La
ley nueva ley anti-contrabando y los Sanandresitos
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista,
Universidad EAFIT
“Y
ahora padonde irá, y ahora padonde irá?
A ganarse la vida el Tite Socarras
Y ahora padonde irá, y ahora padonde irá?
A ganarse la vida sin contrabandear” (Rafael Escalona)
A ganarse la vida el Tite Socarras
Y ahora padonde irá, y ahora padonde irá?
A ganarse la vida sin contrabandear” (Rafael Escalona)
En 1953 el general
Gustavo Rojas Pinilla declaró puerto libre al archipiélago de San Andrés y
Providencia. Seis años más tarde, el 21 de diciembre de 1959, el presidente
Alberto Lleras Camargo sancionó la ley 127 ratificando, ya en democracia, lo
dispuesto bajo la dictadura. Durante los años sesenta miles de colombianos
viajaron al archipiélago para traer los preciados productos manufacturados que
el régimen de protección a la industria nacional les impedía adquirir de otra
forma. Pronto el viaje a San Andrés para traer “mercancía” se convirtió en
actividad especializada de miles de amas de casa particularmente emprendedoras
que revendían las exóticas baratijas – perfumes, maquillaje, zapatos,
pañuelitos de seda, etc.- a sus vecinas del barrio. Poco a poco esto fue
tomando contornos cada vez más empresariales y empezaron a proliferar como
hongos en todas ciudades del País locales comerciales donde se vendían de forma
crecientemente abierta los productos traídos del archipiélago, de Maicao o del
puerto libre de Colón en Panamá. Sanandresitos fue el nombre que el lenguaje
popular dio a esos lugares que se convirtieron en vastos centros comerciales
visitados por toda suerte de personas y tolerados por las autoridades, salvo
episódicos acosos de la policía. El ex-presidente Ernesto Samper Pizano inició
su carrera política como paladín de los comerciantes de los Sanandresitos de
Bogotá quienes lo eligieron senador. La
expedición de la nueva ley ha dado lugar al surgimiento de nuevos paladines en
los dos extremos del espectro político: los senadores Iván Duque y Jorge
Robledo. ¡Váyase a saber cómo concilian esta postura con el proteccionismo
industrial que ambos profesan!
El contrabando existe
porque la gente compra sus productos. Lo hace, naturalmente, por beneficio
económico que ello supone. También es necesario cierto desapego al cumplimiento
de la ley fiscal y aduanera propiciado por los gobernantes inconsistentes y corruptos.
Esto fue dicho hace más de 200 años por el ilustre
Adam Smith:
“En
todos aquellos países donde hay un gobierno corrompido, y existe la sospecha de
que se incurre en grandes dispendios y se dispone en forma indebida de los
ingresos públicos, es muy frecuente que se respeten muy poco las leyes que
protegen las contribuciones. Son pocos los que tienen escrúpulos en realizar el
contrabando, cuando tienen ocasión de practicarlo de una manera fácil y segura,
sin incurrir en perjurio. Cualquiera que
pretenda alardear de escrúpulos en la compra de artículos procedentes del contrabando,
aun cuando este proceder implique una violación de las leyes fiscales y la
amenaza de incurrir en perjurio, será considerado en la mayor parte de los
países como un caso de redomada hipocresía, y en lugar de ganar crédito con tal
proceder, se expondrá con frecuencia la persona que afecte esa conducta a caer
en la sospecha de ser un bribón más grande que la mayor parte de sus
conciudadanos”[1]
Los contrabandistas
asumen el riesgo de esa actividad porque los aranceles y las trabas
para-arancelarias a las importaciones generan una brecha entre el precio del
producto “legal” y el precio del producto de contrabando lo que permite la
aparición de un beneficio extraordinario que se reparten entre los
contrabandistas y sus compradores. El contrabando no es un problema muy
importante en países con un arancel moderado y poco disperso y una población
propensa al cumplimiento de la ley fiscal y aduanera. Ya se dijo algo sobre este
último punto. El arancel promedio de Colombia – de 4,6% en 2013 según el Banco Mundial
– no parece muy elevado. Es más bajo que el de otros países de América Latina y
más elevado que el de los países desarrollados. Pero ese arancel promedio – que
se calcula como promedio ponderado por su la participación en el comercio de
los miles de partidas del universo arancelario – esconde grandes diferencias
entre los distintos productos. También hay diferencias en las tarifas aplicadas
a los distintos países dependiendo de que existan o no acuerdos de libre
comercio. El arancel colombiano es extraordinariamente disperso y tiene
tarifas, como la del arroz, 80%, que son toda una invitación al contrabando. No
se contrabandean todos los productos, sólo aquellos cuyo arancel y otros
impuestos que los gravan permiten la obtención de un beneficio elevado que
compense el riesgo.
Gráfica
Hace un par de años, el
entonces director de la DIAN, doctor Juan Ricardo Ortega, en estimaba en cerca
de US$ 6.000 millones el valor de los bienes que ingresan al país por
contrabando[2].
