Álvaro Uribe Vélez para jóvenes y
desmemoriados (IV)
(Para Juan Sebastián)
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
A propósito de la anterior
entrega, un joven de 23 años, llamado Juan Sebastián, me escribió lo siguiente:
“Señor Luis Vélez, muchas
gracias por su labor y trabajo intelectual; es fundamental y muy necesario
actualmente. Necesitamos hablar de historia, especialmente a los más jóvenes,
luchar en contra de la oleada de adoctrinamiento que se está dando a través de
todos los frentes posibles (universidades, redes sociales, arte, etc.) ¿Por qué
artículos como estos no son más comunes? Tengo 23 años y lo que usted dice es
nuevo para mí; esto no se encuentra en colegios y universidades comúnmente.
Pienso que si queremos que Colombia progrese debemos meterle todo a la labor
intelectual, escribir, investigar, educar, crear contenidos que hablan desde
una postura basada en datos y no en ideologías del resentimiento y el
subdesarrollo. Crear una bibliografía, alejada de la narrativa oficial y
nacionalmente aceptada de la izquierda, en donde podemos investigar el
desarrollo de Colombia desde todas las esferas de la sociedad. Crear una
iniciativa educativa basada en esa bibliografía, no lo sé, algo que cale hondo
en la mente de los jóvenes, desarrollar un cuerpo académico robusto.
Si no abordamos esta área de
la educación, no estoy seguro que Colombia se sostenga; como usted lo dijo, que
pensaba emigrar a Canadá teniendo en cuenta la inviabilidad del País, muchos de
nosotros consideramos lo mismo hoy, viendo tanta pusilanimidad en nuestros
líderes, viendo cómo se premia a los criminales y se castiga a los que hacen
bien, viendo el esfuerzo casi religioso de la izquierda radical de imponer su
agenda y de educar a toda la nación, viendo la pereza intelectual de los
académicos, o la inexistencia de una corriente intelectual y robusta que
promueva los principios de libertad e institucionalidad. Esto me llena de
incertidumbre…”
El comentario de Juan
Sebastián me conmovió profundamente y creo que refleja la situación en la que
se encuentran millones de jóvenes agobiados por la narrativa mentirosa que la
izquierda ha logrado imponer.
Me hace sentir que es mi
obligación continuar con mi trabajo de contribuir a restablecer la verdad sobre
la figura, la visión de la política y la obra de gobierno del Presidente Álvaro
Uribe Vélez.
I.
Visión de la política
El genio político de Uribe radica en haber comprendido
las aspiraciones de la gente a hacia el final del mandato de Andrés Pastrana y
transformarlas en una propuesta política profundamente coherente con lo que era
su visión de la sociedad, que se venía formando desde la época del Instituto de
Estudios Liberales de Antioquia, que se había consolidado en sus años como
congresista y que experimentó como Gobernador de Antioquia.
Esa propuesta la sintetizó en tres fórmulas poderosas
de solo seis palabras: Seguridad Democrática, Confianza Inversionista y
Cohesión Social. Estas tres fórmulas, que conformaban lo que Uribe llamó el
“Triángulo de la Confianza”, orientaron su mandato como Gobernador de Antioquia
y su propósito era extenderlas a todo el País como Presidente de la
República.
No me cabe la menor duda de que el paso de Uribe por
la Gobernación de Antioquia fue fundamental para proyectarlo como figura
política nacional de talla presidencial. Esto no deja de ser sorprendente
porque, en el ordenamiento territorial salido de la Constitución de 1991, los
departamentos son entidades extremadamente débiles por la precariedad de sus
recursos fiscales, lo cual limita su capacidad de alinear a los alcaldes con
políticas y programas que trascienden el ámbito municipal. Aunque en algunos
departamentos con rentas propias la situación es menos precaria – en Antioquia
están recursos de la FLA y del IDEA - aun así, es difícil que un gobernador
pueda asumir el liderazgo de su región y que esto lo proyecte como líder
nacional. Uribe lo logró.
Al final de su mandato, un analista de la época señaló
lo siguiente:
“Entendida ésta como la consistencia entre los principios
que nos inspiran y la forma como actuamos, la honestidad está sujeta al
escrutinio público. Y en este sentido, un primer calificativo de la gestión de
Uribe es ese: honesta”.
Más adelante, escribe:
“…la experiencia vivida en Antioquia en estos tres
años es un aporte importante en la búsqueda de nuevos caminos para nuestro
desarrollo. La concepción de Estado comunitario que impulsó el Gobernador es un
avance significativo, que supera las disquisiciones teóricas, tan fáciles de
escribir en un papel, plasma sus propuestas en acciones concretas de gobierno”.
Luego:
“Dejo para el final el punto más polémico: las famosas
Convivir. No me cabe duda de que el Gobernador Uribe cree que el camino para
conseguir la paz comienza en la negociación entre los sectores en conflicto, y
entiendo que mientras que las condiciones políticas para llegar a la
negociación se dan, el gobernante no puede ser espectador pasivo ante la
confrontación”
Concluye:
“El gobernador Uribe es uno de los pocos líderes que
tiene el país…”
Esto lo escribió Sergio Fajardo Valderrama en artículo
titulado “El gobernador Uribe”, publicado el 14 de diciembre de 1997 en la
página 4ª del diario “El Colombiano”. Resulta difícil de entender que Fajardo
se haya convertido en el feroz enemigo político de Uribe que hoy es, puesto que
este, en sus dos mandatos presidenciales, no hizo otra cosa que extender a todo
el País las políticas que había desarrollado exitosamente en Antioquia y que Fajardo
alabó.
La mejor síntesis de la visión de la economía y
sociedad de Uribe está en una conferencia titulada “El malestar económico”,
dictada en la Convención Bancaria, realizada en Cartagena el 8 de junio de
2001. La base de esa conferencia es la gráfica que se reproduce más adelante y
a partir de la cual puede evaluarse lo que fueron los gobiernos de Uribe y lo
que significaron para la sociedad colombiana.
En un trabajo titulado: “Growth is Good for the Poor”,
los economistas del Banco Mundial, David Dollar y Aart Kraay, con una muestre
de 92 países y 40 años de datos, habían demostrado, una vez más, que, cuando el
ingreso de un país crece, el ingreso del quintil más pobre de la sociedad crece
proporcionalmente. También encontraron que el imperio de la ley, la apertura al
comercio internacional y el desarrollo de los mercados financieros, no
afectaban negativamente la participación de los pobres en el ingreso nacional.
Adicionalmente, mostraron que la estabilidad macroeconómica y la reducción del
tamaño del gobierno no solo aumentaban el crecimiento del ingreso, sino que
elevaban la participación del quintil más pobre en su distribución. En fín,
mostraron también, que el asistencialismo tenía pocos efectos sobre la condición
de los pobres. Uribe conocía el trabajo de Dollar y Kraay.
El crecimiento económico beneficia a los más pobres.
El crecimiento depende del ahorro y la inversión privados y esta y aquel de la
confianza que se tenga en el futuro de la sociedad. Invertir es una decisión de
largo aliento que solo se acomete cuando se tiene confianza en cosechar sus
frutos. En Colombia la inversión estaba derrumbada porque la confianza estaba
por el suelo, al cabo del infructuoso proceso de paz del gobierno de Andrés
Pastrana, en el que las Farc se burlaron nuevamente de la sociedad mientras
acrecentaron sus fuerzas militares para dar el asalto final al poder.
En sus dos gobiernos, que desgraciadamente no fueron
tres, Uribe se esforzó por reestablecer los pilares de la confianza
completamente maltrechos como consecuencia del desgobierno de Samper Pizano y
del candoroso manejo dado por Pastrana Arango a la ofensiva de las Farc contra
la sociedad.
