o, en el mejor de los casos, para ayudar al sustento de algunos escritores mientras componían sus obras literarias.

En alguno de sus innumerables escritos, Germán Arciniegas, que fue embajador en cuatro o cinco países, se burla socarronamente de los informes sobre asuntos económicos que semanalmente enviaba a la Cancillería Alejandro López, su compañero de legación en Londres, a principios de los años treinta del siglo pasado. Cuenta Arciniegas que todos los viernes, temprano en la mañana, López llegaba a la oficina con la última edición de The Economist, traducía los principales artículos y armaba con ellos el informe que en la tarde remitía a sus superiores en Bogotá.  Dejando de lado la indelicadeza que insinúa Arciniegas, a mí me parece que, para la época, lo que hacía López era plausible. Hasta hace, digamos, 40 ó 50 años, preparar un informe basado en la prensa del país donde se ejercía la diplomacia aún tenía cierta utilidad.

Las comunicaciones modernas y especialmente el Internet han privado a nuestros diplomáticos de una actividad que les permitía llenar el tiempo, sentirse útiles y guardar cierto decoro.

¿Qué hacías? le pregunté a un amigo que hace algunos años se desempeñó como segundo o tercer secretario de embajada en una importante capital europea. Prácticamente nada, me respondió, pero me mantenía muy ocupado, déjame te explico.  Allá había embajadas de unos cien países, razón por la cual todas las semanas se celebraba la fiesta nacional de alguno de ellos. A veces, había hasta dos y tres fiestas nacionales por semana. Era necesario prepararse y leer acerca del país, para poder decirle algo agradable a los anfitriones y conversar ilustradamente durante la cena y el coctel.

Aquellos que son arrojados a capitales con menor actividad diplomática experimentan más dificultades para darle algún sentido y propósito a su misión; pero al parecer logran hacerlo. Una pareja de amigos, que visitó un exótico país donde tenemos sede diplomática, me habló bellezas de la “queridura” de nuestro embajador. Imagínate que arrimados a la embajada y nos recibió de inmediato. Estuvo con nosotros prácticamente los tres días y nos llevó a los mejores lugares. Comimos con él y su señora dos veces en la embajada y nos invitó a almorzar otras tantas en increíbles restaurantes. ¡Qué queridura, el embajador!

Colombia tiene relaciones diplomáticas con más de cien países y embajadas en unos sesenta.  La tabla presenta los costos laborales de una embajada colombiana típica, se acuerdo con el Decreto 304 de 2020.

 

 Para redondear, solo en sueldos directos, una embajada cuesta 172 millones de pesos mensuales. Asumiendo un factor prestacional de 70%, los costos laborales llegan a 292 millones. Suponiendo que los otros costos – arriendo, vehículos, suministros, agasajos, etc.  – sean un 30% del total de costos laborales, tendríamos que una embajada cuesta 380 millones de pesos mensuales o, si se prefiere, poco más de 4.500 millones al año.

Con la mayoría de los países donde se tiene embajadas las relaciones económicas – de comercio e inversión – son ínfimas y la presencia de colombianos es sus territorios a lo sumo justica un pequeño consulado. Se me han ocurrido algunas agrupaciones de países que podrían ser servidos con una sola embajada.

Las seis embajadas de África pueden agruparse en una sola, lo mismo que las seis de Centro América: van diez menos. Para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay basta y sobra con un embajador; lo mismo que para Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú: nos ahorramos otras seis. En México puede quedar la embajada de ese país y la de todos los países caribeños con los que tenemos relaciones diplomáticas: no ahorramos otras tres, las de Cuba, Trinidad-Tobago y Jamaica. También basta una embajada para China, Corea, Japón y Vietnam y nos ahorramos 3 tres más.  En Israel puede quedar la embajada de ese país y además de Líbano, Emiratos y Turquía, con lo que se ahorran tres. Se ahorran otras seis conformando   dos grupos con India, Filipinas, Indonesia y Malasia, el primero, y con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia, el segundo.  Para toda Europa basta con 4 embajadas bien distribuidas, con lo que el ahorro sería de 16. Estados Unidos y Canadá pueden atenderse con solo embajador.

