Ideas para la austeridad (II)
Suprimir los aportes nacionales a las CAR: un ahorro de 120.000
millones
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
La Corporación del Valle del Cauca (CVC) es la más
antigua de las corporaciones autónomas regionales (CAR), entidades que ofician
como autoridades ambientales en los términos de la ley 99 de 1993. La CVC fue
creada en los años cincuenta, para gestionar de forma integrada la cuenca del
río Cauca de manera semejante a como lo hacía con el río Tennessee en Estados
Unidos la Tennessee Valley Authority (TVA). La creación de la
CVC requirió de una reforma constitucional y fue asesorada por David Lilienthal,
quien lideró la creación de la TVA en 1933, bajo el gobierno de FD Roosevelt.
El modelo de la CVC encontró
imitadores y empezaron a crearse nuevas corporaciones. En 1961 se crea la
Corporación Autónoma Regional de los ríos Bogotá, Ubaté y Suarez; la del
Quindío se crea en 1964 y en 1968 nace Corpourabá. Hacia 1988 eran ya quince
las CAR, pero la verdadera explosión demográfica sobrevino con la ley 99 de 1993
con la que se llegó a las 34 que existen hoy.
Sin desconocer que algunas de
las CAR, más bien pocas, hacen un buen trabajo, es un hecho conocido que la
mayoría de ellas se han convertido en feudos políticos, donde la disputa por la
elección de sus directivos desata las más encondas luchas. En sus inicios, el
primer gobierno de Santos quiso reducir su número a 16, ordenando la fusión de
varias de ellas mediante el decreto 141 de 2011, que lamentablemente fue
declarado inexequible por la sentencia C-276 de la Corte Constitucional. Desde
entonces nadie ha osado ponerle el cascabel al gato de las CAR.
Anualmente las CAR reciben del
Gobierno Nacional cerca de 120.000 millones de pesos para sus gastos de
funcionamiento. Podría decirse que eso no es mucho, unos tres mil millones para
cada una, si no fuera porque estas entidades se lucran de una de las
contribuciones parafiscales más grandes de las que se recaudan en el País: las
transferencias ambientales del sector eléctrico.
Establecidas por la ley 99 de
1993, las transferencias ambientales se financian con una tasa de 6% a la
generación hidráulica y de 4% a la térmica. La mitad de la primera tasa se
destina a las CAR, mientras que la segunda se divide en 2,5% para las CAR y 1,5%
para los municipios del área de influencia de las plantas de generación. El
monto de las transferencias se determina aplicando a la generación un precio
fijado por la Comisión de Regulación de Energía (CRE), que para 2020 era de 123 pesos por KWh.
Podría argumentar que algunas
CAR no tendrán recursos suficientes pues en su jurisdicción no existen o
existen pocas plantas de generación de buen tamaño, mientras que en otras hay
muchas de ellas. La verdad es que 27 de la 34 CAR reciben y ejecutan recursos
provenientes del sector eléctrico. Adicionalmente,
las CAR tienen ingresos propios provenientes de otras actividades y, en
cualquier caso, los recursos de las transferencias pueden ser distribuidos conforme
a ciertas reglas para que todas reciban las sumas adecuadas.
Aquí se dejan de lado otros aspectos del
funcionamiento de las CAR y de todo el sistema ambiental que deben ser evaluados
y ajustados. Empezar por una reducción radical de su número, llevarlo a 16 como
se pretendía en el decreto 141 de 2011, y suprimir los aportes nacionales para
su funcionamiento sería un buen comienzo. Esta última medida que puede tomarse
de manera inmediata generaría un ahorro cercano a los ciento veinte mil millones
de pesos.
LGVA
Abril de 2021.
¿Qué criterios se esgrimían en el decreto 141 de 2011 para reducir las CAR a 16?
ResponderEliminarAl igual que en el caso de las embajadas (artículo anterior), un estudio de las CAR podría determinar cuales cumplen y cuales no su cometido. Reducir por reducir, y ahorrar por ahorrar, sin mirar a fondo los servicios que prestan (embajadas y CAR) y destinación de lo ahorrado, me parece un error. Es una necedad, algo inútil y sin provecho; y podría ser mas perjudicial que mantener la institucionalidad existente bajo nuevos parámetros. En ambos casos es necesario despolitizarlas. O, dicho de otra manera, tecnificarlas. ¿Qué sentido tiene en un mundo globalizado donde los temas ambientales son centrales disminuir instituciones que requieren simplemente reorientación?