domingo, 27 de enero de 2013

Una nota sobre las pensiones millonarias


Una nota sobre las pensiones millonarias

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Consultor.

 

Como ocurre periódicamente, nuevamente estalla el escándalo de las pensiones millonarias de las que disfrutan ex-magistrados, ex-congresistas y otros antiguos funcionarios públicos. Los medios de comunicación, todos a una, se rasgan las vestiduras y compiten por la audiencia denunciando la inequidad, la injusticia, la corrupción y sabe Dios que más de los llamados regímenes especiales. Se repiten hasta la náusea las comparaciones del monto de las pensiones de unos cuantos privilegiados con las que recibe el llamado “ciudadano de a pie”. Se denuncia también que la cobertura del sistema es ínfima y la gente – a la que usualmente se le escapa, como a los mismos periodistas, la significación de los órdenes de magnitud discutidos- termina por creer que todo es un problema de una torta inequitativamente distribuida por las trapisondas de unos cuantos corruptos amangualados en el poder. Los mismos funcionarios públicos encargados del asunto y los técnicos supuestamente competentes que los asesoran caen en el mismo juego tras cuyo tinglado se oculta el problema verdaderamente esencial: la existencia misma de un sistema de ahorro pensional obligatorio y el predominio de la forma más perversa  del mismo: el régimen de prima media.

Todo mundo sabe – aunque eso sea lo único que sepa – que la vida está sometida a un ciclo natural de juventud, madurez y envejecimiento. Se sabe también que la capacidad de generar ingresos declina con el tiempo y que en consecuencia es necesario ahorrar durante la juventud y la madurez para poder atender las necesidades de la vejez. Curiosamente la institución del ahorro pensional obligatorio surge en Europa por la misma época en que se está desarrollando la escuela económica que convierte al agente capaz de elección racional en el centro del análisis económico. Los economistas de esa obediencia racionalizan la existencia del ahorro pensional obligatorio invocando un supuesto ad-hoc que algunos llaman “miopía temporal” y otros “racionalidad limitada”. Es decir, que en materia de elección inter-temporal - entre consumo y ahorro, ¡nada más ni nada menos! - el “agente racional” se convierte en una especie de “tonto racional” incapaz de ver más allá de sus propias narices. Por eso necesita del estado previsor  que supla sus deficiencias cognitivas.

El error de esta interpretación de la racionalidad - que podemos llamar neo-clásica, aunque es compartida por los economistas estatistas de todas las tendencias – consiste en imaginar que elección racional significa siempre elección acertada. Ya Menger había hablado de los “valores imaginarios” para referirse a las situaciones en las cuales por desconocimiento de las circunstancias o de las propiedades de los bienes y servicios los agentes hacían valoraciones erróneas y tomaban en consecuencia decisiones equivocadas. Esa situación no es una excepción: es algo que está ocurriendo permanentemente en los mercados que lejos de ser esas configuraciones de “equilibrio” que aparecen en los libros de texto, son mecanismos de búsqueda, de experimentación, de prueba y error en los que interactúan los agentes con éxito desigual.

Los decisores del estado – los políticos y sus economistas asesores – son hombres como todos los demás razón por la cual resulta completamente arbitrario e insólito suponer que cuando deciden sobre la “cosa pública” estén dotados de un conocimiento tan perfecto y de un total desapego de sus propios intereses que los lleva siempre a decisiones acertadas que logran el “óptimo social”. Por increíble que parezca en esta hipótesis se fundamenta el sistema pensional obligatorio y todos los demás instrumentos de intervención colectiva creados para impedir que los individuos sean víctimas de sus propias equivocaciones. Ahondar en esta cuestión está por fuera del alcance de esta nota.

Pero aceptando que todos somos un poco “miopes” frente al futuro y que tenemos una preferencia excesiva por el presente que debe ser corregida por el estado providente, queda la cuestión del régimen elegido para impedir que cometamos los errores de elección inter-temporal.  Hoy existen en Colombia dos regímenes: el de ahorro voluntario con solidaridad – lo cual significa que parte de nuestros ahorros serán destinados a financiar la pensión de gente que desconocemos – y el régimen de prima media. Hablemos de este último porque es en él donde se presenta el problema de las pensiones millonarias.

