Las crisis de EPM*
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Agradezco al concejal Julio González Villa por haberme
invitado a pronunciarme como experto en este debate de control político a los
gerentes de EPM, señor Carrillo, y de Caribe Mar, señor Lastra. Son tres los
temas del debate: futuro de Hidroituango, la situación de AFINIA y lo que está
ocurriendo en la alta dirección de EPM. Antes de referirme a cada uno de esos
asuntos, quiero expresar mi extrañeza por no ver entre los citados al señor
Quintero Calle, alcalde de Medellín, quien es, como veremos, el principal
responsable de las crisis en la que está sumida EPM.
I[1]
El 22 de agosto de 2020, publiqué un artículo titulado
“La Toma de EPM”, en el cual, entre otras cosas, escribí a propósito de las
personas nombradas en la junta directiva:
“…no ostentan en materia de
servicios públicos domiciliarios otra credencial que saber pulsar el
interruptor de electricidad, encender la estufa o vaciar el sanitario. También
son desconocidas sus ejecutorias empresariales o en el mundo de los negocios…”
Sobre el equipo directivo
señalé:
“Se trajeron seis vicepresidentes igualmente
ignorantes en asuntos de servicios públicos domiciliarios y que por toda
experiencia no pueden acreditar más que pequeños cargos como empleados del
gobierno. Para abrir espacio a los allegados, se crearon un par de
vicepresidencias nuevas: la legal y la de riesgos. Hay que esperar a ver quién
llega. Por lo pronto, la casi totalidad de la Junta Directiva y del equipo de
gerencia está compuesta por personas que nada saben de servicios públicos
domiciliarios, empezando por el alcalde y el gerente general”
De esta forma el alcalde de Medellín desconocía las
promesas de campaña hechas a la que llamó "Familia EPM" en carta pública del 18 de octubre
del 2019, en la que decía lo siguiente:
“…nombraré en EPM una gerencia confiable, técnica y
responsable (…) Trabajaré para establecer un gobierno corporativo que le de
estabilidad en el tiempo a la gerencia (…) invertiremos en el talento humano de
su gente y nos soportaremos en su carácter técnico para la toma de decisiones.
Desataré una reflexión profunda que nos permita no solo sacar a Hidroituango
adelante, sino además aprender con humildad y gallardía de los errores
cometidos, no para señalar culpables, sino para encontrar lecciones que nos permitan
construir un futuro con esperanza”
Quintero Calle incumplió todas
esas promesas y hoy en EPM y sus filiales se vive un proceso de
desprofesionalización de la alta dirección que conduce a no solo a crecientes
errores sino también a la corrupción pues la idoneidad y la ética profesionales
son la primera barrera de contención contra ese flagelo.
Son muchos los profesionales y
directivos que, a la primera oportunidad, han salido huyendo de EPM para no
tener que soportar el ambiente sórdido de incompetencia y corrupción que se
extiende a todos los niveles. Se presenta así la situación impensable hace
años: la gente tratando de irse de la empresa a la que todo mundo quería
entrar.
Pero como si fuera poco, se ha
desatado un régimen de terror e intimidación contra los directivos y
profesionales de tradición cuya más ostensible manifestación es el retiro
humillante de la Doctora Mónica Ruiz, funcionaria con 25 años de trayectoria, a
quien, en un momento de crisis, la Junta Directiva encontró idónea para encargarla
de la gerencia general. ¿Cómo es posible que el gerente Carrillo quiera sacar
por la puerta de atrás a una persona con esa trayectoria y de quien dijo lo
siguiente?
“Reconozco cualidades de
Mónica como su talento, su experiencia, su recorrido y la contribución en sus
diferentes roles al interior de la Empresa”
Esta canallada es el más
reciente episodio del proceso de destrucción del capital humano de EPM,
acumulado a lo largo de los años, que es también la destrucción de la
planeación de largo plazo, la continuidad de los proyectos, la memoria
institucional, los valores fundacionales y la ética laboral.
