Aníbal Galindo, el economista colombiano del siglo XIX

Aníbal Galindo, el economista colombiano del Siglo XIX.

(A la memoria de Jesús Antonio “Chucho” Bejarano Ávila)

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

Presidente, Fundación ECSIM

 

I

La escena, real o ficticia, pudo haber ocurrido en Bogotá en junio de 1862. El gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera acaba de decretar el curso forzoso de los billetes emitidos por la Nación y está decidido a imponerlo a punta de espada. Un zapatero, ex – combatiente del alzamiento militar que llevó a Mosquera al poder – está siendo detenido por negarse a recibir los papeles del gobierno a cambio del producto de su trabajo. ¡Economista, economista! - grita el artesano, para llamar la atención de un sujeto que acierta a pasar en ese momento por las cercanías de su taller – venga acá, lo pongo a usted por testigo, dígame si es verdad que estos papeles son dinero corriente, si es justo que a cambio de ellos quieran despojarme del valor de mi trabajo.

El economista en cuestión es Aníbal Galindo y la escena descrita marca el comienzo de su artículo burlesco “El papel moneda”, publicado en el periódico La Paz, en febrero de 1863, para ridiculizar, a la manera de Bastiat, los despropósitos de un gobierno autoritario que pretendía fabricar oro con las prensas litográficas, según diría el mismo Galindo años después. El artesano evita ser llevado a prisión aceptando los papeles del gobierno en pago de los botines y pagando a su turno, esa sí en dinero contante, una multa por su insubordinación. Se inicia luego un delicioso diálogo en el que Galindo le explica los principios de la economía política y la libertad comercial que el inteligente artesano encontrará increíblemente sencillos.

II

Este pequeño episodio define lo que fue la actitud de Galindo frente a la vida y la sociedad de su época. Se vio siempre a sí mismo como un economista liberal, es decir, como un intelectual preocupado por entender racionalmente los problemas de la economía, proponer soluciones e ilustrar a sus contemporáneos en los principios de la libertad comercial.

Descendiente de una acaudalada familia[1], nació en Coello, pequeña población del Tolima Grande, en 1834, y murió en Bogotá en 1901. Le cupo pues vivir el período turbulento de conformación de la nación colombiana – marcado por las guerras civiles y la inestabilidad constitucional - y el de la integración poco exitosa de su economía a los flujos del comercio internacional y de inversión de extranjera[2]. Entre 1830 y1901, Colombia padeció 9 guerras civiles de carácter general, 14 guerras civiles locales, dos guerras internacionales – ambas con Ecuador – y se promulgaron 7 constituciones[3]. Esa es también la época en la cual se producen las grandes transformaciones políticas y económicas del País que permiten la liquidación del régimen colonial y la aparición paulatina, conflictiva e imperfecta de las instituciones características de la economía capitalista.

De ambos procesos, que naturalmente está profundamente articulados, Aníbal Galindo será protagonista activo: combatiente de dos guerras civiles, congresista en varias oportunidades, gobernador de los estados de Cundinamarca y Tolima, funcionario público de varias administraciones nacionales, comerciante y empresario exitoso, abogado litigante, secretario la embajada de Colombia ante gobiernos de Inglaterra y Francia, representante en las negociaciones de límites con Venezuela y Perú, catedrático universitario, periodista y estudioso permanente de los problemas económicos del País. El debate sobre proteccionismo y libre cambio, la liquidación de los impuestos coloniales y su sustitución por una tributación moderna, la naturaleza de la intervención del estado en la economía, el desarrollo del sistema monetario y financiero, la importancia de los ferrocarriles, la cuestión de las tierras baldías y los bienes amortizados, en fin, la significación las ideas socialistas frente al liberalismo; son algunas de las cuestiones de las que se ocupará en sus escritos económicos caracterizados todos ellos por el empleo pertinente de la teoría económica, el conocimiento de la historia, las referencias permanentes a la experiencia de otros países y el uso, hasta donde los permitían las circunstancias,  de las estadísticas y los datos duros.

Naturalmente, Galindo no tuvo una educación económica formal. Estudia en Bogotá en el seminario de los jesuitas y en los colegios del Rosario y San Bartolomé. En este último se gradúa de abogado en 1852, a la edad de 18 años. En San Bartolomé seguramente asiste a la cátedra de economía política impartida por Ezequiel Rojas Ramirez; pero su verdadero aprendizaje de la economía y la hacienda pública se iniciará durante su trabajo como sub-director de rentas nacionales, entre 1855 y 1857, en la administración del presidente Manuel María Mallarino. A propósito de esta experiencia señala en sus Recuerdo Históricos:

“Teniendo que preparar en aquel delicado puesto trabajos serios sobre aduanas, salinas, ferrocarril de Panamá, timbre nacional, tierras baldías, bienes nacionales, etc., etc., para los cuales no bastaba saber hacer discursos o escribir artículos de política, tuve necesidad de aplicarme á estudios económicos serios, sobre estas materias, en los cuales perseveré y llegué á adquirir bastante suficiencia”.

