Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos.

Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

"¡Viva la paz, viva la paz!"

Así trinaba alegremente un colibrí

sentimental, sencillo de flor en flor...

Y el pobre pajarillo

trinaba tan feliz sobre el anillo

feroz de una culebra mapaná.

Mientras que en un papayo

reía gravemente un guacamayo

bisojo y medio cínico:

-¡Cúa, Cúa!

(Luis Carlos López)

I

El objetivo de toda violencia es la obtención de riqueza, poder político o una y otro. En La Habana, las Farc están negociando su renuncia a violencia a cambio de riqueza – la legalización de la que tienen ya y la que les transferirán todos los colombianos por medio de los programas asistencialistas a los que se ha comprometido el gobierno – y de una porción de poder político, inicialmente, y de ciertas reformas que les permitan tener una expectativa relativamente cierta de aumentar más tarde esa porción y, ¿por qué no? de tomárselo algún día en su totalidad. No puede ser de otra forma. Si las Farc han recurrido a la violencia es porque, a su juicio, los medios pacíficos de la institucionalidad vigente no les daban una expectativa cierta de alcanzar el poder que es el objetivo último de la acción política. Evidentemente buscan garantizar la integridad física de sus militantes y dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes cometidos. El llamado acuerdo final se firmará con toda seguridad en uno o dos meses. La Corte Constitucional ya declaró exequible el plebiscito refrendatorio y  muy probablemente la mayoría de los ciudadanos lo votará afirmativamente.

Las Farc sólo tenían que comprometerse una cosa: renunciar al uso de las armas. El “acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas” da garantías relativamente ciertas de que puede ser así. Seguramente se presentarán problemas en su aplicación efectiva. A los campamentos no llegarán muchos guerrilleros que preferirán mantener su actividad delictiva independientemente o amparados en la franquicia del ELN, donde serán recibidos con alborozo; llegarán pseudo-guerrilleros, buscando los beneficios de la reinserción y serán muchas las armas “encaletadas” por decisión individual o colectiva. Pero en sí mismo, en el papel, el acuerdo es prácticamente inobjetable. De hecho, las objeciones de los críticos de la negociación de La Habana están referidas a los demás acuerdos, es decir, a las concesiones que el gobierno se comprometió a otorgarle a las Farc a cambio de su renuncia a la violencia.

II

Es preciso decir que en el acuerdo de participación en política, el suscrito en junio de 2013, no hay nada que pueda considerarse inapropiado o excesivo. Lo acordado incluye la expedición de un estatuto de oposición, cuyos lineamientos serán definidos por los partidos y movimiento políticos con personería jurídica; la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, es decir, el esquema de escoltas que protegerá a los dirigentes de las Farc, y la reforma de régimen electoral, para lo cual se convocará una misión técnica que en seis meses debe elaborar la propuesta.  Se acordaron también una serie de acciones para para facilitar el ejercicio de la política, como la desvinculación de personería jurídica de los movimientos políticos de la obtención de un umbral mínimo de votación y el establecimiento de un régimen de transición de 8 años que incluye la financiación y divulgación de los programas de movimientos que irrumpan por primera vez en el escenario político. Se crea un número aún no definido de circunscripciones electorales especiales “en zonas afectadas especialmente por el conflicto” donde se elegirá un número aún no definido de representantes a la cámara durante un número de períodos electorales también por definir. Los partidos con representación en el congreso no tendrán candidatos en esas circunscripciones y los ciudadanos que en ellas voten podrán también hacerlo en la circunscripción ordinaria de su departamento. El gobierno creará un canal institucional de televisión para la divulgación de plataformas y programas de los partidos con personería jurídica. Hay otra serie de enunciados sobre planeación democrática, presupuestos participativos, distribución de dineros y recursos públicos, acceso gratuito a emisoras y a canales de televisión y todas aquellas cosas que son la delicia de los estatistas de todos los partidos.