Puede observarse que en el esquema no aparece la
palabra “paz” por ningún lado. Se podría pensar que “la paz” debe ser uno de
los pilares de la confianza, pero ese es un error. La paz no es una condición
para una buena vida social, es el resultado de ella. Un esclavo puede vivir en
paz, es decir, no ser objeto de violencia física, mientras acepte sus cadenas.
También pueden vivir en paz los comerciantes, ganaderos, empresarios o
cualquier persona que pague cumplidamente la extorsión. Para el esclavista o el
extorsionista esa sería una paz maravillosa, pero es dudoso que el esclavo o el
extorsionado la vean de la misma forma.
El primer axioma de la libertad es el dominio pleno
que tiene un individuo sobre su propia persona y sobre los frutos de su trabajo
físico o intelectual. Cuando el individuo debe por la acción de la violencia
ceder a otros individuos el producto de su trabajo, está perdiendo su libertad
y de paso su dignidad. Claro que se puede vivir en paz sin libertad ni
dignidad, ahí están los pueblos de Corea del Norte y de Cuba que ya ni se
rebelan y han llegado la ominosa condición de servidumbre voluntaria, bastante
apreciada por los tiranos. Hacia allá conduce el camino que está recorriendo el
pueblo de Venezuela.
El objeto de toda violencia es la propiedad, salvo en
el caso de los criminales sicópatas. Nadie que acepte entregar su propiedad al
agresor violento será secuestrado, herido o asesinado. La resistencia al
despojo ocasiona la violencia y acaba con la paz.
La razón fundamental de la existencia del estado es
dar seguridad a la vida y propiedades de las personas. No importa lo que haga
el estado, si no está en condiciones de dar esa seguridad es un estado fallido.
Esa era la situación del estado colombiano al final del gobierno de Andrés
Pastrana.
Gráfica 1
La variable más importante de una economía es la
inversión porque refleja el grado de confianza de las personas y determina las
posibilidades de crecimiento futuro. Invertir es dedicar parte del ingreso a la
adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de activos físicos o
inmateriales que contribuirán, según su naturaleza, a la producción de bienes y
servicios de consumo en un futuro más o menos dilatado.
La persona que invierte no solo está renunciando al
consumo actual sino también a mantener lo ahorrado en una forma líquida:
dinero, divisas o papeles comerciales fácilmente realizables. Invertir es por
ello un acto de confianza pues se está renunciando a la posibilidad de
movilizar rápidamente la riqueza cuando las cosas se ponen verdaderamente mal
en una economía. La reducción de la inversión limita las posibilidades futuras
de crecimiento porque el trabajo se realiza y se potencia con los medios materiales
en los que se plasma la inversión.
Las decisiones de inversión de las empresas y personas
individualmente consideradas se agregan en la variable de las cuentas
nacionales (CN) llamada Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Así como el
esfuerzo de ahorro individual se mide con relación al ingreso corriente de las
personas, el esfuerzo de ahorro e inversión agregados se mide con relación al ingreso
de la economía, la variable llamada Producto Interno Bruto (PIB). Expresada como porcentaje del PIB, la FBCF es
una gran medida del grado de confianza de la gente en la economía de su País y del
potencial de crecimiento de esa economía.
La gráfica 2 muestra cómo se había deteriorado la
inversión y cómo se fue recuperando a medida que avanzaba la administración de
Uribe.
Gráfica 2
Abordaremos a continuación cada uno de los pilares de
la confianza empezado por la seguridad democrática.
II.
La seguridad
democrática
Seguridad democrática significa seguridad para todos,
protección de la vida y las propiedades de todas las personas. Pero también
significa que esa seguridad debe garantizarse sin sacrificar las libertades
propias de una verdadera democracia: las libertades políticas y las libertades
civiles. Significa que el sometimiento de los violentos debe hacerse sin
menoscabo de los derechos que tienen quienes se hacen merecedores de la acción
de la fuerza pública y del sistema penal. En fin, significa garantías totales
para todos aquellos que desde la legalidad ejercen la oposición política.
La primera tarea de la Seguridad Democrática era
defender la sociedad del asedio al que la tenían sometida las Farc. Los
jóvenes no saben y muchos mayores no recuerdan que, a comienzos del primer
gobierno de Uribe, 400 de los 1.100 alcaldes del País no podían ejercer su
cargo desde sus municipios y permanecían asilados en Bogotá o en otras grandes
ciudades. Las comunicaciones por carretera entre las principales ciudades
estaban prácticamente interrumpidas porque los terroristas instalaban puestos
de control donde les provocaba y realizaban las llamadas “pescas milagrosas”,
en las que robaban a la gente o secuestraban personas que solo serían liberadas
contra el pago de un oneroso rescate. Fueron frecuentes los casos en los que
las Farc cobraron rescate por personas que habían asesinado. En 2002, más de
3.000 personas estaban secuestradas.
Miles de personas era víctimas de extorsión, actividad
criminal que, al lado del narcotráfico, proporcionaba a las Farc ingentes
recursos económicos para financiar su actividad. Desparecidos los carteles de
Medellín y Cali, las Farc controlaban el negocio del narcotráfico desde el
cultivo de la coca, la transformación en cocaína y la exportación a los
mercados finales.
Las Farc sabían que la llegada de Uribe a la
Presidencia de la República afectaría gravemente sus negocios criminales y
trataron por todos los medios de impedirla. Durante la campaña electoral de
2001-2002 atentaron varias veces contra su vida. En Barranquilla hicieron
explotar una carreta tirada por un burro al paso de su caravana. También en
Barranquilla, el 15 de abril de 2002, hicieron detonar por control remoto una
bomba al paso de su caravana. Este atentado dejó tres muertos y veintidós
heridos, entre los cuales una niña de tres años que perdió una pierna.
Durante el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana,
las Farc no interrumpieron sus actividades criminales, continuaron con el
reclutamiento y adelantaron toda clase de acciones terroristas contra la
población. Esto hizo que las conversaciones de interrumpieran varias veces y
que, cuando ya era completamente intolerable la situación, se suspendieran de
forma definitiva en el 20 de febrero de 2002, cuando secuestraron al senador
Eduardo Géchem, quien permanecería cautivo seis años. La relación completa de las acciones
criminales de las Farc durante los tres años del proceso de paz del Caguán
llenaría muchísimas páginas. Mencionaré algunas para refrescar la memoria y
poner en evidencia el estado de indefensión al que fue llegando la sociedad
colombiana.
Las conversaciones de paz se iniciaron el 7 de enero
de 1999. Debían ser instaladas por el presidente Pastrana y el dirigente máximo
de las Farc, Manuel Marulanda. Pastrana llegó cumplidamente a la cita,
Marulanda no, su silla quedó vacía. En su reemplazo asistió Raúl Reyes quien,
desafiante, presentó el “programa de reforma agraria de los guerrilleros”. Esta
sería la primera de las muchas humillaciones que recibiría Pastrana, y con él
toda la ciudadanía, a lo largo de ese tortuoso proceso.
El 25 de febrero las Farc secuestran tres indigenistas
estadounidenses a quienes asesinarían dos o tres días después. Esto condujo a
la primera suspensión de las negociaciones que sólo se reanudarían en mayo, con
el Acuerdo de Caquetania, firmado por el presidente Pastrana y Marulanda. Las
Farc jamás cumplieron y continuaron secuestrando y asesinando en la llamada
zona de distensión que se había convertido en su santuario, sin presencia de
fuerza pública. Esa situación provocó una crisis en las Fuerzas Militares: el
26 de mayo renunció el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda Caicedo y con él 14
altos oficiales. Al mes siguiente, las Farc lanzaron una gran ofensiva
tomándose 13 municipios.
El gobierno insiste en negociar y empiezan a desfilar
por San Vicente del Caguán una serie de personalidades nacionales e
internacionales que se esfuerzan por convencer a las Farc de aceptar una
comisión internacional que verifique el cumplimento de los acuerdos y de
suspender sus acciones criminales para que los diálogos puedan comenzar. Las
Farc aceptan suspender el secuestro de los ganaderos a condición de que el
gobierno nacional le aporte los recursos para financiar sus actividades.