En su formación como economista tendrán importancia los tres viajes que a lo largo de su vida realizará a Europa: el primero en 1856; entre 1857 y 1859, el segundo, y entre 1866 y 1868, como encargado de negocios y secretario de la legación de Colombia ante Francia e Inglaterra, el tercero. Durante la segunda estadía reside en Londres y escribe artículos sobre asuntos económicos y políticos para el periódico El Vapor, publicado en Honda[4]. Más importante aún para su formación será su tercera estadía durante la cual redacta[5] el que puede considerarse como el más académico de sus escritos: Teoría de los Bancos. Estudio sobre la organización del Banco de Inglaterra.  El texto se publicará en 1869 y, según Galindo, será “el escrito que más influyó para determinar el establecimiento del primer banco en Bogotá”. Durante muchos años servirá de texto para la enseñanza de la materia en la Universidad Nacional y el Colegio del Rosario. De estos viajes obtendrá también Galindo un gran conocimiento del inglés[6] y del francés lo que le permitirá el contacto de primera mano con la obra de los principales economistas clásicos.

Galindo participó activamente en la vida política de su época. Fue militante del partido liberal, en el ala radical llamada “Gólgota”[7], de la que hicieron parte también Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Salvador Camacho Roldán, Januario Salgar, los hermanos Samper – José María y Miguel – y Carlos Martín, entre otros. Fue congresista en varias oportunidades y además de la ya mencionada sub-dirección de rentas nacionales, se desempeñó (1874 – 1875) como secretario de estadística de la administración de Manuel Murillo Toro y como ministro de hacienda del gobierno de José Eusebio Otálora en 1883.

Como jefe de la oficina de estadística publica el primer anuario estadístico de Colombia con información sobre territorio, población, gobierno, división político-administrativa, educación, criminalidad, producción, comercio exterior, moneda, comunicaciones, rentas e impuestos, deuda pública, etc. Con base en las memorias al congreso de sucesivos secretarios de hacienda construye para ciertas variables series estadísticas desde 1831[8]. Su paso por el ministerio de hacienda fue extremadamente breve, sólo 15 meses, pero le cupo enfrentar una grave crisis fiscal que sorteó obteniendo de la Compañía Universal del Canal Interoceánico un empréstito de 2.5 millones de francos. En 1886 es nombrado, también por breve período presidente provisorio del estado de Tolima y en 1894, en ejercicio de su último empleo como funcionario público, viaja a Perú a negociar los límites amazónicos.

En 1880 Galindo publica su obra fundamental, Estudios económicos y fiscales, en la que reúne sus principales escritos económicos, “fruto de 25 años de aplicación al estudio de esta ciencia de la economía política”, dirá su dedicatoria a la Sociedad de Economía Política de Paris[9]. Los últimos años de su vida los consagrará a la redacción de sus obras históricas: Las batallas decisivas de la libertad de 1888 y Recuerdos históricos de 1900[10].

III

Aníbal Galindo era todavía un mozalbete cuando Florentino Gonzalez[11], secretario de hacienda del primer gobierno del General Tomás Cipriano de Mosquera, obtuvo del congreso la aprobación de la reforma aduanera (ley del 14 de julio de 1847) y la eliminación del estanco del tabaco (ley del 24 de mayo de 1848) que marcaban el inicio del desmonte del régimen fiscal y del sistema proteccionista heredados de la colonia. Años más tarde, en sus Apuntamientos, indicará que en 1847 se da inicio a las grandes reformas liberales que podrán fin al sistema proteccionista establecido desde la independencia y que había fracasado en su objetivo de estimular el desarrollo de la industria nacional:

“Los 26 años que duró en ejercicio el sistema proteccionista que restringía con altísimos derechos la importación de los tejidos de algodón, destinados al consumo general de la población, y el calzado, los muebles, la ropa hecha, las sillas de montar, la cerveza, el hierro y el cobre en bruto, la harina, la pólvora, el sebo manufacturado, la loza y otros artículos de producción nacional, no dejaron la menor huella de progreso o adelanto en la industrial del país. Por el contrario, esta manufacturas adormecidas con la protección de la ley, mantenidas por un impuesto odioso e injusto, que gravaba en favor de unos pocos la generalidad de los contribuyentes, lejos de adelantar, fueron retrogradando; y cosa ¡singular! el país no ha tenido artesanos de primera clase (...) que rivalicen con los productos extranjeros, sino cuando en medio de la libertad el estímulo de la competencia los ha obligado a formarse”[12].

Sin embargo, apartándose del radicalismo de Florentino Gonzalez[13], Galindo acepta cierto grado de protección a ciertas industrias nacientes:

“Es cierto que nuestro país está llamado principalmente a suministrar a la industria manufacturera del viejo mundo los materiales que sus máquinas transforman en esa infinidad de objetos que satisfacen nuestros más raros caprichos; pero también es cierto que sólo las tribus semisalvajes pueden tener una industria única, igual, común, vaciada, estereotipada en el mismo molde. Después de todo, todo pueblo, por pobre y atrasado que sea, necesita diversificar sus ocupaciones, so pena de dejar muchas facultades sin empleo, muchos brazos sin trabajo. Todos no podemos ocuparnos en la ganadería, en la minería o en los rudos trabajos de la agricultura (...) todo pueblo necesita aclimatar en su propio suelo ciertas industrias (...) aunque al principio tenga que hacer grandes sacrificios para fundarlas, para que a la larga compre sus productos a más bajo precio produciéndolos en el país que comprándolos en el extranjero (...) es más económico hacer grandes anticipaciones para aclimatar esas artes en el país, que quedarse perpetuamente importando sus productos del extranjero...”[14].