En el borrador del acuerdo de junio de 2013 no se menciona la asignación directa de curules sin que medie votación alguna. Esa es una propuesta puesta en circulación por un antiguo guerrillero y aupada por algunos políticos cercanos a las ideas de las Farc.  Los áulicos de la guerrilla han hablado de asignar directamente 9 curules al senado, adicionales a las existentes y durante dos períodos electorales, Esa cifra parece exagerada pues equivale a suponer que las Farc cuentan con más del 10% de la votación para senado, cifra que no ha alcanzado nunca la izquierda en elecciones legislativas. Tampoco tiene antecedentes en anteriores procesos de negociación con insurgentes. El M-19 no recibió ninguna curul directa, obtuvo 9 en las elecciones de 1991. Para dar algún sustento a tan descarada pretensión, el ex – guerrillero que lanzó la propuesta no duda en mentir afirmando que “la Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las FARC, obtuvo en su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios”. En esa primera incursión, que tuvo lugar en las legislativas de 1986, la UP obtuvo 2 curules en el senado y 3 en la cámara. En la de 1990 obtuvo una curul en cámara y en la de octubre de 1991, realizada después de que la constituyente revocara el congreso, la UP obtuvo 1 senador y 3 representantes.

III

El almendrón del mal llamado acuerdo de víctimas es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este no es otra cosa que un procedimiento tortuoso, confuso y costoso para garantizar la impunidad total a los militantes de la guerrilla. Las Farc no llegaron a La Habana como fuerza vencida que se somete a la legalidad que combatía. Llegaron, guste o no, como contraparte insurgente reconocida así por el gobierno. En ningún proceso de negociación de esta naturaleza adelantado en el mundo, los insurgentes han salido para la cárcel. En Colombia, las negociaciones con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, una fracción del ELN y el Quintín Lame concluyeron todas con la impunidad total de sus militantes y su participación en política sin cortapisas de ninguna índole, pero tampoco con beneficios especiales. Con esos antecedentes, las Farc no podían aspirar a nada menos que al mismo tratamiento. Pero con el Tratado de Roma y la entrada en vigencia de la jurisdicción de Corte Penal Internacional en noviembre de 2009, no era ya posible otorgarles impunidad total como se hizo con los otros grupos guerrilleros. Permanecer en el Tratado de Roma y dar a las FARC garantías de impunidad es la cuadratura de círculo que se intenta con la JEP. La JEP fue diseñada para garantizar impunidad a los guerrilleros de las FARC sin que el País se viera obligado a denunciar el Tratado de Roma. Esta es la verdad monda y lironda.

La objeción fundamental que puede hacerse a la JEP es que su competencia extienda a “todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes” quienes “deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Esto se reitera una y otra vez a lo largo del documento:  “El componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.

A pesar de los matices que se introducen – colaboración que no sea resultado de coacciones o participación determinante o habitual – son muchas las personas que están en riesgo de ser llamadas a responder ante la JEP. El acuerdo abre la Caja de Pandora al establecer que además de la información “sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado” allegada por la fiscalía, la contraloría, la personería, la justicia penal militar, el órgano administrativo de la rama judicial y cualquier órgano judicial o administrativo que haya proferido sentencias o resoluciones sobre actos cometidos en el conflicto; los tribunales de la JEP recibirán “informes de organizaciones de víctimas y derechos humanos relativos también a los actos delictivos cometidos durante el conflicto, informes estos a los que la JEP dará el mismo tratamiento que a los emanados de las autoridades mencionadas”.

Es también sorprendente el hecho de haber extendido la JEP a los agentes del estado. Las declaraciones retóricas sobre  “tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” o aquello de que “deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de los derechos” son insuficientes para eliminar el riesgo y la vergüenza que para un militar supone verse sometido al mismo sistema de justicia diseñado para los insurgentes que estaba obligado a combatir. Los oficiales de alto rango que participaron en las conversaciones de La Habana parecen creer que los militares acusados de “falsos positivos” y otros delitos reales o supuestos podrán verse por fin libres de toda persecución judicial si se someten a esa jurisdicción. No de otra  forma se explica que hayan aceptado que sus camaradas de armas tengan que pasar por las Horcas Caudinas de la JEP.