Si mis cuentas no me fallan, las agrupaciones propuestas permitirán suprimir 48 embajadas, lo que daría un ahorro superior a los 200.000 millones de pesos al año. No es difícil llegar a 250.000 millones, si en los múltiples organismos multilaterales más bien inútiles donde tenemos representación se hace un recorte semejante.

Se dirá que es un gesto poco amistoso suprimir embajadas y que eso llevaría al retiro de las sedes diplomáticas de muchos países en Bogotá. Eso no es un defecto la propuesta sino una virtud adicional puesto que,  de aplicarse, ayudaría que otros países también tuvieran ahorros en la financiación de sus propios diplomáticos de coctel y sus costosos guías turísticos con rango de embajador.

LGVA

Abril de 2021.   

Los 85 años de Vargas Llosa

 

Los 85 años de Vargas Llosa

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

El 28 de marzo pasado, Mario Vargas Llosa cumplió sus ochenta y cinco años, en pleno uso de su capacidad creativa de escritor de ficción y de divulgador de los valores de la libertad, la democracia y la economía de mercado. Esto último lo hace un tanto excepcional en el medio de los escritores latinoamericanos de su generación; muchos de los cuales - como García Márquez y Julio Cortázar hasta el final de sus días - se mostraron hostiles al capitalismo, simpatizaron con el socialismo y cohonestaron con la dictadura de Fidel Castro.

Al igual que la mayoría de escritores latinoamericanos que iniciaban su producción literaria en los años 50 y 60 del siglo pasado, Vargas Llosa se dejó seducir por el canto de sirena de la Revolución Cubana entonado desde “Casa de las Américas”, con Haydée Santamaría y Roberto Fernández Retamar como corifeos mayores.

Conscientes de la necesidad de granjearse el apoyo de los intelectuales a su causa, los dirigentes de la revolución rápidamente fundaron  “Casa de las Américas”, entidad encargada de realizar el trabajo de seducción. De pronto, los jóvenes escritores de naciente “boom” – en 1958, año de la revolución, Fuentes tenía 30 años, García Márquez 31 y Vargas Llosa 24 - agobiados por las penalidades propias de cualquier oficio en sus comienzos, se vieron halagados con publicaciones, premios, viajes, cocteles, habanos y ron.

Vargas Llosa se acercó al socialismo y al marxismo en su temprana juventud, allá en su Lima natal. La revolución cubana lo llenó de ilusión. “Vimos en la gesta fidelista no sólo una aventura heroica y generosa, de luchadores idealistas que quería acabar con una corrupta dictadura como la de Batista, sino también un socialismo no sectario, que permitiría la crítica, la diversidad y hasta la disidencia”, escribió.

Durante los años sesenta Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes y decenas de escritores latinoamericanos fueron asiduos visitantes de La Habana y en sus escritos y apariciones públicas defendieron y legitimaron una revolución en la que creían sinceramente, a pesar de las cada vez más frecuentes contradicciones entre sus ejecutorias efectivas y los ideales que supuestamente la inspiraban.

Para Vargas Llosa y muchos otros intelectuales el punto de inflexión lo marcó el caso de Heberto Padilla, poeta cubano hoy casi olvidado. Padilla publicó en 1968 el libro Fuera del juego, con algunos poemas – como “Para escribir en el álbum de un tirano” y “Cantan los nuevos césares”- que desagradaron a Fidel Castro. El pobre hombre fue encarcelado y obligado a hacer una retractación a la mejor manera estalinista. Vargas Llosa y otros escritores redactaron una carta de protesta que fue firmada por notorios intelectuales como Sartre, Simon de Beauvoir, Alberto Moravia, Susan Sontag, Carlos Fuentes y muchos más. Castro respondió acusándolos de ser lacayos del imperialismo y condenándolos al ostracismo perpetuo de Cuba.

Para la mayoría de los intelectuales repudiados por Castro las cosas quedaron de ese tamaño, no así Vargas Llosa para quien esta coyuntura marcó el inicio de una evolución intelectual que liquidaría sus ideas socialistas y lo llevaría convertirse en el lúcido analista que, desde hace años, en sus columnas de El País, disecciona la actualidad mundial desde una perspectiva liberal, como lo hiciera su admirado Raymond Aron en Le Figaro y L´Express. 

