Irene tiene razón

 

 

Irene tiene razón

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Si en mis manos estuviera no habría una sola empresa estatal. Ecopetrol y todas las del gobierno nacional habrían sido vendidas para sufragar los gastos extraordinarios de la pandemia, como en su momento lo propuse. Nos habríamos evitado la fracasada reforma tributaria de Carrasquilla, por la que la extrema izquierda casi acaba con el País, y, naturalmente, la “exitosa” de Ocampo, con la que lo está acabando sin que hagamos nada para evitarlo.

En las economías mercado e iniciativa privada las empresas estatales son la excepción, no la norma. El análisis económico racionaliza su existencia a partir de nociones como monopolio natural, bien público y externalidades, cuya presencia factual da lugar a las llamadas “fallas de mercado”.

Se argumenta que, en las actividades económicas caracterizadas por uno o varios de esos atributos, existe divergencia entre el beneficio privado y el bienestar social de tal suerte que, al ser desarrolladas por empresarios privados, la maximización del primero iría en contra del segundo. Así, un empresario privado explotando un monopolio natural producirá una cantidad sub-óptima pues la atención de la demanda plena al costo marginal lo haría incurrir en pérdidas.

La empresa estatal aparecía como instrumento idóneo de política pública para lograr el bienestar social. El mediocre desempeño de la mayoría, dio lugar a la aparición de “fallas del estado” más protuberantes que las “fallas de mercado” que pretendían corregir. Vinieron nuevos desarrollos de la teoría y la práctica de la política económica que buscaron sustituir el “estado empresario” por el “estado regulador”.    

No obstante, el punto esencial es que la empresa estatal puede y debe hacer cosas que no puede hacer la empresa privada sin sacrificar rentabilidad. Además de objetivos comerciales, para garantizar su autofinanciación, la empresa estatal tiene objetivos de política pública, objetivos extra-comerciales, que entran en conflicto con la maximización del beneficio. Una empresa estatal maximizando ganancias para financiar al gobierno repugna a la mentalidad liberal.  

Es bajo estos términos que debe discutirse la propuesta de la ministra Irene Vélez de abandonar parcialmente la vinculación del precio interno de los combustibles al precio internacional; vinculación basada en el supuesto equivocado de que este es el costo de oportunidad de Ecopetrol.

En efecto, que Ecopetrol, por razones de gobierno corporativo, se rija por normas de derecho privado, no cambia el hecho esencial de que su capacidad de refinación está destinada al abastecimiento del mercado interno. Por tanto, su precio de venta mayorista debe ser un promedio ponderado del precio internacional y de su costo unitario de refinación.

Es absurdo que cuando sube el precio del petróleo solo se beneficie la clase política que controla el gobierno nacional y las entidades territoriales, mientras que, para el conjunto de los ciudadanos, los supuestos dueños de Ecopetrol, lo que debería ser un alivio, se convierte en una tortura por la voracidad fiscalista. Por ello, además de modificar la fórmula, deben eliminarse todos los escandalosos impuestos sobre la gasolina, equivalentes a 33% del precio final. Ese si sería el cambio.   

LGVA

Mayo de 2023