II[2]
El señor Lastra, impuesto en la gerencia de AFINIA por
el alcalde de Medellín, está a punto de lograr la hazaña de hacer fracasar, por
primera vez, a EPM en sus intervenciones, hasta hoy exitosas, en los mercados
de comercialización- distribución de Colombia y algunos países de Centro
América.
Ese fracaso, además de tener graves consecuencias
económicas y reputacionales para EPM, volverá inútiles los enormes esfuerzos
del Gobierno Nacional para hacer financieramente viable el mercado de la Costa
Atlántica y facilitar la llegada de nuevos operadores después del colapso de
Electricaribe, filial de Gas Natural.
El Gobierno Nacional asumió la deuda de Electricaribe
con el sector financiero y el mercado eléctrico, se hizo cargo del pasivo
pensional y modificó drásticamente la regulación de comercialización y
distribución para hacer posible el ingreso de EPM en el mercado de Caribe Mar,
compuesto por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y el sur de
Magdalena. La ley 1955 eliminó el tope de 25% del mercado nacional de
comercialización que podía tener directa o indirectamente un mismo agente. Con
la incorporación de Caribe Mar – AFINIA, el Grupo EPM pasó del 23% al 35% en
comercialización-distribución, con 1.5 millones de clientes adicionales.
En solo cinco meses al frente de AFINIA, Lastra
Fuscaldo logró arruinar los indicadores llevando su cumplimiento a 75%, frente
al 96% bajo la gerencia de Blanca Liliana Ruiz Arroyave. Por esa razón, el 28 de
febrero, la Superservicios decidió activar comité de seguimiento al programa de
gestión suscrito con la Empresa. Se están incumpliendo, entre otras cosas, las
metas de reducción de pérdidas y de reducción del riesgo eléctrico, todo lo
cual depende de la adecuada y oportuna ejecución del programa de inversiones al
que está comprometida la Empresa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), por las resoluciones 025 y 079 de 2021 mediante las cuales se aprobaron
las tarifas. Y aquí llegamos al almendrón del asunto.
Los ingresos de AFINIA provienen de sus actividades de
comercialización y distribución que, aunque están vinculadas, son negocios
diferentes. Como comercializadora AFINIA compra energía en el mercado mayorista
y la vende en el minorista; como distribuidora gestiona la red eléctrica para
garantizar la continuidad y calidad del suministro.
La actividad de distribución es intensiva en capital
fijo y es remunerada mediante una tarifa o cargo unitario ($/KWh) fijado por la
CREG, con base en las inversiones que debe realizar la empresa durante el período
de vigencia de dicho cargo. El valor del cargo, evidentemente, está
condicionado a la realización de las inversiones pues si estas no se ejecutan
cobrarlo se constituiría en un fraude.
Por regulación, AFINIA tiene que realizar, en cinco
años, inversiones por 2 billones de pesos o, como mínimo, 1.3 billones, es
decir, unos 260.000 millones anuales. Por razones incomprensibles,
el gerente Lastra Fuscaldo decidió suspender varios procesos de contratación en
marcha y retrasar el inicio de otros, todo lo cual se ha traducido en un
incumplimiento del plan de inversiones de tal magnitud que tiene preocupadas a
las autoridades del sector eléctrico.
Si no se cumple las inversiones mínimas, AFINIA podría
perder hasta 10 puntos en las pérdidas reconocidas en la tarifa lo que llevaría
una disminución de 500.000 millones pesos en los ingresos anuales. Este
desastre financiero iría acompañado de un desastre reputacional pues nadie
entendería, ni en la Costa Atlántica ni en ninguna parte del País, que EPM
hubiera fracasado en la recuperación del servicio en Caribe Mar después de las
concesiones que hizo el Gobierno Nacional para facilitar su entrada en ese
mercado.