Prácticamente todo 1999 transcurrió en discusiones
sobre la comisión de verificación internacional. Las Farc no dieron su brazo a
torcer y en octubre se iniciaron por fin las conversaciones sin verificación
internacional. ¡Cómo iban a aceptar
verificación si estaban utilizado cilindros bomba en sus ataques contra la
población civil! En 1999 las Farc lanzaron ataques con cilindros bomba en las
localidades de Dolores, La Alpujarra, La Arada y El Prado. El más cruel ataque con esos artefactos fue
el perpetrado, el 2 de mayo de 2002, contra los habitantes de Bojayá,
refugiados en la iglesia de su pueblo, en el que murieron 74 civiles y 117 más
quedaron heridos.
En 2000, para buscar apoyo a las negociaciones, los
comisionados del gobierno y de las Farc se desplazan por varios países de
Europa y decenas de personalidades, incluidos ejecutivos de varias
multinacionales, viajan a San Vicente del Caguán a implorarle a la guerrilla
que cese sus acciones criminales. En respuesta a la manifiesta debilidad del gobierno
de Pastrana, en mayo las Farc empiezan a actuar como estado independiente y
proclaman tres leyes y crean sus propios tribunales de justicia. La ley 002
decretaba un “impuesto” de 10% a los poseedores de un patrimonio de un millón
de dólares a quienes, so pena de ser secuestrados, conminaban a presentarse
ante el Secretariado.
Y así, durante más de tres largos años, avanzaron unas
negociaciones que en realidad no lo fueron porque todo se fue en discutir
asuntos de procedimiento, en atentados de la Farc que provocaban la suspensión
de los diálogos, en discutir las condiciones de su reanudación, en nuevas
exigencias de las Farc, en nuevos atentados, en nuevas reanudaciones, etc. Era
imposible que las negociaciones llegaran a feliz término porque el resultado
esperado por la Farc lo hacía imposible.
En una entrevista concedida a una publicación del Partido Comunista
Argentino, reproducida por El Espectador, Tirofijo había señalado
la aspiración maximalista de las Farc resumida en tres puntos:
·
Diálogo
con el Gobierno y la sociedad sobre temas de interés nacional.
·
Constituyente
paritaria sin dejación de las armas.
·
Gobierno
de transición, sin dejación de las armas, hasta que se cumplieran los acuerdos.
Las
Farc recibieron el gobierno de Uribe con un atentado con granadas lanzadas por
morteros contra la sede del Congreso, en el momento mismo de su posesión. En
las instalaciones gubernamentales solo se presentaron daños materiales, pero 17
personas murieron y 59 más resultaron heridas por los artefactos caídos en los
alrededores.
Al
otro día de su posesión, Uribe, cumpliendo una promesa de campaña, se desplazó
a Valledupar, en el departamento de Cesar, y a Florencia, en el Caquetá. Esos
departamentos y esas ciudades habían padecido y padecían el asedio de la guerrilla
y con su presencia en ellas, Uribe quería mostrar simbólicamente su
determinación de combatirla.
También
de gran importancia simbólica para el País fue el programa Vive Colombia,
viaja por ella, diseñado y aplicado para quitarle a las guerrillas el
control de las carreteras. Ningún vehículo particular, de transporte colectivo
o de carga podía circular por los principales ejes viales sin correr el riesgo
enorme de ser asaltado y sus ocupantes robados o secuestrados. A los ciudadanos
se les invitó a conformar caravanas acompañadas por el Ejercito para que
salieran nuevamente por las carreteras.
Y los
ciudadanos salimos y poco a poco fuimos recuperando la gran cantidad de
libertades de las que se goza viajando por carretera: detenerse en cualquier
sitio, contemplar un paisaje, tertuliar en una fonda caminara, etc. Las
carreteras recuperaron su vida económica y los transportadores de carga
acrecentaron su actividad, libres de la extorsión y la limitación de horarios,
solo se podía viajar de día, a los que los tenía sometidos la guerrilla.
En
2003, la guerrilla realizó 234 retenes ilegales en las carreteras del País. Al
año siguiente bajaron 102 y continuaron reduciéndose hasta llegar, en 2008, a
solo 3. En 2010, el último año del segundo gobierno de Uribe, fueron 11.
Gráfica 3
La
izquierda, con habitual falta de criterio y su afán propagandístico, quiso
menospreciar la significación de la recuperación de la movilidad vial,
señalando que solo servía “para que los ricos pudieran volver a las fincas”. La
gráfica 4, donde se comparan las tasas reales de crecimiento del sector
transporte y comunicaciones con las del PIB total, refuta palmariamente esa
tontería.
Durante
todos los años de los gobiernos de Uribe - excepción hecha del 2009 cuando la
economía colombiana entró en recesión afectada por la crisis internacional – el
sector transporte y comunicaciones creció mucho más que el PIB total, alcanzado
tasas superiores al 10% anual en 2006 y 2007. Esto es muy significativo pues
revela el grado en que los retenes ilegales y las pescas milagrosas estaban
ahogando la economía. La recuperación de las carreteras con el programa Vive
Colombia, viaja por ella, además de su importante significación
simbólica, tuvo un impacto duradero sobre la actividad económica perceptible
hasta el presente.
Gráfica 4
Otro
aspecto de la guerra económica emprendida por la guerrilla contra la sociedad
colombiana es la voladura de torres de energía del Sistema de Transmisión
Nacional (STN). El STN está integrado por redes de alto voltaje y más de 30.000
torres que las soportan que vinculan las centrales de generación y los grandes
centros de consumo de electricidad. La voladura de algunas de esas torres puede
dejar sin energía a millones de personas afectando gravemente su vida cotidiana
y su actividad económica.
Prácticamente
desde su aparición en los años sesenta del siglo pasado, las guerrillas han
atentado contra la infraestructura eléctrica del País. Durante la presidencia de
Andrés Pastrana, en medio de las conversaciones de paz, las Farc intensificaron
accionar contra la infraestructura eléctrica alcanzando a derribar mas de 1000
torres de la red de transmisión en los cuatro años de ese gobierno. Como cada
torre tiene un costo de unos 80.000 dólares, el daño directo causado
por el terrorismo superó los 80 millones de dólares. Pero esta cifra, siendo
grande para un país como Colombia, es insignificante al lado daño infringido a
la actividad económica en su conjunto que también se puede estimar.
En
2002 las Farc derribaron 486 torres de energía lo que provocó el racionamiento
de un 4% de la demanda comercial. Para dicho año el costo de racionamiento
estaba en 2.000 pesos por kilovatio-hora dejado de suministrar. Como ese 4%
equivale a unos 2.000.000.000 de kilovatios-hora-año, el costo racionamiento
para la economía en su conjunto ascendió a 4 billones de pesos, equivalentes a
1.600 millones de dólares, al tipo de cambio 2.500 pesos por dólar, promedio de
dicho año. Los atentados de las Farc contra las torres del STN estaban
destruyendo lentamente la economía sin que la opinión pública se percatara de
ello porque esos costos se distribuían en millones de personas que producían
menos por la imposibilidad de operar sus instalaciones productivas a pleno
rendimiento o perdían sus alimentos por falta de refrigeración.
Los
racionamientos afectaban principalmente a las localidades más pobres y alejadas
del País donde las condiciones geográficas hacían más difícil restablecer el
suministro. Las grandes ciudades, por tener un enmallado de redes eléctricas
más robusto, fueron poco afectadas por los cortes del suministro, razón por la
cual sus habitantes no alcanzaron a percatarse directamente de lo que estaba
pasando. Durante muchas semanas en 2002, las voladuras de torres interrumpieron
la interconexión entre la Costa Atlántica y el centro del País, donde están
localizadas las principales centrales hidroeléctricas. Los habitantes de
aquella región tuvieron que ser abastecidos con generación térmica más costosa mientras
los embalses del interior rebosaban de agua. Este fue el otro costo que le
impusieron al País las acciones terroristas de las Farc contra las redes de
transmisión.
