La corrupción legalizada y la privatización
de las vías públicas por la Alcaldía de Medellín
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Hace algunos años, siguiendo la experiencia de otras
ciudades del mundo, se establecieron en Medellín las llamadas Zonas de
Estacionamiento Regulado (ZER). El objetivo de las ZER era evitar que los
particulares convirtieran en parqueaderos privados gratuitos las congestionadas
calles de la Ciudad. Se estableció una tarifa relativamente elevada para
inducir al automovilista a buscar un parqueadero con cobro en el caso de que su
permanencia en el lugar fuese prolongada. Contrariando este objetivo, bastante
plausible, la Administración Municipal de Medellín decidió privatizar a su
favor las ZER y montarle un negocio a una empresa de su propiedad, la Sociedad
Terminales de Transporte.
El propósito disuasivo de las ZER se ha perdido por
completo. Ya no importa que los vehículos permanezcan estacionados todo el día,
congestionado las vías de la Ciudad, siempre que la empresa del municipio se
lucre con un cobro indebido y descarado. Este negocio es además una abusiva competencia
desleal del gobierno con los particulares que han invertido en la construcción
de parqueaderos para el público.
Como ocurre cada vez que el gobierno establece un
trámite que suponga un cobro a los ciudadanos o fija una multa por la
inobservancia de alguna norma absurda, los funcionarios encargados de su
ejecución se sienten autorizados para montar su propio negocio. Ese es también
el caso de las ZER de Medellín.
Cuando un automovilista se estaciona en una de las
celdas demarcadas de las ZER, inmediatamente aparece el funcionario de la Terminal
y se tiene el siguiente diálogo:
-
¿Se demora
mucho?
-
No,
solo un instante.
-
Vaya
pues, que yo le “colaboro”.
También están dispuestos a “colaborar” con el
automovilista los guardas de tránsito que operan las grúas en las que se llevan
a los patios de la Secretaría de Movilidad los vehículos de los infractores
sorprendidos en flagrancia. La colaboración, por si alguien lo ignora, supone
un pago inferior a la tarifa del estacionamiento o a la multa y demás costos en
que se debe incurrir para sacar los vehículos de los ominosos patios. Venido el
caso, también están dispuestos a “colaborar”, para acelerar el proceso, los
funcionarios de la dependencia donde se pagan las multas y, cómo no, los que administran
los patios.
El negocio montado por la administración municipal de
Medellín es, evidentemente, un caso de corrupción legalizada de los que abundan
cada vez que los gobiernos deciden intervenir la vida de las personas. No tiene
nada de extraño que los encargados de ejecutar las acciones se sientan autorizados
a lucrarse personalmente. La corrupción legalizada del gobierno justifica y alienta
la corrupción particular de sus agentes.
En una ciudad agobiada por la congestión, causada más
por la incapacidad del gobierno municipal para ampliar la red vial que por la
existencia de un elevado número de vehículos, el manejo que se le viene dado
las ZER aumenta la congestión al tiempo que desincentiva la construcción y
operación de parqueaderos públicos.
La administración municipal de Medellín debería
entender que lo público es lo que es de todos y que el deber de los
funcionarios del gobierno es hacer respetar esa condición, no de apropiárselo,
legal o ilegalmente, para su propio beneficio, como ocurre hoy con las ZER.
En su espléndida novela Los empleados, Balzac
definió al gobierno como un gigantesco poder burocrático puesto en movimiento
por enanos. Todo el que haya adelantado gestiones en oficinas gubernamentales
sabe de la capacidad que tienen esos enanos, mal llamados servidores públicos,
para amargar la vida de las personas que por desgracia llegan a la oficina,
taquilla o lugar cualquiera donde ejercen su función, como las zonas ZER de
Medellín donde están siempre atentos los funcionarios de la Sociedad Terminales
de Transporte para cobrarle a los ciudadanos su descarado estipendio.
LGVA
Julio de 2020.
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