domingo, 29 de abril de 2012

Terratenientes, narcotraficantes y el TLC


Terratenientes, narcotraficantes y el libre comercio

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista – Consultor
Docente, Universidad EAFIT


Si los intereses de los terratenientes fuesen de suficiente importancia
para determinarnos a no aprovecharnos de los beneficios
que resultarían de importar grano a precios más bajos,
también debieran movernos a rechazar todos los
progresos de la agricultura y de los instrumentos
de labranza; ya que esos progresos abaratan el cereal, reducen las renta
y amenguan la capacidad de los terratenientes para pagar impuestos (…)
exactamente lo mismo que la importación de grano”

(David Ricardo, Ensayo sobre las utilidades)

En todos los tiempos y en todos los países los agricultores y terratenientes han sido enemigos del comercio libre entre las naciones. Sus argumentos en favor de la protección han sido siempre los mismos: defender el empleo en el campo y garantizar la seguridad alimentaria.  A continuación se examinan esos argumentos. 

I
La demanda de los productos agrícolas crece menos que el ingreso de las personas. Incluso, la demanda de algunos de ellos disminuye cuando el ingreso aumenta. Esto puede ser muy desagradable para los agricultores, pero es así como la gente se comporta: una vez satisfechas las necesidades de alimentación, los ingresos adicionales se dedican preferentemente a la adquisición de otra clase de bienes. Como dijo Adam Smith, las necesidades del cuerpo son limitadas, no así las de la imaginación y la fantasía.

Adicionalmente, el progreso técnico  - en la forma de maquinaria, métodos de cultivo, semillas mejoradas, etc.  – afecta la producción agrícola elevando continuamente su productividad física, tanto por unidad de tierra como por unidad de trabajo. Las sombrías predicciones de Malthus y del Club de Roma no se ha materializado hasta el momento y la oferta mundial de alimentos  es ampliamente suficiente para abastecer las necesidades de todos los habitantes del planeta. Inevitablemente, el crecimiento en la productividad de la agricultura se traduce en la disminución del precio relativo de sus productos.

Estas dos fuerzas – demanda inelástica y costos declinantes – se combinan para hacer declinar la participación del ingreso agrícola en el ingreso agregado. Por esa razón, la única forma de garantizar que el ingreso per cápita de la gente del campo crezca o, por menos, se mantenga es la disminución progresiva de la población que vive de las labores agropecuarias. Esto no tiene nada de horroroso. Al contrario,  el hecho de que un hombre sea capaz de producir los alimentos de 10, 20 ó más de sus congéneres es el signo más elocuente del progreso económico.  La cultura – dejó dicho el Maestro Echandía – es la diversidad de los oficios. Y esa diversidad descansa en el incremento de la productividad del campo y su despoblamiento relativo.

II

La seguridad alimentaria fue el principal argumento de los terratenientes ingleses para oponerse a la importación del trigo procedente de Polonia y Ucrania. Durante casi dos siglos, y hasta finales del XVIII, Inglaterra fue exportadora neta de granos. Esta situación empezó a cambiar con los comienzos de la revolución industrial que elevó la demanda de alimentos y con ello el precio del cereal. La primera gran obra de Ricardo – el célebre Ensayo sobre las Utilidades – es una contundente demostración de cómo las rentas de los terratenientes se acrecientan con el atraso  y las restricciones a la libre importación, restringiendo con ello la acumulación de capital.  

El bloqueo que Napoleón impuso a Inglaterra en el curso de la larga guerra que la enfrentó con Francia, fue esgrimido por los terratenientes como la prueba reina para demostrar que el país precisaba ser autosufiente en materia alimentaria.  Curiosamente, la primera Ley de Granos entró en vigor en 1815, cuando Napoleón estaba ya derrotado y el bloqueo había cesado. Mientras el bloqueo duró no fue necesaria, naturalmente, ninguna restricción legal a la importación de cereales: sus precios, y con ellos las rentas de los terratenientes, subieron alegremente. Las restricciones a la importación, que se mantuvieron hasta 1846,  no hicieron nada más que prolongar el bloqueo napoleónico para complacencia y lucro de los terratenientes.

Aunque la probabilidad de un nuevo Napoleón bloqueando países es un tanto remota, lo que prueba el caso de Inglaterra es que en caso de bloqueo, por guerra u otra perturbación en el comercio internacional, las leyes son inútiles para garantizar la seguridad alimentaria y sólo operan en tiempos de paz, cuando el comercio libre  puede hacer llegar el grano a cualquier lugar donde exista un demanda solvente.






