La SIC: ¿un tigre de papel?

La SIC: ¿un tigre de papel?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

Con relación a la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a los ingenios azucareros, entidades gremiales y directivos del sector, los hechos son los siguientes:

• Nadie ha negado que las empresas y personas sancionadas hayan incurrido en las prácticas contrarias a la competencia que se les imputan.
• Se ha cuestionado el monto de las multas impuestas señalando que acarreará la ruina de los ingenios y la pérdida de miles de empleos.
• Reacción unánime de los congresistas de todos los partidos en contra de la SIC y en apoyo de los ingenios. Llaman la atención las intervenciones de los ministros de agricultura y hacienda.

La resolución 80847 de 2015 es un sólido documento de 192 hojas que reúne evidencia contundente para demostrar que los imputados incurrieron en prácticas contrarias a la competencia: acuerdo para asignar cuotas de producción en el mercado interno y acuerdo para impedir la importación de azúcar por terceros.  Son decenas de correos electrónicos y otros documentos los que se citan.  Un par de ilustraciones:

“Fui claro en la reunión que antes de hablar de cantidades y precios, nosotros como industria azucarera colombiana necesitamos un compromiso unánime de todos que no llegará a Colombia un solo grano de azúcar boliviano importado por comerciantes colombianos o extranjeros” (hoja 68).

“El objetivo del programa tiene éxito dependiendo de la rapidez como se tomen las decisiones de precio, de manera que nos permitan atacar las importaciones de azúcar de un momento a otro, sin darle mucho espacio a los importadores para que actúen” (hoja 70).

Especialmente preocupante es la circunstancia de que el llamado Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, haya sido uno de los mecanismos empleados para la distribución de las cuotas de producción. En la resolución mencionada pueden leerse, entre otras, las siguientes cosas:

“…su Comité Directivo ha servido como escenario común para la concertación de temas que afectan la libre competencia del mercado del azúcar en Colombia, lo cual puede evidenciarse en las actas de dicho Comité y en diversos correos electrónicos” (hoja 8)

“…el FEPA en su práctica, de acuerdo con el diseño realizado por el Comité FEPA, se desnaturalizó, al mutar en una herramienta de asignación de cuotas de producción o suministro en el mercado colombiano de azúcar…” ( hoja 41).

Las multas no son ni ilegales ni excesivas. En todos los caso están por debajo del monto máximo permitido por la ley. Las impuestas a los ingenios en ningún caso exceden el 6,6% de sus ingresos operacionales. Nadie se quiebra con esas multas. En la tabla, construida con datos tomados de le resolución 80847 que nadie ha desmentido, se indica la multa aplicada a cada uno de los ingenios y lo que ésta representa como porcentaje de los ingresos operacionales y del patrimonio de cada uno de ellos.

Ingenio	Multa $ millones	% de ingresos operacionales	% del patrimonio	% multa máxima
Riopaila- Castilla	40.158	5,4	6,0	62,3
INCAUCA	49.059	6,6	3,6	76,1
Manuelita	32.855	6,6	5,5	51,1
Providencia	35.399	6,6	6,4	54,9
Mayaguez	28.723	6,6	4,0	44,6
La Cabaña	18.419	6,6	3,3	28,6
Pichichì	13.400	6,6	5,6	20,8
Risaralda	16.687	6,6	6,6	25,9
San Carlos	5.362	6,0	1,6	8,3
Carmelita	7.493	6,6	5,6	11,6
Central-Tumaco	1.795	3,3	6,0	2,8
Marìa Luisa	2.224	6,0	3,4	3,5

Este caso es una elocuente ilustración de la forma en que una intervención del estado en la economía provoca nuevas intervenciones que buscan contrarrestar los efectos nefastos de la primera. El estado, dizque para estabilizar los precios, se inventa el FEPA, y éste se convierte en un instrumento que facilita la cartelización que acaba con la competencia en el mercado, lo cual obliga al estado a intervenir nuevamente con la SIC para tratar de reestablecerla. Por otra parte, las acciones para impedir las importaciones de azúcar por terceros están concentradas en Ecuador y Bolivia, países de los cuales por hacer parte de la Comunidad Andina el azúcar puede importarse sin arancel. El proveniente de otros países está gravado con un arancel del 70%. Naturalmente si dicho arancel no existiera o fuese sustancialmente menor, los productores nacionales serían incapaces de impedir las importaciones y éstas fluirían permitiendo que los consumidores tuvieran menores precios y que los productores buscaran hacerse más eficientes para mantener su participación en el mercado nacional y llegar al mercado internacional. Así pues, con la intervención de la SIC, el estado está tratando de contrarrestar las imperfecciones del mercado creadas por las intervenciones del propio estado. Sin el FEPA y con un arancel moderado no habría sido necesaria la intervención de la SIC.

Ahora bien, ante un problema creado por el propio estado se trata de encontrar la forma más adecuada de resolverlo. Lo que está en juego es algo muy importante: el desarrollo y la consolidación de una institucionalidad económica independiente de los políticos y las presiones gremiales. No en vano el fortalecimiento del SIC y la aplicación de una política de competencia seria, técnica y rigurosa es una de las condiciones impuestas al País para su ingreso a la OCDE.

Las intervenciones de los ministros y voceros del gobierno en contra de la SIC son deplorables. Lo son igualmente las de los congresistas. Los ministros no son o no deberían ser los representantes oficiosos de los gremios en el ejecutivo ni los congresistas en el legislativo. Se supone que unos y otros representan el interés general y no el interés particular de un gremio de la producción. Sería lamentable que en este caso ocurriera lo mismo que ocurrió en 2001 cuando el gobierno – cediendo a las presiones de un grupo económico - despidió al superintendente de entonces por oponerse a la fusión de ACES y Avianca. La SIC quedó convertida en un rey de burlas hasta su renacimiento reciente motivado por las exigencias de la OCDE.

Ni los empresarios del azúcar ni de los demás sectores dedicarán sus esfuerzos y energías a hacerse más competitivos  mientras encuentren que es más rentable el lobby y el cortejo ante el gobierno y los políticos para obtener medidas de protección que en definitiva van en contra del consumidor. Esto será lo que continuará ocurriendo si el gobierno cede ante las presiones y deja que la SIC se convierta nuevamente en un tigre de papel.

LGVA

Octubre de 2015.