La aventura de AFINIA*

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

1.     Introducción

El primero de octubre de 2020 EPM asumió el control de la empresa Caribe Mar S.A.S ESP para gestionar, bajo el nombre comercial de AFINIA, el mercado de comercialización-distribución integrado por los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar y once municipios del sur del Magdalena. Al frente de la empresa se puso a la economista Blanca Liliana Ruiz Arroyave, profesional con más de 25 años de experiencia en EPM y quien había participado activamente en los procesos de debida diligencia adelantados para decidir la participación de EPM.

Durante los 10 meses que estuvo al frente de la Empresa, la economista Ruiz Arroyave adelantó una notable gestión cuyos logros fueron reconocidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la propia Junta Directiva de EPM, a la que presentó los resultados. No obstante, después de que Álvaro Guillermo Rendón, quien la había nombrado, fuera retirado de la gerencia, algunos directivos EPM y funcionarios de la alcaldía hicieron todo lo posible para forzar la renuncia de la economista Ruiz Arroyave.

Finalmente, amparados en el hecho de que el nombramiento de Ruiz Arroyave era una especie de encargo, para permitirle adelantar sus funciones gerenciales en AFINIA sin desvincularse de EPM, por instrucción del alcalde Quintero Calle se montó un proceso de selección para el nombramiento del gerente en propiedad.

El proceso de selección fue adelantado por la firma caza talentos ARISTOS y el nombramiento, que recayó en el señor Javier Lastra Fuscaldo, lo hizo la junta directiva de AFINIA, compuesta en su totalidad por actuales vicepresidentes de EPM.

El nombramiento del señor Lastra Fuscaldo ha sido cuestionado por estar inhabilitado de por vida para ejercer cargos de elección popular, en virtud de un fallo del Consejo de Estado ratificado por la Corte Constitucional. Adicionalmente, algunos abogados consultados consideran que, en virtud de los dispuesto en la ley 489 de 1998 y el decreto 128 de 1976, la inhabilidad del señor Lastra Fuscaldo se extiende al cargo de gerente general de empresas industriales y comerciales del estado, como es el caso de AFINIA.

Es bueno recordar que, en noviembre de 2018, el señor Lastra Fuscaldo fue retirado de su cargo de gerente interventor de Electricaribe por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, sin que mediara explicación alguna. La salida de Ruiz Arroyave y la llegada de Lastra Fuscaldo fueron decisiones muy decepcionantes para directivos y profesionales de AFINIA consultados que prefieren guardar su anonimato.

La junta directiva de AFINIA, en su reunión de septiembre, aprobó, a solicitud del gerente Lastra, el nombramiento, como asesores de la gerencia de los señores Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga con una remuneración de 20 millones de pesos mensuales cada uno.

Estos nombramientos son difíciles de justificar como quiera que el gerente general de AFINIA cuenta con el apoyo de un equipo de doce gerencias y dos direcciones, lo cual hace difícil entender un gasto de esa magnitud en una empresa que arrastra pérdidas multimillonarias y donde la austeridad está al orden del día. En las averiguaciones hasta ahora realizadas no se ha podido establecer la competencia de los asesores en asuntos de servicios públicos en general y de energía eléctrica en particular. 

La recuperación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica requiere cuantiosas inversiones en los próximos años. En el caso de AFINIA el total de inversiones entre 2012 y 2030 asciende a 4 billones de pesos de 2017, el 51% en infraestructura, 23% en gestión de pérdidas y 26% en tecnología.

A lo largo de toda la historia, la corrupción ha sido uno fenómeno crónico en la prestación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica. Bajo la gerencia de Ruiz Arroyave se presentaron intentos de corrupción en la asignación de contratos que fueron rechazados de inmediato.

La sustitución de una gerente con gran competencia técnica y elevados valores morales por un personaje de escasos conocimientos en servicios públicos y energía eléctrica y con antecedentes más bien oscuros plantea inquietudes sobre lo que pueda ocurrir con la ejecución de las cuantiosas inversiones y gastos que debe ejecutar AFINIA en los próximos años. En las secciones siguientes se profundiza en las cuestiones esbozadas en esta introducción.

