El suculento
salario de los congresistas colombianos
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
La política colombiana es
costosa, aunque quizás sea mejor decir que es cara. Una cosa puede resultar
costosa, pero al mismo tiempo valer para quien la adquiere lo que por ella
paga. Caro es todo aquello que adquirimos, generalmente de manera forzosa o
porque no tenemos otra opción, teniendo la sensación de que no vale el precio
que pagamos. Es decir, cuando la diferencia entre el valor percibido y el
precio pagado, el excedente del consumidor, es mínima o inexistente.
Para quienes no viven de ella,
la política profesional es un servicio público: el servicio de estudiar,
analizar, discutir, proponer y tomar decisiones de interés colectivo. Dependiendo
del beneficio directo que se obtenga de las ejecutorias de los profesionales de
la política, las valoraciones variarán de un individuo a otro. Por eso, la
única forma razonable de escapar a la interminación de las valoraciones
subjetivas es establecer el costo del trabajo de los políticos profesionales
con relación a la capacidad de pago de la sociedad que los emplea; es decir,
con relación al PIB – per cápita.
En 2019, cada congresista
colombiano recibió US$ 124.800, lo que era poco más de 19 veces el PIB – per
cápita de ese año, cifrado en US$ 6.500. ¿Mucho? ¿Poco? No hay otra forma de
saberlo sino comparándonos con otros países.
El gráfico 1 presenta una comparación en términos absolutos de los salarios en dólares de los legisladores de 24 países del mundo, 13 de ellos de América Latina. Los de Colombia ocupan el sexto lugar entre la muestra seleccionada, después de Italia, Chile, Estados Unidos, Japón y Austria. En América Latina, aparecen en el segundo lugar, superados solamente por los colegas chilenos y por encima de países más ricos como México, Brasil, Uruguay, Argentina y Panamá.
Gráfico
1
Esto nos lleva a la segunda
comparación importante: el salario de los congresistas comparado con el PIB per
cápita de cada país, que se muestra en el gráfico 2.
Ahí si nuestros congresistas son imbatibles en el mundo entero: su remuneración anual equivale a más de 19 veces el PIB per cápita de Colombia. Después vienen, aunque bastante atrás, ocho países latinoamericanos. Los parlamentarios de los países europeos tienen remuneraciones mucho más bajas en relación con el PIB per cápita de sus países. El promedio aritmético simple de las remuneraciones de los legisladores de los 24 países incluidos en la muestra es 6,8 veces el PIB per cápita; el de los 13 países latinoamericanos es 9,9 veces.
Gráfico
2
Es una lástima que en este
caso no funcione la competencia y no se pueda recurrir a la importación de
servicios legislativos más baratos. Plantear esta posibilidad es menos
escandaloso de lo que parece puesto que, a fin de cuentas, importamos servicios
judiciales cuando las controversias comerciales se dirimen en cortes y tribunales
internacionales.
El asunto de la remuneración
de los congresistas ha salido nuevamente a la palestra pública con ocasión de la
expedición del decreto 1779 de 2020 mediante el cual, al tenor del artículo 187
de la Constitución, se fija en 5,12% el incremento del salario de los
congresistas para 2020. Esto ha provocado las más diversas reacciones, pero el
hecho es que no hay nada que hacer al respecto. Pero si está en manos de la Presidencia
de la República hacer algo para 2021, no solo con relación a los congresistas
sino también con relación a todo el sector público.
De acuerdo con la ley 4 de
1992, corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial de los
empleados públicos del ejecutivo nacional, el congreso, la rama judicial, el
ministerio público, la fiscalía, la organización electoral, la contraloría
nacional, los miembros del congreso y los miembros de la fuerza pública. Con
base en esta norma el gobierno expide anualmente los decretos que establecen el
aumento de los salarios de la administración pública.
La ley no fija la cuantía
de dicho incremento, pero existe la costumbre inveterada de hacerlo igual o
semejante al del salario mínimo legal. Basta con que el gobierno rompa con esta
costumbre y proceda a establecer ese incremento teniendo en cuenta los
criterios del artículo 2 dicha ley.
En particular, en la coyuntura
actual del País, sumido en una profunda recesión y graves limitaciones fiscales,
el Gobierno Nacional debería enfatizar en los tres siguientes criterios:
Competitividad, entendida como
la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades
laborales. Es evidente que la situación de la economía no admite incrementos en
la remuneración de los trabajadores que excedan la inflación anual que está en
1,5%. A esa condición debe ajustarse la remuneración de los servidores
públicos.
