sábado, 21 de diciembre de 2019

Salario mínimo, desempleo, informalidad e inflación


Salario mínimo, desempleo, informalidad e inflación

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


De todas las formas de intervención del gobierno en la economía, la fijación del salario mínimo es, probablemente, la más descarada y abusiva, porque la negociación se realiza entre personas que no lo pagan con personas que no lo ganan arbitradas por personas que tienen un interés propio en el resultado de la negociación.  

Los gremios de la producción y los sindicatos que participan en la concertación pertenecen a los sectores más modernos y avanzados de la economía cuya productividad les permite pagar y devengar un salario monetario que excede ampliamente el nivel del salario mínimo legal cuyo incremento disputan con tanto empeño. Los supuestos árbitros son funcionarios públicos cuya remuneración excede también el nivel del salario mínimo pero que se benefician del incremento finalmente acordado.

Aquí la palabra clave es “incremento” o, más precisamente, el aumento porcentual anual del salario mínimo que resulta de la negociación. La razón es muy simple: ese incremento porcentual es la base de las negociaciones salariales del sector moderno y del aumento de la remuneración de los funcionarios públicos. De ahí que esa negociación sea tan importante para los participantes sin que importe lo que ocurre con los que no participan y que se verán afectados por el nivel del salario mínimo: los pequeños empresarios, las amas de casa, los trabajadores no calificados y los desempleados.

En otra parte he expuesto ampliamente los efectos nefastos de la fijación de un salario mínimo legal sobre el mercado laboral, el desempleo y la informalidad[1]. Basta con reiterar que la ley del salario mínimo, al prohibir a los empresarios contratar a trabajadores cuyo valor de productividad es menor que el mínimo legal, los lanza a la informalidad o al desempleo. Y al desempleo y sub-desempleo resultantes, se responde con nuevas leyes para ayudar a los desempleados y a los pobres que las mismas leyes crean, en esa espiral sin fin de la intervención gubernamental.

Hay que llamar también la atención sobre el impacto que puede tener el resultado de la negociación en curso sobre la inflación. Reportan los medios que el incremento propuesto por los empresarios bordea el 6% en tanto que los sindicatos aspiran a poco más del 8%. Seguramente la cosa quedará en el 7%, por la intervención salomónica de los representantes del gobierno, pero Salomón no sabe economía.

El aumento del salario mínimo es el indexador más importante de la economía puesto que a él están ligados los precios controlados – arriendos, servicios públicos, matrículas, pensiones, etc. – y, por la costumbre comercial, también muchos no controlados. Por eso hay que anticipar una aceleración de la inflación en los primeros meses de 2020.

Los técnicos de Planeación, Hacienda y el Banco de la República saben muy bien que cuanto mayor sea el nivel del salario mínimo en relación con los niveles de los mercados libres, mayores serán el desempleo y la informalidad resultantes. Si, por razones políticas, no se atreven a proponer su eliminación pura y simple, deberían elaborar una propuesta para establecer varios niveles que reflejen las diferencias de productividad de las distintas regiones. Esto no resuelve los todos los problemas, pero reduce algunas de las distorsiones que resultan de un salario mínimo legal único para todo el País.

LGVA

Diciembre de 2019.     

  


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