Inicialmente, se presentan unos antecedentes del servicio eléctrico en la Costa Atlántica, lo cual, además de dar un contexto general, sirve para ilustrar la magnitud de los obstáculos institucionales allí enfrenta la prestación un buen servicio eléctrico. En la sección siguiente describen los resultados de la gestión de la economista Ruiz Arroyave en los 10 meses que estuvo al frente de AFINIA. Posteriormente se hace una descripción del plan de inversiones y se concluye. 

2.     Antecedentes del servicio eléctrico en la Costa Atlántica

La prestación del servicio de electricidad en a Costa Atlántica se inició en 1909 por la Compañía Colombiana de Electricidad, filial de la estadounidense American and Foreing Power Company, que prestaría el servicio hasta su nacionalización en 1962.

De la empresa nacionalizada saldrían ocho compañías, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA), encargada de la generación y la transmisión y siete empresas de distribución o electrificadoras, una por cada departamento de la Costa Atlántica.

Las electrificadoras departamentales y la propia CORELCA se vieron sometidas a la más nefasta influencia de la política que afectó gravemente su desempeño y entraron en el círculo vicioso del mal servicio, elevadas pérdidas, bajo recaudo, ingresos insuficientes, pobre inversión y mal mantenimiento, mal servicio, etc. Por aquella época cada uno de los caciques políticos se refería a la de su departamento como “mi electrificadora”.

Con la interconexión del sistema eléctrico colombiano, los problemas de las electrificadoras de la Costa Atlántica se volvieron problemas financieros de la Nación. En efecto, las electrificadoras se tornaron incapaces de pagar la electricidad suministrada por las grandes generadoras: Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Empresas Públicas de Medellín (EPM) y, principalmente, Interconexión eléctrica S.A. (ISA).

Como los créditos de la Banca Multilateral (BID y BM) con los que se financiaban los proyectos de generación estaban garantizados por la Nación, para evitar el incumplimiento el Gobierno Nacional pagaba las deudas de las electrificadoras a cambio de lo cual recibía acciones de las electrificadoras.

 Las continuas capitalizaciones llevaron a que el Gobierno Nacional se convirtiera en el accionista mayoritario de CORELCA y las siete electrificadoras. Por ello, cuando, como consecuencia del racionamiento de 1992, se desató el proceso de reforma del sector eléctrico, el Gobierno Nacional pudo adelantar en la Costa Atlántica una ambiciosa reestructuración que condujo a la creación de cinco empresas.

De CORELCA surgieron GENDELCA, para generación, y TRANSELCA, para transmisión. Las electrificadoras departamentales se agruparon en dos nuevas empresas: Electrificadora de la Costa (ELECTROCOSTA) con Bolívar, Córdoba, Sucre y la Empresa de Energía de Magangué y Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE) con Atlántico, Cesar, Bolívar y Magdalena. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se creó la San Andrés Power & Light Company S.A. ESP.

En agosto de 1998, el Gobierno Nacional vendió el 65% de ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE a un consorcio integrado por Houston Industries Inc. y Electricidad de Caracas S.A. C. A. Dos años después el consorcio vendió su participación a la Unión Fenosa, empresa española muy reconocida en la actividad de distribución. En 2007 las dos electrificadoras se fusionan, con ELECTRICARIBE como absorbente y ELECTROCOSTA como absorbida. En febrero de 2009 se produce en España un importante negocio que tiene consecuencias en Colombia: la empresa Gas Natural compra a la Unión Fenosa y se convierte de esta forma en propietaria de ELECTRICARIBE.  

La Unión Fenosa lidió con los problemas históricos del servicio de energía en la Costa Atlántica el bajo recaudo y las pérdidas negras sin llegar nunca a superarlos. Realmente su enfoque más bien consistió en buscar más y más subsidios del Gobierno Nacional sin enfrentar radicalmente los problemas mencionados característicos de sus mercados. Con la llegada de Gas Natural las cosas empeoraron pues la gente que asumió el mando de la ELECTRICARIBE no tenía ni el conocimiento ni el interés por la actividad de distribución de sus antecesores.

Entre 2010 y 2015, la Superintendencia de Servicios Públicos realizó cuatro o cinco evaluaciones integrales del desempeño de ELECTRICARIBE y acordó con sus administradores tres o cuatro planes de desempeño que no dieron ningún resultado. El servicio continuó deteriorándose y la situación tocó fondo en 2016 cuando ELECTRICARIBE dejó de pagar la energía al sistema interconectado, las perdidas llegaron al 35% y sus clientes padecían un promedio de 120 horas anuales de interrupción del servicio. El promedio nacional de pérdidas es 14% y son 38 las horas de interrupción del servicio.

En noviembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión de ELECTRICARIBE con fines de administración, pero en marzo de 2017 se cambió por fines de liquidación. Durante el gobierno de Santos no fue posible encontrar operadores interesados en hacerse cargo del mercado. El gobierno de Duque logró conseguir operadores después de tramitar cambios legislativos para permitir que el gobierno asumiera los pasivos y para darle a los mercados de la Costa Atlántica un tratamiento regulatorio especial que le facilitara la gestión a los nuevos operadores.

El mercado de 2,7 millones de usuarios, que representa el 23% de la demanda nacional de energía, se dividió en dos segmentos, uno conformado por los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del sur del Magdalena, al que se dio el nombre de Caribe Mar, y el otro con Atlántico, La Guajira y el resto del Magdalena, denominado Caribe Sol.

La subasta y adjudicación de los dos mercados se realizó en el 20 marzo de 2020. Solo se presentaron dos proponentes, EPM para Caribe Mar, y el Consorcio Energía de la Costa, integrado por Latin America Corp y la Empresa de Energía de Pereira, para Caribe Sol.   

Caribe Mar, el mercado que le fue adjudicado a EPM, contaba, en 2019, con poco más de un millón de usuarios urbanos y unos 400 mil rurales, con una demanda cercana a los 7 mil gigavatios hora años, distribuidos en los departamentos de Córdoba (26%), Sucre (14%), Bolívar (39%), Cesar (18%) y sur de Magdalena (3%). 

El 30 de marzo se suscribe el contrato de compraventa entre EPM y Electricaribe para adquirir el negocio de Caribe Mar. El 20 de abril se constituye la empresa Caribe Mar con los activos, obligaciones, derechos, etc. asociados a la prestación del servicio en los departamentos correspondientes. El 25 de septiembre la Electricaribe transfiere a AFINIA los activos y obligaciones del Caribe Mar. El primero de octubre EPM adquiere a AFINIA, el 85% directamente y el 15% por intermedio de su filial EPM Latam S.A.  En esa misma fecha AFINIA inicia operaciones.

3.     La gestión de la economista Ruiz Arroyave

Históricamente, la prestación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica ha estado afectada por dos fenómenos profundamente arraigados: i) la injerencia política en las empresas y ii) la llamada cultura del no-pago.  A esto se une el hecho de que los costos de prestación del servicio son más elevados que en el resto del país, por la importancia del componente térmico y los mayores costos de mantenimiento de la red a causa de la salinidad, y que el consumo promedio de las familias es más elevado, por mayor uso del aire acondicionado y los ventiladores. Esto da como resultado facturas promedio más elevadas que las de familias de similar condición en otros lugares del País. También la industria y el comercio asumen costos más elevados del servicio eléctrico.

Gráfica 1

 

La situación típica del servicio eléctrico en la Costa Atlántica es el llamado “equilibrio de bajo nivel”. Las pérdidas negras y la cartera morosa se traducen en bajos ingresos, inversión insuficiente y precariedad en los mantenimientos. De ahí se sigue la baja calidad del servicio con interrupciones frecuentes y duraderas. La resistencia al pago se acrecienta y se traduce en mayores pérdidas negras y más cartera morosa todo lo cual conduce a menores ingresos, menor inversión y mal mantenimiento.

Para mantener el servicio la empresa se hace cada vez más dependiente de los subsidios y transferencias gubernamentales. En la época de las electrificadoras eran transferencias forzosas la Nación se veía obligada a realizar para atender los pagos por la energía suministrada. Durante el período de control de la Unión Fenosa, Electricaribe dependió para completar sus ingresos de cuantiosas transferencias de la Nación en la forma de subsidios a los usuarios y de inversiones realizadas con cargo a los fondos del sector eléctrico.

Para romper el círculo vicioso del equilibrio de bajo nivel es necesario una recuperación rápida y sustancial de la calidad del servicio para elevar la voluntad de pago de los consumidores y aumentar así los ingresos. La mejora en la calidad del servicio – disminución de la frecuencia y duración de las interrupciones y mejora en la atención de los usuarios – legitima las acciones contra el robo de energía.  