Ese era el valor máximo, el mínimo es era del orden US$ 4.000. En la tabla 1 se
muestran las cifras con estimaciones reportadas por diversas asociaciones
gremiales y recogidas por el doctor Ortega en la presentación citada. Esas cifras
hay que tomarlas con beneficio de inventario.
Tabla
1
Por su magnitud, el
problema del contrabando en el País concierne fundamentalmente el sector textil
y de las confecciones. La declinación de la industria textil es un proceso de
vieja data en el que se involucran muchos otros factores diferentes al
contrabando. Las prendas de vestir y los
tejidos tienen decenas y decenas de partidas en el arancel. En la mayoría de
los casos la tarifa es del 10% más US$ 5 por kilo. Esto resulta bastante
elevado.
En el arancel de aduanas
aparecen cinco partidas para el arroz que se presentan en la tabla 2. Esas
tarifas otorgan a los molineros un extraordinario poder de mercado. Hace pocos
días la SIC impuso a un par de empresas un multa de $ 33.000 millones por
manipular los precios del cereal[3].
Tabla
2
El arroz de contrabando
viene de Ecuador y Venezuela transportado en tractomulas de gran tonelaje que
cruzan las fronteras por paso legales e ilegales. Existen más de 100 trochas
por donde pasan los camiones cargados de arroz, cigarrillos, licores y otros productos.
No hay forma de controlar eso máxime si se tiene en cuenta que en la fronteras
con esos países se enseñorea la guerrilla de la FARC. Con la reducción a 5% ó
10 % del arancel del arroz se eliminaría el problema del contrabando de este
cereal, se protegería al consumidor de los abusos de los molineros y se
privaría a la guerrilla de una fuente de ingresos.
El arancel tiene más de
30 partidas referidas al calzado: calzado de suela caucho o plástico, calzado
con suela de cuero natural o regenerado, calzado con parte superior de material
textil y un largo etcétera. El arancel promedio es del 10% más US$ 5 por par,
si el precio FOB es inferior a US$ 7 dólares, o más US$ 1,5, si es superior. A
diferencia del contrabando abierto del arroz y la gasolina, el del calzado es
principalmente contrabando técnico, es decir, resultante de la sub-facturación
de importaciones. Los precios al consumidor del calzado contrabando oscilan
entre 10 y 15 dólares, según el ex – director de la DIAN, lo cual sugiere que
se trata de productos de baja gama que abastecen población de bajos ingresos.
El contrabando de
gasolina es el resultado de la diferencia de precios entre Colombia y Venezuela
donde, desde hace décadas, se decidió regalar la gasolina al consumidor final.
Se dice que diariamente ingresan al País 3.000 vehículos cargados de
“pimpinas”. Una pimpina equivale de dos y medio galones. Aunque en las pocas
estaciones de servicio que existen en Cúcuta se vende la gasolina colombiana a
un precio subsidiado, la mayoría de la gente prefiere abastecerse de los
pimpineros que venden su producto en todas las esquinas de la capital y todos
los pueblos de Norte de Santander. Aquí poco o nada hay que hacer para evitar
ese contrabando. Es mejor dejar que los consumidores de los departamentos de la
frontera con Venezuela se beneficien, mientras dure, del deferencial de
precios. Las pérdidas fiscales de las que se queja el gobierno son seguramente
inferiores al excedente de los consumidores. El contrabando de gasolina es un
problema de Venezuela, no de Colombia.
El arancel de los
licores, vinos, cervezas y sifones es del 15%; al igual que el de los
cigarrillos, cigarros y puros. Pero adicionalmente, todos estos productos están
gravados con elevados impuestos que supuestamente buscan desestimular el
consumo y de los cuales se nutren las precarias rentas de los departamentos. El
problema con estos “impuestos al vicio” – cuyo efecto disuasivo es bastante
discutible - es que son tremendamente regresivos ya que los pobres destinan a su
consumo una fracción de su ingreso sustancialmente más elevada que los ricos.
Habría que buscarle a los departamentos otras fuentes de ingreso o simplemente
dejar que se extinguieran pues bajo el esquema de descentralización adoptado en
Colombia sus funciones se limitan cada vez más a recaudar unos tributos, recibir
las transferencias de la nación y pagar la nómina.
Con la nueva cruzada anti-contrabando ocurrirá lo mismo que con todas las que la
antecedieron. Habrá unos cuantos decomisos y algunos arrestos. Pero mientras
existan grandes diferencias de precios, habrá gente dispuesta a comprar
productos de contrabando y gente dispuesta a proveérselos. Un arancel moderado
y concentrado es mejor que mandar al Almirante Padilla a barrer a Puerto López
allá a La Guajira Arriba donde, según el maestro Escalona, nace el contrabando.
LGVA.
Julio de 2015.
[1]
Smith, Adam (1776). La riqueza de las naciones. Fondo de
Cultura Económica, México, 1979. Páginas 795-796.
[2]http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/XII_CONGRESO_PANAMERICANO/Tab5/Juan_Ricardo.pdf
[3] “La millonaria multa a Roa y
Florhuila por manipular precios del arroz”. http://www.elespectador.com/noticias/economia/millonaria-multa-roa-y-florhuila-manipular-precios-del-articulo-554939
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