Con todo lo grave que es, lo más grave con relación a AFINIA no es lo que acabo de decir. Mucho más grave es que el abogado Abelardo de la Espriella haya acusado públicamente el La Hora de la Verdad al alcalde Quintero Calle de haber vendido la gerencia de AFINIA, afirmando haber presentado la correspondiente denuncia a la Fiscalía. No he conocido respuesta del alcalde ni se ha sabido que haya presentado denuncia por calumnia, injuria y difamación.
Igualmente sorprende que el señor Lastra a su turno no haya denunciado por los mismos cargos al alcalde de Cartagena quien públicamente se niega a reunirse con él por considerarlo corrupto. Tampoco respondió a las graves acusaciones de el diario El Colombiano que, en un artículo titulado "Alerta por AFINIA: pobre gestión y ruidos de corrupción en filial de EPM", publicado el 5 de junio, hizo serias denuncias de corrupción, entre ellas la existencia de una oficina paralela para el manejo de la contratación fraudulenta.
III[3]
Impresiona la frescura y el cinismo de Quintero Calle,
presentándose como el salvador de Hidroituango cuando, desde que se posesionó,
no ha hecho otra cosa que tratar de sacar los contratistas actuales, a riesgo
de paralizar el proyecto de forma indefinida sin que importen los costos para
EPM y el País.
La absurda demanda contra los consorcios de agosto de 2020
no tenía otro propósito que desprestigiarlos para forzar al gerente Rendón a no
renovar los contratos que vencían en diciembre de ese año. Advertido de que las
consecuencias nefastas de esa decisión caerían sobre su cabeza, Rendón firmó el
acta bilateral y los renovó permitiendo la continuación de la obra. Por esa
razón Quintero Calle lo sacó de EPM.
La demanda en
cuestión no ha sido admitida y nadie está haciendo nada para que lo sea. Lo que
sí avanza es el tribunal de arbitramento que estaba pactado para resolver los
desacuerdos referentes a la GAD y en el cual EPM está demandada por el
Consorcio CCC.
Es bueno recordar que el mismo tiempo que se preparaba
la demanda, Quintero Calle impulsaba en la Junta de EPM la causa de las
empresas chinas interesadas en Hidroituango. SINPRO denunció la existencia de
un borrador de un memorando de confidencialidad para permitir la entrega de
información a la empresa China Three Gorges Corporation.
El infundado e irresponsable proceso de
responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de Nación contra
los consorcios y una veintena de personas naturales de alguna forma vinculadas
al desarrollo del proyecto, le dio a Quintero Calle una nueva esperanza de
sacar a los contratistas, sin asumir la responsabilidad de las nefastas
consecuencias del atraso del proyecto. Y se activó el famoso Plan B en el marco
del cual, en septiembre de 2021, visitaron el proyecto 7 firmas constructoras,
entre las cuales estaba la PowerChina International Group
LTD Sucursal Colombia.
De alguna forma al Contralor también entendió que, al
quedar inhabilitados los consorcios, las consecuencias del retraso del proyecto
– alza en el precio de la electricidad y riesgo de racionamiento – caerían
sobre sus espalada. Por ello decidió echar marcha atrás vinculando a la
aseguradora MAPFRE al proceso y montando la increíble farsa de que por obra de
su gestión ésta pagaba los 4.3 billones del supuesto detrimento fiscal. En el
interín se le agotó el tiempo y la gerencia de EPM se vio obligada a prorrogar
el contrato de CCC-Ituango por once meses, tres de los cuales se destinarían a
hacer la entrega del proyecto al contratista resultante del proceso de
licitación adelantado en desarrollo del Plan B.
El hecho es que a la tal
licitación no parece ir por muy buen camino como quiera que su cierre ha debido
aplazarse en dos oportunidades. Los riesgos son muy grandes y parece que
ninguna aseguradora está dispuesta a darles cobertura. Así las cosas, todo
apunta a que, de presentarse algún proponente, sea un consorcio liderado por
una empresa china a la que seguramente se le aceptará en sustitución del seguro
una garantía bancaria.