Las
acciones contundentes del Ejercito Nacional contra las Farc fueron minando su
capacidad de atentar contra las torres del Sistema Nacional de Transmisión que
también fue protegido por unidades militares instaladas en los puntos más
críticos. La gráfica 4 muestra cómo se fueron reduciendo las voladuras de
torres a medida que avanzaba la ofensiva del Ejercito contra la guerrilla
terrorista. Al año siguiente del inicio del primer gobierno de Uribe, las
torres derribadas pasaron de 483 a 329. En 2010, el último año del segundo
mandato de Uribe fueron solo 39. Al inicio del primer gobierno de Santos, el
derribamiento de torres volvió a incrementarse.
Gráfica 5
En su guerra económica contra la sociedad colombiana,
también se ensañó la guerrilla, principalmente el ELN, en la red de oleoductos.
Con el descubrimiento, en 1991, de los yacimientos de Cusiana y Cupiagua en la
Orinoquia, Colombia recuperó su capacidad exportadora de petróleo y de
suministro de gas natural para el mercado nacional. La red de oleoductos y
gasoductos que se construyó para exportar el crudo – el famoso oleoducto Caño
Limón-Coveñas – y llevar el gas a los centros de consumo, pronto se convirtió
en blanco de las acciones terroristas de las Farc y el ELN.
Para hacerse a una idea del impacto económico de los
atentados contra los oleoductos basta con el siguiente ejercicio. Colombia
llegó a exportar 800.000 barriles de petróleo diarios, a un precio medio de 40
dólares el barril, que en algunos períodos alcanzó los 100 dólares. Esto
significa que la interrupción del flujo por un solo día supone una pérdida de
ingresos de 32 millones de dólares. El daño ambiental causado por esos derrames
es incalculable. En sus cerca de 30 años
de funcionamiento, el oleoducto Caño Limón – Coveñas ha sido objeto de más de
1500 atentados.
También en este frente se sintió la acción del
Ejercito contra las guerrillas terroristas de las Farc y el ELN. Los atentados
contra la red de oleoductos, que en 2003 fueron 184, pasaron a 31 en 2010, el
último año del segundo gobierno de Uribe. El debilitamiento del accionar del
Ejército en el primer gobierno de Santos permitió que se elevaran de nuevo los
atentados que en 2013 llegaron a 259.
Gráfica 6
La seguridad democrática fue fundamental para
recuperar tres componentes vitales de la actividad económica profundamente
afectados por la acción de la guerrilla: el transporte por carretera, la red de
transmisión eléctrica y la red de oleoductos.
El asunto no es discutir aquí si consumo de drogas no
debe ser legalizado. El hecho es que la producción y tráfico de cocaína están
proscritos por la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de
1988, suscrita por la mayoría de las naciones del mundo, incluida Colombia. Adicionalmente,
la producción y tráfico de cocaína era la principal fuente de financiación de
las Farc, razón por la cual para combatirla exitosamente era necesario atacar
esta actividad en todas sus etapas empezando por los cultivos de coca.
Cuando
los traficantes de los carteles de Medellín y Cali empezaron a desarrollar el
cultivo del arbusto de coca en el territorio colombiano, las Farc les
suministraron servicios de seguridad a cambio del pago del llamado “gramaje”,
que era un sistema de impuestos que gravaba todas las etapas de la cadena del
narcotráfico en las zonas controladas por las Farc. Cobraban a los productores
de hojas de coca, a los compradores y vendedores de la pasta base, a los
laboratorios por cada kilo de cocaína producida y a todo avión que salía de su
territorio cargado de cocaína. Se estima que, por cada kilo de cocaína
producida en los territorios bajo su control, las Farc cobraban, por gramaje,
entre 400 y 450 dólares.
Según
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su
informe sobre los cultivos de coca en Colombia en 2010, hacia 2002, la
producción potencial de cocaína, estimada a partir del área sembrada de coca,
fue de 580 toneladas, de las cuales fueron incautadas cien. Esto significa que
solo por gramaje, las Farc habrían obtenido un ingreso superior a los
doscientos millones de dólares.
La
forma más eficaz, eficiente y menos costosa de combatir la producción y tráfico
de cocaína – que, además, representa un menor riesgo para los hombres del
ejército y la policía que tienen a su cargo esa labor - es la aspersión área de
los cultivos de coca con glifosato. Aunque el gobierno de Uribe desarrolló,
siempre que fue posible, programas sustitución voluntaria y erradicación
manual, la fumigación área de los cultivos fue la herramienta fundamental para
combatir el narcotráfico con resultados contundentes, como se evidencia en el
Cuadro 1.
Según
estimativos del la UNODC, en 2002, era 102.000 las hectáreas de cultivos de
coca en Colombia, equivalentes al 60% de toda la Región Andina. Para 2010, esa
extensión se redujo 57.000 hectáreas, un 38% del total de la Región. En otros
términos, la producción potencial de cocaína pasó de 580 toneladas anuales a
324.
Cuadro 1
De ahí
que sea tan grave que las Farc y sus aliados políticos estén ganando la batalle
jurídica emprendida contra la fumigación con glifosato. Desde que esta se
suspendió en el primer gobierno de Santos, los cultivos de coca no dejaron de
crecer alcanzando las 172.000 hectáreas el final de su segundo gobierno, lo que
arroja una producción potencial anual cercana al millón de kilos de cocaína, con
un valor próximo a los 2.000 millones de dólares. Los esfuerzos de erradicación
manual del gobierno del Presidente Duque han llevado el área sembrada a 155.000
hectáreas.
Gráfica 7
La Seguridad Democrática - con sus acciones
contundentes contra los grupos guerrilleros, los paramilitares y la
delincuencia común - redujo ostensiblemente los flagelos del homicidio, las
masacres y el secuestro.
En 2003, se presentaron 23.523 homicidios en el todo
el País, lo que arroja una tasa de 56,2 por cada 100.000 habitantes. Año tras
año, esas cifras se redujeron hasta llegar, en 2010, a 15.459 y una tasa de 34
homicidios por 100.000 habitantes. La gráfica 8 ilustra este punto.
Gráfica 8
Los homicidios colectivos o masacres llenaban de dolor
a miles de familias y amargaban la vida de todos los colombianos. En 2003, se
perpetraron 94 masacres que dejaron 504 víctimas; en 2010 se registraron 39 con
183 personas asesinadas.
Gráfica 9
Aunque las víctimas de homicidio eran personas de toda
condición social, se destacaba el caso de los dirigentes sindicales asesinados.
Según el profesor Camilo Echandía Castilla (“Violencia contra sindicalistas en
medio del conflicto armado colombiano”. Revista de Economía Institucional.
Volumen 15, 2013) entre 1988 y 2010 fueron asesinado 1.940 dirigentes
sindicales. Por medio de la Unidad Nacional de Protección, creada en desarrollo de un componente importante de la política de Seguridad
Democrática, bajo los dos gobiernos de Uribe se dio protección a centenas de
dirigentes sindicales.
La gráfica 10, construida con datos del estudio
“Estimación del total de homicidios contra sindicalistas en Colombia 1999-2008”
de Daniel Guzmán, Tamy Guberek y Megan Price (https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/02/uv-estimates-paper-ES.pdf) y del ya mencionado trabajo de Echandía Castilla,
muestra la forma como el homicidio de sindicalistas se redujo en los años de la
Seguridad Democrática.