El régimen de prima media es antes que nada un fondo colectivo en el que todo mundo trata de aportar lo mínimo y de extraer lo máximo. Eso nació por allá en los años 60, cuando se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En principio el fondo se nutría de tres fuentes: aportes de la nación, es decir, de los contribuyentes, de las empresas y de los trabajadores. La cosa funcionó relativamente bien mientras había pocos pensionados. En algún momento el fondo se desfondó y hoy las pensiones de los beneficiarios deben ser cubiertas con recursos de la nación, es decir, una vez más, de los contribuyentes[1].

Por escandalosa que pueda resultar  la conducta de los magistrados y congresistas a los ojos de los periodistas justicieros, hay que decir que es perfectamente lógica y racional. Como todos los agentes económicos, responden a incentivos y el que ofrece el fondo común de la prima media es “a poner poco y sacar mucho”. Los magistrados y congresistas no hacen otra cosa que usar los medios de que disponen para lograrlo. Posiblemente pueda encontrarse algún magistrado o congresista altruista y respetuoso de la “cosa pública”. La probabilidad es baja: si lo hubiera ya habría renunciado a sus beneficios. Por lo demás todos ellos – o la mayoría - están convencidos de que merecen sus pensiones.

Hace pocos días el ex-magistrado Carlos Gaviria – hombre de izquierda y campeón de la justicia y la equidad – señalaba a unos periodistas que alguien que como él había tenido tan altas responsabilidades tenía derecho a  una pensión que lo liberara de  caer en “el fango del litigio” para ganarse la vida. Los periodistas que lo entrevistaban quedaron alelados con semejante respuesta que vino adobada con una referencia a la autoridad de un magistrado constitucional español. Yo también quedé alelado. Estoy de acuerdo con el doctor Gaviria: me encantaría también tener en este momento de mi vida una pensión que me libere del “fango de la consultoría” y me permita dedicarme, como el doctor Gaviria, a la “noble ciencia de la política”. Creo, sin embargo, que si uno quiere liberarse del “fango del trabajo” debería hacerlo con base en sus propios ahorros, no en los de los demás.  

El ahorro pensional es – o debería ser - antes que nada un problema del individuo y de sus familias. Se habla de que sólo el 6% de quienes han alcanzado la edad de jubilación tiene acceso a una pensión y de que, en consecuencia, la gran tarea es aumentar la cobertura del sistema. Es aquí donde afloran los malentendidos. Los que no están “cubiertos” deben estar trabajando, gastando sus ahorros o recibiendo transferencias de sus familias o una combinación de todas esas opciones. Así hicieron también quienes llegaron viejos antes de que se implantara el sistema obligatorio en Colombia y así hacen quienes llegan a viejos en la gran cantidad de países – que son la mayoría - en los que aún no existe.

Una reforma sistema de pensiones debería buscar ampliar la capacidad de elección de los individuos y acrecentar al mismo tiempo su responsabilidad sobre su propio destino y el de sus familias. Para ello debería eliminarse el régimen de prima media dejando que se marchite paulatinamente, lo que puede tardar unos cincuenta años si no entra más gente. Los aportes a los fondos obligatorios deberían reducirse sustancialmente, dejando que aumente la parte voluntaria de los ahorros pensionales. De esta forma se reduciría el poder de mercado de las aseguradoras. La eliminación o cambio de los regímenes especiales es una medida más cosmética que financiera. El mayor riesgo actual es la obsesión del gobierno y de amplios sectores de la sociedad por aumentar la “cobertura” de del régimen obligatorio.

 

LGVA.

Enero de 2013.



[1] Alguien debería investigar si la nación tiene en efecto la obligación legal de financiar esas pensiones. Bajo el gobierno de Cesar Gaviria la nación entregó al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) el Banco Central Hipotecario (BCH) en pago de los aportes que supuestamente no había realizado. La idea era que con las utilidades de esa entidad bancaria el ICSS pagara la parte de las pensiones correspondiente a la nación. El ICSS dejó quebrar el BCH. Pero ese es problema suyo. Legalmente, la nación pagó.

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