Corresponde al gobierno estimular el desarrollo de este tipo de industrias, principalmente mediante la capacitación de los trabajadores:

“...entre el sistema protector que produce el resultado de imprimir a la actividad nacional una dirección distinta de la que hubiera tomado en medio de la libertad; entre esto y la iniciativa que un Gobierno previsor e ilustrado debe tomar para educar el trabajo nacional a fin de hacerlo más inteligente, más fecundo, más productivo, hay toda la distancia que separa el error de la verdad y el torpe abandono (...) de la actividad inteligente y previsora del verdadero hombre de estado”[15]

IV

Aníbal Galindo llegó a ser un intervencionista moderado; aunque en los primeros años de su actividad pública, al igual que la mayor parte de sus colegas de generación liberal radical, cifró unas esperanzas ingenuas y exageradas en los efectos que sobre la actividad económica tendría la aplicación irrestricta del “dejar hacer”. En su Memoria sobre el servicios postal francés, escrita en 1868, recuerda no sin ironía la forma en que Rafael Núñez y él aplicaron el principio del “dejar hacer” cuando eran funcionarios de la administración de Mallarino. Vale la pena citar en extenso ese delicioso texto:

“En 1856, siendo yo director general de rentas, y cuando estaba de moda, como el non plus ultra del liberalismo, la doctrina económica del dejar hacer, falsa como principio absoluto, verdadera solo en su acepción paradójica, de que los gobierno deben dejar hacer todo aquello que no deban hacer; en 1856, digo, nos propusimos el señor Núñez secretario de hacienda y yo, dejar hacer los correos, es decir, dejar sin comunicación a los pueblos que estábamos encargado de servir. Entonces suprimimos, como medida liberal, la mayor parte de los correos internos, dejándolos reducidos a unos pocos que ponían en comunicación la capital de la república con las capitales de provincia y con las administraciones de renta. Creo que mi ilustrado amigo el señor Núñez, que después se ha puesto en contacto con el mundo civilizado, recordará este acto, no diré con vergüenza, pero si con tristeza. La comunicación acelerada de los diversos pueblos que conforman una nación, es una necesidad tan urgente como la de que se administre justicia y que haya una fuerza pública que reprima a los malos y de seguridad a los inocentes”^[16].

En diversos escritos Galindo abordó el tema de la intervención del gobierno en la economía. En su estudio sobre los ferrocarriles de 1874, frente a los argumentos de Camacho Roldán, señala que, más que un debate sobre las posibilidades fiscales de la nación para acometer obras públicas de interés general, lo que está en juego es la definición sobre los alcances de la intervención del gobierno en la economía:

“Bajo estas modestas y engañadoras apariencias de una simple cuestión fiscal, se oculta en este asunto de la construcción de los ferrocarriles una cuestión política de la más alta importancia, cual es la de determinar con toda exactitud hasta donde debe llevarse la intervención del gobierno general en el fomento de las mejoras materiales”^[17]

Pero es en su Historia de la deuda externa, de 1871, donde se encuentra expuesta con más claridad la posición de Galindo sobre el papel del gobierno que en nada se aleja de la de Adam Smith[18].  Estos son dos ejemplos:

 “...en un país atrasado y pobre, la tarea del gobierno no puede limitarse a la acción pasiva del dejar hacer, contentándose con abolir sobre el papel los obstáculos legales que se oponen al libre desarrollo de las facultades del individuo, sino que es preciso emplear los recursos de la colectividad en romper los obstáculos materiales que se oponen a ese desarrollo, y que son de hecho superiores a los estímulos y a la previsión del interés individual”[19]

“Nuestros gobiernos no pueden limitarse, pues, a la tarea pasiva de administrar justicia, aunque esa deba ser la más sagrada de sus funciones y es el fin primordial para el cual se instituye todo gobierno; sino que será preciso armarlos de un gran poder económico, para que con los recursos de la nación remuevan los obstáculos materiales y morales que la naturaleza y la ignorancia oponen al desarrollo de la riqueza pública. En la portada de nuestra ciencia administrativa deberá escribirse por más de medio siglo el siguiente aforismo: el gobierno se instituye para dar seguridad, para difundir la instrucción primaria y para hacer caminos”[20]

Y una más tomada del estudio de los ferrocarriles:

“En casi todos los países civilizados la instrucción pública, elemental y secundaria, no se produciría en el grado que se necesita, si la sociedad no se cotizara para pagar como servicio general lo que no pueden pagar los consumidores directos de ella.”^[21]

Estas ideas sobre el papel de gobierno harán que Galindo se aparte de sus compañeros del llamado Olimpo Radical[22] que plasmaron sus ideales liberales en la Constitución de Rionegro de 1863[23]. Al respecto de esta constitución, Galindo escribió:

 “...era un crimen de lesa civilización. No tenía lado que no resultara absurdo. Formaba nueve repúblicas con sus respectivas soberanías (...) no podía ser más defectuosa en la distribución de la soberanía. El ciudadano era todo, en cuanto a concesión de garantías absolutas para el ejercicio de su libertad individual. La sociedad era nada. La autoridad carecía de facultades, de medios, de la fuerza para conservar el orden y hacer reinar la justicia. El gobierno de los Estados Unidos de Colombia quedó reducido al oficio de forma un presupuesto y comérselo”[24].