Gráfica 10
Hay que hablar del secuestro. Una reciente nota del
corresponsal de la BBC, señala que entre 1970 y 2010 se produjeron 39.000
secuestros en Colombia, una cuarta parte de ellos perpetrados por las FARC. (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina). El crecimiento y persistencia de este delito se
debe en buena medida a la demanda de la sociedad. Nadie quiere ser secuestrado,
pero cuando se paga el rescate o se cede al chantaje político, se están
demandando más secuestros. Eso es lo que ha hecho la sociedad colombiana
durante décadas. La ley 40 de 1993, que sancionaba el pago de rescate, fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia aplaudida por
la mayoría de la prensa. También se demandan secuestros o cualquier otro delito
cuando los costos de cometerlos son bajos, no por ausencia de leyes punitivas
sino por la incapacidad de aplicarlas a los delincuentes, por la impunidad.
El secuestro extorsivo fue, hasta su transformación en
banda narcotraficante, la principal fuente de financiación de las Farc.
Ganaderos y empresarios y sus familias eran las principales víctimas. Muchas
personas fueron secuestradas varias veces y en muchos casos las Farc cobraron
rescate por otras que había sido ya asesinadas.
En medio de las fallidas conversaciones de paz del
gobierno de Pastrana Arango, las Farc intensificaron el secuestro con fines
políticos llevándose a decenas de soldados, policías y dirigentes políticos con
los que formaron el grupo de los “canjeables”, para obtener concesiones del
gobierno y limitar el alcance de las operaciones del Ejército.
Al principio del primer gobierno de Uribe, las Farc
tenían en su poder decenas de militares y varios dirigentes políticos que
permanecieron largos años en su poder o fueron asesinados a sangre fría cuando
las Fuerzas Militares intentaron su rescate. Murieron en esas circunstancias el
exministro Gilberto Echeverry Mejía, el gobernador en ejercicio Guillermo
Gaviria Correa y once de los doce diputados del Valle que había sido
secuestrados, en la sede misma de la Asamblea situada en el centro de Cali, el
21 de abril de 2001.
La joya de la corona del grupo de “canjeables” era sin
duda la senadora Ingrid Betancourt, secuestrada el 23 de febrero de 2002
cuando, en un acto irresponsable, se adentró desafiante en la llamada “zona de
distensión”, después de que el gobierno de Pastrana había puesto término a las
conversaciones con las Farc. El gobierno de Francia, con algunos de cuyos miembros
la señora Betancourt tenía estrechos vínculos, presionó y obtuvo, en 2007, la
liberación del guerrillero Rodrigo Granda, quien había sido detenido en
Venezuela por agentes de la inteligencia colombiana tres años atrás. Se
esperaba que tras la liberación de Granda las Farc liberaran a la señora
Betancourt, lo que no ocurrió. Ingrid Betancourt fue liberada por el Ejercito,
con otros secuestrados, en la llamada Operación Jaque, el 2 de julio de 2008.
A pesar de algunos reveses que se presentaron, la lucha
continua y sin descanso contra el secuestro, emprendida por el gobierno del
presidente Uribe, fue muy exitosa. En 2003 fueron secuestradas 2.123 personas,
más de cinco por cada 100.000 habitantes. Hacia 2010, la cifra de secuestros
anuales se había reducido a 282. La gráfica 11 muestra el total anual de
secuestros y la correspondiente tasa por 100.000 habitantes durante los ocho
años de Uribe Vélez.
Gráfica 11
El accionar contra las Farc tenía dos componentes fundamentales: dar
golpes contundentes a objetivos de alto valor estratégico y ofrecer a los
guerrilleros rasos alternativas de desmovilización. Lo primero era fundamental
puesto que existía el sentimiento de que refugiados en la selva o en países
como Venezuela y Ecuador, que les daban refugio, los dirigentes de las Farc
eran intocables. Por eso, a pesar del costo diplomático que tuvieron, fueron
fundamentales las decisiones del presidente Uribe que permitieron la captura
del Rodrigo Granda en Venezuela y el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en
Ecuador. Los golpes
asestados a los altos mandos de las Farc minaban la moral de los guerrilleros
rasos y los alentaban a la desmovilización.
El cuadro 2 muestra las principales acciones contra las Farc adelantadas
por las Fuerzas Militares en los gobiernos de Uribe Vélez.
Cuadro 2
Las cifras sobre guerrilleros y miembros de las autodefensas desmovilizados varían de
una fuente a otra, pero es claro que se cuentan por miles. El cuadro 3 recoge
los números del Ministerio de Justicia y del Derecho, actualizados a septiembre
de 2020. Según estadísticas del Programa de Atención Humanitaria al
Desmovilizado del Ministerio de Defensa, entre agosto de 2002 y octubre de 2010,
se desmovilizaron 54.317 personas pertenecientes a grupos guerrilleros y de
autodefensa. Esto significa que del
total de 64.583 reportado en el cuadro 3, un 84% de las desmovilizaciones se
produjeron bajo los gobiernos de Uribe.
Otra forma de aproximarse al número de desmovilizados durante los
gobiernos de Uribe es descontar del consolidado del Ministerio de Justicia las
desmovilizaciones que se produjeron antes y después de ese período. Según la
Fundación Ideas para la Paz (http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/598ca97c62763.pdf) durante el gobierno de Barco se
desmovilizaron 900 personas, principalmente del M-19, y en el de Gaviria lo
hicieron 3.648, del EPL, ELN, Quintín Lame y otros grupos. Según la misma
fuente, como resultado del proceso de La Habana se habrían desmovilizado 6804
guerrilleros.
Por otra parte, según la Fundación Ideas para la Paz, los miembros de las
autodefensas desmovilizados bajo Uribe fueron 31.689, lo que comparado con el
dato de MINJUSTICIA arroja un total de 6.185 personas que se habrían
desmovilizado antes o después de los gobiernos de Uribe.
Descontadas esas cifras, se tiene que el total de desmovilizados en los
gobiernos de Uribe asciende a 47.031, es decir, un 72% del consolidado de
MINJUSTICIA.
Cuadro 3
En síntesis, en los mandatos de Uribe se desmovilizaron 15.342 guerrilleros
y 31.689 miembros de las autodefensas. Es hora de tratar la desmovilización de
estos grupos pues esa fue una de las grandes contribuciones de la Seguridad
Democrática a la pacificación del País.
Las autodefensas surgieron muy probablemente durante el gobierno
Belisario Betancur quien con se errática política de paz permitió el
fortalecimiento de las guerrillas al tiempo que privaba a los habitantes de
campo de la protección de la Fuerzas Militares. Como Ministro de Gobierno de
Virgilio Barco, Cesar Gaviria denunció la existencia de decenas de grupos de
autodefensa en diversas regiones del País, pero cuando estuvo en la presidencia
hizo poco o nada para combatirlas. Tampoco Samper, enredado en el proceso ocho
mil, ni Pastrana, esforzándose por apaciguar a las Farc, enfrentaron el desafío
que para la seguridad nacional representaba el desarrollo de las autodefensas y
su infiltración progresiva por los narcotraficantes. Uribe lo enfrentó,
persiguiendo a esos grupos con igual determinación que a la guerrilla y
ofreciéndoles alternativas de desmovilización y reincorporación a la vida
civil.
Durante 20 años por lo menos y bajo cinco gobiernos, las autodefensas
crecieron en todas las regiones del País donde había presencia guerrillera: el
Magdalena Medio, el Urabá Antioqueño, el Catatumbo, etc. En principio no eran
más que pequeños grupos aislados que trataban de protegerse de la extorsión, el
secuestro y los ataques de la guerrilla, patrullando las fincas y los poblados
armados con escopetas y armas de corto alcance. Progresivamente la situación se
degradó y se salió de control cuando los narcotraficantes las cooptaron para
usarlas en su disputa con las guerrillas por el control del negocio del
narcotráfico en todas sus etapas. Los enfrentamientos entre esas dos fuerzas se
hicieron cada vez más intensos y sangrientos y empezaron las masacres
perpetradas por uno y otro bando en diversas regiones del País.