En informe presentado a la Junta Directiva de EPM en julio, que le mereció reconocimiento por su gestión, la economista Ruiz Arroyave dio cuenta de las actividades adelantadas para recuperar el servicio, reducir las pérdidas y mejorar los ingresos. A título informativo se destaca lo siguiente:

·        Identificación e intervención de 886 puntos de red vulnerables al robo de energía.

·        Intervención de 185 circuitos con mejoras y adecuaciones e instalación de 10 nuevos. 

·        Podas técnicas en 8.468 kilómetros.

·        Lavado contra la salinidad de 71.272 estructuras

·        Renovación de 1.114 transformadores de distribución.

·        Inversiones por más 256.000 millones que beneficiaron a 800.000 clientes.

·        Ampliación de 7 subestaciones y construcción de una nueva.

·        Aumento de 15% en cortes por no pago.

·        Más de 11 mil clientes normalizados.

 

Estas acciones de tradujeron en una reducción de 20% en la duración de las interrupciones y disminución del 15% en el tiempo de atención de daños. Aumentó la cobrabilidad por menores pérdidas negras y reducción de la cartera morosa.

La empresa también empezó a recuperar la confianza del mercado, obteniendo importante participación en las convocatorias para la contratación a largo plazo del suministro eléctrico reduciendo la exposición a bolsa.

Gráfica 2

 

La gráfica 2 muestra de manera elocuente el resultado financiero de la gestión de la economista Ruiz Arroyave. Caribe Mar perdía más de 47 mil millones promedio mes hasta octubre de 2020. En los últimos tres meses de ese año la pérdida se redujo a menos de 35 mil millones y entre enero y septiembre de 2021 fue de poco más de 4 mil millones.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó la siguiente evaluación del primer trimestre de 2021:

“Afinia presenta un cumplimiento de metas del 94%. La obras e inversiones realizadas por la empresa entre enero y marzo de 2021 mejoraron la prestación del servicio a más de 800.000 usuarios en cuatro departamentos. En sus primeros seis meses de operaciones Afinia invirtió $ 142.488 millones en los cuatro departamentos donde opera”

Ante esos resultados, la pregunta que surge evidentemente es por qué a la economista Ruiz Arroyave no se le permitió continuar en el cargo, a pesar de que ese era su querer y contaba con el apoyo de los empleados de la empresa. Adicionalmente, el retiro de Ruiz Arroyave va en contravía de lo dispuesto en la ley 142 de 1994 que, en su artículo 27.5, señala que

“…las autoridades de las entidades territoriales (…) garantizarán a las empresas oficiales de servicios públicos, el ejercicio de la autonomía administrativa y la continuidad en la gestión gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No podrán anteponer a tal continuidad, intereses ajenos a los de la buena prestación del servicio”.

4.     Lo que está en juego

A magnitud de lo que está en juego en AFINIA es bien significativa. El total de inversiones entre 2012 y 2030 asciende a 4 billones de pesos de 2017, el 51% en infraestructura, 23% en gestión de pérdidas y 26% en tecnología.

Gráfica 3

 

El plan de inversiones en la red comprende 1882 proyectos divididos en cuatro categorías: expansión, reposición, calidad y reducción de pérdidas.

Tabla 1

Las inversiones se distribuyen en proporción similar a la distribución geográfica del mercado.

Tabla 2

 

5.     Conclusión

El retiro de la economista Ruiz Arroyave y el nombramiento en su reemplazo del señor Lastra Fuscaldo es algo extremamente sospechoso. La llegada de los asesores hace más preocupante la situación de AFINIA. Sin duda alguna hay un grave riesgo de corrupción en la ejecución del plan de inversiones.

LGVA

Enero de 2022/mayo de 2024.

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*  Este documento, preparado para SINPRO, fue terminado en enero de 2022 y tenía el propósito de analizar el retiro de la economista de Liliana Ruiz de la gerencia de AFINIA y su reemplazo por el señor Lastra Fuscaldo. Se omiten nombres y detalles anecdóticos que tienen que ver las denuncias de corrupción que están en poder de la Fiscalía, limitándose a los aspectos técnicos que pueden ser de interés para una cabal comprensión del asunto AFINIA. En este mismo blog se han publicados otros cuatro artículos sobre el tema.

 https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2021/08/blanca-liliana-y-afinia.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/02/ojo-con-afinia.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/02/la-superservicios-en-afinia.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/05/afinia-no-debe-fracasar.html