No obstante su antipatía por el régimen político de la Constitución de Rionegro, Galindo fue funcionario de varios gobiernos radicales y los representó ante otros países. En los últimos años de su vida se alejó aún más del radicalismo y se acercó al sector encabezado por Rafael Núñez. Sobre la constitución centralista y presidencialista de Núñez y Caro dejó escrito en sus Recuerdos que: “...no habría habido, pues, en mi humilde concepto, inconveniente para que el partido liberal hubiera aceptado la Constitución de 86 como base de modus vivendi republicano...”.

V

Colombia terminó en siglo XIX con menos de 300 kilómetros de ferrocarril, incluidos los 60 del ferrocarril de Panamá[25]. A principios del siglo XX, Argentina tenía más de 30.000; México, unos 26.000; Brasil, poco más de 25.000 y Chile cerca de 8.000[26]. En su estudio sobre los ferrocarriles colombianos, Galindo se refiere a las experiencias de Argentina y Chile y también a las de Estados Unidos, India y Rusia poniendo de presente el impacto que la construcción de líneas férreas tiene sobre la actividad económica general. Este es su principal argumento en contra de Camacho Roldán quien sostenía que todo lo que era transportable en Colombia podía transportarse por camino de herradura de forma menos costosa que por ferrocarril. Los cálculos de Camacho Roldán asumen que el volumen de carga transportado será el mismo antes y después de la introducción del ferrocarril. Picarescamente lo señala Galindo:

“...el señor Camacho (...) no le concede al ferrocarril la virtud de dislocar en el cambio de los productos del comercio interior y exterior, un kilogramo más de los que transportan las mulas y los indios”[27]

Ya sabemos quién tenía la razón en esta disputa. De hecho el congreso había aprobado la ley del 5 de junio de 1871 que contemplaba la construcción de varios ferrocarriles. Lo que realmente derrotó a Galindo no fueron los argumentos de Camacho, quien años después reconocería su error y llegó presidir la empresa del Ferrocarril de Girardot, sino la pobreza fiscal del País – un país tan pobre como el nuestro que no tiene con qué construir un ferrocarril, dirá Galindo[28] – la topografía y la incapacidad para atraer los capitales extranjeros que financiero las construcción de los ferrocarriles en Argentina, Chile y México. Por esas razones a Colombia, en el siglo XIX, la dejó el tren[29].

VI

Hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XIX Colombia careció de un sistema financiero moderno. El sistema de censos procedente de la colonia predominó hasta mediados del siglo. A principios de los años 40 se registra la aparición de un audaz financiero que capta dinero del público pagando intereses exorbitantes, Judas Tadeo Landinez, que será responsable de la primera bancarrota fraudulenta de la historia colombiana. La primera regulación financiera es la ley 35 de mayo de 1865 en la que se fundamenta el sistema de banca libre que prevalecerá en el país hasta 1885 cuando bajo el gobierno de Núñez se establece el curso forzoso. La ley 35 era extremadamente liberal: "El establecimiento de los bancos de emisión, depósito, giro y descuento y de bancos hipotecarlos es libre en el Estado, y su ejercicio no está sujeto a otros deberes que los que las leyes imponen a las compañías de comercio y a los comerciantes", proclama su primer artículo.  Por ello no es sorprendente que en 1881 hubiera en el país 42 bancos privados que emitían sus propios billetes respaldados en oro. Incluso, una empresa, la mina El Zancudo emitía su propio dinero.

Galindo reclama para su Estudio sobre la organización del Banco de Inglaterra el mérito de haber revelado al país los beneficios del negocio bancario y de haber sido determinante en el establecimiento del primer banco en Bogotá. Se trata sin duda de una obra bien escrita donde se presenta de forma sistemática el funcionamiento y la organización del Banco de Inglaterra y del sistema de pagos internacionales. Durante muchos años fue texto de enseñanza de la materia en la Universidad Nacional y el Colegio del Rosarios y seguramente influyó en el desarrollo de la actividad bancaria. Galindo era partidario del patrón oro y enemigo declarado del curso forzoso. En su diálogo con el zapatero, evocado al principio de este escrito, le explica la diferencia entre los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra y los puestos en circulación por la tesorería del gobierno:

“...el Banco de Inglaterra (...) es al propio tiempo acreedor y deudor de los billetes que pone en circulación; los ha dado en préstamo y no en pago, como la Tesorería General. (...) Y aun suponiendo que la tesorería organizara un sistema permanente de cambio, que emitiera billetes al portador, admisibles como dinero en la totalidad de las rentas y contribuciones nacionales, y redimibles en todas las oficinas de Hacienda, todavía no podría crear el gobierno, en estas circunstancias, un signo representativo, un medio circulante, sino un efecto de comercio, una buena mercancía de bolsa.