Las masacres muestran grado de degradación al que habían llegado los
grupos armados que proliferaban en el País. Entre 1985 y 2020 han ocurrido 77
masacres en las que fueron asesinadas 1824 personas. Las Farc o sus disidencias son responsables de
15 de ellas con 519 víctimas; el ELN de cinco y 92 víctimas; las autodefensas
de 31 y 915 víctimas; el Cartel de Medellín y otros carteles de
narcotraficantes de 19 y 243 víctimas. Al Ejercito y a la Policía se le
atribuyen 7 masacres y 55 víctimas.
Gráfica 12
La desmovilización de las autodefensas era fundamental para reducir las
masacres. En 2000 los diversos grupos de autodefensas perpetraron 7 masacres
que cobraron la vida de 369 personas. A partir de 2006, después de que el
gobierno de Uribe consiguió la desmovilización de esos grupos, cesaron las
masacres atribuidas a ellos.
El desarme y desmovilización de las autodefensas se hizo bajo un estricto
marco jurídico aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado: ley 782 de 2002, decreto 128 de 2003, decreto 3360 de
2003 y decreto 2767 de 2004. Se creó una Consejería para adelantar la
reincorporación de los desmovilizados y se desarrollaron diversos programas en
su beneficio. Sin ningún tipo de concesiones políticas se desmovilizaron más de
37.000 miembros de las autodefensas.
Los jefes de los diversos grupos se sometieron a un arreglo de justicia
penal mínima, condicionado a la cooperación con información y al abandono de
las actividades criminales. La estrategia de justicia penal mínima o política de
sometimiento a la justicia fue inventada por las autoridades italianas en medio
de su enfrentamiento con las mafias y los grupos terroristas. A Colombia la
trajo el abogado manizaleño Jaime Giraldo Ángel quien, como Ministro de
Justicia de Cesar Gavia Trujillo, diseñó el marco jurídico que permitió el
sometimiento de los hermanos Ochoa, Pablo Escobar y su hermano Roberto y otros
integrantes del cartel de Medellín.
Ni lo de los narcotraficantes con Gaviria, ni lo de los paramilitares con
Uribe fue una negociación política. Era un sometimiento a la justicia con
ciertos beneficios penales que se suspendían cuando el sometido incumpliera las
condiciones que lo hacían merecedor al beneficio, la más importante de las
cuales era el abandono de las actividades criminales. Cuando Pablo Escobar
incumplió, el gobierno de Gaviria quiso suprimirle los beneficios, lo que
provocó su huida de la prisión y su posterior muerte en enfrentamiento con el
Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional.
El gobierno de Uribe hizo lo mismo con los jefes paramilitares que se
habían sometido a la justicia: cuando se hizo evidente que continuaban sus
actividades criminales desde la prisión, el presidente Uribe ordenó su
extradición a Estados Unidos, donde algunos purgaron largas penas y otros
permanece todavía en prisión.
La extradición de los paramilitares es la prueba reina de que Uribe no
connivencia y menos complicidad alguna con esos grupos, puesto que no tenía
ningún temor de lo que dijeran ante las autoridades de Estados Unidos o las de
Colombia, que podían interrogarlos cuando quisieran en su prisión.
En síntesis, ni Uribe ni su hermano Santiago, a quien
tras más de 20 años de persecución judicial no se la ha podido probar nada al
respecto, crearon o financiaron grupos paramilitares. Los grupos paramilitares
aparecieron más de 20 años antes de que Álvaro Uribe llegara al poder y
crecieron bajo cinco gobiernos que los toleraron o fueron incapaces de
combatirlos. Uribe los combatió, los sometió a la justicia y extraditó a sus
jefes cuando incumplieron las condiciones del sometimiento. Esa es la verdad.
III.
La estabilidad
macroeconómica
En los países más libres la producción y circulación
de la riqueza es resultado de la actividad empresarial del sector privado.
Existe una fuerte relación entre los indicadores de libertad de un país y su
capacidad de crear riqueza, medida por la producción por habitante. Condición sine
qua non del buen desempeño del sector privado, es decir, de su voluntad de
invertir, crear nuevas empresas y mantener las existentes es la estabilidad
macroeconómica.
Estabilidad macroeconómica quiere decir valor de la
moneda estable y predecible tanto en el interior como fuera del país. La variación
del precio interno de la moneda dentro del país la mide la inflación, la
variación del precio externo la mide la variación de la tasa de cambio.
Estabilidad macroeconómica quiere decir inflación baja y predecible y tasa de
cambio determinada por un mercado cambiario libre, sin intervención del
gobierno o la autoridad monetaria. Es con el déficit fiscal como el gobierno
puede afectar el precio interno y externo de la moneda provocando inestabilidad
macroeconómica.
El déficit fiscal se puede financiar con recursos
internos o externos. La financiación interna del déficit puede ser monetaria o
con deuda colocada en el mercado de capitales interno. La financiación externa
se hace con crédito de la banca multilateral y colocando deuda en el mercado de
capitales internacional. Generalmente, la financiación del déficit se hace con
alguna combinación de esos mecanismos. Todas las formas de financiación del
déficit tienen impactos sobre la inflación y la tasa de cambio.
La forma más perversa y nociva de financiar el déficit
es la financiación monetaria, es decir, la financiación con crédito directo del
banco emisor al gobierno. En Colombia esa financiación sólo puede autorizarse
con el voto unánime de la totalidad de la Junta Directiva del Banco de la
República. Desde que se consagró la autonomía del banco emisor, ningún gobierno
en Colombia ha recurrido a este mecanismo. Es el mecanismo preferido de
financiación de gobiernos como los de Venezuela y Argentina.
Cuando el gobierno se financia con deuda interna está
tomando recursos que de otra forma se destinarían a financiar la inversión
privada, lo que no puede hacerse sin presionar al alza las tasas de interés.
Cuando la deuda del gobierno es de mediano y largo plazo, la financiación
interna termina por tener efectos monetarios si el banco emisor sale a comprar
en el mercado secundario parte o la totalidad de la deuda inicialmente
adquirida por los tenedores privados.
La financiación con deuda externa afecta la tasa de cambio,
revaluándola, cuando el gobierno vende en el mercado cambiario las divisas
recibidas en préstamo. Si, para evitar la revaluación, el emisor compra parte
de esas divisas, el déficit del gobierno causa expansión monetaria que puede
afectar la tasa de inflación.
Es claro que el balance fiscal afecta la estabilidad
macroeconómica y que su impacto desestabilizador es mayor mientras más grande
sea el déficit. Para juzgar entonces la contribución de un gobierno a la
estabilidad macroeconómica de un país, hay que mirar su balance fiscal.
Uribe encontró el déficit fiscal en 3,5% del PIB. Aprovechando
la mejora en los ingresos petroleros, empezó a reducirlo sustancialmente,
llegando prácticamente al equilibrio fiscal en 2005. En 2006 y 2007, estuvo por
debajo del 1% del PIB, y en 2008 se registró un pequeño superávit. La crisis de
la economía mundial y la caída del precio del petróleo, provocaron la reducción
de los ingresos del gobierno lo cual llevó al crecimiento del déficit fiscal
hasta 2,7% y 3,3% en 2009 y 2010, respectivamente. En promedio, durante los 8
años de Uribe, el déficit fiscal fue de 1,5% del PIB.
Gráfica 13
La inflación golpea principalmente a las personas con
ingresos monetarios relativamente fijos y que mantienen su riqueza en efectivo
o en activos monetarios de ningún o bajo rendimiento como cuentas corrientes o
cuentas de ahorro, que usualmente son las más pobres. La inflación traslada
parte de la riqueza real de esas personas al gobierno, por eso se dice que la
inflación es un impuesto, el más regresivo de todos los impuestos.