El aumento de esa remuneración
debe también sujetarse “al marco general de la política macroeconómica y fiscal”
y a las “limitaciones presupuestales de cada organismo o entidad”. Resulta
evidente que el cumplimiento de estos dos criterios obliga al Gobierno a
decretar un aumento salarial en la administración pública igual o inferior al
1,5%. Obviamente esto no acabará con los costosos
emolumentos de los legisladores colombianos, pero por lo menos hará que crezcan
un poco menos en 2021.
La gente que se indigna por
esas escandalosas remuneraciones debería recordarlas a la hora de votar. Los
altos sueldos de los congresistas y, en general, el costoso gobierno burocrático
y asistencialista que padecemos, son responsabilidad de los ciudadanos que votan
por los políticos que prometen un gobierno grande y pródigo del que todo lo
esperan. ¡Ojalá algún día aprendan a votar por quienes prometen un gobierno
barato!
Ñapa
La paradójica actitud del elector
típico de las democracias modernas, fue descrita, ya en 1855, por el economista
belga Gustave de Molinari en el delicioso diálogo, entre un candidato y sus
electores, que traduzco a continuación:
“El candidato:
¿Quiere ustedes que el gobierno se ocupe de la educación de sus hijos?
Los electores: Sin
duda alguna. Queremos que distribuya la educación a manos llenas, que
subvencione ampliamente las universidades, que multiplique los colegios y las
escuelas primarias, que organice la enseñanza profesional, agrícola, industrial
y comercial.
El candidato:
¿Quieren que el gobierno construya vías, canales, ferrocarriles y telégrafos?
Los electores: Si,
queremos que jamás se dejen de hacer obras públicas.
El candidato:
¿Quieren que el gobierno proteja la industria?
Los electores: Claro
que sí, queremos que la proteja de la competencia extranjera, que le otorgue
subsidios y primas; que tampoco olvide la agricultura y que le de a los
agricultores los recursos para regar y abonar sus tierras, que impulse la cría
de ganado, de conejos y de gusanos de seda.
El candidato: ¿Quieren
que el gobierno proteja las bellas artes?
Los electores: ¡Cómo
no! Ese es su primer deber. ¿Qué ocurriría con la pintura, la escultura, la arquitectura,
la poesía y la música, si el gobierno no las ayudara? Volveríamos al estado
salvaje.
El candidato: ¿Quieren
que el gobierno subvencione las iglesias y los cultos?
Los electores: Claro
que sí. No somos ateos, gracias a Dios.
El candidato:
¿Quieren que se reduzcan las fuerzas armadas?
Los electores: Claro
que no. Queremos un ejercito con un pie de fuerza respetable.
El candidato: ¿Quieren
que se reduzca el presupuesto de beneficencia?
Los electores: ¡Pero
por favor! Queremos, al contrario, que el gobierno se ocupe activamente del
bienestar de las clases trabajadoras, que le de trabajo a los obreros y que atienda
las necesidades de los que no pueden trabajar. Queremos que instituya talleres
de trabajo, cajas de auxilio y de pensiones, etc., etc. ¡En una palabra,
queremos que el gobierno sea la Providencia del pueblo!
El candidato: Muy
bien. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué piensan de los impuestos?
Los electores:
Queremos que se reduzcan. ¡Abajo los altos impuestos!
El candidato: Tienen
razón, los altos impuestos son insoportables. ¿Cuáles quieren reducir?
Los electores: Todos.
El candidato: Excúsenme,
por favor. Ustedes quieren que el gobierno les de educación y trabajos públicos;
que subsidie la industria y las bellas artes; que sostenga las iglesias; que
reparta a manos llenas trabajo y limosnas, es decir, que gaste mucho dinero. Pero,
de otra parte, no quieren pagar impuestos. ¿Cómo puede hacer para financiar su
presupuesto? Este es un problema difícil de resolver.
Los electores: Eso
es problema suyo, para eso lo elegimos. ¿Acepta, si o no, nuestro mandato?
El candidato: Tiene
razón, sus argumentos no admiten réplica. Estamos para escucharlos. De todo
corazón, acepto su mandato”.
El texto completo del artículo
que contiene este diálogo fue publicado en el 5 de enero de 1855 en la primera
entrega de la revista L’Économiste belge Journal des
réformes économiques et administratives. Puede consultarse en el portal
del Instituto Coopet, centro de pensamiento dedicado a la difusión de las corrientes
económicas favorables a los valores de la libertad, la propiedad, la responsabilidad
y el libre mercado. Vale pena leer ese maravilloso texto escrito a la mejor
manera de Bastiat.
https://www.institutcoppet.org/letat-providence-gouvernement-a-marche-gustave-de-molinari-1855/
Lo recomiendo a todos mis
amigos con un cariñoso saludo de año nuevo.
LGVA
Diciembre de 2020.
Muy buena columna
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