¿Qué quiere usted decir con esa palabrería, explíquese en castellano?

Digo que todavía con esos billetes no compraría su mujer, los huevos, la carne, el pan, las velas, el jabón, el chocolate, ni la manteca, ni yo el calzado que con tanto gusto me vende usted por mi dinero.

¿Por qué no?

Porque faltaría la confianza que es todo el secreto de la circulación de las notas de banco”[30]

Después de la publicación de su obra sobre los bancos de 1869, Galindo no se vuelva a ocupar del tema bancario. Inútilmente se busca en sus escritos un juicio sobre el Banco Nacional, al que en 1880 se otorga el monopolio de la emisión, y el subsiguiente régimen de curso forzoso establecido en 1886.

VII

El problema de la adjudicación de baldíos es el aspecto más notable de la cuestión de la tierra en el siglo XIX. También son importantes el tema de los resguardos y el de la desamortización. La forma en que se enfrentó el conflicto sobre baldíos entre los ocupantes productivos y los terratenientes y detentores de los bonos de tierra incidirá de forma determinante en los conflictos agrarios aún en el siglo XX.

En el siglo XIX las tierras en Colombia se distribuyen en las haciendas coloniales, los resguardos indígenas, las tierras de la iglesia y las de dominio público o tierras baldías^[31]. No sabe mucho de su distribución cuantitativa en esas modalidades de tenencia. El geógrafo Agustín Codazzi, quien recorrió el país a mediados del siglo, estimó que los baldíos representaban el 75% del territorio. Otros estudiosos hablan de un porcentaje mayor.   Estas formas de tenencia determinaron tanto la orientación de la política de tierras de los gobiernos republicanos en todo el período, y aún de las tres primeras décadas del siglo XX, como la naturaleza de los conflictos de tierras.

Ya desde la colonia, el estado entregaba grandes extensiones de tierras baldías a particulares en pago de servicios o con el propósito de fomentar la ocupación del territorio, especialmente en el período de las reformas borbónicas. Después de la independencia, y hasta mediados del siglo XIX, esta práctica se mantuvo, inicialmente, para recompensar a los militares de que participaron en las guerras de independencia y, más adelante, para fomentar la inmigración y con propósitos fiscales. También se otorgaban baldíos para la construcción de vías de transporte – caminos, ferrocarriles y canales. Una ley de 1835 concedió 25.000 hectáreas al contratista encargado de la construcción del camino del Quindío.

El uso de baldíos como recurso fiscal se remonta al momento mismo de finalización de las guerras de independencia. Carentes de fondos, las nuevas republicas optaron por recompensar a los antiguos combatientes con bonos territoriales sobre extensiones que variaban según el grado del militar o los méritos en los combates. En 1821, el Congreso de Cúcuta expidió leyes sobre recompensas y enajenación de baldíos y dispuso la creación de una oficina de agrimensura. Una ley de 1825 asigna 50.000 fanegadas. Otra más de 1844 asigna baldíos a varios militares. Al parecer la mayor parte de los beneficiarios de los bonos, por falta de recursos o por no estar interesados en la agricultura, no reclamaban las tierras concedidas y vendían sus títulos a comerciantes y terratenientes.  Nació así un incipiente mercado de bonos de tierra que se vio progresivamente ampliado con los títulos de quienes suscribían los empréstitos de la nación redimibles en tierra. Así, quienes deseaban adquirir tierra para dedicarse a las labores agrícolas o ampliar sus posesiones acudían a este mercado secundario, adquirían los títulos y, posteriormente, reclamaban las tierras. Todavía a comienzos del siglo XX se podían comprar baldíos con los antiguos bonos de tierra.

En la segunda mitad del siglo XIX, a medida que avanzaba la economía exportadora de productos agrícolas – tabaco, quina, algodón, añil y, finalmente, café – los conflictos entre los propietarios ausentistas – los tenedores de bonos de tierra – y los ocupantes de hecho se hicieron más frecuentes e intensos. Caterine LeGrand (1988) diferencia dos fases en la política de baldíos en el siglo XIX. La primera, entre 1820 y 1870, dicha política estaría marcada por los problemas fiscales de la nación; aunque también buscó fomentar la inmigración y la ocupar el territorio otorgando concesiones para la fundación de poblados. En la década de los 1870 se produce en cambio en la política que, dejando atrás las consideraciones fiscales que hasta entonces habían orientado la legislación de tierras, se pone como objetivo promover la explotación económica de las áreas de frontera por medio de concesiones gratuitas. Las leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, recogen esta orientación. LeGrand sintetiza la orientación de la nueva política en los siguientes términos:

“Las leyes especificaban que aunque no hubieran solicitado título legal, por el hecho de su ocupación, los colonos adquirían derechos de tierra. Se prohibía expresamente a los tenedores de bonos la adquisición de territorios ya abiertos por los colonos, y en los pleitos sobre derechos a la tierra la ley favorecía sobre los demás aspirantes a quienes la hubieran labrado durante cinco o más años. Así, en los años posteriores a 1870 el congreso colombiano reconoció explícitamente un conflicto potencial entre colonos y grandes empresarios, y al hacerlo tomó partido por los colonos. Los cultivadores de baldíos fueron el único grupo campesino de Colombia cuyos derechos obtuvieron una definición legal explícita a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Al mismo tiempo, el gobierno incitaba a los colonos independientes a solicitar por vías legales la adjudicación de la tierra que cultivaban, pues sin títulos de propiedad no podían vender ni hipotecar sus parcelas. Al fortalecer así los derechos legales de los cultivadores y al facilitar la obtención de su títulos de propiedad, el gobierno colombiano buscaba estimular la colonización y utilización económica de los baldíos por ambos, grandes y pequeños productores”^[32]

Las intenciones de estado nacional de formalizar los derechos de propiedad de los ocupantes productivos en las tierras de frontera se estrellarían con su débil capacidad de intervención para resolver a favor de éstos los conflictos de tierras que se incrementarían exponencialmente entre 1870 y 1930.  Reflejo de esta situación lo es también el hecho de que los tenedores de bonos territoriales obtuvieron la mayor cantidad de tierra adjudicada aún después del cambio de la política.

En su escrito Limitaciones de dominio y adjudicación de tierras baldías, Galindo, con lucidez, analiza el origen del conflicto y, de forma que recuerda a Locke, desarrolla los principios que deben regir la apropiación de la tierra. Es conveniente ilustrar con cierta amplitud su posición.

“De la inmensa cantidad de baldíos, adjudicados, no hay sino unas 100 mil hectáreas que hayan sido concedidas a los ocupantes y cultivadores del suelo, que son las únicas personas que en puridad de principios tienen derecho a adquirir el dominio sobre las tierras incultas; las demás representan concesiones hechas sin discriminación, en contratos onerosos que han llevado siempre implícita la condición de colonizar y cultivar las tierras concedidas, pero que no han sido cumplidos. Y del millón y 100 mil hectáreas que han pasado al dominio privado por adjudicaciones materiales hechas en el terreno, puede asegurarse, sin temor a equivocación, que no llega a la centésima parte la porción de esa superficie que ha sido realmente ocupada y modificada por el cultivo”.

Y más adelante:

“Si la propiedad territorial no se hubiera fundado en el monopolio, por el derecho de conquista, sino por la ocupación natural del suelo, por el principio científico de que el único fundamento legítimo del valor de la tierra es el servicio humano incorporado en ella, su distribución habría seguido una marcha muy distinta de la que ha tenido en nuestro país. En vez de cien adquirientes originarios, habría habido mil, diez mil, probablemente cien mil; el plus valor que el progreso social le agrega constantemente, y que es el mayor de los factores que entran en su valor, se habría distribuido entre muchos, la fijación de su precio sería el natural que legítimamente le hubiera determinado una concurrencia efectiva y no el artificial que le ha dado el monopolio...”

Finalmente:

“La tierra, tal como Dios la hizo, pertenece originariamente a la comunidad. La ley reconoce la apropiación particular con el objeto de que la tierra sea mejorada. Las más profundas investigaciones de la ciencia no pueden descubrir otro fundamento ético al derecho de propiedad sobre la tierra”[33]

Estas ideas se plasmarían en la ley 48 de 1882, conocida como Ley Galindo. Impecablemente se señala en esta ley: “La propiedad de baldíos se adquiere por cultivo, cualquiera sea su extensión”. También establece que: “los cultivadores de las tierras baldías establecidos en ellas con casa y labranza, serán considerados como poseedores de buena fe y no podrá ser privados de la posesión sino por sentencia dictada en juicio civil ordinario”.^[34]

La aplicación de la ley 48 se vio limitada por la debilidad del gobierno central frente a los poderes locales controlados por los terratenientes. De todas formas queda para la historia la contribución sustantiva de Galindo a la comprensión y la solución del problema de la propiedad de la tierra en una ley que en muchos aspectos era más progresista que la inmerecidamente famosa ley 200 de 1936.

VIII

Aníbal Galindo fue un hombre de estudio y de acción. Sus contemporáneos le reconocieron méritos en el campo del derecho y de la economía. Núñez lo calificó como “uno de los más brillantes talentos de la constelación liberal de la época”[35] Conoció la obra de Smith, Malthus, Mill, Turgot, Say, de Bastiat, de Carey, Garnier, etc. Fue un economista aplicado que con singular talento utilizó la teoría para analizar los problemas de su época. Su rigor en la fundamentación empírica de sus trabajos y el empleo atinado de la teoría no tiene parangón entre sus contemporáneos – Camacho Roldán, Miguel Samper, Florentino González, etc. – que la posteridad ha consagrado como los grandes pensadores económicos del siglo XIX. El insufrible Abel Cruz Santos no lo menciona en su “Economía y Hacienda pública”; tampoco lo hace Oreste Popescu en su historia del pensamiento colombiano. Incluso, un historiador tan escrupuloso como Jaime Jaramillo Uribe incurre en el desliz de tratarlo como un benthamista menor. Cabe al inolvidable Chucho Bejarano el mérito de haber reconocido él su verdadera condición al titular su prólogo a la edición de 1978 de los Estudios económicos y fiscales de esta forma escueta: Aníbal Galindo – Economista.