IV

El acuerdo sobre “Política de desarrollo agrario integral” ha sido recibido con alborozo por los portaestandartes de “las causas objetivas del conflicto”. Son 22 páginas escritas en ese “lenguaje incluyente” que en nada desmerece la neolengua de Orwell. Se crea un fondo de tierras de distribución gratuita de aún no se sabe cuántos millones de hectáreas que se distribuirán durante un período de duración aún no definida. Las tierras provendrán de varias fuentes: baldíos, tierras inexplotadas, tierras donadas y tierras adquiridas o expropiadas por motivos utilidad pública e interés social. Además, habrá subsidios y créditos especiales para la adquisición de tierras. Serán beneficiarios los “trabajadores con vocación agrícola sin tierra o tierra insuficiente” y todo se acompañará con planes y programas de vivienda, electrificación, agua potable, saneamiento, educación rural, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización, etc., etc., etc. Habrá programas masivos de formalización de la pequeña y mediana propiedad. Las tierras distribuidas gratuitamente o adquiridas con subsidios y créditos especiales serán inalienables e inembargables durante un período de 7 años. Los planes y programas tendrán enfoque territorial, pluriétnico, multicultural, ambiental, sostenible, priorizado, participativo, con equidad de género y todo lo demás. Las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas por la ley 160 de 1994 y de las cuales ya existen seis, adquieren rango constitucional con la incorporación de los acuerdos al llamado bloque de constitucionalidad. Hace también parte del acuerdo la figura de seguridad o soberanía alimentaria como elemento fundamental de la política agraria. En breve, el gobierno se compromete a una reforma agraria integral como esas de las que se hablaba por allá en los años 50 y 60.

No hay nada que objetar a la pretensión de que en el campo coexistan propiedades de la más diversa extensión; de la misma forma que en el comercio, la industria o los servicios coexisten empresas de todos los tamaños. La competencia se encarga de establecer la escala mínima que permite la supervivencia de los negocios en las distintas actividades. Igual cosa debería ocurrir en el campo. Pero no, el acuerdo está marcado por la obsesión de mantener a cualquier costo la pequeña propiedad sin que importe si es o no productiva y pueda garantizar, de forma competitiva, un ingreso adecuado al campesino. Subsidios directos, créditos subsidiados, seguros de cosecha subsidiados, compras públicas subsidiadas, planes gubernamentales de comercialización subsidiados, centros de acopio subsidiados, etc. esos son los pilares sobre los que descansa la supervivencia de la idolatrada “economía campesina, familiar y comunitaria”.

Otro componente del acuerdo agrario es la creación del Sistema de seguridad o soberanía alimentaria. No se ha definido aún si es la una o la otra: los negociadores del gobierno prefieren la primera, los de las Farc la segunda. La diferencia no es de poca monta: la seguridad alimentaria alude a una serie de propósitos de política pública con los que nadie puede estar en desacuerdo (erradicación del hambre y la desnutrición, precios accesibles al consumidor final, etc.), mientras que la de soberanía alimentaria es un concepto claramente proteccionista cuya materialización como política pública puede llevar al reforzamiento de las restricciones arancelarias y para-arancelarias al comercio internacional de la producción agropecuaria. Sería muy grave que finalmente primara la posición de las Farc y que la tal “soberanía alimentaria”, convertida en elemento del “bloque de constitucionalidad”, condujera al cierre del sector agropecuario al comercio internacional. Lo que beneficia a los productores agropecuarios de todo tamaño y,  disminuyendo la renta derivada del monopolio de su propiedad, convierte a la tierra en un factor de producción capitalista es la competencia internacional que lleva a la especialización y a la eficiencia productiva.  Los subsidios y la protección solo sirven para perpetuar el atraso y la pobreza del campo.

