¿Dónde está la Junta Directiva de EPM?
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Quien por no ejercer sus atribuciones se ve despojado
de ellas es más culpable del despojo que el mismo asaltante. Este parece ser el
caso de la Junta Directiva de EPM nombrada por el alcalde Quintero Calle hace
ya más de seis meses.
Integrada por personas completamente ajenas al sector
de los servicios públicos y habiéndose perdido la memoria institucional que daba
la forma alternada de designación practicada durante muchos años - se garantizaba
la combinación de miembros experimentados con los recién llegados - era
comprensible que la Junta Directiva, nombrada en agosto de 2020, pasara por un
período de adaptación y aprendizaje antes de verla ejerciendo con conocimiento
y autonomía la plenitud de sus funciones.
Lamentablemente no ha ocurrido así y la Junta continúa
brillando por su ausencia y, sobre todo, por un desconcertante silencio frente
a las actuaciones del alcalde y de sus agentes directos enquistados en EPM, que
la han engañado con descarado desparpajo.
La Junta fue asaltada en su buena fe, por lo menos algunos de sus miembros, cuando se le mintió sobre la oportunidad de presentar
la demanda contra el consorcio constructor. Se le ocultaron las consecuencias de
dicha demanda sobre las demandas que a su turno enfrenta EPM de los pobladores
aguas abajo de la presa de Hidroituango, por los supuestos perjuicios causados
por la contingencia de abril de 2018. Aparentemente no se les explicó que como
contratista de la Sociedad Hidroituango, en los términos del contrato BOOMT,
EPM es responsable de sus propios contratistas. No se les informó que esa
demanda debilitaba la posición de EPM frente a la aseguradora que ya había
reconocido que los daños de la contingencia estaban cubiertos por la póliza.
Tampoco se le informó que había pactado un tribunal de arbitramento con el
consorcio constructor CCC para resolver las controversias relacionadas con la
contingencia del 28 de abril de 2018.
Como si todo eso fuera poco, en
la reunión del 26 de enero, el alcalde le mintió descaradamente a la Junta en
pleno al informarle de la supuesta renuncia del gerente Rendón López. Y volvió a mentirle cuando le dijo que la
causa de su abrupta salida era un comportamiento supuestamente malintencionado
al firmar la renovación del contrato de construcción con una filial de papel de
Camargo Correa, con el objeto de liberar a la matriz de responsabilidades. Ya
la Junta debe estar enterada de que la sustitución de la matriz Camargo Correa
por Camargo Correa Construcciones dentro del Consorcio se hizo desde 2017,
obedeciendo a la reestructuración del grupo brasilero, y que en decenas de
documentos de EPM se reconoce dicha sustitución. Además, la matriz ha dado
todas las garantías requeridas en esta situación.
La carta del 1 de marzo,
dirigida a la gerente Mónica Ruiz por más de 90 funcionarios del área legal de
EPM, pone en evidencia que el señor Alexander Sánchez Pérez, vicepresidente de
asuntos legales, ayudado por un grupo de abogados externos contratados exprofeso,
es el artífice de todo ese montaje de engaños, falsedades, ocultamientos y
burdas mentiras que han puesto a EPM en la delicada situación jurídica y
reputacional en la que se encuentra en la actualidad. Si alguna vergüenza y
dignidad tuviera en señor Sánchez Pérez, renunciaría de inmediato ante el
repudio de todos sus subalternos.
Una característica fundamental
de los abogados de EPM – además de su rigor y disciplina de estudio – es su
prudencia extrema, que los lleva a medir el alcance de las manifestaciones
públicas. Los abogados de EPM no litigan en los micrófonos ni en los periódicos
ni acostumbran dar declaraciones. El mero hecho de hacer pública esa carta –
escrita en tono prudente y sobrio – es prueba de que la situación interna de
EPM es extremadamente grave. La doctora Mónica Ruiz, salida de la entraña de
EPM, debe entender bien que se trata de un llamado angustioso.
Si el señor Sánchez Pérez no
renuncia, la gerente Ruiz debe declararlo insubsistente sin dilación alguna y
la Junta en pleno debe darle su apoyo. En esa Junta hay varios abogados muy
destacados que tienen un prestigio que defender y saben bien lo que está en
juego. Hay otras personas menos conocedoras de las cuestiones jurídicas y
técnicas que someten a su discusión, pero que deberían empezar por entender que
el hecho de haber sido nombrados por el alcalde no los convierte en sus subalternos
y que, en tanto que miembros de junta, tienen responsabilidades personales cuyo
incumplimiento tiene consecuencias incluso patrimoniales.
LGVA
Marzo de 2021.
Excelente
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