La embarrada de la Contraloría con Hidroituango
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
La decisión de la Contraloría General de la Nación de
embargar las cuentas de los contratistas de Hidroituango es irresponsable, por
sus graves consecuencias colaterales, y claramente ineficaz, para su supuesto
objetivo de evitar el detrimento patrimonial del que se acusa a dichos
contratistas.
El embargo, hasta ahora limitado a la firma Integral,
puede llevar a la quiebra de los contratistas y a la consiguiente parálisis del
proyecto. La parálisis del proyecto afectaría de inmediato la calificación
crediticia de EPM y la pondría en dificultades con sus acreedores bancarios,
especialmente el BID. Con el retraso en el cronograma, la entrada en operación
comercial de las dos primeras unidades se tardará uno o dos años más de lo
previsto, poniendo al País en riesgo de racionamiento en el verano de 2023 o 2024.
Y todo esto por nada.
El patrimonio todo de todas las empresas constructoras
y de ingeniería de Colombia probablemente no suma los cuatro billones de pesos que la Contraloría
pretende recuperar. Las encartadas a lo sumo representan el 10% de ese monto.
Esto no tiene nada de anormal pues para contingencias como la de Hidroituango
ninguna empresa del mundo debe responder con su patrimonio,
menos con sus cuentas bancarias. Para eso se inventaron los seguros y
reaseguros.
El problema es que, al igual que EPM con su demanda, la
Contraloría pone en riesgo la única fuente de pago cierta que permita recuperar
los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018. El proyecto
estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora
estaba dispuesta a pagar.
El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños
materiales asciende a US$ 2.557 millones y el del lucro cesante a US$ 629 millones.
A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP
2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del
proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá
finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La
segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos
años de operación del proyecto. Cualquier cosa puede decirse del proyecto
Hidroituango, menos que estuviese infra - asegurado.
El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre
informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo
construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia
estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la
reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante. En
diciembre de 2019, la aseguradora realizó el primer desembolso de US$ 150
millones y el septiembre de 2020 el segundo por US$ 100 millones. La compañía
de seguros aceptó pagar por la contingencia causada por el colapso de la Galería
Auxiliar de Desviación porque había admitido la inclusión de esta y del
conjunto de obras que conformaban el Sistema Auxiliar de Desviación dentro de
la cobertura de la póliza de todo riesgo.
Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la
ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso,
cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les
imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora
argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida. La demanda de EPM y la
imputación fiscal de la Contraloría no parecen acciones muy inteligentes porque
exoneran al único actor que puede pagar el siniestro: el sistema internacional
de seguros y reaseguros.
LGVA
Abril de 2021.
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