Las zonas de reserva campesina (ZRC) son una especie de falansterios igualitaristas. Ya existen 6 con una extensión de 900.000 hectáreas y 95.000 habitantes. Allí todo mundo debe tener la misma cantidad de tierra: la unidad agrícola familiar (UAF), definida como la extensión de tierra que permite remunerar el trabajo de la familia y obtener un excedente capitalizable. Normalmente, la UAF no admite más que el trabajo del propietario y su familia, aunque excepcionalmente puede emplear “mano de obra extraña”. El propietario de la UAF no puede venderla antes de quince años de su primera adjudicación y sólo puede transferirla, con autorización del gobierno, a campesinos sin tierra o minifundistas. Nadie puede ser propietarios de dos o más UAF ni emplear sistemáticamente trabajo asalariado. La UAF no puede ser dividida materialmente, lo que lleva al restablecimiento de la institución feudal del mayorazgo.  En definitiva, a los campesinos de las ZRC se les niega la posibilidad de ser más productivos que sus vecinos, transformarse en empresarios y enriquecerse.  Si alguien escoge libremente  trabajar y vivir esas condiciones está en todo su derecho. Las limitaciones a la enajenación destruyen todo incentivo  a la valorización de la propiedad y el campesino que eventualmente se aburra de tanta igualdad está condenado a salir arruinado al estar obligado a venderla a muy bajo precio a alguien más pobre que él. En la práctica esto lleva a que el campesino de la ZRC no tenga salida. Es ominoso que una figura de esta naturaleza haya sido incluida en una ley y más ominoso aún que vaya a quedar incorporada en la constitución una vez que los acuerdos de La Habana pasen a ser parte del “bloque de constitucionalidad”.

V

El de “solución al problema de las drogas ilícitas” es el más retórico y gaseoso de todos los acuerdos. Realmente allí no se ha acordado nada: todo el documento es una reiteración del compromiso de las partes de dar solución algún día al problema de las drogas ilícitas.  Las Farc no reconocen ninguna responsabilidad en el narcotráfico, salvo una alusión general según la cual “…la producción y comercialización de drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. De ahí que su compromiso sea igualmente general: “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Para el gobierno el objetivo es “lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos” y para las FARC “lograr que evitando el deterioro del medio ambiente el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos”.

El periodismo bobalicón y los políticos tontarrones le han enrostrado a las Farc  el no haber informado en la mesa de negociación de su riqueza proveniente del narcotráfico, la extorsión y el secuestro y no haber puesto esa riqueza a disposición del gobierno para la indemnización de las víctimas.  No se puede ser más ingenuo. ¿Por qué no pedirles la declaración de renta y patrimonio, los datos sobre sus cuentas en el exterior y las coordenadas de las caletas donde guardan el efectivo? En la mesa de negociaciones correspondía a los representantes del gobierno, respaldados por la fiscalía y el sistema judicial, poner en evidencia esa riqueza y forzar a los representantes de las Farc a reconocer la realidad de los hechos. Por pusilanimidad, falta de información o incompetencia no hicieron nada y las Farc quedaron como la Pobre Viejecita y los negociadores del gobierno como Simón el Bobito.

El único compromiso real es el del gobierno con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este programa “tendrá un carácter civil”, contará con la “participación activa de las comunidades” y tendrá como principio fundamental “la sustitución voluntaria”. El PNIS hace parte de la reforma rural integral y como ésta contribuirá a “las transformaciones estructurales de la sociedad rural”    y  a “superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas” que al parecer es la condición sine qua non de la desaparición definitiva de los cultivos ilícitos. A los cultivadores, recolectores y amedieros que se acojan al programa, se les suministrarán mercados durante 6 meses o dos años (el gobierno prefiere lo primero, las Farc lo segundo), se les dotará de huertas caseras, se les dará empleos temporales y todas las otras dádivas de las que habla la reforma rural integral. Dice el acuerdo que en caso de que los cultivadores no se allanen a la erradicación voluntaria “el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Las Farc insisten que en cualquier caso la erradicación debe ser manual.

En realidad el gobierno y las Farc no podían acordar nada concreto sobre el narcotráfico porque parten de reconocer su incapacidad para hacerlo. Los cultivos ilícitos existen por “las condiciones de pobreza y marginalidad” y porque el propósito de su eliminación “depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los estados”. Ni lo uno ni lo otro es cierto: la pobreza y la marginalidad abundan en muchas partes sin que abunden los cultivos ilícitos y países como Holanda, Portugal, Uruguay y varios estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana sin esperar esos consensos y definiciones de alcance global y sin verse precisados a denunciar la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacciones y sustancias sicotrópicas.