 

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[1] “Desciendo de una familia de acaudalados propietarios territoriales de Ibagué...”. Con esta frase empieza Galindo su autobiografía titulada “Recuerdos Históricos”.

[2] En el preámbulo a Recuerdos Históricos se lee: “Aunque sin pretensiones de actor de primer orden en el escenario político, heme encontrado, sin embargo, mezclado en segundo término, durante cerca de medio siglo, desde 1851, en paz y en guerra, á muchas de las principales transacciones de la política...”

 

[3] Véase sobre las guerras civiles en Colombia: Tirado Mejía, Alvaro (1976) y Pardo Rueda, Rafael (2004).

 

[4] “...llenaba con mi correspondencia las columnas del Vapor, periódico que redactaba en Honda Próspero Pereira Gamba”, escribe en Recuerdos Históricos.

 

[5] Se lee en los Recuerdos: “Publiqué por el mismo tiempo mi estudio sobre la Organización del Banco de Inglaterra, hecho por mí, con especial permiso del Gobernador del Banco, en todas las oficinas de aquel Establecimiento, en 1866 y 1868 y, el cual corre reproducido en mi libro Estudios Económicos y Fiscales” 

 

[6] Llegó a tener tal dominio del inglés que realizó una traducción de la obra de Milton Paraíso Perdido, de la que estaba especialmente orgulloso. Esa traducción fue publicada sin su autorización en una edición ilustrada por Gustav Doré. En sus Recuerdos se lee: “Pocos años después apareció en Barcelona la magnífica edición de lujo de El Paraíso Perdido, ilustrada con los soberbios grabados de Gustavo Doré, sin decir de quién es la traducción que copia la obra”.

 

[7] A mediados del siglo XIX, el partido liberal se encontraba dividido en dos vertientes los gólgotas y los draconianos; los primeros abiertamente librecambistas y los segundos proteccionistas.

 

[8] En la introducción al Anuario se lee: “A pesar del ímprobo, del esmerado trabajo que la Oficina ha empleado en la formación de los cuadros anexos sobre el movimiento de las rentas nacionales, ellos son muy deficientes y era imposible obtenerlos completos”

[9] En la edición de Bejarano de 1978 se recogen los: Teoría de los bancos: estudio sobre la organización del Banco de Inglaterra de 1869; El papel moneda de 1863, Los ferrocarriles colombianos de 1874, Apuntamientos para la historia económica y fiscal del país de 1974, Limitaciones de dominio y adjudicación de tierras baldías de 1880, La propiedad raíz y el derecho de guerra de 1879 y El socialismo y la clase trabajadora de 1850. También se incluyen los principales cuadros estadísticos del Anuario Estadístico preparado cuando se desempeñó como Jefe de la Oficina de Estadística. Bejarano excluye tres trabajos que están en la edición de Andrade de 1880, a saber. Canal Interoceánico, La renta de las salinas y El servicio postal francés. 

 

[10] En su biografía de Galindo, Alberto Mendoza Morales reporta las siguientes obras: Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela, Bogotá, Imprenta La Luz, 1882; Las batallas decisivas de la libertad, Paris, Ganier Hermanos, 1888; Recuerdos Históricos, Bogotá, Imprenta La Luz, 1900; Estudios económicos y fiscales, Bogotá, Editorial Andrade, 1880; Para verdades el tiempo, para justicias Dios, Bogotá, Imprenta Gaitán, 1881; Historia económica y estadística de la hacienda nacional desde la colonia hasta nuestros días, Bogotá, Imprenta Nacional, 1874; Arbitramento de Cerruti. Primera exposición del gobierno nacional sobre cuestiones previas y de principios presentada a la comisión internacional encargada de fallar esta causa, Bogotá, Imprenta La Luz, 1889 y El ferrocarril del norte: réplica a las opiniones del señor Salvador Camacho Roldán, Bogotá, Imprenta Gaitán, 1974.

 

[11] Florentino Gonzalez (1805 – 1875) es tal vez el más representativo de los liberales librecambistas del siglo XIX. Una presentación de sus ideas se encuentra en Ramirez (2003) donde el autor analiza igualmente la obra de Salvador Camacho Roldán y Miguel Samper.

[12] Galindo (1978). Páginas 147 – 148.