La competitividad de un país se ve afectada cuando su
inflación es más elevada que la de sus socios comerciales, pues encarece sus
exportaciones y abarata las importaciones. Para tratar de compensar ese efecto,
los países con alta inflación devalúan su moneda. Por eso la inflación elevada
suele estar acompañada de devaluación elevada.
Finalmente, tasas elevadas de inflación y devaluación
generan gran incertidumbre sobre los rendimientos esperados de los negocios
razón por la cual la voluntad de inversión se debilita y el crecimiento
económico y la generación de empleo se ven afectados negativamente.
La principal función del Banco de la República es
mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, mantener a raya la
inflación. Esto lo hace fijando una meta puntual de inflación objetivo dentro
de un rango de un punto porcentual por encima o por debajo. El principal
instrumento de intervención es la tasa repo a un día para las operaciones de
descuento con los bancos del sistema. La baja en esa tasa permite a los bancos
ampliar sus operaciones de crédito, el alza reduce su margen de acrecentar el
crédito. El Banco de la República también interviene en el mercado cambiario o
en el de deuda pública. Cuando compra divisas o deuda aumenta el dinero en
circulación.
Para que el Banco pueda ejercer adecuadamente su
función de controlar la inflación, el primer deber del gobierno es mantener y
respetar su estatuto legal de autonomía y abstenerse de toda suerte de
presiones sobre los miembros de la Junta Directiva que son quienes definen la
política monetaria.
El segundo deber es controlar el déficit fiscal pues,
como ya se explicó, todas las formas de financiación del déficit tienen
consecuencias sobre el manejo monetario afectando la capacidad del Banco de
controlar el crecimiento de los medios de pago en función de la meta de
inflación que se hubiere fijado.
Gráfica 14
En general, durante los dos gobiernos de Uribe, la
inflación se redujo tendencialmente, ajustada a la meta fijada por el Emisor,
pasando de una tasa anual de 8,8% con una meta de 10%, en 2000, al 3,2% de 2010
con una meta de 3%. En 2008, se presentó una aceleración de la inflación
explicada por crisis de la economía internacional, pues justamente en ese año
el balance fiscal fue ligeramente superavitario. En 2008, la inflación se
aceleró en todos los países: el índice de la inflación mundial del Banco
Mundial presentó una variación del 8,8%.
Desde hace varios años Colombia adoptó un régimen de
tipo de cambio flexible, es decir, determinado libremente en el mercado
cambiario, con escasa intervención del emisor, aunque importadores y
exportadores la reclaman frecuentemente cuando la evolución del precio de la
divisa no les es favorable.
En lo que sigue se hablará de la tasa de cambio pesos
por dólar, es decir, 1 dólar = X pesos. Se habla de devaluación del peso cuando
X aumenta, y de revaluación cuando X disminuye.
El mercado cambiario está conformado por bancos con
departamentos importantes de divisas y agentes especializados en el tráfico de
ellas. Esos bancos y agentes reciben los encargos de los importadores (ofrece
pesos y demanda dólares) y exportadores (ofrece dólares y demanda pesos) de
bienes y servicios; de los agentes externos que hacen inversión directa en
Colombia (ofrece dólares y demanda pesos) y de los agentes nacionales que
desean invertir en el exterior (ofrece pesos y demanda dólares); de los agentes
externos que desean repatriar utilidades de sus inversiones en Colombia
(ofrecen pesos y demandan dólares) y de los agentes nacionales que desean
repatriar utilidades de sus inversiones en el exterior (ofrecen dólares y
demandan pesos) y de los agentes económicos que desean comprar o vender moneda
extranjera por razones meramente especulativas. En el mercado cambiario se
intercambian depósitos a la vista en las diferentes monedas, el intercambio de
billetes físicos, que se hace en las casas de cambio, es una fracción minúscula
del mercado cambiario total.
El mercado cambiario es completamente libre cuando solo
intervienen comprando y vendiendo divisas los agentes privados mencionados.
Este mercado es el que se ilustra en la gráfica 15 donde la oferta de divisas
(OO) cuando con el precio de la divisa es mayor, X, y la demanda (DD) disminuye
cuando en es menor, como el cualquier mercado. Los puntos Xo y Do representan
el precio y las cantidades de equilibrio de un día cualquiera del mercado, pues
este opera todos los días hábiles del año.
La financiación del déficit fiscal con deuda pública
externa afecta el mercado cambiario y la formación del precio de la divisa en
la medida en que el gobierno vende divisas para convertir en moneda nacional
los créditos externos o las compra para atender el servicio de su deuda. Si el
déficit fiscal es limitado, lo son también los flujos asociados al movimiento
de la deuda pública externa y su efecto sobre el mercado es menor. Las
transacciones diarias en el mercado cambiario colombiano son del orden de 1.200
millones de dólares.
Gráfica 15
El mercado cambiario está intervenido cuando la
política monetaria tiene como objetivo mantener un tipo de cambio fijo o hacer que
fluctúe dentro de cierto rango.
En el primer caso el banco emisor, sometido a la
autoridad del gobierno, ejerce el monopolio de la compra y venta de divisas y
el movimiento de estas se traduce siempre en expansión o contracción de la
oferta monetaria. Este mercado o, mejor, esta ausencia de mercado, es propio de
las economías socialistas o con poca libertad económica como las de Cuba,
Venezuela y Argentina. Generalmente, los intentos de los gobiernos por controlar
el mercado cambiario fijando un tipo de cambio “oficial” dan lugar al surgimiento
de un mercado cambiario paralelo – mercado negro – donde se forma el verdadero
precio de la divisa.
El mercado cambiario es semilibre si el banco emisor
interviene comprando o vendiendo divisas, típicamente dólares en el caso
colombiano, el precio se sitúa por fuera de un rango de flotación definido por
la autoridad monetaria, representado en la gráfica 15 por las líneas azules.
Aunque la intervención puede ocurrir cuando la moneda nacional se devalúa o
revalúa más lo permitido por la banda de flotación, la mayor parte de las veces
la intervención se hace para provocar la devaluación nominal de la moneda, con
base en la creencia, tan estúpida como extendida, de que la devaluación es un
medio adecuado para “estimular” las exportaciones.
Finalmente, el banco emisor interviene puntualmente en
el mercado cambiario generalmente con el objetivo de acumular divisas para
fortalecer, según la sabiduría convencional, la posición externa del País.
En general, durante los ocho años de Uribe, el mercado
cambiario operó con gran libertad. En la medida en que crecieron las
exportaciones y aumentaron los flujos de inversión extranjera, la tasa de
cambio se apreció, es decir, redujo el precio nominal del dólar y el poder
adquisitivo del peso en el exterior aumentó. Los colombianos nos hicimos más
ricos pues nuestra moneda nos permitía comprar más bienes y servicios
importados.
Gráfica 16
A la gente se la ha hecho creer la revaluación de
moneda nacional es mala para la economía de un país porque “desestimula” las
exportaciones. No puede haber una tontería económica mayor. Las economías ricas
tienen monedas fuertes y apreciadas en el mundo entero; las economías pobres
tienen monedas famélicas que nadie quiere tener.
Una moneda fuerte atrae inversión extranjera pues los
beneficios de los inversionistas en su propia moneda son mayores cuando la
moneda nacional es más fuerte. En 2000, un millón de pesos de utilidades se
traducían en 479 dólares; en 2010, ese millón de pesos equivalía a 527 dólares.
Una moneda fuerte abarata las importaciones de bienes y servicios elevando el
bienestar de las familias y reduciendo los costos de inversión de las empresas.
Así pues, durante los gobiernos de Uribe el déficit
fiscal estuvo bajo control y no generó instabilidad macroeconómica. La
inflación se redujo y el mercado cambiario funcionó libremente llevando al
fortalecimiento del peso, como muestra del buen desempeño de la economía.
