La minga extorsiva y la perpetuación de atraso indígena

La minga extorsiva y la perpetuación de atraso indígena[1]

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En los albores de la Independencia, con excepción de un pequeño número de criollos y españoles, todos los habitantes de lo que después sería la República de Colombia – blancos, negros, indios, mestizos, mulatos, zambos y cuarterones- eran pobres, ignorantes y andrajosos. Hoy, 200 años después, la mayoría de sus descendientes son menos pobres, menos ignorantes y visten con algún decoro. Atrapados en formas atrasadas de propiedad y producción, los indígenas parecen ser la excepción.

La productividad de los indígenas colombianos es más baja que la del resto de habitantes.  Aquellos departamentos donde representan más elevada participación en la población total, tienen más bajos niveles de PIB per cápita y los mayores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas. Los municipios donde predomina la población indígena muestran porcentajes elevados de población con NBI, mayores que el promedio nacional y que los de los municipios donde la presencia de población de grupos étnicos es inexistente o reducida.

La población indígena está dedicada a formas de producción atrasadas – agricultura subsistencia, caza, pesca, artesanía rudimentaria, etc. – con bajos niveles de capital por unidad de trabajo. Algunos antropólogos explican la persistencia del atraso productivo invocando la existencia de una cierta disposición cultural. Otros, especialmente historiadores y sociólogos de obediencia marxista, ven en ello la continuación de un legado centenario de explotación y espolio. Es posible que sea así: tradición e historia, fatalidad. Es posible también que los indígenas colombianos mantengan formas de producción de bajos niveles de productividad porque no se les ha dado la oportunidad de abandonarlas.

La búsqueda individual de una mayor productividad o la voluntad de economizar, depende de dos factores: el deseo de poseer bienes materiales y la actitud ante el esfuerzo requerido para adquirirlos. Existen, en todas las épocas y culturas, individuos con inclinaciones ascéticas, que encuentran meritorio consumir menos que los demás. Existen también individuos que, deseando poseer más variedad de bienes y en mayor cantidad, no se siente inclinados a acometer el esfuerzo requerido para obtenerlos. Pero estas dos clases de individuos –los ascetas y los haraganes – no suelen ser los más numerosos y parece que se distribuyen en proporciones similares en todos los pueblos y razas. La mayoría de los individuos usualmente prefieren más bienes materiales que menos y, si no tienen alternativa, están dispuestos a realizar el esfuerzo productivo requerido para procurárselos. No hay ninguna razón para suponer que indígenas colombianos sean en eso diferentes de los demás miembros de la especie humana.

Dado el deseo de poseer bienes y la disposición de asumir el costo de obtenerlos, es preciso, para que se active la voluntad de ser más productivo se debe tener alguna certeza de obtener para sí el fruto del esfuerzo. Es aquí donde interviene el entorno institucional en el cual los individuos despliegan su actividad. Que las instituciones promuevan y limiten el esfuerzo económico depende de la protección que ofrecen al disfrute de los resultados, de las oportunidades de especialización que propician y de la libertad de acción que permiten. Si los indígenas colombianos son totalmente iguales a los demás miembros de la especie humana, su baja productividad estaría determinada por las instituciones que enmarcan su actividad económica.

La mayoría de los indígenas colombianos vive en resguardos, es decir, en territorios de “propiedad colectiva y no enajenable” según proclama el artículo 329 de la Constitución. En otras palabras, los indígenas no tienen derecho a la propiedad individual de la tierra y, por supuesto, tampoco pueden venderla, arrendarla, hipotecarla o darla de cualquier forma en garantía. Tampoco parece ofrecer el resguardo grandes posibilidades de especialización ni muchas oportunidades de elección.  En los resguardos predomina un sistema de agricultura de subsistencia que marginalmente produce excedentes para el mercado.  Los métodos producción son muy intensivos en tierra pues requieren largos períodos de rotación.  Desde el punto de vista económico es difícil entender la supervivencia del resguardo.

El resguardo es una institución indebidamente sacralizada. Sus apologistas parecen olvidar que fue una creación de la corona española para optimizar la explotación del trabajo indígena. Los indígenas precolombinos no vivían en resguardos ni en asociaciones comunistas igualitarias dedicadas a la adoración de la Madre Tierra. Las suyas eran sociedades jerarquizadas, enfrascadas en frecuentes guerras en las que los vencidos solían pagar su derrota con la servidumbre o el tributo. Conocían el comercio y la moneda, eran astutos traficantes que se encontraban en ferias y mercados, como lo ha documentado ampliamente el antropólogo Luis Duque Gómez, en exhaustivo inventario de los Cronistas de Indias. Las sociedades más avanzadas, como los Muiscas o Chibchas, conocían la propiedad individual de la tierra que se transmitía por herencia a las mujeres y los hijos de los difuntos, como señala el historiador Vicente Restrepo, apoyado en las crónicas de Fray Pedro Simón.

El resguardo fue una institución creada por la corona española hacia 1561 para tratar de evitar que los conquistadores y encomenderos, deseosos de recuperar rápidamente sus inversiones, exterminaran la población indígena imponiéndole duros trabajos en sus explotaciones mineras y agrícolas. Para la corona española, con visión de largo plazo, se trataba de preservar sus tributarios y garantizar su reproducción. El resguardo no se definía a partir de las comunidades indígenas. Para su conformación se agrupaban gentes procedentes de diversas etnias sin que importara separar familias para hacer las agrupaciones de población deseadas. Se habla de propiedad colectiva, pero en realidad la tierra era propiedad de la corona. A cada indígena tributario se le asignaba en usufructo, no en propiedad, un pedazo de tierra para que la cultivara y obtuviera el sustento de su familia y lo requerido para el pago del tributo. Si dejaba de cultivarla o la cultivaba mal, se le asignaba a otro indígena. No era infrecuente que los indígenas huyeran de los resguardos: la corona los repoblaba trasladando pueblos enteros.  

