Efectos macroeconómicos y redistributivos de las marchas violentas

Efectos macroeconómicos y redistributivos de las marchas violentas

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El efecto macroeconómico más evidente de las marchas violentas es el que resulta de la destrucción de capitales públicos y privados por la acción de los vándalos. Los recursos que deben destinarse a reponer los bienes destruidos, se sustraen al consumo o a la inversión en la ampliación de la capacidad productiva de la sociedad. Los saqueadores, a su manera, también redistribuyen la riqueza robando a las personas más pobres. Pero hay otros efectos menos ostensibles que se deben examinar.  

La mayoría de los marchantes del 21 de noviembre son empleados públicos o aspirantes a serlo, gentes que reciben transferencias del gobierno o que esperan recibirlas, estudiantes y profesores universitarios y unos cuantos despistados, de esos que creen luchar por la justicia.   Por eso, el “diálogo social” del que habla el Presidente, se traducirá en el aumento del gasto público, mayores déficits fiscal y de cuenta corriente, mayor endeudamiento y, a la postre, mayores impuestos.

Los maestros de Fecode ganan más que la mayoría de los colombianos, en un país cuyo PIB per cápita no llega a los US$ 7.000 anuales. Comparada con el PIB per cápita, la remuneración de los maestros es tanto o más elevada que la de los maestros de países que tienen los mejores sistemas educativos del mundo como Polonia, Estonia, Japón, Finlandia, Corea y Canadá. El País hace un esfuerzo grande para remunerar bien a sus maestros.

Además de tener un ingreso que supera el de la inmensa mayoría de los colombianos, los maestros tienen un sistema pensional privilegiado. Pueden jubilarse a los 55 años, con 20 años de trabajo y el 75% de la remuneración del último año. Como pueden trabajar hasta los 65 años, edad de retiro forzoso en el sector público, muchos de ellos acumulan dos pensiones. También tienen un sistema especial de salud que tiene una mayor cobertura que el sistema general de las EPS y cuya financiación, en lo fundamental, corre a cargo del presupuesto nacional. Su estabilidad laboral es absoluta, jamás son despedidos y reciben su remuneración plena, a pesar de que todos los años pasan varios meses en paros y marchas.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que dice representar a la clase obrera, es un sindicato prácticamente sin obreros: solo el 5% de sus afiliados son obreros industriales. El 55% de los afiliados son funcionarios del sector de la salud y la seguridad social, la Contraloría, Bienestar Familiar, la rama judicial, docentes de universidades públicas y funcionarios al servicio de diversas entidades del estado. El grueso de los obreros y trabajadores industriales pertenece a empresas del estado o en las que el estado tiene participación, como la Unión Sindical Obrera (USO) que agrupa a los trabajadores de ECOPETROL, los mejor remunerados del País.

La remuneración mínima de los afiliados a la CUT equivale a tres veces el salario mínimo. Tienen plena cobertura de seguridad social en salud, muchos con regímenes especiales en los que se cotiza menos y se recibe más, y gozan de una estabilidad laboral absoluta. Como los maestros de la FECODE, tampoco las frecuentes huelgas que realizan, interrumpiendo ilegalmente la prestación de los servicios esenciales que prestan, dan lugar a una disminución de sus remuneraciones.

Las 32 universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE) reciben anualmente $ 5,5 billones del presupuesto general de la Nación, $ 0,5 billones por la estampilla, que grava todos los contratos de obra pública, y $ 0,3 billones de los presupuestos de las entidades territoriales. En total, las universidades SUE reciben anualmente, de los impuestos pagados por los colombianos, 6,3 billones de pesos, lo que equivale a 5,3 millones por alumno. ¿Parece poco? Ese el ingreso de medio año de un trabajador de salario mínimo.

Los opositores a la reforma pensional son de dos tipos: los que tienen pensiones jugosas, sin haber ahorrado lo requerido para ello, especialmente políticos, antiguos jueces y magistrados y ex - funcionarios públicos; y los que se jubilaron o se jubilarán con pensiones pequeñas porque no ahorraron lo suficiente. Los primeros quieren defender sus prebendas financiadas con recursos públicos, los segundos quieren tener acceso a ellas. Por eso, unos y otros defienden el sistema de prima media que hoy castiga a los más pobres quienes, por disposición de la sabia Corte Constitucional, no pueden pensionarse con menos de un salario mínimo y se ven por ello obligados dejar su ahorro en el sistema para la financiación de las mesadas de los demás.

Los marchantes del 21 de noviembre son, en lo fundamental, minorías activas y organizadas que con la acción directa logran aumentar sus ingresos a expensas de las mayorías atomizadas que conforman el resto de la sociedad. Los otros marchantes son los militantes y activistas violentos de la izquierda radical, que tienen sus propios objetivos políticos ligados a las orientaciones del Foro de Sao Paulo.

LGVA

Noviembre de 2019.