 

[13] “….el fuerte derecho impuesto sobre las telas de algodón destinadas al consumo general de la población, aleja la importación de estos productos, induce a los granadinos a emprender ser fabricantes y mantiene una  parte de la población en la ocupación improductiva de manufacturas montadas sin inteligencia y cuyos artefactos no pueden tener salida ventajosa. Se descuida, en consecuencia, a agricultura y la minería; se dejan de aprovechar las ganancias que ellas podrían proporcionar (….) esta riqueza no se obtiene sino produciendo cosas que se puedan vender con utilidad como nuestros tabacos, nuestros azúcares, nuestros añiles, el café, el cacao, el algodón, las maderas preciosas, el oro, la plata y e cobre de nuestras minas, que se  llevan a vender al mercado inmenso y rico de Europa, y no fabricando aisladamente y sin máquinas, lienzos y bayetas que se han de vender a la miserable  población indígena del país (….) Cuando la agricultura y la minería, que son las fuentes de nuestra riqueza y el alimento de nuestro comercio, se hayan gravadas, la una con el diezmo, y la otra con el derecho de quintos, proteger los artefactos que la Europa y la América del Norte pueden enviar a precios baratísimos a todos los mercados del mundo, sería un contrasentido económico imperdonable. Libertad para producir y cambiar, he aquí lo que el legislador debe conceder a todos...”. Florentino Gonzalez, Memoria de Hacienda de 1847, citado por Galindo (1978) página 155.

 

[14] Galindo (1978). Página 186.

[15] Galindo (1978) página 186.

 

[16] Galindo (1880), páginas 91 y 92.

 

[17] Galindo (1978), página 94.

 

[18] Galindo menciona a Smith tres veces en sus estudios fiscales. En una de ellas cita de la bella frase de Smith según la cual “la más sagrada de todas las propiedades es ésta que cada uno posee en su propio trabajo”.

 

[19] Galindo (1880), página 250.

 

[20] Galindo (1978), página 251.

 

[21] Galindo (1978), página 64.

 

[22] En la historia de Colombia se da el nombre de Olimpo Radical a un grupo de intelectuales y políticos liberales, algunos de los cuales llegaron a la presidencia de la república, cuyas ideas fueron determinantes en la política del país en la segunda mitad del siglo XIX. Entre los más destacados se mencionan a Florentino González, Francisco Javier Zaldúa, Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Eustorgio Salgar, Santiago Pérez, Felipe Zapata, Felipe Pérez, Nicolás Esguerra, Salvador Camacho Roldán y Miguel Samper. Véase: Rodriguez Piñeres (1950)

 

[23] La Constitución de Rionegro estuvo vigente durante 23 años, entre 1863 y 1886. Era una constitución federal bajo la cual el país adoptó el nombre de Estados Unidos de Colombia. Uno de sus rasgos más notables era la extrema debilidad del ejecutivo nacional: el período presidencial era de 2 años y el presidente de la república era nombrado por los presidentes de los 9 estados, éstos si elegidos por votación popular.

[24] Citado por Mendoza Morales (2012), página 67.

 

[25] El primer ferrocarril construido en Colombia fue el de Panamás, entre 1850 y 1855. En 1869 – 1870 se construyó el ferrocarril de Bolívar y el de La Dorada entre 1881 y 1885. 

 

[26] Bulmer-Thomas (1998), página 131.

 

[27] Galindo (1978), página 79.

 

[28] Galindo (1880), página 80.

 

[29] Frank Safford señala al respecto lo siguiente: “...es una cuestión de topografía. En Cuba, México, Argentina y Chile, en los lugares donde construyeron la mayor parte de su kilometraje el terreno era relativamente llano comparado con los obstáculos de las cordilleras colombiana. (...) Otro factor era que en Colombia no existía un aliciente muy poderoso para atraer capital extranjero a invertir en la construcción de ferrocarriles (...). Si Colombia hubiera tenido una historia mejor en cuanto a pagar a sus acreedores, es posible que el país hubiera tenido la posibilidad del conseguir empréstitos mayores para financiar la construcción de ferrocarriles”. Safford (2010), páginas 565, 566 y 567.

[30] Galindo (1978), páginas 54 y 55.

 

[31] La pequeña propiedad familiar ha debido ocupar alguna extensión, pero su importancia cuantitativa y su significación económica han sido poco estudiadas en la historia económica de Colombia. Refiriéndose a la tenencia de la tierra entre 1740 y 1810, la época del Virreinato de la Nueva Granda, Jaramillo Uribe señala: “…aunque predominó la gran hacienda, no faltaron regiones de pequeña y mediana propiedad. Este parece haber sido el caso del Socorro, de Pasto y de la provincia de Antioquia”. En Antioquia, es bueno recordarlo, el visitador Juan Antonio Mon y Velarde realizó en 1785 una redistribución de tierras, que había encontrado muy acaparadas. Esta reforma agraria, que no encontró oposición entre la élite económica de la región, orientada al comercio y la ganadería, probablemente fue lo que permitió que en los albores de la independencia la gama de propietarios pequeños y medianos fuese en Antioquia bastante amplia, según Jaramillo Uribe.

[32] LeGrand (1988), página 38.

[33] Galindo (1978), páginas 191 – 192.

 

[34] LeGrand (1988), páginas 37 y 38.

 

[35] Mendoza (2012), página 105.