En el siglo XVIII, con el avance de la colonización y la profundización del mestizaje, el resguardo se convirtió en una institución obsoleta de baja productividad que limitaba la movilidad de la fuerza de trabajo. Entre 1755 y 1778 se disolvieron la mayor parte los resguardos de Cundinamarca y Boyacá. Con el inicio de la época republicana, el proceso de disolución de los resguardos se aceleró. El decreto del 20 de mayo de 1820, firmado por Bolívar, dispuso:

"Los resguardos de tierras asignadas a los indígenas por las leyes españolas, y que hasta ahora han poseído en común, o en porciones destinadas a sus familias solo para su cultivo, se les repartirán en pleno dominio y propiedad luego que lo permitan las circunstancias"

La ley del 11 de octubre de 1821, emanada del Congreso de Cúcuta, declaró a los indios libres de tributo y decretó el reparto individual de la tierra de los resguardos. Dispuso también que personas pertenecientes a otros grupos étnicos pudiesen establecerse en los resguardos arrendando sus tierras. El decreto del 15 de octubre de 1828, promulgado por Bolívar, ratifica el reparto de los resguardos a las familias indígenas y la posibilidad de arrendar a los no indígenas las tierras sobrantes. La ley 6 de marzo de 1832 dispone que los indígenas no pueden vender sus parcelas antes de 10 años, plazo que se eleva a 20 en 1834, mediante la ley del 2 de junio. La constitución de 1863 autorizó a los indios para vender sus propiedades.

En algunas regiones, especialmente en Cauca y Nariño, los indígenas se opusieron a la disolución de los resguardos, muchos de los cuales lograron sobrevivir hasta nuestros días.  En Cundinamarca y Boyacá la disolución fue total. Los descendientes de los indígenas habitantes de estos últimos departamentos viven en Bogotá, Tunja y demás pueblos de la región. Su nivel de vida es ostensiblemente mayor que el de los descendientes de los indígenas del Cauca y Nariño que conservaron sus resguardos. No se ha sabido que ninguno de los primeros haya expresado el deseo de volver al resguardo o que lamente haber perdido las tradiciones y valores de la cultura chibcha.

El resguardo es una institución improductiva, segregacionista y reaccionaria. Sus apologistas, que se precian de ser progresistas de avanzada, parecen olvidar que el resguardo fue restablecido por la Ley 89 de 1890, expedida por el régimen de la regeneración. En la época colonial sólo se beneficiaban de su existencia la corona española y los caciques o jefes indígenas encargados de controlar el trabajo de los indios y de recaudar los tributos. Esos caciques estaban rodeados de prerrogativas pues podían usar la tierra para su propio beneficio, se les dispensaba el título de Don, podían consumir productos destinados a los blancos y vestir a la castellana. No han cambiado mucho las cosas. Los caciques de hoy, convertidos en políticos, gozan de más prerrogativas que sus antecesores. En cuanto a los indígenas resguardados su suerte no parece ser distinta a la de los tributarios coloniales. Sí, hay algo nuevo, es decir, nuevos beneficiarios de los resguardos: las ONG indigenistas que manejan los recursos del estado destinados a los indios.

Los resguardos, hay que decirlo con toda claridad, han creado una población dependiente y segregada. Ya no se le llama salvajes, pero tras la retórica de la identidad cultural, las tradiciones milenarias, la mama tierra y todo lo demás se esconde en realidad el desconocimiento de los derechos individuales a la población indígena y se le niega la posibilidad de elección y la posibilidad de ser ciudadanos plenos con los riegos y responsabilidades que tal situación comporta.  Se les trata como a menores de edad que deben ser protegidos.  Por condenarlos a un sistema de producción atrasado que les impide valerse por sí mismos, ha sido necesario montar todo un sistema de protección que examinado sin prejuicios resulta denigrante: sus tierras están libres de tributos, no pagan impuesto predial; tampoco, mientras están resguardados, son sujetos del impuesto de renta; no tiene obligación de prestar servicio militar; se les garantizan cupos en colegios y universidades; se les segrega políticamente,  se les da participación especial en los recursos del SGP; etc.  

En el llamado capítulo étnico del Plan Nacional de Desarrollo, supuestamente se destinan a los indígenas 10 billones de pesos. Podrían ser 20 o, si se quiere, 100 billones. Ninguna suma por importante que sea sacará a los indígenas de la pobreza y el atraso. El esquema colombiano de subsidios, en general, y el de los indígenas, en particular, montado sobre una renta petrolera insignificante al lado de la venezolana, está diseñado para hacer llevadera la pobreza, no para que los pobres salgan de ella. El año entrante y el que sigue y dentro de diez, los indígenas, atrapados en formas de producción y propiedad ineficientes y acostumbrados al asistencialismo, estarán de nuevo haciendo mingas y bloqueos, que le cuestan más a la economía que lo que reciben ellos sin producirlo.

LGVA

Marzo de 2019.  

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[1] Este artículo recoge parcialmente lo expuesto en una entrada anterior de este mismo blog. https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/08/plegaria-por-un-trato-digno-la.html