Colombia es signataria de esa convención, como también lo es  del Tratado de Roma que creó  la temida Corte Penal Internacional. Llama la atención el hecho de que los abogados asesores de la mesa, que pusieron tanto empeño en encontrar una fórmula que permitiera dar impunidad a las Farc sin denunciar el Tratado de Roma, no hayan hecho lo propio para idear una salida jurídica decorosa de los compromisos de la Convención de Viena y para buscar la legalización de la producción, comercialización y consumo de toda suerte de drogas en Colombia. El mundo algún día entenderá que esta es la única forma de superar los problemas de violencia, criminalidad y corrupción que resultan de la ilegalidad. Colombia, que es el país que más ha padecido esas penurias, estaba en todo su derecho de avanzar en la descriminalización de las drogas y obtener para ello la aceptación de la comunidad internacional, que supuestamente está apoyando clamorosamente los acuerdos de La Habana. Pero los negociadores y sus abogados estaban pensando en otra cosa.  Lo acordado en La Habana deja el problema del narcotráfico en una situación peor pues en la práctica otorga a las Farc el monopolio de la producción y comercialización de la hoja de coca pues la mayor parte de los cultivos están en territorios que están bajo su control. Mientras la cocaína tenga el alto precio que le da la ilegalidad, el PNIS es una broma.  

VI

De lo expuesto salen las siguientes cinco propuestas:

1.    El hecho de que los crímenes de las Farc vayan a quedar en la impunidad es sencillamente repugnante y es igualmente repugnante saber que tendremos que ver a sus dirigentes pavonearse como grandes señorones de la política en el congreso y en los medios de comunicación. Pero lo uno y lo otro son los resultados inevitables de la naturaleza misma de las negociaciones de La Habana. Pero no tiene sentido, como pretenden sus turiferarios,  darle a las Farc más gabelas que las ya acordadas en principio en junio de 2013. Tomando como criterio para decidir el número de curules a las que se les facilitaría transitoriamente el acceso a las Farc los resultados obtenidos por los movimientos políticos que les son afectos en las elecciones legislativas realizadas desde 1986, año en que aparece la UP,  debería establecerse un circunscripción especial de dos curules para senado y tres circunscripciones para cámara de representantes con dos curules cada una. Esto es bastante generoso. En esas circunscripciones no podrían participar los partidos y movimientos con  representación en el congreso, pero, para que haya competencia, si podría hacerlo cualquier partido o movimiento que lo desee, bajo las mismas condiciones y reglas que se dispongan para las Farc. Los ciudadanos que deseen votar en las circunscripciones especiales no podrán hacerlo en las ordinarias. Dichas circunscripciones se mantendrían por dos períodos electorales y las curules en cuestión serían adicionales a las existentes. Los demás aspectos del acuerdo de participación en política deben hacerse extensivos a todos los movimientos y partidos sin personería jurídica ni representación en el congreso. En particular se les debe dar participación en los procesos conducentes a la formulación del estatuto de oposición y a la reforma del régimen electoral.

2.    La JEP se crea para garantizar la impunidad a los militantes de las FARC sin denunciar el Tratado de Roma. Debe limitarse a eso y excluir de su jurisdicción a todos los demás ciudadanos.  Aceptando el criterio de los altos oficiales que participaron en las negociaciones, los militares que así lo deseen pueden someterse libremente a ella. Para considerar las actuaciones de éstos se tendrán en cuenta únicamente los expedientes y sumarios que aporten las autoridades judiciales y en ningún caso los informes de terceros.

3.    Los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente y en cualquier momento de su propiedad sin restricción alguna. Todos los campesinos y en especial los de las ZRC deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno se compromete a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC.

4.    El desarrollo de una producción agropecuaria eficiente, rentable y auto-sostenible no puede depender de subsidios y de la protección arancelaria y para-arancelaria. Eso en definitiva castiga al consumidor urbano, especialmente a los más pobres cuyo gasto en alimentos absorbe el 35% del ingreso. Los subsidios y tratamientos especiales deben limitarse en el tiempo. De ninguna forma debe aceptarse la inclusión de la figura de “soberanía alimentaria” como principio orientador de la política pública en el sector agropecuario. Esto conduciría al progresivo cierre del sector a la competencia internacional y sería nefasto para el sector agropecuario mismo y la economía en su conjunto. 

5.    La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. En el marco de los acuerdos se creará una comisión de expertos para que en seis meses después de la firma de acuerdo final presente el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas. La descriminalización total debe estar concluida en dos años después de la firma del acuerdo.

LGVA

Julio de 2016.