A la incertidumbre sobre la licitación se añade la
incertidumbre sobre la licencia ambiental. Hidroituango no tiene licencia
ambiental plena. Las labores que hoy se desarrollan están amparadas por la
Resolución ANLA 820 de junio de 2018, la cual ordenó suspender las
actividades y obras tendientes a la puesta en operación comercial y dispuso que
podían continuarse las necesarias para superar la contingencia. Como el
funcionamiento de las dos primeras unidades permitirá pasar caudal por la casa
de máquinas, aliviando la presión sobre el vertedero, se considera que
contribuye a superar la contingencia. De ahí en adelante las cosas no parecen
tan claras.
Para levantar la suspensión de
la licencia, la ANLA exigió la contratación de un peritaje sobre la estabilidad
de las obras principales del proyecto. Ese es el Informe Pöyry, cuyas tres
principales conclusiones fueron las siguientes:
- El
abandono del proyecto y restablecimiento de las condiciones originales no
es opción.
- El
proyecto se debe terminar de la manera más expedita para eliminar, reducir
y mitigar riesgos ambientales existentes.
- Debe
evitarse el cambio de los actores principales del proyecto.
A pesar de tan rotundas
conclusiones, el mañoso director de la ANLA, que conoció el Informe desde hace
ocho meses, eludió decidir de fondo sobre la suspensión de la licencia, quizás,
para no quedar mal parado si Petro Urrego, enemigo declarado de Hidroituango,
ganaba las elecciones. Al igual que con la Quebradona, el señor Suarez, le puso
una vela a dios y otra al diablo.
Puesto que toda situación es
susceptible de empeorar, reaparece en el escenario de Hidroituango, como jefe
de una inverosímil comisión de empalme, el señor Modesto Portilla, quien, en
2018, se hizo célebre por el desatino de sus “conceptos técnicos” en los que
fundamentaba su propuesta delirante de desembalsar y desmontar la presa, en lo
que coincide, faltaba más, con Petro Urrego. Tampoco el señor Portilla se ha
mostrado muy ilustrado en asuntos de regulación y economía del sector
eléctrico. Pues bien, es ese personaje quien informará al futuro presidente
sobre el estado del proyecto y propondrá los cursos de acción a seguir.
Los obstáculos técnicos al
desembalse del agua y al desmantelamiento de la presa son de tal magnitud y sus
costos tan elevados que es prácticamente imposible que ese despropósito llegue
a realizarse. Sin embargo, muy seguramente, Petro Urrego conseguirá hacer desde
la presidencia lo que su pupilo, Quintero Calle, no pudo hacer desde la
alcaldía: paralizar duraderamente el proyecto poniendo en riesgo las finanzas
de EPM y el abastecimiento eléctrico del País.
Quintero Calle fracasó en su
propósito por el contrapeso de las entidades nacionales del sector eléctrico.
Después del siete de agosto, esos contrapesos desaparecerán y el futuro de
Hidroituango quedará completamente en manos de Petro Urrego.
LGVA
Julio de 2022.
* Intervención en el debate de control
político en el Concejo de Medellín a las gerencias de EPM y Caribe Mar el 28 de
julio de 2022. En esta presentación se
emplean extensamente documentos del autor publicados en este mismo blog y en el
diario El Colombiano.
[1]
Esta sección esta basada en
los artículos “La toma de EPM” , “La desbanda en EPM y las promesas de Quintero
Calle” y “Canallada en EPM”.
https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/07/canallada-en-epm.html
https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2020/08/la-toma-de-epm.html
https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/03/desbandada-en-epm-y-las-promesas-de.html
[2]
Esta sección está basada en el artículo titulado “AFINIA no debe
trabajar”.
https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/05/afinia-no-debe-fracasar.html
[3]
Esta sección está basada en
los artículos “Los chinos tendrán que esperar por Hidroituango” y “Hidroituango
en manos de Petro”.
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/hidroituango-en-manos-de-petro-urrego-BB18083741
https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/03/los-chinos-tendran-que-esperar-por.html
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