Además de la seguridad democrática y la estabilidad
macroeconómica también contribuyeron a estimular la inversión, medidas
puntuales adoptadas por el gobierno de Uribe: los contratos de estabilidad
jurídica y el régimen de zonas francas especiales.
La ley 963 de 2005 introdujo los contratos de
estabilidad jurídica mediante los cuales el estado se comprometía a mantener
por determinado período las condiciones normativas, tributarias y de otro tipo,
bajo las cuales se había realizado la inversión. Este instrumento era muy
importante para dar confianza a los inversionistas en un País donde se casi
cada dos años se hace una reforma tributaria.
Las zonas francas especiales o uniempresariales se
crearon mediante la ley 1004 de 2005. Esta figura permitía extender los
beneficios de las zonas francas de exportación o multiusuarios a inversiones de
una sola empresa en sus propias instalaciones. Esta ley dio un gran impulso a
las zonas francas: entre 1993 y 2006, fueron aprobadas 11; la cifra pasó a 89,
entre 2007 y 2013.
Gráfica 17
La seguridad democrática, la estabilidad
macroeconómica y las medidas de estímulo restauraron poco a poco la confianza
inversionista, como la denomina el presidente Uribe, y la inversión, que había
caído a los más bajos niveles, empezó a recuperarse. La experiencia
internacional muestra que para crecer de forma sostenida a tasas entre 4% – 5
%, un país de ingreso medio, necesita una inversión equivalente por lo menos al
20% de su PIB. La inversión o formación
bruta de capital fijo, como se la llama en la contabilidad nacional, que estaba
en 15% del PIB en 2002, llegó en 2008 a 24% del PIB y, en cada uno de los dos
últimos años del período de Uribe se situó en 22%.
Para alcanzar ese coeficiente de inversión, fue
fundamental el aporte de la inversión extranjera que creció vigorosamente,
alcanzando cifras superiores de diez mil millones de dólares en 2005 y 2008.
Gráfica 18
Con la mayor inversión se recuperó el crecimiento y el
desempleo, que había llegado a casi 16%, empezó a ceder. En los ocho años del
gobierno de Uribe la tasa de crecimiento promedio anual del PIB fue de 4,5%,
alcanzando cifras máximas en 2006 y 2007, cuando alcanzó 6,7% en ambos años. El
desempleo se redujo cuatro puntos porcentuales, pasando de 15,5%, en 2002, a
11,5%, en 2010.
Gráfica 19
La reducción del desempleo y las políticas de
subsidios condicionados – familias en acción, familias guardabosques, etc. – permitieron
reducciones importantes en la pobreza y la indigencia. También mejoró el
indicador de desigualdad tanto del ingreso como del consumo. La incidencia de
la pobreza pasó de 49,7% a 37,2% y la de la indigencia de 14,5% a 7,9%. El coeficiente de GINI del consumo, el
verdaderamente relevante, pasó de 38,6 a 37,2.
Cuadro 4
IV.
Gobierno
austero
Una consecuencia notable de la Constitución de 1991
fue el aumento del número de entidades públicas y oficinas gubernamentales y el
consiguiente crecimiento del número de funcionarios públicos. Ya en la gobernación
de Antioquia, Uribe había buscado reducir el gasto en burocracia clientelista
para destinar los recursos liberados a la inversión social.
Inmediatamente después de llegar al gobierno en agosto
de 2020, el presidente Uribe obtuvo del Congreso facultades extraordinarias
para adelantar su “Programa de Renovación de la Administración Pública:
Hacia un Estado Comunitario”.
Era una reforma administrativa radical pues tocaba desde
los más elevados niveles de la administración pública. El número de ministerios
pasó de 16 a 13, pasando las funciones de los suprimidos a nuevos ministerios
de mayor alcance. Así, los de gobierno y justica se fusionaron en el Ministerio
del Interior y la Justicia y los de trabajo y salud en el Ministerio de la
Seguridad Social. Adicionalmente, se suprimieron o fusionaron unas 50 entidades.
Se esperaba tener un ahorro anual de 20 mil millones de pesos.
El efecto de la reforma administrativa de Uribe se
sintió inmediatamente. Los gastos de personal de personal del gobierno nacional
pasaron de representar el 2,8% del PIB, en 2002, al 2,7%, en 2003, y
continuaron reduciéndose hasta llegar a 2,5% en 2008.
Gráfica 20
Para que no se piense que esas tres décimas de punto
son poca cosa, ahí va la siguiente cuenta: en 2008, cada punto porcentual del PIB
equivale a 4.8 billones de pesos. Escribámoslo entero para ver claramente de lo
que se está hablando:
Un punto porcentual del PIB = $ 4.800.000.000.000
Una décima de punto porcentual del PIB =
480.000.000.000
Por tanto, las tres décimas ahorradas en 2008 con
relación a 2002 equivalen a un ahorro de $ 1.440.000.000.000.
En 2009 y 2010, el gasto de personal vuelve a elevarse.
Bajo Santos, continúa creciendo como consecuencia de una reforma administrativa
que echó para atrás lo alcanzado con la reforma de Uribe. Santos volvió a dar
vida a los ministerios suprimidos por Uribe, creó nuevas entidades y amplió la
planta burocrática de muchas de ellas. Como consecuencia, de todo ello, el
gasto de personal del gobierno central en 2018, llegó al 3,1% del PIB,
equivalente a unos 29 billones de pesos.
V.
Resumen
y conclusión
En sus ocho años en la presidencia, Álvaro Uribe Vélez
lideró un equipo de gobierno y unas Fuerzas Armadas que sacaron a Colombia del
estado de postración económica y social y de indefensión frente al terrorismo
en el que se encontraba a principios del siglo XXI, después de los desastrosos
gobiernos de Samper y Pastrana.
Cuadro 5
La seguridad democrática fue
la tarea que con decisión y perseverancia acometió Uribe en su primer gobierno
dando los resultados que se expusieron anteriormente y que se resumen en el
cuadro 5. Los retenes ilegales, las voladuras de torres de electricidad y las
voladuras de los oleoductos hacían parte de la guerra económica adelantada por
las Farc contra la sociedad colombiana. La acción de las fuerzas militares
redujo sustancialmente esos actos terroristas lo que era fundamental para la
recuperación de la economía.
La fumigación de los
cultivos de coca que se redujeron en 44% debilitó las finanzas de las Farc. El
combate a la las Farc y otros grupos armados permitió reducir el homicidio, el
secuestro y las masacres. Además de la acción de la fuerza pública, el gobierno
brindó alternativas de desmovilización que permitieron que cerca de 65.000
persona abandonaran voluntariamente las armas y se reintegraran a la vida
civil.
Los dos gobiernos de Uribe
fueron austeros como lo muestran las cifras del déficit fiscal y de gastos de personal.
Esa austeridad ayudó a la estabilidad macroeconómica del País, la cual,
conjuntamente con la seguridad democrática, permitió la recuperación de la
inversión nacional y extranjera. El aumento de la inversión se tradujo en mayor
crecimiento del PIB y en la reducción del desempleo. Como consecuencia de ese
mayor crecimiento, la pobreza y la pobreza extrema se redujeron sustancialmente.
Aunque al final del segundo
gobierno de Uribe no corrían los ríos de leche y miel que prometen los demagogos,
la seguridad de los colombianos y la situación económica de todos habían
mejorado sustancialmente.
Nada mejor para terminar este
balance que unas palabras del presidente Uribe:
“A las futuras generaciones
de colombianos y de lideres jóvenes de todo el mundo, espero que nuestra
historia les sirva como prueba de que cualquier situación, sin importar cuán sombría
pueda parecer, puede abordarse. La historia de Colombia demuestra que todos los
problemas humanos tienen una solución humana. Cuando hay amor hay entrega y,
entonces, hay eficacia y puede concluirse que no hay causas perdidas”
LGVA
Diciembre de 2020.