Aron es uno de los siete pensadores liberales que Vargas Llosa analiza en esa espléndida autobiografía intelectual que es su libro La llamada de la tribu. Los otros seis son Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Isaiah Berlin y el también francés Jean François Revel.   En esa obra, un novelista latinoamericano expone el pensamiento de un escocés, un español, dos austríacos, un judío letón y dos franceses. O, si se prefiere, de dos economistas, cuatro filósofos y un sociólogo.

Esa diversidad de geografías, culturas y trayectorias intelectuales, en una muestra tan reducida de pensadores, es un indicio claro de lo que Vargas Llosa señala con acierto es el rasgo distintivo del pensamiento liberal cual es la diversidad aproximaciones que emerge a partir de la adhesión a una sola idea fundamental: “que la libertad el valor supremo y que ella no es divisible y fragmentaria, que es una sola y debe manifestarse en todos los dominios – el económico, el político, el social, el cultural – en una sociedad verdaderamente democrática”.

Al parecer no fue fácil para Vargas Llosa hacer el tránsito hacia el liberalismo. En La llamada de la tribu nos revela que le tomó varios años “romper con el socialismo y revalorizar la democracia” y que en ese proceso de evolución intelectual le “ayudó mucho haber residido en Inglaterra desde finales de los años setenta (…) y haber vivido de cerca los once años de gobierno de Margaret Thatcher”. También reconoce la influencia de Ronald Reagan, a quien califica de “extraordinario divulgador de las teorías liberales”. Los pensadores más refinados que acompañaron su evolución intelectual fueron aquellos cuyas ideas expone brillantemente en ese libro; en particular Popper y Hayek, cuyas obras La sociedad abierta y sus enemigos y Camino de servidumbre se convirtieron para él en libros de cabecera.

Con su acercamiento al liberalismo, Vargas Llosa comprendió que la sociedad liberal y democrática no es garantía de la realización de los sueños de igualdad y bienestar para todos de las utopías socialistas que animaron su juventud. En su espléndido libro El paraíso a la vuelta de la esquina (2003), dedicado a las vidas conmovedoras de Flora Tristán y Paul Gauguin, hace Vargas Llosa su ajuste de cuentas con la utopía a nivel de la ficción, como lo hará a nivel del ensayo en Diccionario del amante de América Latina (2005) y, más recientemente, en La llamada de la tribu (2018).

La evolución de Vargas Llosa no se quedó en el plano meramente intelectual, sino que lo llevó al terreno de la acción política. A finales de los años 80 se opuso al gobierno socializante de Alan García, que dejó al Perú sumido en el desastre de la hiperinflación, y en 1990 fundó el Movimiento Libertad y se presentó como candidato a las elecciones que ganara Alberto Fujimori. A pesar de haber sido derrotado, sus ideas liberales y democráticas y su oposición al socialismo se abrieron camino y hacen parte de la agenda política de Perú, Colombia y toda América Latina.

Lo que ocurre en Colombia ha estado siempre en el centro de las preocupaciones de Vargas Llosa. Con un ejemplo que debían seguir los escritores colombianos, Vargas Llosa siempre valoró la importancia del gobierno del presidente Álvaro Uribe para la preservación de la libertad y la democracia en nuestro país. En su columna del 20 de febrero pasado en El País, titulada El ejemplo colombiano, reafirma esa postura. https://elpais.com/opinion/2021-02-20/el-ejemplo-colombiano.html

Los cuatro grandes escritores latinoamericanos del llamado Boom de los años 60 y 70, se inclinaron por el socialismo y reverenciaron la Revolución Cubana y a sus principales protagonistas. Julio Cortázar y Gabriel García Márquez se mantuvieron fieles a su desvarío hasta el final de sus días, en 1984, el primero, y en 2014, el segundo.  El mexicano Carlos Fuentes también se apartó del castrismo con ocasión del caso de Heberto Padilla, pero continúo manteniendo una actitud ambigua de “intelectual progresista”. Solo Vargas Llosa rompió decididamente con el socialismo y el castrismo y asumió la defensa de las libertades, la democracia y el gobierno limitado. Deseémosle más años de lucidez y vigor para que con su poderosa pluma continúe contribuyendo a la causa de la libertad.   

LGVA

Abril de 2021