 A lo largo de toda la historia ha existido y existe en la actualidad un gran número de países extremadamente pequeños, al punto de carecer de toda tierra agrícola que les permita garantizar su seguridad alimentaria. Florencia, Venecia y todas las ciudades estado de la Italia renacentista han debido ser grandes importadoras de grano y la historia no reporta que les haya ido muy mal en su desempeño económico. En nuestros días, pueden mencionarse Hong Kong, Singapur y muchos otros países carentes de tierras agrícolas y que, sin embargo, alimentan bastante bien a su población. Curiosamente, algunas de las grandes hambrunas de finales de la Edad Media se presentaron en Francia, país de gran extensión territorial que practicaba por entonces el más severo proteccionismo agrícola.  También en la época moderna las hambrunas han golpeado a países de gran extensión territorial y, hasta hace unos años, de notable proteccionismo como India  y Pakistán.

El de la seguridad alimentaria, tanto o más que el de la protección del empleo agrícola, es un argumento falaz a contrapelo de la historia y de la teoría económica más elemental. Y sin embargo, uno y otro, parecieran tener un gran poder persuasivo, reforzado la enorme influencia política que aun conservan los terratenientes. Prueba de ello la dan las cifras del cuadro donde se muestra el porcentaje del ingreso agrícola que proviene de subsidios del estado, es decir, de transferencias del conjunto de la sociedad. En Noruega y Suiza prácticamente se les paga por cuidar las parcelas, como abiertamente lo reclamara para Colombia  más de un  ministro de agricultura.

III

Para oponerse al TLC los terratenientes de Colombia han esgrimido los mismos argumentos que congéneres de otras épocas y latitudes. La existencia de subsidios a la agricultura en los países desarrollados les ha servido de coartada para dar cierta respetabilidad intelectual a lo que en definitiva no es otra cosa que la defensa de una renta basada en la monopolización de la propiedad territorial. Sin embargo, los terratenientes de los Estados Unidos y Europa argumentan de manera análoga: los subsidios que reciben de sus estados serían una simple política defensiva frente a la ventaja que a la agricultura tercermundista da la baja remuneración del trabajo. Este es el llamado dumping social.

Desde la famosa Ley 200 de los años 30, en Colombia se ha intentado modificar el régimen de tenencia de la tierra porque supuestamente es contrario a la distribución más equitativa del ingreso y al incremento de la productividad agropecuaria. Todos los esfuerzos han sido nugatorios. El Incora perdió sus dientes en el acuerdo de El Chicoral.  Tampoco han prosperado las tentativas indirectas como  la renta presuntiva - desvirtuada en su propósito y alcance por sucesivas reformas tributarias – ni, mucho menos, el gravamen a la propiedad terrateniente pregonado desde tiempos inmemoriales por Don Hernán Echavarría Olorzoga, ilustre economista burgués que leyó muy bien su Ricardo y su Schumpeter.

La riqueza del propietario territorial depende de la cantidad de tierra acaparada y, sobre todo, de su valor comercial. Este no es otra cosa que la renta capitalizada, la que a su turno es función del precio de la producción agropecuaria. El comercio libre de productos agrícolas entre las naciones pone en competencia los fundos y parcelas del mundo entero, reduciendo sus rentas y por tanto su valor comercial. La baja en las rentas y, por tanto, en el precio de la tierra deterioran las ventajas derivadas de su monopolización y su uso ineficiente, forzando al terratenientes a ponerla en circulación y a entregarla - por venta o arriendo – a quien pueda darle el mejor empleo. La libertad de comercio tendría sin duda efectos más contundentes y duraderos que cualquier reforma agraria o que el impuesto de Don Hernán, totalmente inconveniente en una economía abierta.

Pero hay algo más. Se dice que los narcotraficantes son hoy los mayores terratenientes de Colombia. La ley de extinción de dominio de las propiedades adquiridas con los ingresos del narcotráfico fue un total fracaso. También parece que será un fracaso la famosa ley de tierras. Pues bien, ahí está el comercio libre para expropiarles a todos los terratenientes  sin trámites judiciales  – y en beneficio de la sociedad toda – parte de su riqueza mediante la desvalorización de sus tierras.  


LGVA.
Abril de 2010.














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